Los nombramientos del nuevo Ministro de Energía, Iván Rodríguez; del Presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzzeli, y del Secretario de Comunicación, Andrés Seminario consolidan la hegemonía de la derecha en el nuevo gobierno, la que se inició con los nombramientos de Luis Herrería Bonet como Secretario de la Administración y Marcelo Arcos como presidente del […]
Los nombramientos del nuevo Ministro de Energía, Iván Rodríguez; del Presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzzeli, y del Secretario de Comunicación, Andrés Seminario consolidan la hegemonía de la derecha en el nuevo gobierno, la que se inició con los nombramientos de Luis Herrería Bonet como Secretario de la Administración y Marcelo Arcos como presidente del Fondo de Solidaridad. Dentro de esta hegemonía derechista se consolida el poder socialcristiano y particularmente de León Febres Cordero, quienes comienzan a manejar a su antojo los hilos gubernamentales.
En el número especial de Tintají, dedicado a la revuelta de Quito, en la segunda quincena de abril, se mencionaba en uno de los artículos que el gobierno recién asumido demostraba desde el primer día que intentaría contentar al PSC al permitirle la privatización de la seguridad en Guayaquil, pero se interrogaba si además se le entregaría EMELEC (empresa eléctrica de Guayaquil) y el manejo del Petróleo. Los nombramientos de Rodríguez y Pareja, son la respuesta afirmativa a esas interrogantes. Pero como si eso fuera poco, el hecho de mantener como presidente del Fondo de Solidaridad a Marcelo Arcos, refuerza la mirada privatizadora del gobierno. El primer trabajo y fundamental, al que está dedicado el cuestionado amigo del Presidente de la República es consolidar la privatización de las empresas eléctricas y telefónicas. Arcos aseguró a la prensa que la concesión de las empresas de telecomunicaciones y eléctricas a manos privadas, será un hecho a fines de este año. Añadió que en el proceso trabajan la Organización de Naciones Unidas (¿La ONU participando en la privatización? ¿Es un cuento más al que nos tienen acostumbrados los distintos gobernante ecuatorianos?), esperando que la convocatoria para adjudicar las compañías de telecomunicaciones se realice en Ginebra. Y agregó que las reestructuraciones que se hagan en el sector de las telecomunicaciones son parte de un plan de gobierno y no de un plan personal. Por lo tanto, se desprende que la privatización de las empresas telefónicas es parte del plan de gobierno de Palacio.
Según fuentes de Andinatel consultadas por Tintají ya se habría nombrado una comisión interna cuyos integrantes habrían hecho un compromiso de confidencialidad para estudiar la privatización. Esa comisión se estaría reuniendo en el Fondo de Solidaridad. Tras el desmembramiento de EMETEL, que fue perjudicial al Estado, Andinatel se mantuvo como una empresa medianamente eficiente que produjo en 2003 más de 80 millones de dólares de utilidades para el país, pero Pacifictel, mal administrada y utilizada como botín político, ha sido el mejor ejemplo de la ineficiencia. Dentro del proceso privatizador es necesario encontrar una justificación para privatizar Andinatel por lo que se estaría intentando desmantelar la empresa. La falta de inversión en nuevas tecnologías en 2004, ayudó a que las utilidades cayeran a menos de 80 millones de dólares el año pasado. El mantenimiento de Arcos como gerente de la empresa, además de ser presidente del Fondo de Solidaridad, consolida la idea privatizadora. A eso se suma que alguno de los integrantes del directorio de Andinatel ya pertenecieron a la ineficiente administración de Pacifictel, por lo que se estaría nombrando gente con experiencia en hacer ineficiente a las empresas públicas.
Iván Rodríguez, por su parte tiene intereses creados con EMELEC (empresa eléctrica de Guayaquil), al haber sido miembro de la denominada Fiducia Local, que no es otra cosa que una forma de privatización de una empresa que debería ser propiedad del Estado porque pertenecía al banquero Fernando Aspiazu, actualmente detenido y deudor del Estado.
Mientras que Carlos Pareja, en Petroecuador, se ha visto obligado a decir que no se privatizará el petróleo (¿valdrá privatizar algo que puede rendir buenos dividendos al clan socialcristiano?), aunque dudó mucho al pronunciarse sobre la caducidad de contrato petrolero con la Petrolera Occidental, donde se juegan cientos de millones de dólares. Tanto Arcos como Pareja, tienen cuestionamientos muy importantes como para permanecer en el Fondo de Solidaridad y Petroecuador. La prensa ya ha denunciado algunos procedimientos irregulares en los que se han vistos involucrados. En su Número 71, de la segunda quincena de junio de 2005 Tintají entregó en exclusiva una denuncia sobre Arcos, que trata sobre un contrato en perjuicio del Estado entre una empresa de la que éste era presidente y un Proyecto vinculado a la Vicepresidencia de la República cuando Alfredo Palacio era Vicepresidente, por lo que para eliminar cualquier duda el mandatario debería destituir ya al Presidente del Fondo de Solidaridad.
El contrato de Arcos
Tintají accedió al Contrato firmado entre la empresa VATADUR de Arcos, y MODERSA (Proyecto de Modernización de los Servicios de Salud) el 31 de marzo de 2004, para la adquisición de tres lanchas para el Servicio Médico Fluvial para las provincias de Sucumbíos, Morona Santiago y Esmeraldas, y cuya adjudicación presenta varias irregularidades que merecerían una investigación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y la Contraloría.
El documento en mención es el «Contrato de Compra-Venta No. MSP/MODERSA/CB/140/04», y establece que fue realizado entre «el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio de salud Pública/Proyecto de Modernización de los servicios de Salud ‘MODERSA’ debidamente representado por el doctor Rodrigo Aguayo Cadena, Coordinador General (E) del Proyecto (en adelante denominado el comprador), por una parte, y la empresa Varaderos y Talleres Durán, VATADUR S.A, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, representada por el ingeniero Marcelo P. Arcos Astudillo, en su calidad de Gerente General, conforme se desprende de su respectivo nombramiento (en adelante denominado el Proveedor), por la otra».
El monto total del Contrato es de 1.337.931,40 más IVA; 95.002,44 mayor que la oferta presentada por VADATUR en la licitación pública. Pero veamos desde donde comienzan las irregularidades. Realizada la Licitación Pública No. MSP/MODERSA/LPI/062/03- «Adquisición de Tres Lanchas con Servicio Médico Fluvial y Servicios Conexos» en noviembre de 2003, se calificó a dos empresas: VATADUR y CEYM (Compañía Eléctrica y Mecánica S.A), en tanto que la empresa ASTINAVE de la Marina Nacional se excusó de participar.
Según el ACTA No. CC-164-2003 del Comité de Contrataciones de MODERSA, la oferta de VATADUR fue de 1.242.928,96, mientras que la de CEYM fue de 875.582,48. A pesar de ser más baja esta última, se otorgó el Contrato a la empresa de Marcelo Arcos, provocándose una pérdida para el Estado. Y como si eso fuera poco, el contrato finalmente se hizo por un monto mayor al ofertado en la Licitación, con lo que el Estado termina pagando 1.337.931,40. Sin embargo, en la misma ACTA mencionada, el Comité justifica la adjudicación a VATADUR por haber sido «evaluada» como la «más baja». ¡Maravillas de las matemáticas!. Si no hubiese significado un perjuicio tan importante, parecería un chiste de mal gusto.
La oferta de la empresa de Arcos fue 367.346,48 más cara que la de CEYM, lo que ya era perjudicial para el Estado. El precio estipulado en el Contrato fue todavía 95.002,44 más caro. Por lo tanto el perjuicio total fue de USD 462.348,92.
Arcos parece tan afortunado que se le adjudicó el contrato a su empresa a pesar de que la oferta fue más alta que la competidora, y lo que es peor con un valor todavía superior al de la oferta.
Del dinero a pagar, 706.600,00 es aportado por Petroecuador mediante un Convenio de Cooperación Institucional. El contrato se suscribió, en un momento en que el doctor Alfredo Palacio, en su calidad de Vicepresidente de la República, tenía relación con el Ministerio de Salud Pública y con el proyecto MODERSA. Antes de este contrato, Arcos había sido presidente del Comité de Consultoría, «un órgano adscrito a la Presidencia de la República», como representante del ex Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, con rango de Ministro de Estado según consta en el Reglamento No. 010-CC-2004 aprobado el 19 de febrero del 2004, con la firma del propio Arcos y de José Paret Lértora como secretario del comité. Entre las actividades del comité está la de «emitir su pronunciamiento y recomendaciones sobre todos los proyectos de contratos de crédito externo que vayan a celebrar el Estado Ecuatoriano o las instituciones del sector público, que financien estudios o proyectos en cuya ejecución se requiera de servicios de consultoría».
Si a estos antecedentes sumamos otros ya denunciados por varios medios de comunicación, como el hecho de que una empresa de transporte marítimo de combustible propiedad de Arcos será la única que transporte hasta fin de año el combustible de Petroecuador se puede contextualizar el poder que parece tener el actual Presidente del Fondo de Solidaridad, quien además aseguró haber dado 40.000 dólares a Palacio para que pudiese pagar una deuda.
En torno al transporte de combustible los nuevos integrantes del Consejo Administrativo de Petroecuador (Luis Bacigalupo, Carlos Sagnay, Mario González y Eduardo Gallegos) posesionados hace pocos días por el Ministro de Energía, Iván Rodríguez, resolvieron extender los contratos para provisión de combustible con las compañías Trafigura y Projector.
Según información del Diario Expreso, Trafigura es cliente de Transportes Navieros del Pacífico (TNP), cuyo propietario es, nada más y nada menos que Marcelo Arcos, aunque ahora no es su representante legal. La empresa de Arcos transporta gasolina a Trafigura a través del buque tanque Guayaquil, de 5.000 toneladas. El dueño del barco es Seacross Navigation Inc con sede en Panamá, pero TNP lo opera mediante un contrato de arriendo por 5 años. El último contrato de la empresa fue el 25 de abril de 2005, cuando se adjudicaron 24.000 barriles. También se le adjudicó la compra de 3 millones de barriles de combustibles para abastecer tres meses del periodo 2005. Durante diciembre de 2003, Trafigura ganó un contrato con Petrocomercial para el transporte de un millón de toneladas de gas de Venezuela a Ecuador durante los siguientes dos años. Ese fue un contrato de 59 millones de dólares. Esta negociación fue denunciada por las empresas competidoras ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
Ante la insistencia de la prensa para saber si alguna de su empresas mantenían contratos con el Estado, Arcos afirmó que solo una de sus 17 empresas los tiene. Aceptó que se trata de VATADUR que, según él, tiene un contrato con la Armada para construir dos remolcadores y con MODERSA, con la que dijo llevar adelante un proyecto del Banco Mundial para la modernización de la Salud en el Ecuador. Argumentó que los contratos fueron adjudicados en el gobierno de Gutiérrez, y cuando él ya no era representante de la Oficina de Planificación del Estado (ODEPLAN). Todavía le falta contar la historia completa del contrato con MODERSA, con los detalles brindados por Tintají. Dentro de sus múltiples funciones, Arcos es delegado del Presidente de la República en el directorio de Petroecuador y gerente general de ANDINATEL.
El silencio presidencial
La denuncia del Quincenario Tintají fue reproducida por el periódico digital Ecuadorinmediato.com y tras la publicación, su director Francisco Herrera Arauz recibió la noticia de que Marcelo Arcos lo enjuiciaría por la difusión de la noticia, en un ataque más a la libertad de expresión. Días después Arcos se retractó y señaló que no había iniciado ningún juicio, sino que solo pedía las fuentes de la información.
El sólo hecho de exigir las fuentes es un ataque a la libertad de expresión. Pero en este caso, las fuentes son los documentos mencionados, que ahora son públicos, luego de haber sido reproducidos por Tintají, Ecuadorinmediato.com y medios internacionales. También tienen copias de esos documentos algunos diputados como Ricardo Ulcuango y Carlos González que ya iniciaron una investigación en el Congreso.
Hasta el momento lo que más llama la atención, es que tras la difusión del contrato de VATADUR con MODERSA, que se suma a otras denuncias sobre la actuación de Marcelo Arcos, el Presidente de la República, Alfredo Palacio, se haya mantenido callado y no le pida la renuncia al presidente del Fondo de Solidaridad. ¿Qué poder de convencimiento tiene Marcelo Arcos, quien también fuera funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez?
¿Clientelismo en comunidades indígenas?
Pero la historia no queda ahí, luego de las denuncias, Arcos visitó Pujilí donde realizó un acto público en el que comprometió algo de dinero para determinadas obras en comunidades indígenas, en un clientelismo bastante similar al que practicaban ciertos ministros de Gutiérrez. ¿Esa es la política social del gobierno? ¿Marcelo Arcos será el encargado de repartir cheques en un procedimiento similar al del anterior gobierno? ¿Es parte de una campaña proselitista?
Cotopaxi fue una de las provincias de la Sierra más golpeadas por el trabajo clientelista y divisionista del ex Ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas y su amigo Bolívar Gonzáles. Durante el acto realizado en Pujilí, el comunero Manuel Peñafiel, aseguró que los asistentes apoyarían a Marcelo Arcos en su comparecencia ante el Congreso. ¿Estamos ante una nueva utilización de ciertos sectores indígenas? ¿El Presidente permanecerá callado? ¿Ultimo día de lo mismo para que siga lo mismo?