Los discursos de la derecha acerca del funcionamiento del sistema penal y de las fuerzas de seguridad nos pueden llevar a pensar que nos rodean miles de seres peligrosos dispuestos a provocarnos todo tipo de males para apoderarse nuestras cosas, para hacerse con nuestro dinero o, lo que es peor, por sentir simple y puro […]
Los discursos de la derecha acerca del funcionamiento del sistema penal y de las fuerzas de seguridad nos pueden llevar a pensar que nos rodean miles de seres peligrosos dispuestos a provocarnos todo tipo de males para apoderarse nuestras cosas, para hacerse con nuestro dinero o, lo que es peor, por sentir simple y puro placer. A juzgar por los contenidos de campañas electorales y por los debates previos a la aprobación de medidas como el recientemente anunciado endurecimiento del código penal, parece que los delincuentes se aprovechan de un sistema blando y permisivo que facilita que, en caso de dar con sus huesos en un calabozo, el asesino de turno salga en pocas horas por la misma puerta por la que ha entrado. Lo peor del argumentario punitivo desplegado por políticos y medios de desinformación es que se basa en mitos que no se sustentan en evidencia empírica alguna y que no existe una contestación clara, valiente, informada y contundente, de la llamada izquierda parlamentaria.
Gallardón anunció que se llevarían a cabo cambios en el código penal español con la finalidad de adaptarlo a la delincuencia del siglo XXI. Los grandes titulares del anuncio del ministro de justicia fueron que se incorporaba la figura de la «la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, con la finalidad de proporcionar una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social». Los crímenes que se contemplan para la aplicación de esta modalidad de cadena perpetua son los homicidios terroristas, los atentados cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, y el asesinato de menores de 16 años o de persones de especial vulnerabilidad.
Existe la remota posibilidad de que la plana mayor de la política española crea necesaria la reforma del código penal pero en estos tiempos en que la política (o el politiqueo) se moldea a golpe de encuesta y de los caros consejos de los spin doctors, es difícil creer que un tema tan caliente haya sido lanzado a la palestra sin un previo cálculo de réditos electorales. No es casual, que se anuncie a bombo y platillo un incremento de las penas para aquellos que comentan crímenes que generen especial repulsa social justo después de «resolverse» un caso de asesinato a dos menores que ha sido tratado de forma «especialmente repulsiva» por los medios de desinformación del país. Una oportunidad así no se puede desaprovechar: ¿que rival electoral podría atreverse a cuestionar que se endurezcan los castigos a repugnantes homicidas de niños? Y para la inmensa mayoría de votantes se trata de una medida positiva en pro de su seguridad y la de sus hijos e hijas. A los sumo, el Partido Popular podría perder los votos de unos cuantos homicidas infantiles.
La forma en que se anuncia la restauración de la cadena perpetua anunciada por Gallardón y la mención explicita de su aplicación a «crimenes especialmente repulsivos» como los asesinatos de menores cumple con al menos seis de las diez estrategias de manipulación informativa descritas por el lingüista Noam Chomsky. (1) Sirve como distracción a los problemas realmente acuciantes en este momento; (2) da relevancia a un problema que no existe (no hablo aquí del asesinato de los menores en cuestión sino de la supuesta laxitud del sistema penal español) y ofrece soluciones fáciles; (3) introduce medidas de forma gradual, en este caso la restauración de la cadena perpetua; (4) pretende generar respuestas emocionales evitando el análisis racional de las alternativas; (5) mantiene al público en la ignorancia ocultando datos objetivos sobre la criminalidad y la delincuencia; (6) parte del conocimiento de las dinámicas sociales y de las corrientes de opinión que ofrecen las herramientas de análisis sociológico del estado y de las empresas especializadas.
Pero la modificación del código penal no es tan sólo una reforma electoralista. Forma parte del populismo punitivo que, gradualmente importado de los Estados Unidos, avanza en Europa asociado a la desarticulación de los Estados del Bienestar y la imposición del proyecto neoliberal. Los mecanismos de integración social o de atención social a los colectivos vulnerables se sustituyen progresivamente por la estrategia del castigo hacia los comportamientos que se desvían de aquello que la «sociedad mayoritaria» considera correcto, tratando de incluir en la misma bolsa de personas sospechosas de ser parásitos del sistema a drogodependientes, traficantes, prostitutas, madres solteras que viven del apoyo institucional, personas sin hogar y todo aquel individuo cuya mera existencia incomode a la ciudadanía de bien.
El proceso, casi consolidado en los Estados Unidos, desplaza el peso de la acción del estado de la atención a la persecución de la población excluida y se justifica a través de la estigmatización y de la culpabilización de las victimas a través del uso deliberado de una publicidad engañosa que lleva a creer al «ciudadano de bien» que la exclusión social es fruto de la renuncia voluntaria de la mala gente a someterse a la ética del trabajo, de que cada vez hay más violencia y delincuencia en las calles y de que hace falta más represión para garantizar su propia seguridad.
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