En enero de 1988, los hermanos Restrepo, de 14 y 17 años, desaparecieron en manos de la policía. La lucha de 23 años de esta familia consiguió derrotar las maniobras de encubrimiento de todo el Estado ecuatoriano y condenar por primera vez en la historia del país a policías y altos cargos por un caso […]
En enero de 1988, los hermanos Restrepo, de 14 y 17 años, desaparecieron en manos de la policía. La lucha de 23 años de esta familia consiguió derrotar las maniobras de encubrimiento de todo el Estado ecuatoriano y condenar por primera vez en la historia del país a policías y altos cargos por un caso de violación de derechos humanos.
Pedro Restrepo llevaba viviendo en Quito desde principios de los años ’70 con su esposa Luz Helena Arismendy y sus hijos Carlos Santiago, Pedro Andrés y María Fernanda. Ni en su Colombia natal ni en su Ecuador adoptivo había asistido jamás a una manifestación, ni había experimentado la menor simpatía por cualquier expresión reivindicativa.
Con una posición económica holgada, se sentía más bien representado por las ideas políticas de la derecha y las promesas de mano de dura del Gobierno de León Febres Cordero, que asumió la presidencia de Ecuador en 1984. De hecho, llegó a acudir en alguna ocasión con sus hijos de la mano a uno de sus multitudinarios mítines. No se imaginaba que cuatro años después sus hijos varones, de 17 y 14 años, desaparecerían a manos de la policía de este dirigente de ultraderecha.
Durante los siguientes 23 años lo dejó todo para dedicarse a encontrarlos, desenterrar la verdad sobre qué pasó en aquellos días de enero de 1988 y conseguir una condena para los culpables. Pedro Restrepo entendió pronto que esto no sería posible sin enfrentarse contra todo el aparato del Estado. Pero también contra el muro de silencio de un país que se enorgullecía de ser una «isla de paz» entre las convulsionadas repúblicas latinoamericanas.
María Fernanda Restrepo, la menor de los hermanos, estrenaba en Ecuador a mediados de septiembre de 2011 el documental Mi Corazón en Yambo, donde recupera la memoria de la familia, el asesinato y desaparición de sus hermanos y la larga lucha por la verdad y la justicia. El presidente Rafael Correa, poco después del estreno, anunció que ofrecería nuevas recompensas para encontrar los cuerpos de Santiago y Andrés, en paradero desconocido hasta hoy, a la vez que ordenaba reabrir la investigación. «En la película sale que todavía hay policías involucrados en el caso Restrepo en el servicio activo y eso es inaceptable», declaró Correa.
La desaparición
El domingo 10 de enero de 1988 Pedro Restrepo y Luz Helena volvieron de unas cortas vacaciones en Bahía Caráquez, en la costa ecuatoriana. Desde el viernes no tenían noticias de sus dos hijos varones. Lo único que se sabía es que el viernes a primera hora habían salido con el coche, una camioneta Chevrolet Trooper, placa PHD-355, para dejar a María Fernanda, entonces de diez años, en el colegio. Después de pasar por casa volvieron a salir cerca de las 9.30 hs para recoger a un amigo en el aeropuerto. Pero nunca llegaron a la terminal. Pedro Restrepo nos recibe en su casa de Miravalle, en el valle de Tumbaco, a diez minutos de Quito. Las fotos y los dibujos de los hermanos hablan de tiempos felices, pero ya muy lejanos. Ahora que han pasado 23 años es posible hacer una reconstrucción de qué pasó en aquellos días, aunque sigue habiendo más lagunas que certezas. Aquel viernes 8 de enero, la camioneta fue detenida en algún control policial entre la casa familiar y el aeropuerto. Según Pedro Restrepo, sus hijos pasaron por varios centros de detención. El testimonio de Hugo España, un policía que ejercía sus funciones de carcelero en el Servicio de Investigación Criminal (SIC), permitió reconstruir parte de lo qué pasó aquella noche.
«Fueron conducidos a una cárcel de la policía, el SIC», cuenta Pedro Restrepo, «allí fueron torturados y seguramente asesinados. Hugo España vino a reafirmar todo lo que nosotros sospechábamos desde un principio». El mismo lunes 11, mientras Pedro Restrepo y Luz Helena llamaban a los amigos de los hermanos, a los hospitales y a las distintas comisarías, no se podían imaginar que en el Ministerio de Gobierno «se discutía lo que estaba pasando con estos niños» en una reunión de alto nivel. Pedro Restrepo habla con voz baja y grave: «Es muy seguro que allí se decidió la muerte del segundo niño». El primer asesinato fue producto de la brutalidad policial en medio de un interrogatorio. El segundo, de una decisión política en las más altas instancias del gobierno. No podía haber testigos. Todos los mecanismos del Estado se conjuraron para que nunca se supiera.
Ante la pasividad de la policía, la familia tuvo que empezar a indagar por su cuenta. La hermana de Luz Helena, Martha Cecilia Arismendy, periodista colombiana, dejó su trabajo y se instaló en Quito para ayudar en la tarea. Tenían algunas piezas sueltas, pero inconexas. Poco a poco las fueron uniendo. «La mayoría del rompecabezas, de ir armando los hilos de la historia, salía de la misma policía. Nosotros utilizamos una táctica: acudíamos a organizaciones de derechos humanos, a todo tipo de instituciones, y éstas pedían a la policía un informe de los hechos. Y cada informe era diferente, a unos les decía una cosa, a otros una versión diferente. Entonces Marta, que es muy minuciosa, comenzó a entrelazar cosas y ver entre los informes cantidad de contradicciones, y cantidad de absurdos que confirmaban la responsabilidad de la policía. Llenando los huecos, conseguimos reconstruir la historia de una forma coherente».
El enemigo interno
La desaparición de los hermanos Restrepo no era un caso aislado. «Había en esa época toda una mentalidad del enemigo interno y bajo esa excusa se justificaba cualquier cosa», explica Elsie Monje, una de las activistas de derechos humanos que más apoyo brindó a la lucha de los Restrepo. «En ese contexto se creó un grupo clandestino llamado SIC-10. Nunca dejaba huellas, ni siquiera tenía un lugar físico, sino que trabajaba en diferentes estamentos. Estos grupos especiales eran una estructura autónoma dentro del Estado, se podían desplazar por cualquier parte del país sin tener que reportarse a las autoridades locales. Todo esto no era, como ellos trataban de decir, casos aislados, era una política de Estado, y que daba carta blanca a todo tipo de abusos», dice Elsie Monge.
Con la excusa de combatir el narcotráfico y la insurgencia del grupo armado Alfaro Vive Carajo (AVC), comenzaron las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. «El ’86 fue el año más crudo, todos los jóvenes eran sospechosos. No era sólo la persecución a los miembros de AVC sino a toda la protesta social. Todos los que no estaban de acuerdo con el régimen eran enemigos», relata Monge. Según la fundadora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), el mismísimo presidente León Febres Cordero asistió a sesiones de tortura para vigilar y controlar los procesos.
El encubrimiento
«La estrategia de encubrimiento no fue sólo de la policía, sino de todo el Estado. Lo más aberrante de esto, dentro de que todo es aberrante, es la complicidad de todo el poder, desde el presidente de la República para abajo, para encubrir, para negar, para que todo quedara en nada, para callarnos», denuncia Pedro Restrepo.
Eran los últimos meses de la gestión de León Febres Cordero las acusaciones de violaciones de los derechos humanos ya empezaban a empañar la imagen de su Gobierno y a comprometer seriamente las posibilidades del candidato de su partido, el arquitecto Sixto Durán Ballén. El escándalo público provocado por la difusión de la noticia del crimen de dos niños inocentes hubiera sido determinante en este ambiente preelectoral.
La evasiva de las autoridades fue la primera parte de este encubrimiento. Pero ante la insistencia de la familia, las estrategias se refinaron. «Cuando fuimos al Centro de Detención Penal ya no había registro, la hoja del 8 de enero había desaparecido. En los registros del SIC, donde fueron torturados y seguramente asesinados, esos registros del 8 de enero también habían desparecido», rememora. Un mes después de la desaparición de los hermanos, aparecía la camioneta que conducían en el fondo de una quebrada. Las autoridades no tardaron en afirmar que se trataba de una accidente, pese a que nunca se encontraron los cuerpos ni rastros de sangre dentro del coche. «Fue un montaje para simular un accidente de tránsito, pero como todo lo que hacen, y más en esa época donde la impunidad estaba garantizada, no se preocuparon demasiado en que pareciera creíble. Empezamos a investigar. Recuerdo que logré juntar 58 razones técnicas, lógicas, legales que demostraban que la tesis del accidente era absurda», dice Pedro Restrepo.
Sin embargo, la pieza fundamental en esta estrategia de encubrimiento fue la infiltración de una agente, la subteniente Doris Morán, en la casa de la familia. «Era una muchacha joven en esa época, recién salida de la academia», dice Pedro Restrepo, «que se infiltró para controlar cuánto sabíamos y empezar a armar una serie de patrañas, entre ellas que había un supuesto informante que decía que los niños estaban vivos, que ya iban a venir, con el fin de que pasara el tiempo, la noticia se fuera diluyendo y nosotros nos fuéramos resignando».
Si denunciaban el caso, los niños no aparecerían. Ésa era la macabra ecuación que la subteniente Morán transmitía a la familia. Pedro Restrepo llegó a viajar hasta la frontera colombiana siguiendo las falsas pistas que daba el inexistente confidente de Doris Morán. En otras ocasiones la subteniente le decía a Luz Helena que preparara la comida favorita de sus hijos porque «los pequeños ya llegaban». Mientras, la madre de la agente, Aída Rivadeneira de Morán, también se había infiltrado en la casa. En una de las escenas más memorables de la película Mi Corazón en Yambo, María Fernanda Restrepo se encuentra durante la filmación de una fiesta popular con Doris Morán y su madre. Sin dejar de grabar sus caras atónitas, María Fernanda les recuerda todo el daño y sufrimiento que causaron en la casa de los Restrepo.
La denuncia
«Cuando decidimos denunciar el caso a los medios a finales de 1988, Marta y yo ya estábamos convencidos de que no había vida ya. Pero la madre, Luz Helena, jamás aceptó que sus hijos no regresaran vivos. Eso es ya es una circunstancia que hay que analizar desde el punto de vista de madre. Y desde luego nosotros no hacíamos nada para convencerla de lo contrario. Ella murió convencida de que los niños regresaban», dice Pedro Restrepo con la mirada perdida. Luz Helena fallecería en 1994 en un accidente de tráfico al regreso de las primeras vacaciones que se tomaba desde la desaparición de sus hijos.
«Habían pasado ya como diez meses y no se veía ningún avance, nada concreto, nada real. Entonces decidimos que la Morán no volviera a esta familia. Empezamos a hablar con la prensa y a denunciar con nombre y apellido a todas las personas de la policía y del poder que estaban involucradas en el caso». El 5 de diciembre de 1988, los padres de Santiago y Andrés denunciaban en una radio de gran audiencia el caso. La policía reaccionó con el envío de otro agente, el ingeniero Hugo Oswaldo Recalde. «Quédense callados, que en dos meses vienen los niños», era la orden que se encargó de transmitír. «Después de algún tiempo ya vimos que el engaño era total, que sólo querían ganar tiempo, y que nosotros necesitábamos empezar una lucha frontal». Fue en ese momento cuando decidieron salir a la Plaza de la Independencia armados con las fotos de sus hijos. Y así lo hicieron a partir de entonces todos los miércoles.
Los miércoles en la plaza
«Realmente, ¿quiénes éramos nosotros? Un ingeniero no metido en política, no metido en organizaciones sociales, solamente dedicado a mi trabajo y mi familia… y punto. De pronto empezamos a salir con una pancarta al frente del Palacio de Gobierno y reclamar por algo que todavía estaba en el aire. El convencimiento de que nuestros hijos los tenía la policía era nuestro, pero no había ninguna prueba definitiva, directa o un testimonio contundente… Era como la palabra de toda una institución, de todo un Estado contra una familia», relata Pedro Restrepo.
La idea fue de Marta, la tía de los chicos: «Bueno, vamos a hacer como las Madres de la Plaza de Mayo, vamos a hacer público esto, y vamos a hacer que la gente entienda que este crimen se cometió». Después de los primeros artículos y entrevistas la prensa había dejado de hablar del tema. No resultaba sencillo encontrar apoyos, sobre todo «en una época donde la policía era tenida como un icono, era considerada como una institución maravillosa, de gran prestigio. Entonces el encubrimiento era total», dice Pedro Restrepo.
El primer miércoles, en marzo de 1989, llegaron a la plaza de la Independencia, frente al palacio de Gobierno, con unas pancartas «más bien tímidas». Lo acompañaba su esposa, la tía de los chicos, la hermana Elsie Monge y la hermana Laura, las dos del CEDHU. «La gente pasaba y nos trataba de locos. El ambiente estaba envenenado por las calumnias de la policía. Muchos nos gritaban ‘colombianos narcotraficantes, lárguense de acá’. Lo peor es que nadie en el poder nos hacía caso. Si nos desalojaban se iba a generar una reacción, así que sólo esperaban que pasasen unas semanas y que nos cansemos. Resulta que esas semanas se convirtieron en más de 18 años».
El ritual de los miércoles en la plaza mantuvo viva la protesta. Poco a poco se fueron sumando otras madres y familiares de desaparecidos, de torturados, de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Según Pedro Restrepo, en la época de Febres Cordero no solamente reprimían «al sujeto específico» sino que perseguían a la familia, la amenazaban por teléfono y «la mayoría de la gente se callaba y se quedaban quieta». Elsie Monge relata esos primeros momentos de la lucha en la plaza: «A la gente que se acercaba se le contaba lo que había sucedido, y cuando ellos decían que también habían sido víctimas de una u otra manera, se les decía: ‘Bueno, vengan. Entre todos podemos hacer más fuerza’. Ya no eran ellos solos. Luego se fueron sumando artistas populares y cantautores. Teníamos un tambor para llamar la atención, se hablaba del derecho del tambor, de hacerlo público».
Familiares de desaparecidos, madres de víctimas de Alfaro Vive a título personal, víctimas de abusos policiales fueron uniéndose hasta formar el Comité de Familiares de Víctimas de la Represión. «Llegó un momento, dos años después, en que esos miércoles se convertían en una gran fiesta y el poder empezó a preocuparse», dice Pedro Restrepo.
Y el silencio se rompió
El 10 de agosto de 1988 asumió la presidencia el socialdemócrata Rodrigo Borja con un discurso de defensa de los derechos humanos, con la promesa electoral de eliminar todos los grupos represivos creados por Febres Cordero e investigar los crímenes cometidos. «A nosotros nos dio mucha esperanza», recuerda Pedro Restrepo. «Ni bien subió al poder lo primero que hicimos fue tratar de contactarnos con él. Jamás nos recibió. Pronto nos dimos cuenta de que había una consigna de tapar el crimen, de encubrir a la policía».
En enero de 1990, cuando llevaban cerca de un año de miércoles en la plaza la lucha vivió un salto importante. El 8 de enero, cuando se cumplían dos años de la desaparición de los hermanos Restrepo, la familia convocó una concentración para todo el día. Ese día precisamente todas las delegaciones diplomáticas presentes en Quito daban un saludo protocolario al presidente de la República por el principio de año. «Nosotros estábamos ahí con nuestras pancartas, con las fotos de nuestros hijos, y parece que ya en Palacio los embajadores comenzaron a comentar: ‘¿Cómo? ¿Que en el Ecuador hay desaparecidos? ¿Que en el Ecuador se violan los derechos humanos?’. Y ahí sí se empezaron a preocupar», dice Pedro Restrepo.
Diez días después, el ministro de Gobierno declaró que en vista de todas las violaciones de derechos humanos del Gobierno de León Febres Cordero se iba a formar una comisión de investigación y que, por lo tanto, la familia podía dejar de protestar en la plaza. «La idea era sacarnos de ahí, porque ya veían que había otra gente que se iba sumando, ya veían que la prensa se interesaba, y vieron que nosotros éramos de vuelo largo. Nosotros dijimos que muchas veces las comisiones son la tumba de las buenas intenciones, pero que si de esta comisión salía algo que ayudara a desvelar qué ocurrió nosotros lo celebraríamos. Mientras tanto nosotros seguiríamos con nuestra lucha en la plaza».
Un nuevo impulso a la investigación
La persistencia de la familia consiguió que una comisión de investigación del servicio de inteligencia colombiano, el DAS, viajara a Ecuador. Después de 15 días de pesquisas, siguiendo las pistas y testigos que la familia les proporcionó, los investigadores volvieron a Colombia y presentaron el informe a su superior, el general Miguel Maza Márquez. Un mes después, ante la falta de novedades, Pedro Restrepo viajo a Bogotá para entrevistarse con el jefe del DAS.
– Aquí está una copia del informe -le dijo el general- pero no puedo mostrárselo. El original está en el escritorio del ministro de Relaciones Exteriores. Esto ya es una decisión política. Ya de gobierno a gobierno se verá si lo quieren hacer público. En la etapa de investigación la familia se había generado una «buena amistad» con los investigadores colombianos, así que Pedro Restrepo se acercó a saludarlos. – Hombre, vamos a tomar un tinto, ustedes hicieron el informe y no me quieren decir nada. – Nuestro puesto está aquí en juego, son cosas secretas -le contestaron los investigadores. Ante la insistencia, uno de los agentes sacó una copia del informe. – No le vamos a dar copia, pero léalo.
El informe corroboraba la versión de la familia: la policía era responsable de la desaparición y el accidente de coche había sido un burdo montaje. Pedro Restrepo volvió de Bogotá con un dilema: «Revelar esa información era una falta de lealtad con los investigadores. Pero al mismo tiempo, no revelarla era una falta de lealtad con nuestros hijos. Me acuerdo que estuvimos ocho días pensando qué hacer. Hasta que al final decidimos sacarlo a la luz». La noticia, publicada en Colombia, repercutió en Ecuador. Un diario de la tarde, Últimas Noticias, sacó en primera página un enorme titular: «Policía culpable».
Ante el escándalo, la policía realizó una cadena nacional de radio y televisión con todos los altos mandos y exhibieron un informe de cientos de páginas realizado por el coronel Gustavo Gallegos que corroborara la versión del accidente. «Ese informe, que catalogaron de científico, decía entre otras cosas que no se encontraban restos de los niños porque la fauna fluviomarina de la quebrada los había devorado», relata Pedro Restrepo, «y eso hasta en canciones se sacó en plan irónico, porque se trataba apenas de un riachuelo, de aguas servidas de barrios de Quito».
Ante el aumento de presión pública y la falta de resultados de la comisión que había creado el presidente Borja, el Gobierno decidió convertir la comisión nacional en internacional, con delegados de la familia Restrepo, de la ONU y de organizaciones independientes de derechos humanos. «La comisión internacional señaló la responsabilidad de la policía, vino a ratificar todo lo que habíamos dicho, todas nuestras pruebas, pero además reforzadas entonces por los testimonios de Hugo España, que aparece en esa época», dice. Según reveló este testigo de cargo, los cuerpos de los dos hermanos habían sido arrojados a la laguna de Yambo, en la provincia de Cotopaxi. La primera búsqueda -realizada en 1991 sin los medios necesarios, según denunció entonces la familia- no dio los resultados esperados. En ese año empezó el juicio contra algunos de los responsables del crimen, que se prolongaría hasta 1994.
Una cuestión de Estado
Junto con la banda presidencial, el caso Restrepo se traspasó de gobierno a gobierno. La implicación de altos mandos de la policía hacía que el encubrimiento trascendiera al gobierno de turno y se convirtiera en asunto de Estado. «Siempre ha existido un patrón de comportamiento del Estado a través de sus diversos estamentos, sus diversos presidentes, que han sido nueve, con sus diferentes ideologías, y por supuesto, de la misma policía, de encubrir este crimen. Es más, hasta este momento, la misma policía sigue negando el crimen», denuncia. Gobierno a gobierno, relata Elsie Monge, «los mandos policiales implicados en el crimen iban ascendiendo, los más responsables, los más terribles eran los que más ascendían. Era como un premio».
En 1992, el partido de León Febres Cordero volvía al poder con Sixto Durán Ballén a la cabeza del gobierno. «Desde un principio utilizaron la táctica de la persuasión para tratar de que nos olvidemos de salir a la plaza. Inclusive tuvimos entrevistas con su hija, que hacía de secretaria privada», recuerda Pedro Restrepo. – Vean, que con la bulla que ustedes hacen molestan a mi padre y no puede trabajar, a él lo que le gusta es la música clásica, ¿por qué no se van a la Corte Suprema de Justicia, que es donde está el juicio? – decía la hija de Sixto Durán.
«Siempre trataron de sacarnos de la plaza, porque nos estábamos volviendo un problema grande de orden público», dice Pedro Restrepo. «Un día nos llegó una orden de deportación con la excusa de que como extranjeros no podíamos hacer manifestaciones ni criticar al Estado ni al Gobierno… Inmediatamente lo pusimos en conocimiento de la prensa, todos nos entrevistaban, a toda hora nos llamaban por teléfono. Se hizo un escándalo tal que no tuvieron más opción de echarse para atrás».
Después de que se viera frustrada la deportación, el Gobierno conservador de Durán Ballén prohibió las manifestaciones frente a la casa de Gobierno. «Nosotros íbamos a la plaza y la encontrábamos cercada ocho cuadras a la redonda, policías, perros policías, tanquetas, antimotines para que no podamos acercarnos». Pese a los distintos intentos, negociaciones, cargas policiales a las concentraciones, en 18 años no faltó miércoles que Pedro Restrepo y su familia recordara a los sucesivos inquilinos del Palacio de Carondelet que en Ecuador se cometían violaciones de los derechos humanos.
El juicio
«La policía siempre se consideró inmune, todo podía pasar menos que un policía fuera a la cárcel. Pero fueron tantas las evidencias, tanta la presión pública y de la prensa, tanta la desfachatez, que al juez no le quedó más que dictar orden de prisión contra siete de ellos», recuerda Pedro Restrepo. La subteniente Doris Morán, el comandante general de la Policía, Gilberto Molina, el ex agente del SIC Guillermo Llerena, entre otros, fueron llevados a prisión. Eso sí, a una especialmente acondicionada.
«Prácticamente no era ni siquiera una cárcel sino que iban a dormir allá y salían a toda hora. La prensa los sorprendió en varias ocasiones fuera de la cárcel. El general Molina incluso se fugó. Nunca lo persiguieron ni lo buscaron, pero se entregó y terminó su condena en un cuartel». Sin embargo para el padre de Santiago y Andrés esa primera condena tuvo una especial significación: «Era la primera vez que un general de la policía entraba en la cárcel, aunque la cárcel fuera de oro».
El caso Restrepo significó un punto de inflexión en la lucha de los derechos humanos en el Ecuador. Por primera vez, la denuncia de unos simples ciudadanos contra oficiales de policía llegaba a un juicio y por primera vez se conseguían penas de cárcel para una parte de los acusados. «Antes, cuando la policía cometía un abuso la gente se quedaba callada, la misma policía se encargaba de amedrentarlos», dice. Era también la primera vez que agentes de policías eran juzgados por un tribunal civil y no por uno policial, una práctica que aseguraba la impunidad. «Después de más de 20 años de lucha», explica Elsie Monge, se lograría desarmar de forma definitiva los fueros policiales en la Constitución de 2007.
Otra consecuencia del juicio fue la creación de jurisprudencia sobre la desaparición de personas, inexistente en el país. «Uno de los escollos más grandes en el juicio es que no había cuerpo del delito. Pero fue tal la lucha, fue tal la lógica jurídica que ahí se expuso, que el juez determinó que si bien no existía cuerpo del delito, habían circunstancias y testigos que demostraban el delito… Eso creo la posibilidad de juzgar un crimen, creando una jurisprudencia que se ha usado en muchos juicios y que se sigue usando».
Pese a las condenas conseguidas, los responsables intelectuales y muchos altos cargos implicados no habían sido tocados. «El poder político, el presidente de la República, los ministros, los generales, los comandantes de policía, que tuvieron que ver con el caso fueron sobreseídos». Por esa razón la familia inició en 1997 una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra el Estado ecuatoriano. En 1998 ganó el juicio. La Corte declaró el caso Restrepo como crimen de Estado, obligando al Estado a admitir su responsabilidad, a resarcir económicamente a la familia, a entregar los cuerpos de los muchachos y a esclarecer los hechos de aquellos días de 1988.
«Esta sentencia abrió el campo a muchos otros casos en los cuales ha sido denegada la justicia en el Ecuador y han ido a la OEA. El Estado de Ecuador ya ha tenido que resarcir 40 o 50 casos. En vista de esto, la gente vio que había otra instancia, que valía la pena pelear, que no había que quedarse callados», comenta.
Para Pedro Restrepo, el reconocimiento de que se trató de un crimen de Estado es de vital importancia. «Cuando ya las pruebas eran tan evidentes que ya no podían negar que había sido la policía y cuando inclusive ya había sentencia, el Estado seguía utilizando el argumento que de se trataba de unos malos elementos de la policía. Y es un discurso que cala. Aquí se ha sentenciado que la política del Estado no solo permitió esto, sino que le dio rienda suelta a la violación de derechos humanos».
Pese a la resolución de la Corte Interamericana, siguieron los plantones ya que el compromiso del Estado seguía incumplido en tres puntos clave: el rastreo de la laguna de Yambo, la verdad sobre lo que había ocurrido y el castigo a los altos mandos. «Hasta el Gobierno de Correa, que ordenó el rastreo, inició la Comisión de la Verdad y la desclasificación de documentos no se cumplieron la mayoría de nuestras exigencias. Al final salía yo solo a la plaza y me fui enfermando». En 2008, Pedro Restrepo abandonó los plantones. Habían pasado más de 18 años de miércoles en la plaza.
Ese año la Comisión de la Verdad, de la que Pedro Restrepo formó parte, confirmó gracias a los archivos desclasificados la existencia del SIC-10 y pudo documentar cientos de casos de violaciones de derechos humanos, paso necesario para iniciar futuros procesos penales. Sin embargo, el segundo rastreo de la laguna de Yambo, en esta ocasión realizado con un gran despliegue de medios y la supervisión de la familia, no pudo encontrar los cuerpos de los hermanos Restrepo. La búsqueda continúa. Dos décadas después, el caso Restrepo sigue abierto. Muchos de sus responsables siguen en activo y nunca fueron condenados. Otros cumplieron cortas estancias en prisión. Pese a eso, la lucha de Pedro Restrepo y su familia ha demostrado que la policía, el Estado, no es intocable. Y ha logrado desenmascarar de una vez para siempre la violación sistemática de los derechos humanos que se realizaba desde las fuerzas de seguridad del Estado durante los años ’80. Ya nadie puede decir que Ecuador era «una isla de paz».
Para Elsie Monge, el caso Restrepo alcanzó a cobrar un valor simbólico: «Al principio la gente lo veía como algo extraño, decían que estaban perdiendo el tiempo, que no iban a conseguir nada, pero luego se fueron sumando, contando su historia, de que a su hijo también lo habían torturado… Era como una señal de esperanza, de que algo se puede lograr si se lucha».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Caso-Restrepo-Ecuador-no-era-una.html