La petrolera Chevron, condenada a pagar 9.500 millones de dólares por la contaminación de la Amazonia ecuatoriana, podría ver duplicada la indemnización. El juez Nicolás Zambrano, que emitió el miércoles el fallo en la ciudad de Lago Agrio (Ecuador), ha advertido que la petrolera será sancionada con una multa adicional (igual al coste para remedir […]
La petrolera Chevron, condenada a pagar 9.500 millones de dólares por la contaminación de la Amazonia ecuatoriana, podría ver duplicada la indemnización. El juez Nicolás Zambrano, que emitió el miércoles el fallo en la ciudad de Lago Agrio (Ecuador), ha advertido que la petrolera será sancionada con una multa adicional (igual al coste para remedir los daños) si no pide, en quince días, «una disculpa pública» a los afectados por los daños infligidos. La multa extra tiene un fin disuasorio y persigue dar garantía a las víctimas de que no se repetirán «inconductas similares», dice el juez.
La indemnización fijada por el juez -la más grande de la historia por un daño ambiental- deberá servir para restaurar los ecosistemas, recuperar la flora y la fauna destruidas, y mejorar la salud de la población afectada. El juez cuantifica los servicios de la naturaleza destruidos y dice que, junto al impacto ambiental, se produjo un daño cultural, pues los aborígenes perdieron sus formas de vida tradicional, basada en la pesca y la caza de subsistencia. La contaminación forzó los desplazamientos de pueblos «que basan su sistema social, su cultura y su existencia en una estrecha relación con la naturaleza».
Largo litigio
La demada por el Chernobil del Amazonas dura 17 años y fue presentada en nombre de 30.000 personas cuya salud y medio ambiente fueron dañados por el vertido de agua tóxicas procedentes de las operaciones de exracción de crudo efectuadas Texaco (hoy Chevron) entre 1972 y 1990.
El juez dice que a causa de las perforaciones se vertieron 59.938 millones de litros de aguas y productos contaminantes. El caudal residual se arrojó a piscinas-balsa cavadas en el suelo sin impermeabilizar, con lo que se contaminaron los recursos subterráneos y los ríos (al colmatarse las piscinas en época de lluvias). Todo ello afectó al abastecimiento de agua de indígenas y colonos, y ha sido relacionado con el goteo de muertes de personas por cáncer en la zona.
Documentada sentencia
En 188 páginas, el fallo recoge los testimonios de decenas de personas (muchas ayudadas con traductor) que explican cómo enfermaron y murieron sus familiares, cómo perdieron su ganado o sus cosechas, o se alteró su vida. «Trabajé primero con café, y se me perdió el café; luego sembré pasto y se me perdió una parte; puse más tarde ganado a criar y la mejor vaca enfermó…», dice Antonio Caba, uno de los afectados. Y sigue el juez: «El testigo (Hugo Ureña) manifesta que su papá murió de cáncer, igual que su tía; y hace menos de un año, una sobrina con leucemia, de 17 años….» Y así sigue el desfile de testimonios.
Cinco pueblos -Cofán, Siona, Secoya, Kichwa y Huaorani- perdieron su cultura. Por eso, además de la restauración de tierras y ríos, el juez exige la aplicación de un programa de reafirmación étnica, y encomienda al Frente de Defensa de la Amazonia la gestión del 10% del dinero destinado a restaurar los daños.
Generar residuos
En sus argumentos, el juez sostiene que las prácticas de Texpet (Texaco en Ecuador) para extraer el petróleo implicaban necesariamente la generación de vertidos al ecosistema y desmonta el argumento de que este hecho era un «practica común» en los campos petrolíferos de todo el mundo. Para ello se sirve de un libro (Primer of Oil and Gas Production), del que es coautor T.C. Brink, de la propia Texaco, en que ya en el año 1962 alertaba del «cuidado extremo» que debe hacerse con el manejo del agua de perforación.
Ahorrar costes
El juez analiza las opciones técnicas de reinyectar el agua en el subsuelo (como se hace actualmente), dice que el daño era evitable y explica que una alternativa eran piscinas de acero, pero que ésta solución no fue adoptada «por razones principalmente económicas». También censura «la mala fe» procesal de la empresa por querer evadir su responsabilidad con el cambio de nombre (Texaco es ahora Chevron) y la falta de reconocimiento público de la dignidad y del sufrimiento de las víctimas. Asimismo, alude a las ganancias extra obtenidas «por un menor costo de producción petrolera». Chevron señaló que «la sentencia no es legítima ni ejecutable».