A la memoria de Juan Pablo Bolaños, joven caído absurdamente el 30S
El 30S marcó un antes y un después en la historia reciente del Ecuador. La movilización ciudadana, la solidaridad internacional y el respaldo de los militares al orden democrático impidieron la ruptura del hilo constitucional. Sectores ciudadanos conmemoran este aniversario con movilizaciones.
A un año de la insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010 (30S) (http://alainet.org/active/412
Las oposiciones -mediática, de derecha y de un sector de izquierda- en forma coincidente señalan que el 30 de septiembre nunca hubo intento de golpe de Estado. Argumentan que se trató de una simple protesta policial provocada por un veto presidencial a la Ley de Servicio Público que suprimía los bonos por condecoraciones a los uniformados (pero que les compensaba económicamente). Dicen que el Presidente Correa nunca estuvo secuestrado y que él es el único culpable de los acontecimientos violentos por haber concurrido «a provocar» al cuartel donde se encontraban los policías sublevados en el nor-occidente de Quito y haber generado el caos. Más aún, lo acusan de haber ordenado disparar al hospital de la policía (donde estaba retenido) y amenazan con enjuiciarlo en la Corte Penal Internacional por supuestos «delitos de lesa humanidad».
Si nos remitimos a los hechos, se puede afirmar que ese día, desde tempranas horas, los policías y un grupo de militares protagonizaron una revuelta que se alejaba de una «simple protesta gremial». Una primera consideración es que los sublevados pertenecían a un cuerpo armado cuya paralización acarrea -en cualquier sociedad- graves consecuencias para el funcionamiento del Estado y para la población que queda en la desprotección.
Varios analistas coinciden que la revuelta del 30S tenía todos los visos de un intento de golpe de Estado. Mario Ramos y Alexei Páez una semana después del 30S escribieron: «A diferencia de otros sectores, que han coincidido contra la racionalización y re-institucionalización del Estado, los militares y policías tienen capacidad de presión porque tienen las armas. Por ello la ciencia política latinoamericana contemporánea, a raíz de las terribles dictaduras del cono sur, señala que una huelga de policías y militares, es en sí mismo un golpe de Estado. No hay espacio para interpretarlo como un acto fortuito».(1)
Los policías no solo se tomaron los cuarteles y salieron a las calles a interrumpir vías sino que cerraron la Asamblea Nacional, «gasearon» y golpearon a ministros, asambleístas oficialistas, periodistas, discapacitados y ciudadanos, en tanto que militares del Ejército hacían manifestaciones en el Ministerio de Defensa y miembros de la Fuerza Aérea cerraban el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Por la tarde, un grupo de derecha irrumpió en el canal público y se pronunciaba por la salida del Presidente. Entre los grupos políticos que apoyaron la sublevación policial estuvieron, según el gobierno, Sociedad Patriótica que dirige el ex presidente Lucio Gutiérrez, el Movimiento Popular Democrático, un sector de Pachakutik, entre otros.(2)
Luego de que Rafael Correa concurriera al Regimiento Quito (el foco de la revuelta) se atentó contra su integridad física: se le vejó e intentó golpear su rodilla (se encontraba convaleciente de una operación), le lanzaron bombas lacrimógenas y gas pimienta, se le retuvo durante varias horas en el interior del hospital donde se había refugiado y al ser rescatado por cuerpos de elite del ejército y de la policía, se intentó asesinarlo disparándole al carro en el que salía. Hay varias evidencias como videos, fotografías, testimonios de periodistas, voces de policías que muestran el intento de magnicidio.(3)
No hubo la típica proclama golpista para tomarse el poder, como se estila tradicionalmente, pero dirigentes políticos de oposición se pronunciaron por la salida del Presidente y un grupo de asambleístas de derecha pidió la amnistía para los sublevados. La intentona golpista se habría articulado progresivamente sobre la marcha de ese 30 de septiembre.
Sobre las causas de la revuelta, el historiador Juan Paz y Minó, en su libro «Insubordinación o golpe», señala que la aprobación de la Ley Orgánica de Servidores Públicos (Losep) por la Asamblea Nacional que suprimió el antiguo sistema de condecoraciones y beneficios correspondientes, sería apenas la «gota que derramó el vaso».
Las otras motivaciones estuvieron relacionadas con investigaciones sobre violaciones de derechos humanos: el gobierno apoyó la creación de una Comisión de la Verdad que identificó a 459 agentes policiales y militares (varios de ellos en servicio activo) como presuntos responsables de violaciones de derechos humanos en el periodo 1984 – 2008. El gobierno cortó el vínculo que existía entre los servicios de inteligencia policial y militar ecuatorianos con Estados Unidos, país que los controlaba; dispuso la desaparición del Grupo de Apoyo Operacional, acusado de cometer torturas y desaparición forzada (integrantes de este organismo se encontraban presos en septiembre de 2010 y uno de sus integrantes presuntamente dirigió la revuelta). Pero además, el gobierno adoptó medidas para subordinar a la policía al poder civil, transferir la competencia del tránsito a los municipios, a la vez que impulsó un fuerte programa de inversiones para dotarles de cuarteles, viviendas, chalecos antibalas y armas, y para mejorar significativamente sus remuneraciones(4). Estos cambios trajeron malestar en la policía que, según Juan Paz y Miño, no fue bien procesado por el gobierno.
El resultado de la revuelta policial fueron cinco muertos en Quito (el estudiante Juan Pablo Bolaños, los policías Froilán Jiménez y Edwin Calderón, los soldados Jacinto Cortez y Jairo Panchi Ortiz ) y más de 250 heridos. Las Fuerzas Armadas informaron además que 7 oficiales y 35 elementos de tropa fueron heridos.
En la ciudad de Guayaquil, la noticia de que la policía no iba a salir a patrullar se regó como pólvora(5) y se produjeron saqueos y robos. Se calculan las pérdidas en cinco millones de dólares, pero lo más grave fueron los cinco muertos y 28 heridos que hubo en esa ciudad.
Las oposiciones presentan como víctimas a los victimarios y pasan por alto el rol jugado por la ciudadanía que pagó un alto precio por defender la democracia. Mientras nos encontrábamos ese 30 de septiembre cerca del hospital de la policía, Ángel Navarrete, de 55 años, nos contaba: a la gente le pegaban y le pateaban las mujeres policías, policías de civil y otros vestidos con pasamontañas; lanzaban piedras y bombas, yo fui soñado, me dejaron inconsciente, me patearon y todo el cuerpo estoy lastimado».
A Omar Mosquera, mientras se encontraba cerca del lugar donde estaba retenido el Presidente, un gendarme le disparó una bomba lacrimógena que le desfiguró el rostro, desde entonces recibe tratamiento médico y quirúrgico(6). A José Luis Caicedo le reconstruyeron su rostro porque fue impactado con una bomba lacrimógena(7). Jorge Cisneros aún lleva en su cuerpo 60 perdigones, dos muy cerca del corazón. Al discapacitado Julio Flores le pegaron en el suelo. Juan Pablo Bolaños, estudiante de Economía de la Universidad Central, recibió dos balazos en la cabeza cerca al hospital de la policía. Bolaños era simpatizante de Correa y murió cuando apenas tenía 24 años. Este crimen no ha sido esclarecido ni juzgado, al igual que el del Froilán Jiménez, el policía que sirvió de escudo humano cuando el presidente abandonaba el hospital, y los otros casos.
El 30S dejó decenas de víctimas que sufrieron el dolor de la muerte de sus familiares, maltratos, golpes y vejaciones, y que ahora se han organizado para reclamar justicia. Ellos señalan que estos hechos no pueden quedar en la impunidad, palabra que marca hasta ahora los sucesos posteriores al 30-S. Muchas pruebas se borraron, la gran prensa y los jueces declararon inocentes a algunos involucrados y si bien están abiertos 18 procesos judiciales que involucran policías, militares y civiles, la justicia ha avanzado poco en esclarecer y sancionar sobre todo a los responsables materiales e intelectuales.
La movilización ciudadana – sobre todo en Quito- fue fundamental para impedir que la situación caótica creada por los policías deviniera en una ruptura constitucional. Miles de personas rodearon el hospital de la policía en donde se encontraba retenido Rafael Correa y exigieron su liberación. Se enfrentaron desarmados a los policías que les respondieron con golpes, bombas, gases y bala. Luego de su liberación lo acompañaron al Palacio de Gobierno. El 15 de octubre del 2010, en Quito se congregaron miles de personas de las diversas provincias del país, manifestación que fue ignorada por la gran prensa privada.
En la línea de defender la democracia apuntó la inmediata reacción de los gobiernos latinoamericanos. No se podía tolerar la reedición de un golpe como el de Honduras. En pocas horas, 6 presidentes se dieron cita en Buenos Aires y aprobaron una declaración a nombre de la UNASUR en la que «condenan el intento de Golpe de Estado y el posterior secuestro del Presidente Rafael Correa», piden que se juzgue a los responsables y anuncian severas medidas en el caso de los quiebres del orden constitucional. Una condena menos contundente aprobó la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 30S marcó un antes y un después en el gobierno de Rafael Correa. La movilización ciudadana, la solidaridad internacional y el respaldo del alto mando militar al orden democrático impidieron la ruptura del hilo constitucional en Ecuador. Una nueva Honduras no pudo reeditarse en la región.
Notas:
(1) Mario Ramos, Alexei Páez, El magnicidio perfecto, Análisis de la crisis del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, http://alainet.org/active/4151
(2) Ver Entrevista con el historiador Juan Paz y Miño. http://alainet.org/active/4977
(3) De acuerdo a una grabación de audio difundida por la agencia pública de noticias ANDES se pueden escuchar intercambios a través de radios con mensajes explícitos como «mátenle al Presidente», «maten a Correa», «el man no sale hoy», mátenlos, boten bala, dispárenlen», embósquenlen, «no lo dejen salir a ese maldito» «ese man no sale si no firma», «maten a ese hp de Correa, «corten el fluido eléctrico».
(4) En el 2006 el sueldo básico de un policía era de 354 dólares, en el 2010, subió a 792 dólares, lo que representa un incremento del 123 por ciento.
(5) El Telégrafo, 15-09-2011, p. 2
(6) El Telégrafo, 25-09-2011, p. 2
(7) PP El Verdadero, 30-09.2011, p. 2
Documentos relacionados:
Entrevista con el historiador Juan Paz y Miño: «Un año del 30S: No es incompatible reconciliación con justicia» (Eduardo Tamayo G.) http://alainet.org/active/4977
Otros documentos sobre Ecuador: http://alainet.org/active/view
Fuente: http://alainet.org/active/49786