Esta semana, el 21 de Noviembre, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Redistribución de los Ingresos del Gasto Social, cuya principal finalidad es obtener, de la ganancia de la banca privada, recursos para financiar un incremento del llamado «Bono de Desarrollo Humano» (BDH) de 35 dólares a 50 dólares. Sorpresivamente el proyecto […]
Esta semana, el 21 de Noviembre, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Redistribución de los Ingresos del Gasto Social, cuya principal finalidad es obtener, de la ganancia de la banca privada, recursos para financiar un incremento del llamado «Bono de Desarrollo Humano» (BDH) de 35 dólares a 50 dólares.
Sorpresivamente el proyecto de ley contó con los votos de partidos opositores al gobierno como Sociedad Patriótica, Pachakutik o el Movimiento Popular Democrático, demás está decir que la real motivación para apoyar esta ley fue un cálculo electoral antes que una convicción social, incluso podríamos increpar al Gobierno Nacional de presentarlo en tiempos electorales, con la intención de asegurar una mayor votación, debido a que alrededor de 1.2 millones de personas recibe el bono mensualmente.
La propuesta del incremento del BDH nació del candidato de la banca Guillermo Lasso, con la idea de financiarlo con el dinero invertido en publicidad por parte del actual mandatario, entonces, el gobierno de Rafael Correa en una respuesta inmediata diseñó la mencionada estrategia político-electoral de financiarlo con las ganancias bancarias bautizándola con el eslogan de «socializar las ganancias y no las pérdidas», en alusión a la crisis bancaria de 1999, cuyas secuelas económicas tuvieron que ser asimiladas por el pueblo ecuatoriano.
La iniciativa de socializar las ganancias bancarias es admirable y representa una intención de redistribuir la riqueza y de iniciar una confrontación política y económica con los poderes fácticos de la sociedad ecuatoriana, sin embargo, el BDH responde a una política asistencialista que genera amplios sectores sociales dependientes de los recursos estatales, en lugar de generar condiciones laborales-productivas que fomenten una dinámica social-económica independiente y sustentable a la población económicamente activa que recibe dicho subsidio, ya que en algún momento el BDH como política pública de asistencia a buena parte de la población será insostenible.
El gobierno espera recaudar unos 164 millones de dólares con esta reforma tributaria, que provendrán del cobro del IVA a los servicios bancarios y de un incremento del impuesto a los activos en el exterior, tanto en entidades financieras como en paraísos fiscales, y adicionalmente el estado aportará con otros 140 millones para financiar el incremento.
Como ya es conocido la banca constituye un poder fáctico político-económico, que ante esta situación no tardó en reaccionar de distintas formas, al ser un período electoral la principal intención de la banca es afectar la candidatura de Rafael Correa, en estos días a lo largo del país personas han denunciado recibir llamadas a sus domicilios con la advertencia de que sus ahorros se encontrarían en peligro por el proyecto del gobierno, de igual manera, algunos bancos privados optaron por enviar cartas a sus clientes con el mensaje de confiar en ellos y en su compromiso hacia los clientes a pesar de las reformas, por esta acción las entidades financieras ya recibieron una sanción por parte de la Superintendencia de Bancos.
Esta reforma que aún está sujeta a la aprobación o al veto presidencial, estipula que las cargas tributarias no deben recaer en los clientes, empero, la Superintendencia de Bancos deberá aplicar rigurosos controles para evitar el incumplimiento de esta disposición y también el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene que realizar nuevos censos para verificar la necesidad real del BDH a sus beneficiarios para evitar fraudes al estado ecuatoriano.
El Gobierno de Rafael Correa debe blindar y proteger el sistema financiero, ya que la banca privada no dudaría en crear una desestabilización financiera al ver perder parte de sus ganancias en beneficio social, basta tomar como ejemplo, nuevamente, a la crisis de 1999; se tiene que evitar que salga el «bono por la culata», que en lugar de ser una política beneficiosa para la población, sea una política que sea pretexto para intentos desestabilizadores o para causar una crisis financiera.
Más bien, la iniciativa del BDH debería abrir el debate y la posibilidad de profundizar la idea de redistribución de la riqueza a través de una estatización de la banca privada, sin embargo, por el momento es una realidad distante pero no imposible de efectuar.
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