Suiza, Guarida Fiscal preferida por grandes patrimonios y corporaciones privadas Puede afirmarse que Suiza es, probablemente, el mayor paraíso fiscal mundial, cuanto menos en cuanto al peso del patrimonio gestionado por sus centros offshores, sólo siguiéndolo de cerca Reino Unido, las Islas del Canal más Dublín. Suiza dispone, en 2017, de unos 266 bancos, con […]
Suiza, Guarida Fiscal preferida por grandes patrimonios y corporaciones privadas
Puede afirmarse que Suiza es, probablemente, el mayor paraíso fiscal mundial, cuanto menos en cuanto al peso del patrimonio gestionado por sus centros offshores, sólo siguiéndolo de cerca Reino Unido, las Islas del Canal más Dublín.
Suiza dispone, en 2017, de unos 266 bancos, con dos grandes entidades: Union de Banques Suisses (UBS) y Crédit Suisse (CS). La banca suiza se concentra en los servicios de banca privada y gestión de patrimonio, apenas se dedica al negocio bancario minorista. Gestiona el 25% de la cuota mundial del negocio de la gestión de fortunas privadas, más o menos el equivalente a 6,1 billones de euros en este segmento. El 35% de los fondos mundiales privados invertidos en entidades offshore está en Suiza, unos 2,2 billones de euros.
Algunos cantones, como el Zoug, ofrecen tipos impositivos sobre los beneficios del 16%, y a los grupos que apenas cuentan con un simple buzón hasta del 9%. Otros cantones como el de Obwald y Appezell Rodes-Extérieures gravan apenas con un máximo del 13%, y otros cantones también ofrecen un generoso 15%. No es de extrañar que decenas de miles de empresas multinacionales escojan situar su base principal en Suiza.
¿Fin o metamorfosis del secreto bancario?
Según Ronen Palan, hay algunas fórmulas de evasión fiscal más extendidas. Se habla de las empresas pantalla y los directores de paja, los fondos fiduciarios o fideicomiso, los títulos al portador, o las puertas que abre el tratamiento fiscal a los seguros de Impago. Pero una de las fórmulas clásicas es la del secreto bancario. Suiza ha dicho en varias ocasiones que ha acabado con él.
El secreto bancario en Suiza, establecido en 1934 en la Ley Federal Suiza sobre bancos, ha mutado desde que fue concebida en sus inicios. Primero, diversos acuerdos internacionales llevaron a que la cuenta corriente numerada anónima se abandonara en 1991. Eso no impidió que el secreto bancario persistiera, porque aunque el banco debía guardar los datos del titular de la cuenta o beneficiario, las cuentas cifradas de cara a terceros siguieron siendo un servicio a disposición de los clientes que pagaban por abrirlas.
Suiza, dice apostar por la transparencia fiscal y financiera. Sin embargo, debemos recordar que Suiza sigue admitiendo la emisión de títulos al portador, que impide su identificación, sigue sin facilitar la documentación obtenida en la filtración de los Panama Papers, y las consultoras jurídicas no están obligados a cumplir pautas de diligencia debida, algo que Mark Pieth, entre otros analistas, ha venido denunciando.
Suiza afirma ahora que reunirá los datos bancarios de clientes extranjeros en el marco del intercambio automático de información con 38 países de la OCDE. Sistema que comenzaría su funcionamiento en 2018. Ese intercambio automático no incluirá compartir «listas robadas», según afirman las autoridades suizas. De tal manera que cabe pensar que dado que existen, su constancia prueba que hay información fiscal que sigue sin compartirse.
Como tiempo atrás ya hizo Bradley Birkenfeld, en 2012 Hervé Falciani, ex empleado del banco HSBC de Ginebra, dispuso datos personales de 130 000 cuentas bancarias secretas en las que estaban personajes tan poderosos como Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander. Con un alto coste personal, esta facilitación de datos permitió recuperar hasta 6 000 millones de euros evadidos en España.
Con esta revelación se puso de manifiesto que los acuerdos tantas veces anunciados de intercambio de información fiscal eran papel mojado. Se demostró así, tal y como explica Juan Hernández Vigueras, que Suiza no aplicaba la retención tributaria obligatoria sobre las rentas de los capitales propiedad de nacionales de países de la UE que operaran en Suiza. Una retención que se encontraba entonces en el 35% y de la que se tenía que transferir el 75% de dicha recaudación a las autoridades fiscales del Estado miembro donde residiese el titular de las rentas gravadas. Son precisamente estas revelaciones las que muestran las vergüenzas de una economía y un gobierno que dice hacer una cosa para luego facilitar otras.
Los ministros de Finanzas del G20 acordaron en China definir una lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal. Para no figurar en ella hay que cumplir con dos de tres criterios: haber firmado la Convención multilateral sobre la ayuda administrativa mutua en materia fiscal; haber superado el examen de la fase 2 con la nota de cumplimiento completo o amplio; o haberse comprometido al intercambio automático de información fiscal a partir de 2018.
Cabe preguntarse si Suiza ha puesto los medios para hacer cumplir estos intercambios o nos encontramos de nuevo con un efecto anuncio que, no sabemos hasta qué punto comportarán mejoras en el combate de la evasión fiscal y el lavado de dinero, o simplemente jugará una mejora de imagen para seguir atrayendo capitales, sin perder atractivo respecto a otras jurisdicciones fiscales que juegan en este mismo terreno. Cabe también seguir preguntándose qué voluntad hay para hacer de la transparencia una fórmula real cuando sigue sin existir mecanismos confiables y ordenados para facilitar datos sospechosos, bajo cuyo procedimiento se vean protegidos los derechos de los informantes o denunciantes de manera fidedigna y plenamente garantista.
Daniel Albarracín, economista, forma parte del Consejo Asesor de viento sur
Miguel Urbán, europarlamentario por Podemos, forma parte del Consejo Asesor de viento sur