Aproximadamente unos 1.200 millones de personas tienen limitaciones respecto al servicio de agua potable a nivel mundial. Entre ellas, una cifra superior a los cien millones habita el continente americano. Una realidad inquietante si consideramos que únicamente un 2.5 % del total del agua existente en nuestro planeta sirve para el consumo humano. Más todavía […]
Aproximadamente unos 1.200 millones de personas tienen limitaciones respecto al servicio de agua potable a nivel mundial. Entre ellas, una cifra superior a los cien millones habita el continente americano. Una realidad inquietante si consideramos que únicamente un 2.5 % del total del agua existente en nuestro planeta sirve para el consumo humano. Más todavía si tomamos en cuenta que los mayores reservorios de agua dulce se hallan, precisamente, en este continente y cuyo control y privatización estaría ya en la mira de los grandes consorcios transnacionales, cuestión que -de darse- impediría el acceso equitativo de todos al agua potable y podría convertirse en el detonante de un conflicto bélico de dimensiones mundiales.
Ya Bolivia padeció días de tensión, muertes y conflictos a raíz de la exigencia de agrupaciones populares al Presidente Evo Morales para que frenara la privatización del vital líquido. Algo parecido se dio, tal vez no con el mismo impacto, en Argentina, México y otras naciones, cuyos gobiernos orbitaron (u orbitan) alrededor del neoliberalismo económico. Lo cierto es que el agua ha pasado a constituir una nueva mercancía a ser privatizada en función de los altos intereses de las transnacionales. De ahí que la elite gobernante estadounidense se haya trazado como meta el control de toda la Amazonia, amplia región que comprende a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Venezuela, forjando la tesis de su internacionalización, debido a la incompetencia mostrada por estos gobiernos para proteger este importante pulmón vegetal. Es claro que Estados Unidos y sus asociados europeos prevén la situación de escasez de agua dulce que podría afectarles en las siguientes décadas. Para impedirlo, cuentan ya con una cabeza de playa establecida en Colombia a través del Plan Colombia o Patriota, supuestamente orientado a eliminar el tráfico de drogas. También se tiene previsto el control del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), ‘un verdadero océano de agua potable subterráneo que tiene allí su principal punto de recarga’, como lo determinara una investigación del Centro de Militares para la Democracia de Argentina. Adicionalmente, Estados Unidos dispone de una decena de bases militares que circundan la Amazonia, aparte de los planes militares diseñados para dominar nuestra América y a ser ejecutados por el Comando Sur.
La problemática del agua dulce afecta, incluso, a aquellos países que poseen gran cantidad de acuíferos, dado que muchas empresas transnacionales tienen un consumo excesivo e irresponsable que no es frenado por gobierno alguno, evitando la migración de las inversiones extranjeras en su territorio. A esto hay agregarle la desertificación en auge de los suelos y la destrucción de ecosistemas, lo que originará una menor producción de alimentos y aumento de enfermedades infecciosas. Esta perspectiva no es impedimento para que la Coca-Cola, por ejemplo, vaticine la posibilidad de obtener en muy breve tiempo mayores dividendos con la venta de agua embotellada -a un precio superior al de la gasolina en algunos países- que con sus bebidas gaseosas tradicionales.
Por ende, la privatización del agua, acción respaldada por el Banco Mundial, sitúa a los pueblos frente a un combate aún por librar. No hay que obviar que el creciente mercado del agua se está volviendo cada día más codiciado, librándose una lucha que apenas trasciende a la opinión pública. Sin embargo, se comenzó a generar una importante toma de conciencia que, simultáneamente a la formada por la lucha antiglobalizadora en el plano económico, social y político, se destaca en la defensa del agua y demás recursos naturales estratégicos. Esto ha permitido que se denuncien algunas estrategias del imperialismo yanqui, como la denominada Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), un apéndice del ALCA que busca establecer mecanismos de coordinación entre el sector privado, los gobiernos y los entes financieros multilaterales, con unos ‘corredores de desarrollo’ para los cuales la explotación del agua es una pieza fundamental.