Tras semanas de movilizaciones y protestas callejeras en Ecuador, el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso pactó con las comunidades indígenas para poner fin a la violencia. Para ello, deberá cumplir las promesas realizadas, entre otras, bajar el precio del combustible y derogar el decreto que promueve la actividad petrolera.
“No se puede confiar en el imperialismo ni tantito así, nada” (Ernesto “Che” Guevara).
Tras el acuerdo entre delegados del gobierno ecuatoriano y de las comunidades indígenas de poner fin a las protestas, el presidente Guillermo Lasso, ofreció un mensaje a la nación el jueves 30 de junio, asegurando que es el momento de reconstruir el país y recuperar el tiempo perdido. Los activistas aceptaron levantar las movilizaciones luego de que el gobierno se comprometiera a llevar adelante las consignas y los puntos acordados.
Luego de largas jornadas de protestas en las calles y un paro nacional, los y las manifestantes encabezados por un sector importante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) salieron a reclamar por la reducción del precio del combustible, alivio económico, precios justos, derechos laborales, moratoria minera, para romper con la concentración extractivista, exigir el alto a las privatizaciones, entre otras cuestiones relacionadas con los derechos básicos que cualquier gobierno debe garantizar. Las protestas recrudecieron tras el arresto del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, a las que se sumaron centrales sindicales, maestros, estudiantes y artistas, entre otros actores sociales. El gobierno neoliberal de Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en varias provincias y movilizó al ejército. Varios organismos internacionales de derechos humanos comenzaron a pedir que se estabilice el país y que se logre llegar a un diálogo.
Tras las preocupación internacional, las movilizaciones en las calles y ocho muertos, según cifras oficiales, se logró que el jueves pasado el gobierno de Ecuador y la Conaie convocaran a diez mesas técnicas de diálogo, para abordar las principales demandas de los movimientos indígenas, luego del paro general extendido durante tres semanas. Luego de firmar el “Acta por la paz”, que permitió terminar con 18 días consecutivos de movilizaciones, se concretaron los dos puntos centrales del acuerdo, que son la reducción del precio de los combustibles subsidiados y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera. El mandatario prometió colocar como prioridad nacional el campo y la ruralidad para poner fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de cuarenta años. El mensaje duró dos minutos, en los que llamó al país a la unión para “emprender juntos la tarea de transformar la paz” conseguida con los acuerdos alcanzados con las organizaciones indígenas, y transformarla en “bienestar y oportunidades para todos”. Asimismo, el gobierno se comprometió a derogar el estado de excepción, anular el decreto 95 sobre política petrolera y hacer reformas a la orden 151, por lo que promete
prohibir las concesiones de nuevas licencias para la explotación minera en reservas naturales, áreas intangibles y arqueológicas, zonas de fuentes hídricas y en territorios indígenas. Al final de su discurso, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las ocho víctimas fatales que dejó el conflicto en los 18 días de manifestaciones: “Siempre los llevaremos en nuestro corazón y en nuestra memoria”, afirmó, y agradeció el papel desarrollado por la Iglesia católica en la conciliación de las partes.
La historia inmediata
Cuando Rafael Correa (2007-2017) fue presidente de Ecuador, miembros de la CIA y la Embajada de los Estados Unidos financiaron a líderes oportunistas de grupos indígenas y ambientalistas para desestabilizar las bases de apoyo que tenía el ex presidente. Estos grupos fueron creciendo tras el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), quien entre otras traiciones y hechos de corrupción apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, en noviembre de 2019, y prestó armamento de guerra al régimen de facto que encabezó Jeanine Áñez. El ex presidente Moreno invitó a la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (Usaid) a volver al país, mientras gobernaba, y Washington devolvió el favor al ayudar a pagar el régimen conservador que estaba construyendo. Los contratos de la agencia de repente ascendieron en 2018 a más del 440 por ciento, de 18 a 80 millones de dólares.
Moreno había sido recompensado y beneficiado de manera contundente. Favor con favor se paga. El actual presidente, Guillermo Lasso, tuvo un gran apoyo de las oligarquías, los sectores poderosos de las elites y un sector importante del ala conservadora de la Conaie, Pachakutik y las ONG Verdes, que cumplieron un papel fundamental para que el banquero neoliberal fuese elegido en las elecciones de 2021, y que aún siguen siendo colaboradores y reaparecen, como grupos de choque, en los levantamientos de los sectores de izquierda, como sucedió en los últimos días. Los líderes de estas agrupaciones reciben dinero de la CIA y de Usaid y el Fondo Nacional para la Democracia (NED). En su momento declararon abiertamente que apoyaban al actual presidente, omitiendo los casos de corrupción que lo rodean, que incluyen cuentas offshore y propiedades en el estado de Florida entre otras ilícitos. Un dato importante son los cables desclasificados de la Embajada de los Estados Unidos, publicados en Wikileaks, donde se puede leer cómo Washington ha dividido sistemáticamente a la izquierda ecuatoriana. En 2017, mientras gobernaba Correa, el financiamiento de la Usaid estaba en su punto más bajo. Y en 2018, cambiado de manera radical, el gobierno de Moreno se les volteó a sus electores y se inclinó hacia las oligarquías y Washington. Con esto comenzó la persecución al
correísmo y el lawfare contra Rafael Correa.
Resistir la Patria Grande
Los últimos gobiernos progresistas de la región se han caracterizado, sobre todo, por defender la soberanía nacional y la inclusión social, focalizando en un proyecto cultural igualitario donde los y las de abajo puedan tener acceso a sus derechos fundamentales, combatiendo las asimetrías y desventajas que fueron dejando los gobiernos neoliberales, que siempre respondieron al imperialismo y a los intereses de pocos. Hoy la región vive una nueva reorganización y Ecuador no es un caso aislado. Aquí las tensiones son forzadas por el gobierno de Guillermo Lasso, que responde a las recetas del FMI , provocando pobreza, hambre y violencia. Si bien las movilizaciones y el paro nacional paralizaron al país, los manifestantes no iban a aceptar el regateo ni la conciliación a la baja. La prolongada manifestación causó muertes, un alto desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, una reducción significativa en la producción de petróleo e incluso impidió el paso de ambulancias, en medio de los bloqueos de carreteras y vías del país. A lo que los empresarios se vieron perjudicados y no faltaron a poner el grito en el cielo. La exigencias en salud y educación fueron un punto importante en el reclamo, como obligar a los sectores que dominan los productos agropecuarios a fijar los precios. Estos hombres y mujeres, algunos organizados, otros no tanto, sostuvieron hasta último momento la decisión de que si el gobierno no pactaba los puntos que proponían y los cambios sugeridos, no abandonarían las calles. Los últimos meses fueron convulsos en toda la región. Los y las ciudadanas ya no aguantan más gobiernos que no garanticen las necesidades básicas, como alimentos, salud, trabajo, salarios dignos y educación. Por eso mismo son tan importantes las calles y la organización para los pueblos libres. Ecuador, una vez más, deja otra lección de lucha y resistencia.
Fuente: https://carasycaretas.org.ar/2022/07/13/ecuador-un-pueblo-sublevado/