Gracias a la presión ciudadana, por fin pudo conocerse la carta de intención presentada por Ecuador (1 de marzo de 2019) a Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), documento suscrito por Richard Martínez A., Ministro de Economía y Finanzas y por Verónica Artola J., Gerente General del Banco Central del Ecuador (BCE) […]
Gracias a la presión ciudadana, por fin pudo conocerse la carta de intención presentada por Ecuador (1 de marzo de 2019) a Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), documento suscrito por Richard Martínez A., Ministro de Economía y Finanzas y por Verónica Artola J., Gerente General del Banco Central del Ecuador (BCE) (documento: https://bit.ly/
Es posible resumir la carta en los siguientes puntos, aclarando los conceptos revestidos con palabras supuestamente técnicas (son simplemente ideológicas), y citando al texto entre comillas:
1. Responsabilidades atribuidas al gobierno de Rafael Correa.- Entre otras opiniones: «El Ecuador se encuentra en una transición histórica para modernizar la economía y fortalecer el crecimiento económico y la generación de empleo para las generaciones futuras»; en un país «que abandona las prácticas poco transparentes del pasado reciente»; considerando que «los fundamentos de nuestro sistema económico dolarizado han sido socavados por una continua erosión de las instituciones nacionales»; con «debilitamiento del sistema de gobernanza pública y persistentes desequilibrios fiscales»; tenemos el compromiso de «revertir estas tendencias»; además, «ciertos amortiguadores, incluyendo las reservas internacionales del BC y los ahorros de fondos petroleros, fueron erosionados y la capacidad del Gobierno para responder ante emergencias nacionales fue seriamente debilitada»; adicionalmente, «los cimientos institucionales del Banco Central fueron socavados».
2. Propósitos altruistas.- Hemos «actualizado» nuestro «Plan de Prosperidad», en concordancia con el «Plan Nacional de Desarrollo» y con los «Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas para el año 2030»; lo sustentamos en cuatro «pilares fundamentales»: «i. reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización; ii) generar empleo y crecimiento a través de mayor competitividad; iii) promover igualdad de oportunidades y proteger a los pobres y vulnerables»; y iv) garantizar un clima de transparencia y buen gobierno». Estamos comprometidos a «restaurar el orden en las cuentas fiscales»; nuestra meta es «revertir rápidamente la trayectoria creciente de la relación de la deuda pública con el PIB»; nuestro plan fiscal está «diseñado cuidadosamente» para «minimizar el impacto de esta transición en la economía real y en las condiciones de vida de la población»; también se «requerirá de un esfuerzo de la ciudadanía»; «los ahorros y los ingresos generados… nos permitirán incrementar el gasto en asistencia social» y «proporcionar un mayor apoyo a los más vulnerables» («la mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad»); también «fortaleceremos las bases estructurales de nuestro sistema fiscal»; «reconstruir y fortalecer la base institucional que gobierno al Banco Central»; «respaldar el régimen de dolarización»; eso si «restaurar la competitividad internacional de la economía» y «promover un crecimiento liderado por el sector privado»; «convertir al Ecuador en un destino preferido para los negocios de todo el mundo e impulsar la generación de empleo y la reducción de la informalidad en la economía»; transparencia y lucha contra la corrupción; fortalecer la vigilancia de las relaciones comerciales con altos funcionarios públicos, así como el régimen de declaración de activos para ellos; ley que asegure congelar, decomisar y confiscar recursos obtenidos por actos de corrupción.
3. Avances previos.- En definitiva, en el documento se sostiene que ya hemos avanzado con la Ley de Fomento Productivo, las exoneraciones fiscales, la subida de combustibles; disminución de trabajadores públicos; avance en la lucha contra la corrupción; avance institucional mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición.
4. Deuda externa.- Se habla de «prudencia en la política fiscal»; la meta es reducirla por debajo del 40% del PIB. Entre 2008 y 2018, dice el documento, la deuda pública total pasó de 24% del PIB al 46% del PIB. Adviértase que la deuda nunca sobrepasó el último porcentaje, como se ha sostenido en otros momentos, y que el cálculo es para el año 2018, por lo que hay que tomar en cuenta el incremento deudor del actual gobierno.
5. Reducir el déficit en el sector público.- A través de: reducir subsidios a los combustibles en 5% del PIB en los próximos tres años (subir precios a las gasolinas); además, «normalización de los precios del diésel de uso industrial» (subir el diésel); «sistema de subsidios a los combustibles que promuevan la equidad y la eficiencia económica» (o sea, focalizar los subsidios para sectores más pobres); «reajuste de la masa salarial del sector público» (despedir trabajadores públicos); reforma del sistema tributario; «reducción del gasto público de capital y de bienes y servicios» (menos inversiones estatales); «mejorar los términos y las condiciones en la contratación pública de bienes y servicios»; «actualizar las tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas» (subir electricidad, por ej.); «tenemos la intención de fusionar las dos compañías petroleras estatales». Según el Ministro Martínez, el gasto se ajustará en U$ 4.400 millones hasta 2021, con respecto a 2018 (https://bit.ly/2FipHXq).
6. Impuestos.- «Reforma del sistema tributario»; garantizar la posibilidad de ajustes automáticos y límites vinculantes del gasto en concordancia con el marco fiscal global, enviando a la Asamblea los proyectos de leyes específicos; «empezar a eliminar el distorsionante impuesto a la salida de divisas» (ISD); «simplificar» el sistema tributario (reducir el número de impuestos); «ampliar la base impositiva» (que más ciudadanos se incorporen al pago de impuestos); «eliminar las exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las preferencias que en la actualidad benefician a los segmentos más ricos de la población» (hace poco se propuso, por ej., suprimir el 50% de las exoneraciones para los adultos mayores; pero no se topa al alto empresariado); en forma muy clara y sin ningún sonrojo, se sostiene como objetivo gubernamental «rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa», lo que significa abandonar toda política de redistribución de la riqueza, un seguro incremento de impuestos indirectos como el IVA y el privilegio para las capas ricas que no se verán amenazadas con impuestos directos; y, adicionalmente, en beneficio de las elites económicas empresariales, se «eliminarán gradualmente los impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior», con lo cual incluso se favorecerá la mejor fuga de dinero.
7. Privatizaciones.- Se cuidan de emplear este concepto, pero lo esconden con estas palabras: «Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados»; además, asociaciones público-privadas.
8. BCE.- «Reconstruir y fortalecer la base institucional que gobierna al Banco Central» con un «Directorio independiente»; prohibiciones para que el BCE financie con préstamos al gobierno y al sector público y que la institución deje de tener deuda del gobierno; «acumular gradualmente reservas internacionales» que permitan sustentar la dolarización; fortalecer su «autonomía operacional».
9. Cuestión laboral.- La insistencia es absoluta: «Ecuador requiere una reforma laboral urgente», que ayude a reducir la informalidad y fomente el empleo, «retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para personas que no tienen un empleo» (clara flexibilidad laboral); «disminuiremos gradualmente los costos implícitos de contratación» (se revisarán derechos asociados al contrato de trabajo, afectando el principio pro-operario), creando «incentivos para la creación de empleos» (no se especifican) y para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas» (tampoco se señalan); además, «que el actual mercado de trabajo converja hacia uno que se adapte adecuadamente a las necesidades de distintos sectores y responda a las necesidades de las mujeres y los jóvenes» (el mercado se impone frente al derecho laboral); como ya está anotado, «cuidadoso reajuste de la masa salarial» (según el ministro Martínez será de U$ 1.000 millones hasta 2021); también «decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales», así como «en la contratación de nuevos funcionarios» (restringir contrataciones laborales en el Estado); «renovar únicamente uno de cada dos contratos» en el sector público; «armonizar los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los del sector privado» (significará bajar sueldos públicos al nivel inferior que tienen los sueldos privados).
10. «Resilencia del sistema financiero».- «Fortaleceremos el monitoreo del endeudamiento de los hogares y de los precios de bienes raíces» e «implementar requerimientos de naturaleza macroprudencial» (o sea, mayores restricciones a créditos en función de las capacidades de los hogares); «incrementar la confianza en el sistema financiero»; «las limitaciones de liquidez impuestas al sector financiero serán gradualmente descontinuadas».
11. Promover el emprendimiento.- Ya logrado, dicen, con la Ley de Fomento Productivo, a la que se sumará una «Ley de Emprendimiento»
12. Atención a los más vulnerables.- Con los ahorros logrados se podrá «aumentar los gastos de asistencia social y proporcionar un mayor apoyo a los más vulnerables; mediante programas de acceso a salud, educación y vivienda, a través de los diversos planes denominados: «Plan Toda Una Vida», «Casa Para Todos» (que, además -dicen-, promoverá el empleo y las actividades de construcción, en asocio con empresas privadas e instituciones financieras); programa «Joaquín Gallegos Lara» (para población discapacitada); «Mis Mejores Años» (para adultos mayores); control del sistema «por un registro social actualizado y mejorado»; «apoyo a las familias con niños pequeños, asegurando programas de cuidado de niños»; «contratos laborales menos rígidos» para favorecer a mujeres; incremento del gasto «para asistencia social; «aprendizaje, medicina preventiva y desnutrición son áreas en las que se concentrarán nuestros programas sociales»
13. Libre mercado.- Claramente: «abrir el Ecuador al comercio mundial»; fomentar el mercado de capitales; arbitraje internacional para las empresas; atraer inversionistas extranjeros; buscar acuerdos comerciales; «unirnos a la Alianza del Pacífico».
Conclusiones.- Resumo mis criterios sobre el documento:
1. Como lo han planteado varios grupos de economistas y académicos ajenos a la visión neoliberal y a la subordinación del país al FMI, sí es posible que Ecuador adopte medidas distintas y alternativas sobre la economía; pero ello requeriría de otro tipo de gobierno. De modo que se ha seguido un solo camino económico, en cuyo marco las políticas y medidas que se adoptan no responden a estudios serios ni a perspectivas latinoamericanas (por ejemplo las de Cepal), sino que se han basado en el dogma ideológico de que el mercado y la empresa privada son los ejes del desarrollo y, sobre todo, responden a simples intereses de los más importantes grupos pertenecientes a las elites empresariales del país.
2. No existe ninguna diferencia entre el actual acuerdo logrado con el FMI y las 16 cartas de intención suscritas entre 1983 y 2003. Reviven los mismos propósitos ideológicos, las mismas intencionalidades económicas y sociales, los mismos objetivos del modelo empresarial que rigió durante las dos décadas finales del siglo XX y los inicios del XXI.
3. Como en otros momentos históricos, en Ecuador han vuelto a confrontarse dos tipos de economía: una, social, con activo intervencionismo estatal para mejorar la calidad de vida de la población y la modernización material; y otra, concentrada en los intereses del alto empresariado y las oligarquías regionales. Volvemos a vivir el ciclo de la economía exclusivamente empresarial-oligárquica, que incluso contradice los principios económicos y sociales de la Constitución de 2008.
4. En el marco del nuevo modelo empresarial del Ecuador, el memorando de acuerdo preparado para conocimiento del FMI, logró obtener el crédito esperado. El Fondo apuntalará el camino empresarial-oligárquico propuesto por el país.
5. Se ha consolidado el marco de las más tradicionales y caducas fórmulas para el manejo económico del país: afectar al Estado en sus capacidades y tamaño; privatizar bienes y servicios públicos; reducir o suprimir impuestos directos (beneficia a los ricos) y generalizar los indirectos («democratiza» impuestos sobre las clases medias y populares); precarizar y flexibilizar el trabajo formal bajo el supuesto de que así podrá mejorar el empleo para el sector informal, con la afectación a los derechos laborales.
6. Un extenso documento de 115 páginas del FMI titulado «Staff Report for the 2019 Article IV Consultation and Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility – Pres Release; Staff Report; and Statemene by the Executive Director for Ecuador» (https://bit.ly/2Wfs97H), señala, entre otros datos, que en 2019 la economía ecuatoriana decrecerá en 0.5% y para 2020 solo crecerá al 0.2%; en tanto la tasa de crecimiento en 2021 será del 2.7%, pero en 2022 del 2.3%; y, además, el desempleo crecerá del 3.75% en 2018 al 4.3% en 2019 y al 4.7% en 2020. (Ver: El Comercio, https://bit.ly/