Una democracia se fortalece en la medida en la que amplía los derechos de la ciudadanía. Esta noticia saluda a 2021 con alivio y esperanza. Es un brindis sin campanadas (ya vendrán) por quienes han defendido hasta la muerte, la cárcel, el dolor y la desesperación el derecho a dar fin a la vida sin encarnizamientos médicos, sin sufrimientos intolerables, sin necesidad de hacerlo en clandestinidad, sin poner en riesgo a quienes facilitaron este tránsito. La ley de eutanasia aprobada el 17 de diciembre en el Congreso es el broche adecuado para un año en el que los seres humanos prestamos atención a la fragilidad de nuestros cuerpos como nunca hubiéramos imaginado. Último día del mes (hoy también del año) y toca la ‘noticia que abraza’ de Martha Zein.
Esta semilla florecerá definitivamente en primavera, como si le guiara una simbólica coherencia. Según el texto actual, entrará en vigor tras ser ratificada por el Senado y tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, más o menos en mayo. Con este paso se introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual: el de poner fin a una existencia de dolor irreparable, el derecho a morir dignamente.
El texto de la ley lo argumenta de manera diáfana: cuando una persona enfrenta una situación vital «que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad», la vida puede decaer en favor de otros derechos «con los que debe ponderarse» como son la integridad moral y física, la dignidad o la libertad. Ante esta situación, «no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad» de la persona. Por todo ello, el Estado «está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica”.
Una humanidad conmocionada por su evidente incapacidad para sostener su vida como especie necesita plantearse cómo afrontar los límites de su propia existencia de una manera abierta. Esta dolorosa urgencia se agita en la calle, en los hospitales, en los hogares con personas extremadamente enfermas, en nuestros propios monólogos en medio de la pandemia… Son los Parlamentos los que van detrás. A pesar de que la ciudadanía está abrumadoramente a favor (el año pasado se manifestaban a favor de la eutanasia el 87%, según encuestas realizadas por Metroscopia), se ha seguido imponiendo en este planeta una única forma legal de morir. Además, se castiga con pena de cárcel a quienes prestan ayuda desinteresada y benéfica a una persona que con pleno conocimiento rechaza un final indigno y solicita ayuda para morir. Aun así, inevitablemente, porque el río de la vida siempre logra imponerse, en este planeta se practican eutanasias clandestinas con frecuencia. Un estudio de la OCU en el año 2000 reveló que uno de cada diez profesionales de la medicina en España reconocía haber ayudado a morir a sus pacientes.
Qué desgarradoras debieron de ser esas situaciones que buscaron la forma de proporcionar ayuda corriendo el riesgo de ser acusados/as de favorecer al suicidio. “¡Cuántos esfuerzos de tanta gente, cuánta exposición pública y cuántos suicidios! Y jugándonoslo, porque yo me la jugué”, ha afirmado Ángel Hernández, que ayudó a suicidarse a su esposa María José, porque la ley no le permitía solicitar una asistencia médica para acabar con una vida que hacía tiempo ya no quería vivir, envuelta en dolores y morfina. Lo grabaron todo, Ángel lo hizo público… y está pendiente de juicio acusado absurdamente de violencia de género.
El 17 de diciembre España se convirtió en el sexto país del mundo en regular la eutanasia (junto a Canadá y Colombia) y el cuarto de Europa (después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo). Su decisión es una llamada de esperanza para los enfermos de cualquier país. Quizás los más próximos geográficamente puedan llenarse de energía en sus reivindicaciones: El año pasado el Tribunal Constitucional italiano reconocía el derecho a recibir ayuda para morir cuando el paciente depende de medidas de soporte vital, es competente y padece una patología irreversible fuente de sufrimiento físico o psicológico insoportable. Sin embargo, las autoridades sanitarias siguen negando este derecho porque la eutanasia sigue estando prohibida. En Francia, hasta la sedación profunda puede ser objeto de conflicto a pesar de que lo permite la ley Clayes-Leonetti.
En Alemania el Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia de 2020 el derecho a la autodeterminación al final de la vida y anuló el artículo del Código Penal que prohibía la ayuda al suicidio, dejando la puerta abierta a que el Parlamento regule este derecho. Amparadas por esta sentencia, las asociaciones de muerte digna volvieron a ofrecer su ayuda. Sin embargo, legalmente no está permitida la eutanasia activa, lo que se permite es una forma indirecta o pasiva de eutanasia, que se trata de suspender el tratamiento médico en ciertas circunstancias, lo que adelanta la muerte del paciente. Por supuesto, la condición es que el paciente haya dejado clara su voluntad de forma expresa. Del mismo modo reconocen este tipo de eutanasia pasiva (con algunos matices) en Austria, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
En Reino Unido se está trabajando en el entorno parlamentario sobre la que podría convertirse en una ley de muerte asistida, aunque se calcula que vería la luz en un plazo de dos años a pesar de que el apoyo ciudadano es creciente y del impacto que están teniendo testimonios como el de Paul Lamb, un británico tetrapléjico que lucha por su derecho a recibir ayuda para morir. Tras la negativa del Tribunal de Apelación a considerar su caso, Lamb ha hecho pública una carta abierta dirigida al ministro de Justicia, Robert Buckland, en la que expresa: “Sin la opción de una muerte digna, ahora, si mi dolor se vuelve insoportable, no tengo otra opción que la que temía desde el principio: morir de hambre lentamente. No puedo entender, en una sociedad civilizada como la nuestra, por qué debería verme obligado a sufrir cuando millones de personas en todo el mundo ya tienen la opción que solicito”.
Quedan sólo unos meses para que la eutanasia sea una práctica legal en España, poco tiempo a ojos de quienes no padecen ninguna enfermedad de este tipo, una eternidad para quienes están envueltos en estas circunstancias. Sean cuales sean nuestras percepciones temporales, nadie está a salvo de padecer una enfermedad grave e incurable, crónica e imposibilitante, sin posibilidad de curación o mejoría, generadora de sufrimientos físicos o psíquicos intolerables. Por eso, organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) recomiendan que tomemos las riendas de estas cuestiones bioéticas y hagamos nuestro Testamento Vital ahora que estamos en plenitud de nuestras facultades. Conozcamos en qué consisten los cuidados paliativos, qué otros derechos sanitarios nos amparan y cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido, porque la vida es plenitud hasta el último momento. Si quieres empezar a tirar del hilo asómate aquí.
Cerramos el año abriendo una puerta que cambiará nuestra forma de encarar la vida. A todas las personas que facilitaron una muerte digna a sus seres queridos probablemente les quede pendiente cerrar una parte del duelo. Aunque consideren que la redacción de la ley no es una panacea y que necesita muchos ajustes en el futuro, podrán cerrar una herida abierta hace demasiado
Fuente: https://elasombrario.com/muerte-digna-reconocio-como-derecho/