El curso neo-desarrollista

Al cabo de cuatro años de intenso crecimiento comienza a perfilarse un nuevo modelo de sesgo neo-desarrollista. Este patrón de acumulación combina el énfasis industrialista que tuvo la sustitución de importaciones (1930-75), con la estrecha asociación con el capital extranjero que presentó el breve experimento desarrollista (1958-62). Pero el esquema en gestación presenta, además, puntos de contacto con el régimen agro-exportador (1930-75) en la centralidad de la actividad agraria y un parentesco con el curso neoliberal financiero (1975-2001) en la regresividad social.

El término modelo tiene una acepción de largo plazo si se lo utiliza para aludir a esos antecedentes. En cambio tiene un significado más acotado si se alude a ensayos cambiarios, aduaneros o fiscales (tablita de Martínez de Hoz, convertibilidad y apertura de Cavallo). En el primer sentido, es decir como un curso estructural de varias décadas, la nueva configuración constituye solo una tendencia.

El neo-desarrollismo es un proyecto actualmente compartido por todas las clases dominantes. Pero su comando recae sobre las grandes empresas argentinas que han internacionalizado su actividad. Estas compañías se han entrelazado con capitales foráneos, adoptaron un perfil exportador y tienen muchos negocios en el exterior. No priorizan el mercado interno, la acumulación endógena, ni la redistribución de ingresos. Propician un rumbo industrialista que es aceptado por los sectores más poderosos del agro-negocio y también alentado por las empresas extranjeras, que afianzaron su liderazgo en numerosas rubros.

Kirchner estimula esta orientación en un marco de nítida recuperación económica. El PBI ya supera el nivel de actividad que precedió a la crisis y el auge continuaría durante el 2007. Este avance tiene varios motores, pero ha sido especialmente estimulado por el viento de cola aportado por el encarecimiento de los productos básicos que exporta el país. El repunte productivo obedece, además, a la magnitud de la depresión previa, que desvalorizó masivamente el capital y la fuerza de trabajo, creando condiciones óptimas para un rebote de la producción.

El curso de la economía argentina sintoniza con el sendero adoptado por muchos gobiernos latinoamericanos. En toda la región, la apertura comercial, la privatización de los servicios públicos y la desregulación financiera de la década pasada afectaron severamente la competitividad de los capitalistas. Este impacto induce a un generalizado viraje. ¿Pero cuáles son las características del nuevo esquema? ¿Qué intereses beneficia y cuáles penaliza?

NEO-DESARROLLISMO INDUSTRIAL

El esquema en curso comparte con la sustitución de importaciones un origen semejante, ya que ambos brotaron de una crisis de envergadura histórica (1930 y 2001). En los dos casos la clase dominante comandó un giro hacia la industrialización que derivó en fases de alto crecimiento[3].

Pero el viraje manufacturero actual ya no cubre las simples carencias industriales que predominaban en los años 30. Irrumpe luego de un dramático proceso de regresión fabril que desarticuló la estructura productiva.

La reversión de esta demolición ha comenzado con una la recuperación industrial, luego del mayor dinamismo que tuvieron los servicios durante los 90. Este resurgimiento manufacturero es un resultado directo de la devaluación, el abaratamiento de la fuerza de trabajo y la capacidad ociosa precedente y no conduce a reconstruir el viejo tejido industrial centrado en el mercado interno[4].

El efecto más visible del giro industrialista es la modificación del ciclo económico. Si la recuperación en curso no se detiene, la periodicidad de una crisis cada 6 o 7 años (1975-76, 1982, 1989-90, 1995, 2001-02) quedaría sustituida por otra secuencia de la acumulación.

La revitalización industrial es auspiciada por el gobierno a través de subsidios a los industriales. Para financiar promociones, desgravaciones y rebajas de cargas patronales, el fisco autorizará este año exenciones por 14.892 millones de pesos, es decir el 10% de la recaudación. Esta subvención incrementa en un 12% el auxilio ya concedido en el presupuesto anterior.

El sostén a los industriales es una prioridad para los recursos obtenidos por el Ejecutivo por encima del superávit fiscal. Como resultado de a los superpoderes que delegó el Congreso, varios ministros disponen de 20 fondos fiduciarios para solventar los negocios empresarios[5].

Algunos partidarios del gobierno argumentan que el engrosamiento del superávit fiscal y la acumulación de reservas permiten al gobierno confrontar con el establishment. Señalan que la solidez de la caja es indispensable para neutralizar el poder de fuego de los grupos dominantes, que precipitaron la hiperinflación de los 80 y la corrida bancaria en los 90[6].

Pero si el presidente estuviera enfrentado con los grandes grupos no les giraría auxilios tan millonarios. Estas empresas son los destinatarias del incremento de la inversión pública, que ya se ubica un 50% por encima del inicio de la crisis en 1998. Es cierto que el estado atesora más fondos que en pasado, pero la finalidad es afrontar eventuales tormentas financieras. Este mismo resguardo adoptan todas las economías capitalistas para socorrer al sistema en las grandes crisis. El propósito de esta protección es salvaguardar al régimen y no confrontar con sus beneficiarios.

EL MANEJO DE LA DEUDA

La finalidad neo-desarrollista ha guiado también el canje de la deuda y el pago anticipado al FMI. Ambas medidas incrementaron la autonomía de clase dominante frente a acreedores, para permitir a los capitalistas locales manejar la política cambiaria sin presiones externas. Por esta vía se redujo, además, el control que ejercían los financistas sobre los subsidios estatales a los empresarios del país.

Esta finalidad patronal es omitida por los autores que presentan ambas iniciativas como actos de independencia nacional. Evitan aclarar que los beneficiarios de estas medidas han sido los grandes grupos concentrados y no el grueso de la población. Qué estas acciones hayan permitido «crecer sin financiación, deuda u ahorro externo» no es tampoco una peculiaridad argentina, ya que la misma tendencia se verifica en numerosos países. El des-endeudamiento con el FMI es tan generalizado que este organismo se ha quedado sin clientes y busca prestar dinero por cualquier medio[7].

Los oficialistas justifican esta operación con argumentos de ocasión. A veces recuerdan el carácter fraudulento de la deuda y en otros momentos consideran que este desfalco pasó a segundo plano con el canje[8]. En todos los casos siguen la conducta oportunista de la justicia, que ahora investiga el escándalo del megacanje (2001) sin indagar las irregularidades más recientes. Los magistrados solo destapan las ollas que no salpican a capitalistas locales. Hay vía libre para despotricar contra el FMI, pero están bloqueadas todas las denuncias a los grupos nacionales que lucraron con la estafa de la deuda.

LA REGULACIÓN DE LAS PRIVATIZACIONES

La estrategia neo-desarrollista oficial alienta la regulación de los servicios privatizados, que es reivindicada por muchos analistas como un gran mérito del gobierno[9]. Kirchner optó en este campo por un curso igualmente alejado del servilismo menemista y de la re-estatización. Ha evitado la reimplantación de la propiedad pública porque aspira a transferir una porción de este negocio a los capitalistas industriales.

La desprivatización del Correo y del espectro radioeléctrico fueron excepciones prolongadas con el desenlace de la crisis de Aguas Argentinas. El gobierno solo transfirió la gestión de esta empresa a funcionarios amigos y burócratas sindicales, cuándo se cayó la concesión y fallaron todas las tratativas para encontrar nuevos socios. Aquí radica una diferencia importante de Kirchner con Perón[10].

La política de servicios públicos sigue un lineamiento empírico basado en renegociar los contratos, para abaratar los costos de los industriales sin deteriorar la rentabilidad de las compañías privatizadas. Esta orientación exige discutir caso por caso y recurrir tanto al socorro como a la penalización de los concesionarios.

Este zigzagueo explica porque el proyecto inicial de establecer un marco regulatorio único fue sustituido por negociaciones puntuales, que dejan abiertas todas las opciones. Se ha preservado la división neoliberal del trabajo -que asegura negocios al sector privado y transfiere pérdidas al estado- pero se ajustó este principio a la prioridad de subsidiar la acumulación industrial. Esta política incluye muchos favoritismos en el otorgamiento de licencias monopólicas (teléfonos), salvatajes de concesiones (Aeropuertos), rescates de balances turbios (Aerolíneas) y autorizaciones de mayores tarifas sin contrapartidas de inversión (peajes).

Pero todas las acciones apuntan a reducir costos empresarios y abaratar gastos salariales. Con este último objetivo se subsidia el transporte ferroviario. Las empresas ganan fortunas, pero los fondos son aportados más por el estado que por los usuarios[11]. La meta neo-desarrollista es sostener las ganancias del conjunto de los industriales, sin crear un bache fiscal y limitando la renta extraordinaria que percibían los concesionarios.

LA DINÁMICA REGRESIVA

La política social regresiva constituye el punto de mayor continuidad entre el rumbo económico actual y su precedente neoliberal-financiero. El PBI ya se ubica en un nivel superior al comienzo de la crisis (1998), pero ningún indicador social ha recuperado ese plafond. Los defensores del gobierno reconocen «esta deuda social», pero elogian el gradualismo de Kirchner. Afirman que primero ha favorecido la recomposición de los salarios frente al desmoronamiento padecido durante la depresión[12].

Pero comparan dos situaciones radicalmente opuestas, olvidando que los salarios del auge y la recesión siempre divergen. Lo que corresponde contrastar son períodos similares de reactivación y computar, además, tanto los avances de la productividad como el repunte de los beneficios. Si se mira este último parámetro salta a la vista el abismo que separa el incremento de los salarios con el récord de rentabilidad que tuvieron las empresas. En el 2005 el 77% de las compañías que cotizan en Bolsa declararon incrementos muy significativos y los beneficios de las 500 principales empresas del país duplicaron los obtenidos dos años antes[13].

Las cifras de la productividad son más contundentes y se ubican en un tope de los últimos 15 años. Actualmente se fabrican más productos con menos trabajadores, porque los costos han caído entre un 16% y 30% por debajo del 2001[14]. El modelo bloquea la transferencia de estas mejoras a los salarios, que en promedio se ubican un 20% por debajo del nivel prevaleciente antes del inicio de la crisis.

La política económica obstaculiza la recuperación de los sueldos a través de distintos techos a esta recomposición. Mejora a cuentagotas los salarios estatales y pacta con la burocracia de la CGT estrictos límites en las negociaciones colectivas. El año pasado logró acotar los incrementos en estas tratativas al 19% y encapsuló el salario mínimo cerca de canasta básica (857 pesos). Este piso se ubica a una distancia kilométrica del monto requerido para solventar la canasta básica familiar (2205 pesos). Para asegurar la continuidad de este compromiso, Kirchner rescató recientemente a Moyano del escándalo mafioso de San Vicente.

El gobierno trata de impedir que la rentabilidad sea amenazada por las demandas de los trabajadores, en un período de reingreso a la normalidad capitalista. El desahogo creado por la devaluación ha quedado atrás y los empresarios afrontan la clásica puja competitiva por la reducción de los costos. Para esta labor cuentan con el respaldo de una política neo-desarrollista.

INFORMALIDAD, EXPLOTACIÓN Y DESEMPLEO.

El esquema regresivo de los salarios afecta más duramente a los trabajadores informales. Existe un terrible abismo entre el ingreso medio de los precarizados (391 pesos) y los formalizados (1072 pesos). En el primer segmento se ubica el 44% de la fuerza laboral, el 60% de los ocupados que no cubre la canasta de pobreza y el 30 % que padece la indigencia[15].

El empleo en negro no es una actividad marginal. Se encuentra ampliamente difundida en ramas de alta rentabilidad (como el agro y la construcción) e incluye al propio sector público, que mantiene a un 11,7% de sus empleados sin formalizar.

La preservación de esta dualización del mercado de trabajo es una tendencia del capitalismo contemporáneo que alienta el nuevo modelo, porque esta segmentación disuade el aumento de los salarios. La reactivación no ha reducido la gran polarización que se gestó durante la década pasada. Mientras que en 1992 el ingreso de los precarizados rondaba el 72% de los formales, en la actualidad solo cubre 37% de esa suma[16].

Los voceros de Micelli argumentan que esta fractura se atenuará a medida que aumente el salario mínimo. Pero este avance se concreta a paso de tortuga y no arrastra a los informales. Con un ingreso universal significativo podría remediarse inmediatamente este flagelo, pero el gobierno prioriza los beneficios patronales.

Los precarizados son las principales víctimas actuales de la pobreza. Este tormento se ha reducido estadísticamente como consecuencia de la reactivación. Ha decaído del 40,2% (2005) al 31%, pero sin llegar luego de cuatro años de alto crecimiento al 24 % que promedió en la década del 90. La pobreza -que fue sinónimo de desempleo durante la depresión de 1998-2002- se ha convertido ahora en un mal de los asalariados informales, que podría perdurar durante el largo tiempo[17].

Esta gravitación obedece también a la magnitud del desempleo, que presiona a trabajar a cambio de ingresos de subsistencia. Los defensores del modelo afirman que la desocupación bajó desde un pico de 17,8% (2003) al 10,4% actual. Pero considerando los planes que disfrazan el paro la reducción fue del 23 % al 12,8%. Estas caídas siguen el patrón habitual de las fases ascendentes del ciclo, aunque en la actualidad se registra un nivel más elevado de la subocupación (11,9%).

Existe una evidente dificultad para perforar el núcleo duro del desempleo. La baja inicial fue rápida porque se concretó absorbiendo la capacidad ociosa de la industria con poca inversión. Pero actualmente la elasticidad-producto (aumento de la ocupación por cada punto de crecimiento de la economía) no reacciona tan favorablemente. La normalización capitalista impone aumentos de la productividad que conspiran contra la expansión del empleo.

Estas tendencias incrementan a su vez la tasa de explotación. De 14 millones de asalariados hay 5,3 millones sobreocupados, que trabajan más de 45 horas semanales y triplican el número de los desempleados[18]. El grueso de los convenios colectivos firmados durante el año pasado convalida este padecimiento, ya que incluyen numerosas normas de flexibilización laboral. El gobierno coquetea con la reversión de contra-reforma laboral de los 90 pero también limita esta iniciativa, porque sus socios de la UIA exigen polifuncionalidad, períodos de prueba, pasantías y subsistencia de la oprobiosa la ley de riesgos de trabajo.

En el caso extremo de la indumentaria la explotación alcanza ribetes de servidumbre. Se pagan centavos a los trabajadores extranjeros para fabricar las prendas que se venden en los shoppings. Los burócratas sindicales miran para otro lado o avalan los atropellos con discursos de empleo a cualquier precio[19]. Estrujar a la fuerza de trabajo es una necesidad competitiva del capitalismo neo-desarrollista.

EL CIMIENTO DE LA DESIGUALDAD.

Los ricos incrementan su apropiación del ingreso a medida que el aumento del PBI también amplía la brecha que separa al 10 % más acaudalado del 10% más empobrecido de la población. Existe una compleja discusión técnica sobre la evolución de esta fractura. Algunas estimaciones destacan que en el primer trimestre del 2006 esta distancia se ubicó en 29,2 veces, luego de alcanzar 26,4 (2005) y 24 veces (2003). Otro coeficiente que mide esta evolución (Gini) indica una mejora, que reflejaría cierto alivio de la alta clase media en un marco general de polarización[20].

Pero incluso en la medición más favorable el 10% de la población se queda con la tercera parte de la torta, especialmente luego de una devaluación que succionó 10 puntos de la participación de los salarios a favor de los beneficios.[21]. La polarización social es un rasgo de un modelo neo-desarrollista, hostil al retorno a los menores desniveles de 1974 (10 veces de diferencia entre los ingresos del decil más rico y más pobre) o al distribucionismo de los años 50 (mitad la participación de ingreso en manos de los asalariados).

El esquema en curso moderniza la miseria. Permite acceder al celular pero no a las cloacas, especialmente en el norte del país dónde un tercio de la población carece de inodoro o desague. Es cierto que el consumo ha resucitado y se ha convertido en un motor de la reactivación, pero se desenvuelve en forma segmentada y favorece a los sectores de mayores ingresos en desmedro de los necesitados.

Los jubilados encabezan el ranking de los afectados por esta polarización social. El gobierno otorgó moratorias para asegurar una pensión a 8 de cada 10 adultos mayores, pero encubre con asistencialismo la degradación de las jubilaciones. El 65 % de los retirados cobran un haber mínimo equivalente al 42,5 % del salario medio, un porcentaje muy alejado del 82% móvil que corresponde a los pensionados.

Todos los incrementos se sancionan en función del calendario electoral, ignorando retroactividades, acentuando el achatamiento de las escalas y evitando introducir una fórmula de ajuste futuro. Hasta ahora se han ignorado varias propuestas legislativas para regular las subas en función de la evolución del salario y los recursos de la previsión social. Mientras que el ANSES rebosa de excedentes, el gasto de seguridad social cayó del 7% del PBI (2001) al 5,4% actual[22].

El gobierno se limita a socorrer a los desprotegidos para evitar el colapso potencial que ha legado la privatización de las jubilaciones. Kirchner mantiene el sistema de las AFJP, aunque abrió el corralito que impedía los traspasos del sector privado al estatal (y viceversa). En los hechos publicita una libertad de elección que es ficticia, porque nadie puede decidir que sucederá durante décadas con su ahorro en uno u otro régimen.

El esquema privado es una comprobada estafa de comisiones y malversaciones que el gobierno acotó por varias razones. En primer lugar, el sistema deja en la vía a los afiliados que no aportan lo suficiente, obligando al estado a una sustitución asistencial. En segundo término, el régimen conspira contra las cuentas fiscales, al sostenerse en una rebaja de aportes patronales que ya le costó al erario público 80.000 millones de pesos. En tercer lugar, el modelo neo-desarrollista exige una gran corriente de subsidios estatales a la industria, que el gobierno apuesta a respaldar manejando una porción creciente del ahorro de los trabajadores[23].

El gobierno mantiene el régimen de capitalización para evitar un conflicto con un poderoso lobby financiero que tiene maneja un cuantioso volumen de títulos públicos, pero trata de ejercer cierto control sobre sus inversiones.

Esta herencia se mantiene en pie también en el área de la salud. La mitad de la población carece de cobertura médica y se atiende hospitales públicos colapsados, mientras cuatro grandes empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus y Omint) controlan el mecanismo de las prepagas y se han quedado con la crema del sistema (pacientes jóvenes y de altos ingresos). Como este negocio incluye a muchos funcionarios y burócratas sindicales, nadie apura los cambios.

IMPUESTOS REGRESIVOS.

Como ha ocurrido siempre con los proyectos de reforma impositiva, los planteos progresistas que se formulan desde el llano quedan licuados con el ejercicio del gobierno. Ya ningún funcionario habla de cambios significativos y solo evalúan tímidas propuestas. El ensayo neo-desarrollista favorece a los capitalistas y es incompatible con la equidad impositiva [24].

Como resultado de la reactivación y los gravámenes introducidos durante la crisis (impuesto al cheque y retenciones) la recaudación ya alcanzó un máximo histórico. Los ingresos se ubican todavía muy lejos del 30-45% del PBI predominante en los países avanzados, pero aumentaron del 16,1% (2002) al 23,2% (2006). No está claro aún si en este resultado incluye también una disminución de la evasión. Los técnicos de la AFIP y los especialistas privados divergen en esta evaluación[25].

Pero nadie habla de repartir esta mejora en un país dónde los asalariados aportan el 50% de la recaudación y reciben el 25% de la riqueza. Las escandalosas exenciones impositivas a la actividad financiera (rendimientos de títulos públicos, intereses de los depósitos, compra-venta de acciones) no se han modificado y le restarán 5.500 millones de pesos al presupuesto 2007. Esta cifra alcanzaría para financiar un aumento inmediato del 20% a los jubilados. Bajo el sistema actual un rentista no paga impuestos por sus ingresos financieros, pero un trabajador que gana 3500 pesos mensuales debe tributar. Tampoco los jueces y las fundaciones afrontan obligaciones impositivas, pero la clase media está penalizada por un gravamen a los bienes personales que mantiene el bajísimo piso anterior a la crisis[26].

El año pasado se registró una intensa lucha social contra el reducido tope al impuesto a las ganancias que afecta a 500 mil asalariados. Un trabajador que a fines de los años 90 ganaba 11 veces y medio el salario mínimo estaba exento de esa tasa, pero en la actualidad el mismo gravamen es pagado todos los asalariados que perciben tres veces y medio ese básico. Se han negociado ciertos alivios, pero hasta ahora el presupuesto 2007 no contiene ningún cambio del mínimo no imponible.

AGRO-CAPITALISMO PARA POCOS.

El esquema neo-desarrollista apuntala a los capitalistas industriales a costa de la mayoría popular. Este modelo incluye además un estratégico cimiento en el sector agrario que rememora el esquema agro-exportador. Pero existe una diferencia sustancial con ese período: la época dorada de Argentina en el comercio mundial ha concluido y las ventajas naturales de la Pampa Húmeda ya no le otorgan al país un lugar privilegiado en la división internacional del trabajo. Por eso el agro persiste como un pilar básico de la economía, pero sin las glorias del pasado.

A diferencia de la industria, el PBI de esta área ha crecido en forma ininterrumpida en los últimos quince años a una elevada tasa del 5,7%, sin afrontar ningún freno significativo. La devaluación del 2001 incentivó este avance al generar un nivel de rentabilidad que ya bordea los máximos históricos y supera los promedios de la convertibilidad[27].

Pero este impulso consolida un esquema basado en la preeminencia de la soja, la destrucción de los cultivos regionales, el desplazamiento de los campesinos y la concentración de la tierra. Profundiza la modernización capitalista que generó un gran salto de producción, con ganancias para pocos y tecnologías que amenazan la fertilidad de la tierra[28].

Esta modalidad del agro-negocio estimula el mono-cultivo y alienta la expulsión de mano de obra del campo, que ha decaído del 24% de población activa (1970) al 8% (2001). Ha impuesto, además, la destrucción de las estructuras agroindustriales del interior (azucareras, vitivinícolas, yerbateras) e impulsa la expropiación de los pequeños productores[29]. También quedó afectada la ganadería que mantiene el mismo plantel de animales de hace 50 años, con bajos niveles de rendimiento por hectárea. Este estancamiento provoca el brusco encarecimiento de la carne cuándo repunta la demanda local o extranjera.

El gobierno apuntala específicamente a los grandes grupos del sector (agrupados en la SRA, CONINAGRO y CRA), en desmedro de los pequeños productores (FA). Regula precios para favorecer a los pulpos frigoríficos o cerealeros y descarta todas las iniciativas progresistas de reforma impositiva o refinanciación de deudas. Esta actitud empuja a los desfavorecidos al alineamiento con las elites del campo. A pesar de los elevados lucros del sector, el ruralismo ha retomado su periódica beligerancia contra el gobierno de turno porque se considera propietario de toda la renta agrícola. No está dispuesto a compartirla con el resto de la sociedad, especialmente en los períodos florecientes. Durante todo el siglo XX ha resistido el pago de las retenciones, que identifica con una inadmisible la interferencia impositiva del estado a sus beneficios[30].

El conflicto actual se acrecienta, además, por la regulación oficial de ciertos precios. Como en Argentina se come lo que se exporta, solo la intervención estatal puede neutralizar el impacto inflacionario que provoca el encarecimiento internacional de los alimentos exportados.

Este control ha recreado la vieja pulseada que mantuvieron los ruralistas con todos los ministros de economía. Micelli ha restringido las exportaciones y aumentado selectivamente las retenciones. No afectó seriamente las ganancias del campo y tampoco morigeró las quejas de este sector. Estas tensiones persistirán, en la medida que el ensayo neo-desarrollista apuntale tanto la re-industrialización como cierto freno de la carestía. Pero los conflictos que genera el modelo son múltiples y requieren un análisis específico que abordamos en la segunda parte de este texto.

3-2-07

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