Lo que dejó en claro el golpe contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez en 11 de abril de 2002 fue que los insurrectos, civiles, religiosos, militares, venezolanos y extranjeros no contaban con la reacción de un pueblo desarmado que salió a las calles, desarmado, a exigir el retorno con vida del “comandante”, para asegurar el proceso de cambios y de la democracia participativa.
Venezuela se había convertido en los últimos meses en un laboratorio privilegiado de geopolítica, donde se practicó una serie de escenarios de desestabilización que, de tener éxito, bien podrían aplicarse en otras naciones latinoamericanas. El de Venezuela no era un caso atípico sino sintomático, donde estaba en juego el orden constitucional, la democracia y el nuevo estado de derecho, que ya no defendía, con la Constitución de 1999, los intereses económicos de las corporaciones y de las trasnacionales.
A mediados de abril de aquel 2002, si bien se evitó una guerra civil, cayeron muchas máscaras, tanto en el mundo civil, político, empresarial, sindical, como en el religioso y en el castrense. Ninguna institución salió indemne, casi todas resultaron con fracturas múltiples.
A cada 11 le llega su 13: al golpe del 11 el pueblo respondió con la movilización del 13, pese al apagón mediático, con radios y televisoras que pasaban música llanera y evitaban difundir lo que estaba pasando. En la madrugada del 14, Chávez llegó finalmente al Palacio de Miraflores, sin saber exactamente cuál era la situación: el pueblo lo seguía esperando en la templada noche caraqueña.
Días antes, el nuevo gurú neoliberal del Instituto Tecnológico de Massachussets afirmó en Caracas que era necesario que la oposición pensara que el país había vivido más de 20 años de malas políticas económicas y mala gerencia, aunque también deleitó a los empresarios presentes en su conferencia con frases pedantes como “Venezuela es una gasolinera al sur de Miami” y “lo que se ve es a los opositores como fieras peleándose por un mismo trozo de carne”.
Solía decir Teodoro Petkoff, quien fuera guerrillero, fundador del Movimiento al Socialismo y también ministro de Planificación del conservador Rafael Caldera, que Venezuela era un país tan sui generis, que la oposición rezaba para que bajaran los precios del petróleo.
Dos décadas atrás quisieron asesinar el sueño
Hace 20 años, relataba en el mensuario venezolano Question (Un golpe con olor a hamburguesa, jamón y petróleo) que un periodista español decía, tras el frustrado golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez: “¡Qué olor a hamburguesa, jabugo y petróleo!” Obviamente, el hombre sabía de qué hablaba: de la participación de funcionarios estadounidenses, españoles y salvadoreños en la asonada encabezada por el líder empresarial Pedro Carmona.
Ninguna de estas afirmaciones parecen hoy descabelladas, ya que los propios embajadores de Estados Unidos y España, Charles Shapiro (quien antes manejó el escritorio Cuba en el Departamento de Estado), y Manuel Viturro, se reunieron con el presidente de facto Pedro Carmona, después de que este disolviera la Asamblea y las principales instituciones.
De acuerdo con investigaciones privadas, una de las consecuencias del golpe era la desnacionalización del petróleo: privatización de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), para dejarlo en mano de una empresa estadounidense ligada al presidente George Bush y a la Repsol española; vender la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, a Gustavo Cisneros y sus socios del mismo país norteño, y fin de la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo.
Para ello había que desconocer la Constitución de 1999 y aprovecharse del conflicto en la empresa estatal, donde la alta gerencia jugó de acuerdo con las directivas enviadas desde el norte por su expresidente, Luis Giusti. Y para ello se contaba, asimismo, con la activa participación en el golpe y en el financiamiento del mismo, del empresario Isaac Pérez Recao, del cual Carmona era empleado en la petrolera Venoco.
Una alta fuente militar amplió a la agencia France Press lo que ya había publicado la prensa local: que Pérez Recao ordenaba a un pequeño grupo “extremista de derecha, que estaba fuertemente armado, incluso con fusiles lanzagranadas, […] bajo la conducción operacional del contralmirante Carlos Molina Tamayo”, uno de los oficiales que ya se había rebelado públicamente contra Chávez en febrero 2002 y que ya estaba a cargo de la Casa Militar de Carmona.
Este grupo “pertenecía a una empresa de seguridad, propiedad de ex agentes del Mossad” (servicios israelíes de seguridad, terrorismo y espionaje). Esta aseveración tampoco llamó la atención: el “Rambo” que custodiaba personalmente a Carmona era Marcelo Sarabia, vinculado con organismos y empresas de seguridad —alguna de ellas franquicia del Mossad—, que solía jactarse de pernoctar en el Bunker de la embajada estadounidense.
La agencia privada de inteligencia estadounidense Stratfor denunció que la CIA “tenía conocimiento de los planes [golpistas], e incluso pudo haber apoyado a los civiles y oficiales militares de extrema derecha que intentaron, sin éxito, apoderarse del gobierno interino”, tras citar a militantes del Opus Dei y a oficiales vinculados con el general retirado Rubén Pérez Pérez —yerno del expresidente Rafael Caldera— como participantes en el golpe.
Lo que sí quedó confirmado es que el avión en el que se quería sacar del país a Chávez desde la isla de La Orchila pertenecía al banquero de origen paraguayo Víctor Gil (TotalBank). ¿El destino? Según personal de la aeronave matriculada en Estados Unidos, el plan de vuelo era a Puerto Rico, territorio de Estados Unidos…
La intervención de los estadounidenses no solamente estuvo en los “consejos” de altos funcionarios en Washington, como Rogelio Pardo Maurer —a cargo de operaciones especiales y conflictos de baja intensidad en Latinoamérica en el Pentágono—, Otto Reich y/o John Maisto, sino que el teniente coronel James Rodger, adscrito a la agregaduría militar de la embajada de Estados Unidos en Caracas, secundó con su presencia la sublevación, instalado en el quinto piso de la Comandancia del Ejército, desde donde asesoró a los generales sublevados.
Reich, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado, afirmó que habló “dos o tres veces” durante el golpe con Gustavo Cisneros, compañero de pesca de altura del ex residente George Bush y máxima cabeza de un imperio empresarial que se extiende desde Estados Unidos a la Patagonia (DirectTV, Venevisión, Coca-Cola, Televisa).
Quizá llamara la atención el caso de dos salvadoreños detenidos tras los incidentes del 11 de abril y que, según fuentes de inteligencia local, formarían parte de un escuadrón de la muerte entrenado para realizar atentados en diversos países (antes en Cuba y Panamá, ahora en Venezuela).
En Venevisión se reunieron los complotados la tarde del golpe, entre ellos Carmona. “Ese gobierno fue armado en las oficinas de Gustavo Cisneros”, dijo el diputado opositor Pedro Pablo Alcántara de Acción Democrática.
Las repercusiones del frustrado golpe comenzaron en Washington y amenazan con convertirse en el primer escándalo público de la administración Bush en política exterior. Después de que el gobierno plutocrático de Carmona disolviera la Asamblea Nacional y desconociera la Constitución, tras comprobar el malestar producido entre los jefes de Estado del Grupo de Río reunido en Costa Rica, en buena parte del generalato y en la oposición civil a Chávez, se comenzó a hablar de una junta de gobierno pluralista, que respetara la vigencia del Congreso, gobernadores y alcaldes.
Aquel equipo audiovisual que dirigían los cineastas Kim Bartley y Donnacha O’Briain, que habían llegado al Palacio de Miraflores para documentar la caída del chavismo, terminaron dejando constancia para la posteridad la vergonzosa huida de los golpistas. En su huida del palacio de Miraflores, los golpistas dejaron un suntuoso almuerzo sin servir y varios documentos en el despacho presidencial. Uno de ellos, enviado por Luis Herrera Marcano a quien, sin duda, era el enlace de los golpistas con el gobierno estadounidense, el contralmirante Molina Tamayo (comunicación 913, extrañamente con el membrete de Embajada de Venezuela y no de la República Bolivariana de Venezuela). El mensaje comenzaba textualmente: “En la mañana de hoy se comunicó telefónicamente conmigo el señor Phillip Chicola, del Departamento de Estado, para pedirme que comunicara urgentemente al Gobierno Venezolano los siguientes puntos de vista del Gobierno de Estados Unidos”.
Señalaba que era necesario que la transición conservara las formas constitucionales. Chicola dejó muy claro que no se trataba de una imposición, sino de una exhortación a facilitarles a ellos dar formalmente el apoyo a las nuevas autoridades, y sugirió que el nuevo Gobierno dirigiera cuanto antes una comunicación a Washington en la cual se expresara formalmente el compromiso de llamar a elecciones en un plazo razonable, elecciones en que serían bienvenidos los observadores de la OEA. Indicó igualmente que era de gran importancia que se les hiciera llegar una copia de la renuncia firmada por el presidente Chávez y señaló su esperanza de que fuera prontamente susistuído el actual Representante Permanente de Venezuela ante la OEA. “Finalmente expresó el señor Chicola que este mismo mensaje sería transmitido por el Embajador de EEUU en Venezuela”, señalaba la comunicación de Molina Tamayo.
¿Injerencia? ¿Sugerencia?
El libreto ya había sido aprendido por los representantes en el Consejo Permanente de la OEA. Allí César Gaviria, el colombiano Secretario General había sugerido que como el gobierno de Chávez había sido depuesto, el embajador Jorge Valero no debía entrar a la reunión. El Salvador, Costa Rica Nicaragua y Colombia hacían esfuerzos para que se reconociera el gobierno de facto, mientras que México, Argentina y Brasil, con el apoyo unánime de los países caribeños, insistían en el estreno de la Carta Democrática. Uno de los apresurados a apoyar el gobierno de Carmona fue Santiago Cantón, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ese sábado 13 envió una comunicación dirigida al “excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, José Rodríguez Iturbe”.
Por el lado español la algarabía no la pudo disimular ni el canciller Josep Piqué ni los funcionarios de la embajada en Caracas. Algunos empresarios españoles que se llevan mejor con Chávez que con la embajada, afirmaban que hubo un pozo de poco más de medio millón de dólares para cofinanciar la huelga general y el golpe, con dinero de grandes consorcios como Repsol y bancos.
De todas formas, Viturro reunió a todo el personal español de alto rango, para dejar en claro cuál será la estrategia que seguirán de aquí en adelante: insistir por todos los medios en la necesidad de un referéndum o que Chávez llame a nuevas elecciones en el corto plazo. Exactamente la misma estrategia lanzada por Shapiro desde el bunker de Valle Arriba, al sudeste de Caracas, a los periodistas angloparlantes acreditados en el país.
20 años no es nada
“¿Quién lee diez siglos en la Historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas ¡y los mismos, los mismos poetas! ¡Qué pena, que sea así todo siempre, siempre de la misma manera!”, decía a mediados del siglo pasado el poeta español León Felipe.
Ahí estaban Estados Unidos y España en plena injerencia, programando desde lejos el golpe a Chávez, acusado de tocar a los intocables, dueños de los medios de comunicación y de casi todo, que con total libertad quisieron exterminar la libertad. La máquina comunicacional de la “democracia” convirtió a Chávez en un tirano, un autócrata delirante, un enemigo de la democracia, contra que se alzaba –decían- la ciudadanía, y al que defendían “las turbas”, que se reunían en “guaridas”. Pero el golpe mediático sólo logró promover un gobierno virtual, el de los “innombrables”.
El sueño de George Bush era anexar Venezuela a su país, como ya lo habían hecho sus antecesores con Texas. También en plena fiebre del oro, California fue adquirida por EEUU en 1848 tras la derrota militar de México. Y en plena crisis petrolera, Washington puso todas sus fichas para apropiarse de las mayores reservas de oro negro.
Ya no están Shapiro ni Viturro, pero la actitud de estadounidenses y españoles –como la de los europeos occidentales y cristianos- no ha variado mucho. Durante el gobierno de Nicolás Maduro Estados Unidos aplicó sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. Las sanciones económicas fueron ampliadas y endurecidas desde 2015, con el objetivo de crear una crisis social para justificar un cambio forzado de gobierno.
Golpes frustrados de Estado, la invención de un gobierno paralelo monitoreado y financiado por Washington al que se le transfirieron empresas y fondos confiscados –incluido el oro en el Banco de Inglaterra- intentos de invasión y magnicidio, violencia opositora financiada por Washington y alentada por España, inflación inducida, ataques a la moneda nacional y amenazas de intervención militar, se suceden hasta hoy. Pero Venezuela resiste.
La fantasmagórica voz de Carlos Gardel resuena en el Teatro Principal, en plena Plaza Bolívar de Caracas, donde actuó el 26 de abril de 1935 “20 años no es nada…”
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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