El apoyo a una renta básica universal (una asignación monetaria incondicional a toda la población) está creciendo. En Europa, por ejemplo, la ciudad de Utrecht está a punto de introducir un experimento que tiene como objetivo «desafiar la noción de que las personas que reciben dinero público deben ser controladas y penalizadas», en palabras de […]
El apoyo a una renta básica universal (una asignación monetaria incondicional a toda la población) está creciendo. En Europa, por ejemplo, la ciudad de Utrecht está a punto de introducir un experimento que tiene como objetivo «desafiar la noción de que las personas que reciben dinero público deben ser controladas y penalizadas», en palabras de una directora de proyecto del Ayuntamiento de Utrecht. Nijmegen, Wageningen, Tilburg y Groningen están esperando el permiso de La Haya para llevar a cabo programas similares. En Suiza se han obtenido las 100.000 firmas necesarias para la celebración de un referéndum sobre si los ciudadanos suizos deben recibir una renta básica incondicional, independientemente de si tiene un empleo o no. El 16 de junio, el gobierno de centro-derecha de Finlandia, donde el 79% de la población está a favor de una renta básica universal, cumplió su promesa electoral y ratificó la instauración de una «renta básica experimental».
Una importante y realmente ilustrativa encuesta reciente realizada en Cataluña (13 a 17 de julio) muestra que el 72,3% de la población (básicamente a excepción de determinada derecha y de los sectores más ricos) estaría a favor de una renta básica incondicional para toda la población de 650 € al mes. Pero hay mucho más. A la pregunta de qué harían si se implantara esta renta básica incondicional, un 86% de los ciudadanos que tienen empleo contestaron que seguirían trabajando igual, un 8% dijo que trabajaría menos horas y un 2,9% afirmó que dejaría de trabajar. Entre los encuestados que están desempleados, un 84,4% respondió que seguiría buscando empleo como ahora, un 11,4% contestó que buscaría un trabajo de menos horas que el que busca ahora y un 2,2% confesó que dejaría de buscarlo. Entre los que opinaron que con la renta básica incondicional procuraría trabajar menos horas, un 52% de ellos contestó que dedicaría el tiempo que ganara a la familia, un 16,3% a actividades de ocio, un 11,5% a buscar un empleo mejor, un 11,3% a estudiar, un 4,7% a montar un negocio propio y un 4,1% a hacer tareas altruistas de voluntario. Según los resultados de la encuesta, casi un 20% de las personas inactivas optaría por hacer alguna otra actividad si dispusiese de una renta básica y sobre todo dicen que estudiarían, harían trabajos voluntarios o montarían un negocio. Esto poco tiene que ver con el sonsonete interesado según el cual «la gente no haría nada con una renta básica».
Estamos hablando de democracia
Las medidas mencionadas al principio en Europa son, si se quiere, provisionales o incompletas, pero también significativas porque permiten dar capacidad de negociación a las personas, económica – y también políticamente – en una situación en la que el poder global está en gran parte en manos de instituciones no elegidas y otros órganos opacos, tal como ha dejado más que claro el reiterado ataque a Grecia (Yanis Varoufakis lo expresó muy gráficamente: «¿No sería mejor abolir las elecciones para los países que se encuentran en un programa de asistencia? Esto tendría el mérito de ser claro. Eventualmente podríamos declarar que hemos creado una unión monetaria en Europa, que abolió la democracia para los países con deudas que no pueden pagar»). Sin embargo, el creciente interés en la renta básica no significa que todo sea viento en popa hacia su realización. Se están utilizando todavía argumentos en contra, refutados desde ya hace tiempo, y se blanden dudosas propuestas «alternativas» como «trabajo garantizado», «pleno empleo» (con un pleno empleo de calidad estamos de acuerdo, ¿quién no, verdad?, pero las propuestas que acostumbran a hacerse ni tratan de un pleno empleo inmediato o a corto plazo ni de calidad, por lo que nos hacen afirmar que como alternativa a la renta básica, el pleno empleo es poco más que cháchara gratuita) e ingreso condicional mínimo garantizado. Se sirven de «argumentos» como los siguientes: con una renta básica la gente rechazaría el trabajo asalariado, las mujeres estarían confinadas en casa, los inmigrantes «pulularían en bandadas» (como diría David Cameron), se necesitaría una revolución para introducirlo y sería acabar con el Estado de bienestar. A pesar de que estas afirmaciones hayan sido sólidamente refutadas en distintos idiomas, todavía asoman la cabeza a la menor ocasión. También hay otros malentendidos (o tergiversaciones manifiestas), que hay que combatir ya que las desigualdades sociales y económicas están aumentando rápidamente y la renta básica es una medida ideal para combatirlas.
En primer lugar está la cuestión de la financiación. Todavía no existe mucho material detallado sobre este aspecto clave, pero un estudio reciente llevado a cabo en el Reino de España, basado en dos millones de declaraciones del IRPF del 2010 (en medio de la crisis económica) es elocuente. El estudio se basó en tres criterios: 1) la renta básica de 623€ mensuales debería autofinanciarse y no afectar al resto del gasto público, ni mucho menos al dedicado a la sanidad, educación, etc.; 2) el impacto distributivo debería ser muy progresivo de manera que beneficiara a la gran mayoría de la población; y 3) que los tipos efectivos de impuestos después de la reforma no deberían ser muy altos. La renta básica tiene que ser igual o superior al umbral de la pobreza (623€ en aquellos momentos en el Reino de España). No estaría sujeto al impuesto sobre la renta de las personas y reemplazaría a todas las prestaciones sociales inferiores a los 623€, mientras que la gente que recibe una cantidad mayor de prestación continuaría recibiendo su importe total.
La financiación de esta renta básica para todos los adultos -43,7 millones de personas – es posible con un único tipo impositivo del 49% que, combinado con una renta básica exenta de impuestos, sería fuertemente progresivo. Para la decila más pobre, por ejemplo, este 49% se convertiría efectivamente en un -209% (negativo porque, en este caso, sería una transferencia neta). Aproximadamente el 80% de la población saldría ganando y el importe total transferido de los ricos a los no ricos sería de unos 35.000 millones de €. La desigualdad quedaría notablemente reducida. El actual IRPF es muy poco progresivo. Hay algunos datos contundentes. El índice de Gini antes del IRPF se sitúa en el 0,4114. Después de la declaración del IRPF solamente se reduce a 0,3664. Con la propuesta de financiación que se propone, el citado índice bajaría hasta 0,2502. Es decir, se produciría una gran redistribución progresiva de la renta. La distribución funcional de la renta quedaría pareja a los niveles de los países escandinavos.
Y, debe recordarse, para esta financiación comentada, no se tiene en cuenta el problema de la evasión de impuestos que salen anualmente del Reino: unos 40.000 millones de €. El fraude fiscal (de 2010 para hacer más homogéneos los datos) solamente en IVA e IRPF era del 5,5% del PIB. El porcentaje es superior si sumamos el del impuesto sobre sociedades, por ejemplo. Así, las empresas del IBEX han tributado, en este caso en el año 2012 aunque los años posteriores ofrecen porcentajes similares, el ¡5,3%! de su resultado contable. De tenerse todo esto en cuenta, la financiación de la renta básica sería claro está aún mucho más fácil.
Ah, sí, dicen, pero este modelo de financiación «afectaría negativamente a las clases medias». Crítica en la que coinciden algún autor de izquierda posmoderna y algún discípulo de Hayek. ¿Las clases medias? En el Reino de España, según los datos oficiales, una persona que gana 3.500 € al mes está en las dos decilas superiores, mientras que los que ganan 4.500 € se encuentran en el 5% superior más rico. Estas cifras provienen ¡de las declaraciones del IRPF! ¿Cómo es posible esta a todas luces falsa realidad? Ya sea por ignorancia o por mala fe, algunos críticos no reconocen que esto apunta a un enorme problema de fraude y elusión fiscales que necesita atención urgente en cualquier caso, especialmente si hay que llevar a cabo cualquier reforma fiscal en favor de la población no rica. Unos datos publicados por la compañía suiza de servicios financieros globales UBS AG revela que tan sólo 22 multimillonarios españoles tienen una fortuna equivalente al 5% del PIB del Reino de España (o aproximadamente el presupuesto de salud, por ejemplo). Si a través del IRPF y de una decidida lucha contra el fraude fiscal de los más ricos pudieran detectarse los miembros verdaderamente más ricos de la población, la financiación de la renta básica sería más fácil, el tipo impositivo más bajo y sectores que podrían perder en el modelo actual acabarían ganando. Esta idea obstinada de que la renta básica sería un asalto a las clases medias alienta intentos bastante grotescos de nadar entre dos aguas. Así, el PSOE afirma que apoya la «renta básica» (pero se refiere a una renta mínima garantizada de lo más vulgar y corriente), mientras que otros de la izquierda más o menos posmoderna han entrado en la primera división del contorsionismo intelectual al afirmar que la renta básica y el ingreso mínimo garantizado son «más o menos lo mismo». Farsa y confusión: habrá que lidiar con ellos en los próximos meses.
La «agresividad» de las nuevas ideas
Por desgracia, el nuevo partido de izquierda, Podemos, está tratando de esquivar la cuestión de la renta básica. Aunque muchos de sus miembros de base están empujando con fuerza para una renta básica, Podemos ha presentado un Plan de Renta Mínima Garantizada, aparentemente sin pensarlo mucho. Algunos cálculos muestran que el 50% de la población se vería afectada negativamente por este tipo de cambio de la estructura actual del impuesto sobre la renta sin la compensación de una renta básica. Esto es muy diferente de una política que afecte al 20% más rico. Parece que algunos dirigentes de Podemos, haciendo oídos sordos a las opiniones de algunos de sus miembros, opinan que la renta básica es «demasiado radical». ¿Pero, en serio? ¿Tan radical es proponer la garantía de la existencia material de la población cuando la brecha de la riqueza en el Reino de España es la más grande de Europa? Y, a escala mundial, el 1% poseerá más que el 99% en el año 2016? Poca valentía intelectual y mucha política vieja ya conocida. Para triunfar contra la política dígase del Establishment o, como ahora se ha puesto de moda, de la casta, se precisa ser muy agresivo en la batalla de las ideas, como lo fueron con un éxito impresionante los neoliberales antes de los 70 del siglo pasado cuando eran poco más que una secta intelectual (bien remunerada, eso sí). Esta agresividad en las nuevas ideas brilla por su ausencia.
Lo que puede constatarse fácticamente es que la mayoría de la gente se está volviendo cada vez más pobre, a pesar de que estudios recientes demuestran que la llamada economía «trickle-down» significa en realidad un flujo de ingresos hacia los de arriba hasta que se estancan en forma de riqueza acumulada. Esto obstaculiza la creación de riqueza en la economía, tal como concluyó el Institute for Policy Studies (EEUU) usando modelos multiplicadores económicos estándar para mostrar que cada dólar adicional pagado a los trabajadores con bajos salarios añade alrededor de $ 1,21 a la economía estadounidense. Si este dólar fuera a parar a un trabajador con un salario alto añadiría tan sólo 39 centavos al PIB. En otras palabras, si los $ 26,7 mil millones en bonos pagados a los especuladores de Wall Street en 2013 hubieran ido a los trabajadores pobres, el PIB habría crecido unos $ 32,3 mil millones.
El dinero de la parte más pobre de la población es tres veces más eficaz en impulsar el crecimiento económico que el dinero de los ricos. Es de sentido común, aunque la jerga económica lo llame «propensión marginal al consumo»: las personas con ingresos pequeños gastan su dinero rápidamente y los ricos lo atesoran. Con la monstruosa brecha de riqueza actual, la velocidad del dólar en el suministro total de dinero es menor de lo que nunca ha sido. Lógico también. De hecho, un nuevo modelo producido por Ricardo Reis y Alistair McKay muestra que «los programas de impuestos y transferencias que afectan a la desigualdad y a la seguridad social pueden tener un gran efecto en la volatilidad agregada». Incluso los datos del FMI sugieren que un incremento de tan solo un 1% de la riqueza total aplicado al 20% superior disminuye el crecimiento económico en 0,08 puntos. Pero si el 20% inferior recibe el mismo 1% del total, el crecimiento económico aumenta en 0,38 puntos. Así que ¿no sería una buena idea introducir una renta básica universal también por este motivo? Scott Santens calcula que, en los Estados Unidos, una redistribución en forma de una renta básica de $1.000 por mes para cada ciudadano adulto y $ 300 para los menores de dieciocho años costaría alrededor de $ 1,5 billones- alrededor del 8,5% del PIB – teniendo en cuenta la eliminación de las prestaciones que ya no son necesarias una vez la renta básica es operativa. Tan solo el costo total de la pobreza infantil es de alrededor del 5,7% del PIB.
Si la desigualdad está matando la recuperación económica es que seguramente la economía neoliberal ha fallado. Según la OCDE, «se estima que el aumento de la desigualdad ha detraído más de 10 puntos porcentuales de crecimiento en México y Nueva Zelanda en las últimas dos décadas hasta la Gran Recesión. En Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos, la tasa de crecimiento acumulada habría sido de seis a nueve puntos porcentuales mayor si no se hubieran ensanchado las disparidades de los ingresos…» El punto clave es que los programas de lucha contra la pobreza nunca serán suficientes porque el «impacto de la desigualdad en el crecimiento se debe a la brecha entre el 40% inferior con el resto de la sociedad, no sólo del 10 por ciento más pobre». Para que el programa de transferencias de efectivo fuera eficaz tendría que beneficiar a la mitad de la población. Esto se parece mucho a la propuesta de renta básica universal que se ha presentado en el Reino de España. La reducción de la concentración del ingreso en la parte superior más rica donde el dinero lleva a la acumulación de dinero no es tan solo una cuestión moral o de justicia sino de inteligencia económica, tal como están reconociendo un número creciente de reputados economistas, por ejemplo (Lord) Robert Skidelsky.
División sexual del trabajo, pleno empleo, caridad, supresión de impuestos…
Por sólidos que sean los argumentos económicos y a pesar de llevar años debatiéndose en el Reino de España y en buena parte del mundo, las soluciones parciales siguen siendo presentadas como «alternativas» a la renta básica. Una de ellas es el trabajo garantizado, promovido, inter alia, por Izquierda Unida (IU), aunque es mucho más caro (10 € brutos por hora costaría al Estado 233.422 millones de €, y si se paga bastante menos la hora, como algunos de sus defensores ya empiezan a rebajar… simplemente no merece ser defendido con mucho entusiasmo) y una medida a largo plazo (hablan de 1 millón de puestos de trabajo en un año, ¿es que no saben los parados reales que hay?). Se trata de una medida mucho menos eficaz que una renta básica, que entraría en vigor de inmediato o a muy corto plazo para aliviar a los trabajadores precarios (o sin trabajo) y las condiciones de vida de los sectores más pobres. Peor todavía, el «trabajo garantizado» (que no tiene en cuenta el trabajo doméstico o el voluntario) tiene una idea patética de la libertad. Se supone que la gente debe trabajar por un salario de lo cual se infiere que con una renta básica la gente se pasaría el día cruzada de manos. El Reino de España tiene las peores cifras de desempleo de los países de la OCDE (más de un 15% en 25 de los últimos 37 años, mientras que la segunda peor economía en este punto, Irlanda, ha alcanzado esta cifra en sólo nueve de estos 37 años) y, por otra parte, las propuestas de trabajo garantizado han sido diseñadas para economías con un porcentaje relativamente pequeño de desempleados. En definitiva, la idea es mala, y parece motivada para oponerse a la renta básica como propuesta «más radical» (lo que quieren decir con «radical» es otra pregunta interesante). En fin, incluso se niega por parte de algunos defensores del «trabajo garantizado» que una renta básica fortalecería el poder de negociación de los trabajadores y estimularía la creación de pequeños negocios.
Una crítica estrambótica (pero no por ello menos generalizada) de la renta básica es que no combatiría la «división sexual del trabajo». ¡Tampoco el sistema de salud pública ha acabado con la división sexual del trabajo! La renta básica abordaría unos cuantos problemas sociales pero no éste. Lo que sí puede ofrecer a las mujeres es mucho más autonomía en muchos aspectos de su vida, lo cual no es poca cosa. La renta básica no es una política económica completa. Formaría parte de una política económica que favorece a la población no rica. Otros problemas sociales como la división sexual del trabajo, la indiferencia generalizada hacia el conocimiento científico, la imposición por los poderes privados de su Weltanschauung a todos los demás, la corrupción, el tráfico de seres humanos, la brutalidad hacia los refugiados e inmigrantes, la barbaridad de ciertas fiestas populares… no pueden ser abordados únicamente con la renta básica. No pidamos a la renta básica que solucione problemas para los que no está diseñada. Estos pocos problemas citados y otros muchos más no citados deben ser abordados, pero con instrumentos específicos, adecuados. Puede sostenerse que con una sociedad con menos desigualdades y más preocupación por los seres humanos sería más probable crear dichos instrumentos.
Vienen luego las disputas algo más económicas. Blandiendo argumentos de la escuela austríaca, algunos proclaman la supresión de los impuestos. Es decir, lo que se ha hecho desde la contrarreforma thatcheriana y reaganiana, pero a lo bestia. Un aumento del tipo de impuestos para posibilitar una renta básica, dicen, reduciría la base imponible y el impuesto recaudado. Y, claro está, añaden que al no tener en cuenta la elasticidad impositiva anularía cualquier conclusión del estudio citado sobre financiación de la renta básica en el Reino de España. De hecho, la evidencia empírica de más de uno, de dos y de tres estudios en el Reino de España muestra que el aumento de los impuestos no causaría una menor elasticidad con un efecto negativo sobre la actividad económica, sino que daría una mayor elasticidad: más impuestos, más PIB y mayor recaudación de impuestos. Los impuestos más altos para los ricos permiten un mayor gasto público, lo que tiene un efecto positivo sobre la actividad económica, generando más ingresos y compensando por posibles desincentivos. El cálculo detallado de los efectos positivos que la renta básica podría tener sobre la actividad económica y, por tanto, la recaudación de impuestos, iba más allá del alcance del estudio de la renta básica, pero lo que está claro es que el 80% de la población empezando por la persona más pobre que sale ganando proporcionalmente consumiría más que el 20% más rico, por lo que un Estado de bienestar fuerte, financiado con impuestos y con un sistema de prestaciones sociales, incluida una renta básica, lograría mayores tasas de participación de la fuerza de trabajo y de empleo y por consiguiente, una mayor igualdad y bienestar general, así como una economía mucho más resistente en un sistema global inestable.
La renta básica no es sólo una medida contra la pobreza, pero sería una parte integral de una política económica global que estimularía el crecimiento económico y proporcionaría una existencia material garantizada y, por tanto, la libertad efectiva de todos los miembros de la sociedad. Esta libertad efectiva de los no ricos contiene la semilla de un poder político subversivo, razón por la cual la derecha ofrece sus concesiones como el ingreso mínimo garantizado, que los entusiastas de Hayek, que creen que los impuestos son un robo, apoyan como una especie de caridad. Pero la caridad es la antítesis de la justicia. Depende del arbitrio libremente determinado de los más acomodados el dar a los pobres no libres, a quienes se niega la dignidad humana precisamente porque están obligados a estar en el extremo receptor de la caridad. La renta básica no beneficia a todo el mundo pero intenta mejorar la suerte de la parte no rica de la población. Sus cimientos antineoliberales y el rechazo de su miserable concepción de la libertad se encuentran en el pensamiento republicano clásico y en su insistencia en que una persona no puede ser libre si no tiene garantizados los medios de su existencia material. Una de las principales ventajas de una renta básica universal es que liberaría a la gente de la tiranía de uno de los «mercados» más extraños: el del trabajo asalariado (por ser el empleo, junto al dinero, dos mercancías muy diferentes a las demás, «diabólicamente diferentes» en palabras de Varoufakis). Para algunos de los defensores de la renta básica, el más primordial de los derechos humanos es el de la existencia material. Una renta básica no defiende sólo el derecho a una vida decente, sino que, en la práctica, permitiría a las personas expandir sus vidas y defenderse contra los ataques a su libertad y dignidad.
Por último, ya que estos derechos humanos básicos se declaran universales, hay un mito más respecto a la renta básica con el que hay que acabar, eso es, que se trata de una política que sólo los países ricos pueden permitírsela. Los experimentos en Brasil, Namibia y Sudáfrica, México, India, Kenia y Malawi muestran que proyectos modestos, parciales, de renta básica obtienen resultados económicos y sociales impresionantes. En Namibia, por ejemplo, un proyecto piloto de dos años (2007-2009) en Otjivero-Omitara, una zona rural de bajos ingresos, donde 930 habitantes recibieron un pago mensual de 100 dólares namibios cada uno (US $ 12,4), redujo la pobreza de 76% a 16%; la desnutrición infantil se redujo de 42% a 10%; las tasas de deserción escolar se desplomaron de 40% a casi el 0%; la deuda promedio familiar cayó en un 36%; y según la policía local las cifras de delincuencia bajaron en un 42%; el número de pequeñas empresas aumentó, al igual que el poder adquisitivo de los habitantes, creando así un mercado para nuevos productos.
El principal obstáculo para la renta básica hoy en día es político (y psicológico si la codicia se entiende como patológica), ya que, no, no favorece a los ricos, sino que más bien, en términos morales y económicos sólidos, se les exige que contribuyan con sólo un poquito de su riqueza a salvaguardar el derecho a una vida digna para todos. Pero no se trata sólo de conseguir que los ricos aflojen la pasta. La verdadera cuestión es que la gente de abajo, en lugar de tender sus manos con impotencia para atrapar el goteo inexistente, podrían empezar a transformar la sociedad y la economía según su propio criterio y en defensa de su propia dignidad. Es poco probable que el 1% de las personas asquerosamente ricas se queden inmóviles dejando que sobrevenga su propia extinción [1].
Notas
[1] Philippe Van Parijs, catedrático de la Universidad de Lovaina y director de la Hoover Chair de economía y ética social, miembro del consejo editorial de Sin Permiso, realizó unos comentarios a la edición original de Counterpunch. Manifestando su acuerdo general con el artículo y especialmente con el estudio de financiación de la renta básica para el Reino de España que se menciona, nos aportó varias apreciaciones algunas de las cuales han sido incluidas en la versión castellana que ahora se reproduce. Lluís Torrens, gerente del Public-Private Sector Research Center del IESE, nos ha dirigido algunos útiles comentarios que hemos incorporado en buena parte. Francisco Javier Braña, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, nos ha facilitado algunos datos sobre fraude fiscal que hemos aprovechado. También Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, nos ha aportado su opinión cuando hemos consultado algún aspecto técnico. Evidentemente, la responsabilidad del resultado es únicamente de los dos autores de este artículo.
[Este artículo es una versión ligeramente modificada y ampliada de la original inglesa que apareció inicialmente en Counterpunch y que fue reproducida con distintos títulos, según las preferencias de sus editores, en revistas como NewJurist y Truthdig.]
Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es ¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes (El Viejo Topo, 2012).
Julie Wark es autora del Manifiesto de derechos humanos (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.
Traducción para www.sinpermiso.info: Anna Maria Garriga y Txema Sánchez