Estados Unidos (EE.UU) ha mantenido un ensañamiento contra Venezuela desde que sus intereses económicos se pusieron en jaque ante el cambio en sus relaciones políticas con el país suramericano. En las últimas semanas las amenazas verbales por parte de voceros estadounidenses han recrudecido y desde abril pasado el gobierno norteamericano aumentó su presencia militar en el Caribe.Entretanto, la población venezolana resiste los embates en forma de sanciones abusivas e ilegales que violentan abiertamente estamentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un documento vinculante, ratificado por EE.UU en 1992 (1), y que establece en su Parte I, artículos 1 y 2, convenido por la comunidad de naciones, que:1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.El coaccionar las relaciones comerciales de Venezuela -y como vulgares piratas de mar impedir que un tanquero de gasolina llegue a territorio venezolano para dinamizar sus actividades productivas, en medio de una pandemia lapidaria- denuncia las agresiones sustantivas contra los derechos humanos (DD.HH) de todo el pueblo venezolano, y no solo contra un grupo de sus factores políticos.El informe sobre Venezuela, presentado por el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Alfred de Zayas, en septiembre de 2018, señaló responsabilidades gubernamentales importantes en la situación sociopolítica venezolana, pero también confirmó la arremetida económica provocada por EE.UU y sus aliados americanos y europeos contra la población del país suramericano. (2) (Acceso al informe original desde: https://undocs.org/A/HRC/39/47/ADD.1).Esta situación ya había sido expuesta por el fallecido Idriss Jazairy, relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y situaciones internacionales, quien, en 2018, en su informe a la Asamblea General de la ONU, señaló que este tipo de ataque bélico no convencional impacta negativamente en los DD.HH de los países que lo sufren.El 31 de enero de 2019, el experto independiente de la ONU confirmó medidas sancionatorias de Estados Unidos contra Venezuela y denunció: “La coerción, ya sea militar o económica, nunca debe ser usada para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano. El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo viola todas las normas del derecho internacional”. (3).El asalto a la soberanía de un pueblo cuestiona el concepto de «seguridad humanitaria». Muchos analistas y juristas aún discuten cuándo es legitimo o no en nombre de la ‘seguridad humana’, una intervención. Sin embargo, esto no cambia las estructuras hegemónicas mundiales, ni las sanciones como método de hostigamiento y sus secuelas. Ruanda, Kosovo, Somalia, Haití y Libia, entre muchos casos, exhiben heridas imborrables tras “intervenciones humanitarias” que conllevaron a la destrucción, a masacres o genocidios por los que sus pueblos aún no reciben justicia. Asimismo, las “sanciones” cercenan la dignidad humana a millones de seres humanos inocentes, sin esperanza de reivindicación.Esto pesa sensiblemente al considerar la doctrina de “seguridad humana” que esbozó la ONU, puesto que Venezuela, según EE.UU, constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” a su “seguridad nacional y política exterior”, tal como lo decretó mediante Orden Ejecutiva 13692, en 2015.Esta “orden” ratificada por la gestión de Trump, establece entre otras medidas, bloqueo de propiedades y de relaciones comerciales, que hasta la fecha solo ha garantizado la subasta estratégica de la estatal petrolera venezolana CITGO y la apropiación ilegitima de recursos económicos y materiales como oro y gasolina, propiedades del Estado venezolano (o sea de tod@s los venezolan@s) violentando las instancias internacionales de rigor.Estas medidas se siguen ejecutando a costa del sufrimiento de la población venezolana y el impacto sobre sus medios de producción, públicos y privados, que cercenan los derechos económicos de quienes residen en el país o de quienes han huido a otros países (éxodo signo del belicismo no convencional).Tras intentar un ingreso fallido de “ayuda humanitaria” en Venezuela y luego de muchas amenazas de intervención por parte de voceros oficiales del despacho oval, EE.UU navega por América Latina y El Caribe so pretexto de “la lucha antidrogas”. A estas alturas de las agresiones contra Venezuela es natural que cualquiera pregunte capciosamente: ¿Se trata de una nueva forma de incursión “humanitaria” en tiempo de coronavirus?
* Ramaris Vásquez. Periodista venezolana, con estudios de especialización en Derechos Humanos, de la Universidad Nacional Abierta (Venezuela).