En Ecuador, los datos oficiales hacia agosto del 2020 dicen que del total de adultos mayores, el 69,21% no están afiliados a la seguridad social, mientras que los afiliados representarían apenas el 30,79%. El mandato constitucional de garantizar seguridad social con carácter universal no se cumple.
Según la Organización de Naciones Unidas, la expectativa de vida a escala global pasará de los 71 años de edad en la actualidad, a los 77 años en el 2050. En América Latina, uno de cada cuatro habitantes será mayor de 60 años, o sea que lo que en Europa demoró 65 años y en América del Norte 75, a esta región le tomará apenas 35 años.
Kléver Paredes, coordinador de Palabra Mayor Colectivo Ciudadano, explica el envejecimiento poblacional usando la imagen de una pirámide, en cuya base estuvieron tradicionalmente niños, niñas y adolescentes, y en cuya cima estaban los mayores. Pero al menos tres condiciones están invirtiendo esa relación: los adelantos científicos que disminuyen las enfermedades, los índices de natalidad que bajan cada vez más, y las migraciones.
En principio, este dato sería alentador, pues refleja que la ciencia ha logrado vencer varias amenazas a la salud. Pero las proyecciones muestran que mientras más tiempo vivimos los humanos, menos calidad de vida tenemos. En Ecuador, según el censo del 2010, los adultos mayores representaban el 6% de la población, unos 900 000 para entonces. En el 2015 fueron 1,2 millones de personas, y en el 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que hay 1’310.297 personas adultas mayores. En diez años, el porcentaje de adultos mayores subió a 7,4%.
En la región, el índice de envejecimiento pasará del 34 % actual al 59% en el 2030, según el informe Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe, que difundió el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018. La población mayor de 60 años representará el 14,5% del total. Pero el 2050 es un año crítico, pues este porcentaje incluso superará al promedio global, que se proyecta en 21,5%.
En Ecuador los datos oficiales hacia agosto del 2020 dicen que del total de adultos mayores, el 69,21% no están afiliados a la seguridad social, mientras que los afiliados representarían apenas el 30,79%. Pero bastan unos cálculos sencillos para demostrar que el mandato constitucional de garantizar seguridad social con carácter universal no se cumple. A mayo del 2020, el IESS contó apenas con 3’470 000 afiliados, lo que equivale a un 27,7% de la Población en Edad de Trabajar (PET).
En el caso de los adultos mayores, la realidad es aún peor: según cifras proporcionadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a esta alianza periodística, el Estado atiende con bonos monetarios a 1’021 858 de ellos que no estarían afiliados a ningún sistema de aseguramiento público. Ahora bien, si la cantidad total de adultos mayores en el país es de 1’310 297, restan 288 439 que sí estarían afiliados. Esto equivale a apenas un 22% de toda la población mayor de 65 años en Ecuador, y la cifra va en descenso mientras las personas mayores aumentan.
Una población envejecida es la que supera el 7% del total de los habitantes de un lugar, y como vimos, quienes ahora tienen más de 60 años son ya el 7,4 % de los 17,5 millones de habitantes de Ecuador. Pero en el crítico 2050 ese porcentaje se triplicará, hasta alcanzar el 21,8% del total.
El envejecimiento poblacional debe alertar a los sistemas de salud y seguridad social de los Estados, pero aunque las cifras son tan contundentes, Ecuador cuenta con un solo hospital especializado en atención integral al adulto mayor, su sistema de seguridad social se derrumba y la pobreza crece. “Hay un divorcio entre el Estado y la población que está envejeciendo”, dice Paredes, y reclama que la geriatría y la gerontología no tengan siquiera espacios suficientes en la academia.
En el 2017, el 10% de quienes vivían en condiciones de pobreza extrema y el 13 % de quienes vivían en condiciones de pobreza moderada eran adultos mayores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) del 2019, el 14,6% de las personas adultas mayores a escala nacional viven en pobreza. Y en las zonas rurales, dos de cada 10 adultos mayores son pobres. Además, seis de cada diez pertenecen a la población económicamente inactiva (PEI), o sea que son dependientes de terceros. Del porcentaje de adultos mayores que sí trabajan, el 59% cuenta con un empleo no pleno o inadecuado, y el 13% trabaja sin remuneración. A todas luces, mientras más envejecemos, menos calidad de vida tenemos, y las políticas públicas escasean.
Presente y futuro
La pandemia desnudó el descalabro y la corrupción histórica de todo el sistema de salud y de seguridad social ecuatorianos. En un webinar organizado por la Universidad San Francisco de Quito el 17 de agosto, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, dijo que él no puede asegurar que las cosas mejoren en el futuro. “Deberíamos tener recursos hasta 40 o 50 años, pero de acuerdo con los estudios actuariales no tenemos (recursos) sino hasta diez (años)”. Según sus declaraciones, por ahora solo se está “optimizando los recursos”, es decir, sacando plata del Banco del IESS (Biess) hasta que alcance, así que lo que ocurra con los afiliados en adelante es incierto. Sacar plata del Biess es lo que los tecnócratas y políticos llaman desinversión. En el 2020, el IESS tendrá que desinvertir al menos 1 800 millones de dólares para cubrir sus obligaciones con los jubilados.
Patricia Borja, abogada especializada en el derecho constitucional a la seguridad social, ha analizado la descapitalización del Fondo de Pensiones y señala a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar, que entró en vigencia el 20 de abril del 2015, como uno de los golpes más letales que se ha dado al Fondo. Su artículo 68 suprimió la obligación de que el Estado financie el 40% del fondo y “no se establecieron mecanismos alternativos de financiamiento”, explica. Así, se violó el Artículo 367 de la Constitución de la República y la Ley de Seguridad Social, que velan por el principio de subsidiariedad. Desde entonces, y hasta el 23 de marzo del 2018, cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa disposición, el IESS tuvo que usar sus ahorros para financiar las prestaciones que debían costearse con recursos del Estado central. El entonces presidente, Rafael Correa, y el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, justificaron la supresión de esta obligación diciendo que el IESS tenía “superávit de caja”. Pero en una nota técnica publicada en agosto del 2017, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo desmintió. “Las reservas acumuladas de los seguros de pensiones suelen considerarse erróneamente como superávits, produciendo una falsa sensación de bonanza y de solidez financiera”, explicó el documento.
El seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), o Fondo de Pensiones, del que se obtienen los recursos para el pago de jubilaciones, se alimenta de tres fuentes: los rendimientos de las inversiones del Banco del IESS (Biess), los aportes de los afiliados y el 40% viene del Estado. Pero el Estado no ha pagado su parte.
El último estudio actuarial, publicado en diciembre del 2019, demostró un perjuicio de 9 000 millones de dólares al IESS y la descapitalización de la reserva del seguro de pensiones. Hoy, esa reserva debería contar con aproximadamente 15 000 millones de dólares, pero solo tiene alrededor de 6 500 millones, detalla Borja. Hasta el 2018 un jubilado era sostenido con los aportes de siete afiliados activos. Hoy, esa relación no se puede calcular siquiera, porque las cifras no son claras ni se actualizan, violando además la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) y poniendo en serio riesgo la transparencia de la institución.
La deuda histórica del Estado con el IESS es consecuencia de decisiones antitécnicas como estas y de haber usado a la seguridad social como botín político, tanto que ahora las cuentas no cuadran: según el IESS, la deuda asciende a 1 659 millones de dólares hasta junio del 2020. Pero, según el Ministerio de Finanzas, la deuda solo es de 1 392 millones, cuando el IESS había presupuestado 4 407 millones de dólares para el pago de pensiones durante este 2020.
A este déficit se suma que hasta agosto, se desafiliaron alrededor de 300 000 personas, en su mayoría por despidos durante la pandemia, y los mismos funcionarios del IESS proyectan más de un millón de desafiliaciones al fin de año. Por todo esto, el IESS ha recurrido de nuevo a sus propios ahorros.
En otro informe de la OIT, del pasado 20 de mayo, se proyectó que los ahorros para las jubilaciones se agotarán en el 2037 en el peor de los casos, o en el 2040 si el Estado paga el 40% que le corresponde. Si no lo hace, los recursos durarán hasta el 2031 en el mejor escenario, o hasta el 2027, en el peor.
Wated propuso ahorrar aproximadamente 120 millones de dólares al año y aumentar la edad para jubilarse como alternativas para evitar el colapso, pero no dijo cómo hacerlo. “El reto está en aprovechar lo que se denomina el bono demográfico, consiguiendo que quienes se van sumando a la población trabajadora aporten a la seguridad social para alimentar el fondo que sustentará la manutención de la población adulta mayor”, propuso. Pero en tiempos de pandemia eso no ocurre. La tasa de desempleo en junio del 2020 se ubicó en el 13,3%, con 1’009 582 personas desempleadas que también se desafilian.
Michel Toledo, director de la Fundación Derechos Mayores, en Chile, dice que la vejez es una de las cosas más democráticas de la vida, y por eso requiere de políticas públicas multidisciplinarias. “No solo se trata de cambiar sistemas de pensiones, sino también el transporte público, los diseños de las ciudades”, recomienda.
No son favores, son derechos
En nuestras sociedades, el tratamiento a los adultos mayores se reduce a evaluar su capacidad de ser productivos, y cuando una persona deja de serle útil a la economía se convierte en un sujeto a quien hay que asistirle, un estorbo para los demás.
Pero el creciente índice de envejecimiento poblacional nos obliga a pensar en cambiar nuestros paradigmas. La población que envejece no es homogénea y, por lo tanto, tampoco sus necesidades son siempre iguales. Por eso, Toledo aboga por una solidaridad intergeneracional. Este promotor de políticas públicas de vejez y envejecimiento en su país cree en que la trilogía inclusión social-protección de derechos-políticas públicas puede ayudar a cambiar nuestra mirada. “Tenemos un modelo de vida que premia lo que es más útil para el mercado -dice-, pero no se piensa desde el aporte social y del crecimiento cultural”.
La médica ecuatoriana Susana Tito, especialista en gerencia de Servicios de Salud para personas mayores, critica que en Ecuador hayamos confundido los derechos con la caridad. El presidente Lenín Moreno -desde su Vicepresidencia con Correa y en su propia campaña, en el 2017- se refiere a los adultos mayores como “viejecitos”, “abuelitos”, y en ese tratamiento devela una política de Estado que, para la doctora Tito, está viciada de formas de edadismo, es decir, de segregación y discriminación contra un grupo al que el mismo Moreno pertenece.
El jueves 27 de agosto, invitada en representación del país a un encuentro internacional para discutir sobre la implementación de la Convención en América Latina, Tito hizo notar que en Ecuador, el tratamiento oficial a los adultos mayores ha devenido en un discurso que sigue siendo caritativo y no de derechos. “No estamos pidiendo favores sino exigiendo derechos”, exclamó otra participante del foro internacional.
En 1991 se aprobaron los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, para garantizar derechos a los adultos mayores. Desde entonces, se han elaboraron varios instrumentos declarativos no vinculantes. En el 2015, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), nació la Convención Interamercana de Derechos Humanos de las personas mayores, que entró en vigencia en diciembre del 2016, con la participación de todos los países miembros, entre ellos Ecuador. Sin embargo, cuatro años después, esta Convención no ha sido implementada. Susana Tito cree que ha faltado voluntad política.
Wagner Abril es un comunicador jubilado que se ha especializado en el estudio de los adultos mayores, la economía empresarial y la seguridad social en Ecuador. Él recuerda que una de las políticas del gobierno de Rafael Correa fue “sacar de la administración pública a las personas que tenían más experiencia” con la idea de renovar a una clase política que solo ha demostrado ser capaz de “abusar de los recursos del IESS”. Abril lamenta que lo viejo haya adquirido una carga peyorativa y que la sociedad trate a los adultos mayores como “algo desechable”.
Michel Toledo es enfático: “La vida no se acaba cuando uno termina de trabajar o cuando se jubila, uno sigue viviendo y sigue siendo el mismo. La vejez también puede ser atractiva”.
“Los viejos representamos un think tank, como dicen los anglosajones”, asegura Abril. Y Toledo, desde Chile, le da la razón. “Cada vez se valora menos la experiencia y más la especialización, y eso atenta contra el valor del conocimiento”.
Es que el aporte que entregan las personas mayores a sus sociedades no se basa únicamente en su capacidad de trabajar al ritmo que exige el mercado, sino en el valor de su experiencia. Condenarles a la inactividad es desaprovechar conocimientos invaluables y agrava su estado de salud -explica Toledo-; eso incrementa los gastos familiares y los del aparato estatal. “Es contraproducente”. La actividad, en cambio, promueve una vida saludable y extiende las capacidades productivas. Los adultos mayores activos serán menos dependientes de un tercero y el impacto social y económico para su comunidad será menor, algo tan necesario en Estados que se hunden en la inestabilidad política y en la corrupción.
Kléver Paredes pone en su mira a ese crítico 2050 y advierte que “las personas mayores de hoy no van a vivir la situación tan angustiosa del futuro, sino quienes ahora tienen entre 20 y 40 años, aproximadamente”.
En ese sentido, ¿pueden las personas mayores de mañana mirar hacia otro lado y lavarse las manos, como lo están haciendo los Estados? ¿O más bien es su responsabilidad comenzar a diseñar nuevos paradigmas en los que prime la dignidad? No se trata de hacer favores sino de cumplir derechos.
Texto e investigación: Diego Cazar Baquero. Infografías: Nicole Pabón. Dirección audiovisual: Jonathan Venegas. Guion de video: Diego Cazar Baquero, Jonathan Venegas, Nicole Pabón y Dagmar Flores. Presentación: Dagmar Flores. Diseño: Nicole Pabón.