El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por su sigla en inglés) está tomando forma, sin embargo, se están haciendo cada vez más patentes las discrepancias y, al parecer, los temas relacionados con Internet y con la responsabilidad de los intermediarios están dando dolores de cabeza a los negociadores. El pasado jueves, la […]
El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por su sigla en inglés) está tomando forma, sin embargo, se están haciendo cada vez más patentes las discrepancias y, al parecer, los temas relacionados con Internet y con la responsabilidad de los intermediarios están dando dolores de cabeza a los negociadores. El pasado jueves, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea invitó a las partes interesadas a asistir a una reunión de consulta para intercambiar ideas sobre el acuerdo tan debatido.
Durante el acontecimiento, celebrado en Bruselas el 21 de Abril, Luc Devigne y Pedro Velasco Martins, negociadores de la Dirección General de Comercio de la Comisión, estuvieron abiertos a responder a las preguntas sobre el porqué de un acuerdo plurilateral en vez de un acuerdo multilateral, como el de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y de una revisión del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
«El ACTA consiste esencialmente en la aplicación», comentó Devigne. «Abordar el tema de la aplicación en la OMC, sin hablar de hacerlo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es extremadamente difícil».
Por consiguiente, un grupo de países ha comenzado a negociar el ACTA y, aunque será complicado que otros países se unan ahora que el mecanismo ya está en marcha, no hay duda de que se tiene la intención de que más miembros se adhieran al acuerdo. «Cuanto más, mejor», afirmó Devigne.
La Comisión de la Unión Europea (UE) se «ha comprometido a mejorar el marco jurídico internacional para proteger la propiedad intelectual (PI)» y piensa que «el ACTA es una manera de lograr ese objetivo», indicó Devigne. Nunca se tuvo la intención de copiar el Acuerdo sobre los ADPIC, sino que «queremos abarcar aún más aspectos». «El Acuerdo sobre los ADPIC es la base, no el límite», añadió.
Devigne señaló algunas dificultades que ha tenido que afrontar la Comisión en las negociaciones. «En primer lugar, no estamos de acuerdo con nuestros socios que desean excluir algunos derechos de propiedad intelectual (DPI)», comentó. La perspectiva de la Comisión es que «todos los DPI tienen la misma importancia».
Por ende, el ACTA debería abarcar principalmente las patentes pero también las indicaciones geográficas. Sin embargo, de momento sólo se ha alcanzado el consenso para que las sanciones penales no se apliquen a las patentes. Asimismo, los representantes de la Comisión explicaron que Estados Unidos (EE. UU.) está muy interesado en que el ACTA prohíba la grabación de películas en el cine con una videocámara. Algunos socios también se oponen incluso a este planteamiento, explicó Martins.
En relación con este tema, un representante de la Liga alemana de fútbol aconsejó no limitarse a las videocámaras dado que es posible que otros equipos las reemplacen dentro de algunos meses.
Esperando para empezar otra vez; ¿rompiendo vínculos?
En este momento, el grupo está esperando que el gobierno de EE. UU. reanude las negociaciones tras el cambio de su administración. Aún no se ha decidido la fecha de la 5ª ronda de negociaciones, que se celebrará normalmente en Marruecos, aunque es probable que sea en Mayo.
Entretanto, parece que el grupo ha perdido dos de sus miembros, puesto que los Emiratos Árabes Unidos y Jordania ya no figuran entre los socios permanentes del ACTA.
El desafío consiste en lograr el consenso respecto de la sección sobre Internet del proyecto de tratado. Según los representantes de la Comisión, además de las partes sobre medidas de Derecho civil, aplicación y medidas en frontera, no existe de momento ningún documento del proyecto.
«No es que queramos ocultar algo, sino que no tenemos nada que mostrar». Devigne también negó todas las acusaciones de que las negociaciones se estén llevando a cabo en secreto. «Al contrario, generalmente las negociaciones comerciales internacionales no se desarrollan de esta manera tan democrática, donde todos pueden compartir sus inquietudes», dijo Devigne. Normalmente, para este tipo de negociaciones la Comisión sólo consultaría a los Estados miembros.
No obstante, hay más documentos que no se han publicado durante la consulta. Por ejemplo, EE. UU. elaboró un documento oficioso sobre las medidas relacionadas con tecnología e Internet que contiene temas de debate. Sucesivamente, la UE comentó dicho documento y efectuó una presentación exhaustiva del marco jurídico actual de la Unión para proteger la PI, estableciendo una lista de las medidas de la Directiva sobre el comercio electrónico, de la Directiva sobre la sociedad de la información y de la Directiva de Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual (IPRED, por su sigla en inglés). La Comisión no tuvo la intención de sobrepasar el acervo comunitario, comentaron los expertos de la Dirección General de Comercio durante la reunión.
Un delegado comentó que la Comisión dijo que se basará en el acuerdo de la UE para tratar varias cuestiones. Entre otras cosas, aspira a «mejorar el acuerdo (ACTA) mediante nuestra directiva de aplicación», agregó.
A pesar de estas directivas, la aplicación en materia de Internet y, en particular, en materia penal son temas complicados para la Comisión dado que la UE no dispone de una reglamentación armonizada. Por este motivo, los Estados miembros, representados por la Presidencia rotativa de la UE, toman las riendas de las negociaciones relacionadas con los aspectos de Derecho penal del ACTA.
La Comisión no debería permitir que el ACTA importe «las medidas que cortan el acceso a Internet», advirtió Michael Brandstetter de la Cámara de Comercio austríaca. Además, añadió que se debería evitar que un modelo como el método francés de los tres avisos para luchar contra las violaciones de DPI se vea reflejado en el ACTA. Con arreglo a la Directiva de la UE sobre la sociedad de la información, los Estados miembros pueden tomar la decisión de interrumpir la conexión, indicó Brandstetter. Si se decide incluirla en el ACTA, los legisladores nacionales podrían perder flexibilidad para reglamentar de una manera menos estricta.
Anne-Catherine Lorraine, del Diálogo Transatlántico de los Consumidores, dijo a Intellectual Property Watch que el documento de transparencia que han publicado hace poco los socios del ACTA no ha ayudado verdaderamente a entender el alcance y los detalles del acuerdo. Durante la audiencia, preguntó a la Comisión si se garantizará que los medicamentos genéricos lícitos puedan enviarse por transporte marítimo sin que los titulares de DPI interfieran cuando los medicamentos estén en tránsito. La Comisión declaró de manera explícita que quiere velar por el acceso a los medicamentos genéricos lícitos, dijo Devigne.
Un gran número de representantes de titulares de DPI pedían normas de responsabilidad más rigurosas que incluyan, a título de ejemplo, a los «propietarios» de las instalaciones que alquilan los negocios que infringen DPI. Varios casos han mostrado que perseguir a este tipo de terceros da sus frutos, según Richard Heath de Unilever, presidente de la International Trademark Association. De igual manera, se debería tener en cuenta la responsabilidad de los proveedores y de las compañías de transporte marítimo, opinó Rocky Rowe de la European Crop Protection Association.
Karsten Hess de la empresa de correos Deutsche Post indicó que unos 10.000 empleados controlan la aduana y las cuestiones de PI antes de enviar las mercancías por transporte marítimo. Hess preguntó a la Comisión si pagará por los daños causados por órdenes no justificadas que impidan el envío de contenedores enteros.
Efectivamente, la Comisión no está en condiciones de pagar por el almacenamiento de las mercancías incautadas, respondió Devigne. La aduana no puede hacerse responsable ya que simplemente no puede permitírselo, agregó Martins.
Otro tema que, según la Comisión, aún se está tratando es la manera en la que se hará aplicar el ACTA. Devigne indicó que el mecanismo ciertamente no será tan «judicial» como los procedimientos de la OMC.
Traducido del inglés por Analín Pedroni
