La segunda vuelta electoral se realizará el 13 de abril, en medio del estado de excepción decretado hace más de un año por el actual presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección compitiendo con la correísta Luisa González.
La violencia desbordada en las cárceles y en los territorios y una crisis inédita de desapariciones forzadas cometidas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, marcan la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 13 de abril, donde el actual presidente Daniel Noboa busca la reelección compitiendo con la correísta Luisa González.
Al estilo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, Noboa implementó desde 2024 un estado de excepción aludiendo a un “conflicto armado interno”, lo cual le otorgó a los militares facultades como el uso letal de la fuerza y agudizó aún más la crisis de seguridad que vive el país por la violencia que ejerce el crimen organizado. Desde entonces, la represión estatal causó la desaparición forzada de 27 personas, incluidos nueve adolescentes, de acuerdo con los registros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con sede en la ciudad de Guayaquil.
“A nuestra manera de entender, el fenómeno de las desapariciones forzadas tiene que ver con unapoyo absoluto de parte del gobierno y, particularmente, del Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas intervengan en operaciones anti delictivas de forma protagónica”, explica Billy Navarrete, director ejecutivo del CDH.
De acuerdo con Navarrete, la mayoría de los casos que documentaron ocurrieron en el segundo semestre de 2024, y no descarta que existan más, debido a que tienen conocimiento de que la Defensoría del Pueblo recibió otras denuncias que espera que la institución les comparta en los próximos días. “Las cifras actuales superan a las desapariciones registradas desde hace dos décadas y que siguen impunes”, agrega Navarrete.
Un antes y un después
Uno de los casos emblemáticos de esta violencia estatal fue la desaparición forzada de cuatro adolescentes ocurrida el 8 de diciembre de 2024. Según la investigación judicial, a las 20:30 de ese día, las víctimas volvían a su casa después de jugar al fútbol en un grupo que en total estaba conformado por 11 jóvenes, en la comunidad Las Malvinas, al sur de Guayaquil. El grupo fue interceptado por dos patrullas oficiales y 16 militares. Una cámara de seguridad registró que los jóvenes fueron detenidos violenta y arbitrariamente, y obligados a subir a las patrullas. Siete de ellos lograron escapar y pidieron ayuda. Los cuerpos de los otros cuatro adolescentes, quienes tenían entre 11 y 15 años, fueron encontrados el 24 de diciembre en una zona rural y sus identidades fueron confirmadas días después.
A partir del hallazgo de los cuerpos y por medio de un hábeas corpus, una jueza de niñez y adolescencia declaró que el caso se trataba de una desaparición forzada y ordenó la detención de los militares. También le exigió al Ministerio de Defensa una disculpa pública. La cartera de Estado tachó la actuación de la jueza de “persecución política”. El caso escaló ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH mostró preocupación por la postura del Ministerio de Defensa, porque estimó que sus declaraciones podrían amenazar la independencia judicial y la defensa de los derechos humanos en Ecuador.
Para Navarrete este crimen colectivo marcó un antes y un después en las investigaciones de las desapariciones forzadas cometidas por uniformados en Ecuador, ya que a partir del trabajo de las organizaciones sociales la Fiscalía dio un giro en las pesquisas: comenzó a calificar estos delitos como desapariciones forzadas cuando antes los calificaba como secuestro. El patrón común de los casos registrados por CDH es que en estos están involucrados militares a bordo de patrullas oficiales.
Desde la implementación del estado de excepción, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales se pronunciaron en contra de la medida de Noboa, pues, además del uso excesivo de la fuerza, la decisión del Ejecutivo provocó que los militares ingresen a los domicilios sin una orden judicial, priven de forma arbitraria a las personas en la vía pública y también amenacen a los familiares de detenidos en los procedimientos de detenciones.
Estas prácticas son similares a las que ocurren en El Salvador, el país centroamericano que desde marzo de 2022 vive en un régimen de excepción como única estrategia de combate a las pandillas, que provocó la detención de 85 mil personas por parte de la policía y la desaparición forzada de otras 66, según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La violencia no cesa
Pese a la militarización en Ecuador, la violencia del crimen organizado continúa. Si bien, la presencia de las Fuerzas Armadas comenzó dentro del sistema carcelario para contener los secuestros que las bandas criminales realizan en contra de privados de libertad y a cambio de conservar su vida extorsionan a sus familiares, estos delitos siguen ocurriendo, según Navarrete. La CIDH registró 37 asesinatos dentro de las cárceles en 2024. Este organismo señala que “hay ausencia de control de los centros penitenciarios por parte del Estado, la existencia de sistemas de autogobierno, corrupción y la insuficiencia de personal de seguridad”.
Mientras que afuera de las cárceles, el crimen organizado también sigue haciendo de las suyas. El pasado 6 de marzo, 217 personas tuvieron que desplazarse forzosamente de la comunidad Socio Vivienda, en Guayaquil, luego de una masacre que dejó a 22 víctimas tras enfrentamientos de grupos criminales.
En medio de este clima social, Noboa apuesta a la presidencia en el balotaje y amenaza con endurecer su política de mano dura. En el debate presidencial del pasado 23 de abril, el mandatario habló de otorgar un bono extraordinario a las Fuerzas Armadas, específicamente al personal de tropa. En la primera vuelta presidencial, Noboa se impuso mínimamente con el 44.31% de los votos sobre González, quien obtuvo 43.83% votos de entre más de 13.7 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que acudieron a las urnas.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/815399-ecuador-va-a-balotaje-entre-una-ola-de-violencia-y-una-crisi