Esta vez no fueron «los indios», ni las ilusiones depositadas en un caudillo «populista». En un clima de indignación y gravísima crisis institucional, el conjunto de la sociedad ecuatoriana derrocó a su tercer presidente elegido, que de la soberanía nacional y la Constitución hizo un amasijo de disposiciones dictadas por la embajada de Estados Unidos […]
Esta vez no fueron «los indios», ni las ilusiones depositadas en un caudillo «populista». En un clima de indignación y gravísima crisis institucional, el conjunto de la sociedad ecuatoriana derrocó a su tercer presidente elegido, que de la soberanía nacional y la Constitución hizo un amasijo de disposiciones dictadas por la embajada de Estados Unidos en Quito.
Para Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, «el apoyo a la democracia ecuatoriana es vital». No obstante, también pasan por alto que, con Gutiérrez, Estados Unidos consiguió reforzar cinco oficinas de seguridad en el país (algunas ya existentes) enlazadas directamente al Comando Sur, con sede en Miami.
Según el diario El Comercio de Quito (30/03/05), estas oficinas son: Agregaduría de Defensa (DAO, por sus siglas en inglés), Agencia de Control y Fiscalización de Drogas (DEA), Grupo Consultivo y de Ayuda Militar (MAAG), Departamento de Seguridad Interna (DHS) y Agencia Nacional de Seguridad (NAS).
La más importante es el MAAG, grupo militar, destinado a «…apoyar la democracia en el Ecuador y su buen récord de respeto de los derechos humanos, así como los objetivos de la política estadunidense en el país» (sic). Así, el concepto de ayuda «para seguridad» implica la «…provisión de equipo militar, entrenamiento y servicios de Estados Unidos al gobierno de Ecuador».
La mayoría de los cientos de militares estadunidenses que circulan por territorio ecuatoriano se concentra en dos actividades coordinadas por el MAAG: campañas médicas y de seguridad (leáse, espionaje y organización de paramilitares).
A ellos se suman los operarios de la base de Manta, en el litoral pacífico, ocupada por el Comando Sur desde 1999, cuando se firmó un acuerdo bilateral por 10 años. Y un objetivo largamente acariciado por el imperio desde mediados del siglo XIX: convertir en base militar el frágil ecosistema de Galápagos, patrimonio cultural de la humanidad.
El dinero que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) maneja en Ecuador llega mediante el Comando Sur. Lo mismo que los recursos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a cargo de los proyectos de alcantarillado y potabilización en los poblados de la frontera norte. Pero tal como señala el sociólogo Guillermo Navarro, el propósito real apunta a controlar estos recursos porque la instalación de servicios en la frontera norte parte de sus intereses para intervenir en Colombia.
Las agencias de noticias internacionales callan o diluyen los pormenores y magnitud de la crisis política ecuatoriana. En efecto, el nombramiento en diciembre pasado de una Corte Suprema de Justicia afín a Lucio Gutiérrez buscaba anular los juicios pendientes de ex gobernantes como Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y el vicepresidente Alberto Dahik, lo que sucedió. En efecto, hubo malestar en las fuerzas armadas por el retorno del gángster Abdalá Bucaram de su autoexilio en Panamá, a inicios del mes. En efecto, dirigentes espurios de Guayaquil y Quito pescaban en río revuelto, animados por el descrédito de Lucio Gutiérrez en las encuestas más serias. En efecto, estos factores convergieron en el malestar nacional.
Sin embargo, las agencias omiten que 62 y 95 por ciento de los encuestados por la empresa Market rechazaban la gestión del gobierno en política económica y exterior. Opinión que fue creciendo desde el momento en que Gutiérrez se asumió como «principal aliado de George W. Bush en América Latina», y firme partidario del tratado del libre comercio.
Entonces, Gutiérrez dejó de ser visto como «populista». Hasta que el vaso se desbordó. El 11 de abril pasado, el general Richard Myers, jefe del comando de las fuerzas armadas de Estados Unidos y brazo derecho de Bush, condecoró al ex gobernante en Quito, agradeciéndole la inmunidad conferida a sus tropas en Ecuador. Previamente, en Bogotá, Myers declaró a la prensa que su país no toleraría «países perturbadores (sic) que en América Latina no cooperen en la lucha contra el terrorismo».
Simultáneamente, y a consecuencia de una nueva mayoría parlamentaria contraria al gobierno, la protesta popular y espontánea empezó a tomar forma. A finales de marzo, el salón del Congreso fue un campo de batalla. Volaron sillas, vasos con agua y botellas, y la explosión de una bomba de gases lacrimógenos evitó el conteo de votos para elegir nuevo fiscal general.
En la calle, las movilizaciones devinieron en auténticas oleadas de ciudadanos descontentos que protestaban por la política económica, la exoneración de los gobernantes involucrados en casos de corrupción, la destitución de los jueces de la Corte Suprema y, finalmente, un grito de consenso: «Lucio fuera».
Sin saber qué hacer con el descontento de ciudadanos independientes o pertenecientes a las más diversas organizaciones, Gutiérrez dictó el estado de sitio en Quito (15 de abril). A la tétrica ceremonia del aspirante a seudodictador asistió la embajadora del terrorista Bush, la señora Kristie Kenney, quien durante todo el mandato del régimen depuesto entraba y salía a diario del Palacio de Carondelet (presidencial). Quien brilló por su ausencia fue el general Milton Aguas, jefe del ejército. Su oposición a salir en cadena nacional dio paso para que Gutiérrez ordenase su baja.
El «decreto de emergencia» no terminó de ser enunciado, y el pueblo de Quito se lo pasó por el arco de triunfo. En todos los barrios, sin excepción, la gente salió a las calles. Ante el silencio de los canales de televisión, la radioemisora La Luna, de alcance y prestigio profundo en la ciudadanía, se convirtió en una suerte de coordinadora de la movilización popular. Y cuando un grupo de personas se aproximó a la radioemisora con armas, gasolina y antorchas, topáronse con un fortín humano de contención, decidido a salvaguardar la libertad de expresión.
El ejemplo de La Luna fue seguido por otras radioemisoras, que empezaron a transmitir lo que en realidad estaba pasando. Los canales de televisión no tuvieron más remedio que «informar». En la madrugada del sábado 16, el cabildo quiteño resolvió pedir la renuncia del gobernante, quien a estas alturas se vio obligado a revertir el estado de sitio.
Dos deserciones importantes del equipo de gobierno llamaron la atención. La declaración de la primera dama y diputada nacional Ximena Bohórquez, ya enfrentada con su esposo en otras ocasiones, quien declaró: «yo también soy forajida», y la renuncia del comandante general de la policía, Jorge Poveda, quien manifestó su desacuerdo con la represión contra el pueblo de Quito. «Soy un hombre del pueblo», dijo Poveda.
Los vecinos levantaron barricadas en las principales vías de acceso a la ciudad, impidiendo el ingreso de los cientos de golpeadores pobres, traídos por el gobierno desde la costa y la Amazonia. Minuto a minuto, rodeado de al menos 4 mil efectivos, Gutiérrez era informado que 30 mil manifestantes desarmados venían rompiendo cercos y sorteando alambrados de púas, lluvia de gases y balas de caucho de las fuerzas represivas.
En la tarde de ayer, tras ser destituido por el Congreso (61 diputados de 100), Lució Gutiérrez abordó un helicóptero y huyó del país, con rumbo desconocido. El vicepresidente Alfredo Palacio, señor don nadie, juró como nuevo presidente constitucional de Ecuador.
¿Qué sigue? Nadie sabe qué sigue. Los pueblos del país andino continúan deliberando día y noche, sin mover el dedo del renglón: no al neoliberalismo, no al tratado de libre comercio, no a la dolarización, no a la entrega de los recursos naturales, no a la privatizaciones, no a la base militar de Manta, no a la inmunidad de las tropas yanquis, no al Plan Colombia, no al protectorado de Washington, no a los grupos oligárquicos financieros, no al racismo, no a las «comisiones de notables», no a los intelectuales vendidos, no a los partidos políticos tradicionales.
Una sola voz, «¡Que se vayan todos!», retumba en sierra, costa y Amazonia de Ecuador. «Que se vayan todos» y justicia para los responsables de la muerte de Julio García, cronista gráfico chileno-ecuatoriano caído cuando trataba de registrar atropellos impensables tres años atrás, cuando Lucio Gutiérrez concitó las esperanzas de un país abrumado de miseria y harto de confiar.