Después de agotar todas las instancias nacionales, el colectivo Yasunidos presentó el pasado martes 28 de octubre una demanda contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene su sede en la ciudad de Washington. […]
Después de agotar todas las instancias nacionales, el colectivo Yasunidos presentó el pasado martes 28 de octubre una demanda contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene su sede en la ciudad de Washington. Mientras esto ocurría, en la capital ecuatoriana se celebraba una rueda de prensa donde integrantes del colectivo y sus abogados aseguraron que el Estado ecuatoriano violó los derechos políticos de las 757.623 personas que firmaron por una consulta popular y cuyas firmas fueron arbitrariamente desechadas por los órganos competentes.
Fue el 15 de agosto de 2013 cuando el presidente Rafael Correa anunció la decisión de abandonar la iniciativa Yasuní-ITT que pretendía mantener el petróleo del bloque ITT -Ishpingo, Tiputini, Tambococha-, dentro del Parque Nacional Yasuní, indefinidamente bajo el subsuelo. En rechazo a esta decisión gubernamental, diferentes sectores de la sociedad civil se agruparon en torno al movimiento Yasunidos para exigir que fuera el pueblo ecuatoriano quien tomara la decisión a través de una consulta popular. Tras seis meses de recogida de firmas, en un proceso no exento de polémica, presentaron 757.623 de las 583.324 rúbricas necesarias ante el Consejo Nacional Electoral. Más de la mitad fueron invalidadas lo que provocó que Yasunidos exigiera su publicación, algo que nunca ocurrió.
Ramiro Ávila, uno de los abogados del colectivo, consideró que Ecuador ha violado el derecho de la ciudadanía a una democracia directa. «Creemos que el Estado ecuatoriano, a través del Tribunal Electoral y el Consejo Nacional Electoral, violó el debido proceso y que el procedimiento de verificación de firmas fue poco transparente, hecho por una autoridad que no fue independiente», aseguró durante la rueda de prensa. Además, Ávila afirmó que la recolección de firmas para realizar una consulta popular y evitar la explotación del Yasuní era un mecanismo más para proteger a los pueblos indígenas no contactados que viven en el Parque y que ahora están en peligro de extinción.
Por su parte, el también abogado Julio César Trujillo, aseguró que acudieron a las instancias nacionales con poca esperanza porque presumían que las organizaciones del Estado ecuatoriano obedecen a una sola voluntad, la del Presidente de la República, y este había manifestado en numerosas ocasiones que no se llevaría a cabo la consulta. «Esa presunción fue confirmada por los hechos y por eso teníamos la necesidad de acudir a los organismos internacionales», aseveró.
Lo que Yasunidos espera de la CIDH es que reconozca que el Estado ecuatoriano violó los derechos políticos de la ciudadanía y que se reparen integralmente a los 757.623 ecuatorianos que firmaron para la celebración de una consulta popular. Además, confían en que Ecuador garantice los mecanismos necesarios para proteger a las poblaciones en aislamiento voluntario. «Queremos que este caso acabe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para probar estas violaciones y que al Estado ecuatoriano le condenen por no tener mecanismos para garantizar la democracia directa», puntualizó Ávila. Para que esto ocurra la Comisión, como primer paso de un largo procedimiento, deberá admitir a trámite la demanda.
Audiencias sobre Ecuador en la CIDH
Un día antes, en la sede estadounidense de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo lugar la primera jornada de las audiencias públicas que celebra bianualmente dicho organismo. Dos eran las relacionadas con Ecuador: la situación de la independencia judicial y la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Dos delegados de Yasunidos estuvieron presentes, así como integrantes de diversas organizaciones indígenas de Ecuador. Muchas de las denuncias en la audiencia se centraron en el caso del Parque Nacional Yasuní. «Expresamos nuestra preocupación por la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, especialmente en el Yasuní, algo que perjudica los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario», expuso Patricia Carrión, del colectivo Yasunidos.
Por su parte, el Gobierno ecuatoriano no envió a ningún representante. Se trata del tercer período de sesiones consecutivo en que Ecuador deja vacío el asiento del Estado en las audiencias públicas de la CIDH, ya que tampoco envió representantes el pasado marzo ni en el mes de octubre de 2013.
Rafael Correa volvió a criticar a la Comisión en varios mensajes de su cuenta oficial de Twitter. «Tenemos más denuncias en la CIDH que Pinochet. Que lo sepa el mundo: Ecuador es uno de los 7 de los 34 países americanos que ha ratificado TODOS los instrumentos interamericanos de DDHH. EEUU no ha ratificado NINGUNO, pero tiene la sede de la OEA y de la CIDH», escribió el presidente ecuatoriano. «¿Hasta cuándo tanto colonialismo? Otro show más contra la Revolución», continuó Correa.
Para Trujillo, la insistencia del Estado ecuatoriano ante la Comisión no es sino un acto más de desprecio, primero, por los derechos humanos y, en segundo lugar, por los organismos internacionales que fueron creados por los propios Estados. «Solo el hecho de que tengamos que acudir a estos organismos habla mal del Gobierno ecuatoriano», aseguró.
Orlan Cazorla (@orlancazorla) es periodista freelance en América Latina. Autor de www.orlancazorla.net
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