El desorden y la injusticia

Ni Goethe, semidiós del pensamiento, al afirmar «prefiero la injusticia al desor­den» tuvo en cuenta, como tampoco las cabe­zas pensantes que se suben al carro de tan sospechosa idea, que los juegos de palabras en política, y sobre todo en estos tiem­pos de lucidez po­pular, son tan despreciables para la inteligen­cia simple como peligrosas las bombas de relojería. 

Porque no hay quien con la cabeza en su sitio pueda pensar que el desorden sólo existe cuando es visible, manifiesto y tangi­ble. Porque, hoy es imposible que pueda haber algún bien pensante que no repare en lo siguiente: no hay mayor desorden en una colectividad que cuando está en ella instituida la injusti­cia social, y la justicia formal está prostituida al no reparar los jueces y tribunales el injusto cometido por las clases sociales su­periores… Lo mismo que no hay quien no «entienda» que falta­ría más que tanto el Goethe Canciller de la República de Weimar, que quería la paz en las calles a cualquier precio, como luego y siempre todos los turiferarios y beneficiarios máximos del sistema ultracapitalista no quieran la protesta rui­dosa, la denuncia peligrosa, la algarada, la revuelta, y con ma­yor motivo la revolución. Y digo faltaría más, porque sencilla­mente todos ellos, quienes forman parte del poder financiero, del político, del religioso y del mediático viven opíparamente, justo de los privilegios, canonjías y prebendas que aporta la calma absoluta en la calle y en los despachos, aunque la vida en cada hogar del montón sea insoportable.

En España, en estos momentos de su historia en que se hace balance de las tropelías, fechorías y desvalijamientos de las ar­cas públicas por parte de gobernantes y políticos durante casi dos décadas, la repulsa popular más extrema ya ha traspasado hace tiempo los niveles iniciales de indignación que acompa­ñan a cada escándalo conocido, para situarse en el escalón supe­rior de la impotencia. Y esa impotencia se hace sentir en grado sumo al ir presenciando la población año tras año, que la justicia dedica todos sus recursos a la investigación e instruc­ción de cada caso, pero pasan los años y no se conoce todavía ninguno de envergadura que haya pasado a la siguiente fase del juicio oral, es decir al juicio público propiamente dicho.

Siendo así que lo mismo que cualquiera hoy día está al cabo de la calle de lo que digo al principio: que no hay mayor desor­den que la injusticia, también lo está de que, técnicamente, hay indicios y pruebas suficientes de los obtenidos en muchos de los procesos abiertos en los que el fraude, la prevaricación, el co­hecho y la apropiación de caudales públicos alcanzan una gra­vedad extraor­dinaria, como para haber pasado el proceso al trámite ple­nario, al juicio oral. Ello, con independencia de que más ade­lante y a medida que puedan acumularse más delitos co­meti­dos por las mismas personas, se abran nuevo procesos.

Son demasiados años los dedicados a la investigación como para no pensar y sentir que el encallamiento de los casos en una instrucción que parece pretender ser exhaustiva, no hace más que extender la sensación general de que la propia Justicia con­tribuye a la impunidad extrema y por consiguiente a la injusti­cia. Que, en definitiva, el centro de gravedad del ma­yor desor­den de un país se encuentra precisamente en la falta de volun­tad de hacer justicia, cuando los imputados por delitos públicos gravísimos pertenecen a la clase gobernante o política, o senci­llamente a las clases sociales superiores…

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