«La compañía para la cual trabajé se llamaba Charles T. Main, de Boston, Massachussets. Éramos alrededor de dos mil empleados y yo era el economista principal. Terminé teniendo cincuenta personas en mi equipo. Pero mi verdadero trabajo fue el de hacer tratos, dar préstamos a otros países, enormes préstamos, mucho mayores de la que ellos […]
«La compañía para la cual trabajé se llamaba Charles T. Main, de Boston, Massachussets. Éramos alrededor de dos mil empleados y yo era el economista principal. Terminé teniendo cincuenta personas en mi equipo. Pero mi verdadero trabajo fue el de hacer tratos, dar préstamos a otros países, enormes préstamos, mucho mayores de la que ellos podrían devolver.
Una de las condiciones de un préstamo, digamos de unos mil millones de dólares, a un país como Indonesia o Ecuador, era que este país tendría que dar 90 por ciento del préstamo a una empresa estadounidense para construir infraestructura, una Halliburton o Bechtel. Eran grandes. Esas empresas entonces entraron y construyeron un sistema de energía eléctrica o puertos o autopistas, y estos proyectos básicamente servían sólo a algunas de las familias más ricas de esos países.
La gente pobre de aquellos países quedaba clavada con esta asombrosa deuda que no podrían devolver. Un país como Ecuador hoy debe destinar más del 50 por ciento de su presupuesto nacional sólo para pagar la deuda. Y no puede hacerlo. Lo tenemos con el agua al cuello. Entonces, cuando queremos más petróleo, vamos a Ecuador y le decimos: «Mire, no puede pagar sus deudas, pues entregue sus bosques amazónicos, que están llenos de petróleo, a nuestras compañías petroleras».
Y hoy estamos entrando y destrozando la Amazonia, obligando a Ecuador a entregárnosla porque acumuló tanta deuda. Hacemos un préstamo enorme, la mayor parte del cual vuelve a Estados Unidos, el país queda con la duda más los intereses, y básicamente ellos se convierten en nuestros sirvientes, nuestros esclavos. Es el imperio. No hay que equivocarse. Es un inmenso imperio, y ha sido muy exitoso»
John Perkins, un sicario económico
– Los verdaderos alcances de la propuesta de Nicholas F. Brady
Con el cambio de gobierno en Estados Unidos en 1989, el problema de la deuda externa de los países subdesarrollados cobró actualidad. La situación económica de dichos países era cada vez más crítica. En Washington la preocupación norteamericana fue inocultable. Sobre todo a poco de que en Venezuela, en marzo del mismo año, se produjera una explosión de rechazo popular a las políticas de ajuste aplicadas por el flamante régimen socialdemócrata y que costaron la vida a cientos de personas por la represión. Además, en otros países de la región se avizoraban complicados procesos electorales, especialmente en Brasil, Panamá y Nicaragua.
En estas circunstancias, el gobierno norteamericano, a través de su secretario del Tesoro, Nicholas F. Brady, expuso, en un discurso en marzo de 1989, durante una reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial, realizada en Amsterdam, su plan para resolver el endeudamiento externo del mundo subdesarrollado. Este plan proponía la conversión de deuda vieja por deuda nueva contratada exclusivamente con la banca privada o comercial, respaldada por bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El programa proponía, además, la conversión de la deuda en capital, y la compra de títulos con descuento, con respaldo del FMI y el Banco Mundial.
La propuesta Brady, partiendo de un reconocimiento político del problema, se centró en lograr una reducción voluntaria de la deuda. La estrategia reconocía que el asunto no era de liquidez, sino de solvencia. Un reconocimiento muy importante a la época. Esto dio origen a mecanismos específicos para disminuir la deuda y su servicio de una manera más efectiva. Este plan, como no podía ser de otra manera, exigía el concurso del FMI y la instrumentación de programas de ajuste para poder solicitar apoyo a los gobiernos acreedores.
El Plan Brady fue rápidamente promocionado en la región mediante un anuncio de los organismos internacionales para apoyar y estimular operaciones de reducción de deuda, asignando recursos por un monto aproximado de 30 mil millones de dólares. Se introdujeron algunos cambios en la regulación bancaria de los países acreedores para eliminar obstáculos en los procesos de reducción de dicha deuda, y se firmaron, desde 1989, varios acuerdos entre los países deudores y sus «comités de gestión». El Ecuador lo hizo en 1994. El Plan proponía, en consecuencia con el Washington Consensus (WC), reformas económicas y jurídicas aperturistas y liberalizadoras.
El Plan, en sus inicios, suponía, también, el uso de las reservas monetarias internacionales para obtener títulos de la deuda o créditos con condiciones blandas. Sin embargo, esta pretensión fue tajantemente rechazada por los gobiernos deudores debido al peligro potencial que significaba el quedarse sin reservas internacionales.
En lo financiero, se sugirieron varias vías específicas para la reducción de la deuda y su servicio. Los países deudores podían comprar Bonos del Tesoro de Estados Unidos cupón cero, descontables a determinado tiempo y con una tasa de interés preferencial. Estos bonos servirían de garantía de pago del capital de los Bonos Brady.
Aquí cabe resaltar un punto fundamental. La propuesta de estas fórmulas de financiamiento implicaba el reconocimiento de que los métodos ortodoxos de renegociación no habían surtido efecto. El asunto, entonces, requería respuestas de tipo político. Se caminaba a una condonación de al menos parte de la deuda. En lo jurídico, se propuso atenuar ciertos preceptos para fomentar la reducción de la deuda. De esta manera se esperaba alentar la participación de los bancos privados en las operaciones de disminución de la deuda.
– Una solución más en beneficio de los prestamistas
Los gobernantes ecuatorianos, que inauguraron un nuevo período constitucional en 1992, se presentaron como «los negociadores más duros del mundo». Suspendieron el costoso (e inútil) pago simbólico que realizaba el gobierno del doctor Rodrigo Borja Cevallos, quien no pudo llegar a algún acuerdo con los acreedores. Y simultáneamente ofrecieron a la banca una renovada propuesta de solución al tema de la deuda.
Que quede claro, la suspensión de dicho pago simbólico sólo apuntó a estructurar una estrategia ajustada a los interese de la banca internacional, contando con el paraguas del Plan Brady. Se quería atender las demandas de los acreedores internacionales, que buscaban tanto mercado como sea conveniente y tanto Estado como les sea necesario. Ya lo habían dicho los banqueros durante las renegociaciones con Argentina en 1985: «nosotros, los banqueros extranjeros, somos partidarios del sistema de libre mercado cuando salimos a obtener dinero, y somos partidarios del Estado cuando lo perdemos (…). En última instancia, esto de las renegociaciones se decidirá por la fuerza».1 Y la fuerza del WC se impuso.
No de otra manera se explica la firma atropellada del «Convenio de Garantía de Derechos» (Tolling Agreement), el 9 de diciembre de 1992 en la ciudad de Nueva York. Realmente no fue un convenio en estricto sentido de la palabra. El Ecuador, unilateralmente, aceptó poner en vigencia una deuda a punto de prescribir. La legislación del Estado de Nueva York, que se aplicaba para un importante número de créditos contratados por el Ecuador, incluye una ley denominada «Statue of Limitations», en virtud de la cual las obligaciones de deudas vencidas y no pagadas por un lapso de seis años prescriben. Es cierto que los acreedores no habrían visto inactivos que esta prescripción se cristalice. De alguna manera habrían reaccionado. Lo cuestionable fue que el gobierno de Durán Ballén aprovechó de esta oportunidad, incluso de confrontación, para renegociar en mejores términos la deuda ecuatoriana.
Con estos antecedentes, el día 2 de mayo de 1994, a pocas horas de la aparatosa derrota de los partidos del gobierno en las elecciones de medio tiempo, y luego de que el régimen ya había pagado 5 millones de dólares de intereses atrasados como «muestra de seriedad», el gobierno anunció la entrada en el Plan Brady. El propio presidente Durán Ballén expresó que
«es muy grato y satisfactorio anunciaros esta noche que luego de un complejo proceso de negociaciones, mi gobierno ha alcanzado un acuerdo con la banca comercial internacional que nos permite finalmente reestructurar la deuda externa ecuatoriana».
Una vez más, esta noticia fue presentada con un ostentoso optimismo. En ese espíritu, el presidente Durán Ballén, un personaje que ha intervenido más de medio siglo en la política nacional, afirmó solemnemente que
«hemos solucionado un problema que afectaba a todos, absolutamente a todos, pues impedía un auténtico desarrollo social y económico a pesar del extraordinario potencial que poseemos. (…) al entregaros estas importantes noticias, os ratifico que continuaré trabajando por el bienestar del país, (pues) ese es un compromiso con vosotros».
Para el año de 1993, la deuda externa bancaria ecuatoriana, que estaba en situación de moratoria, ascendía a un total aproximado de 7.580 millones de dólares, de los cuales 4.472 millones correspondían a capital, 2.283 millones a intereses atrasados y 825 millones a intereses de mora acumulados. Bajo estas premisas, y dada la necesidad de los bancos internacionales de recuperar su «deficiente» cartera, en octubre de 1994 se suscribió el convenio del Plan Brady, y el 28 de febrero de 1995 se estableció el plan financiero con la banca internacional. El acuerdo con la banca internacional suponía renegociar tanto el capital como los intereses de una deuda impagable. De esta manera, la banca internacional mejoraba su cartera y disminuía el riesgo de su portafolio.
Todos estos esfuerzos con el único objetivo que servir la deuda y asegurar el reingreso del Ecuador al mercado financiero internacional. Así se satisfacían las apetencias de la banca internacional, de las empresas transnacionales, de los organismos multilaterales de crédito y, por cierto, de los grupos más poderosos del país, entre los que habría, con seguridad, importantes acreedores de la deuda externa ecuatoriana. Todo esto era posible gracias a que, de acuerdo a los gobernantes de la época, la culpa del sobreendeudamiento y sus consecuencias eran de los mismos ecuatorianos. El presidente Sixto Durán Ballén lo dijo sin rodeos: «endeudarnos fue nuestra culpa», al tiempo de negar que el servicio de la deuda atente contra la soberanía nacional. 2 Afirmación que complementó con su firme decisión por honrar los compromisos adquiridos -sin considerara siquiera aquellos que iban en contra de la ley y del interés nacionales-, cuando aseguró que
«la deuda externa con organismos internacionales tiene que pagarse en su integridad, al igual que la contratada con los gobiernos, porque caso contrario el país no será sujeto de crédito». 3
La sumisión de nuestros gobernantes, alentada por las presiones y chantajes de los acreedores y sus organismos multilaterales de crédito, ayuda a entender tanto entreguismo en las renegociaciones de deuda externa. Y explican también la imposibilidad de exigir a los acreedores su parte de corresponsabilidad en estos procesos de endeudamiento externo.
– La renuncia unilateral a la prescripción de la deuda
Antes de revisar algunos puntos sobresalientes del Plan Brady conviene considerar los alcances de la renuncia unilateral a la prescripción de la deuda. La Comisión de Auditoría de la Deuda, creada por el presidente Rafael Correa, durante su trabajo de investigación, analizó detenidamente los alcances del documento denominado «Tolling Agreement» o «Convenio de Garantía de Derechos».
Allí el gobierno de Durán Ballén renunció a la prescripción de la deuda externa comercial. Este documento fue suscrito unilateralmente en Nueva York, el 9 de diciembre de 1992, por altos representantes del gobierno ecuatoriano: Mario Ribadeneira, ministro de Finanzas y Crédito Público, y Ana Lucia Armijos, gerente general del Banco Central del Ecuador. Además, suscribió dicho documento Miriam Mantilla, consulesa ecuatoriana en Nueva York, en representación de varias entidades del sector público, aunque sin su autorización; cabe anotarse que su nombramiento se formalizó varios días más tarde.
De acuerdo a la información proporcionada por dicha Comisión, el Decreto Ejecutivo No 333, firmado por el presidente de la República Sixto Durán Ballén y por el ministro de Finanzas y Crédito Público encargado Sebastián Pérez Arteta, fue publicado en el país el 9 de diciembre de 1992; el mismo día de la suscripción del Convenio. Allí no se autorizó a suscribir el documento en Nueva York y tampoco que se acogiera a sus leyes. Solo se autorizó la firma del «Tolling Agreement» con la banca privada extranjera, la que, como hemos dejado anotado, no lo suscribió.
Con esta acción, casi todos los convenios de deuda externa comercial se sometieron a la ley de Nueva York. Algunos de los contratos originales estaban también bajo las leyes de Londres. Los objetivos del «Tolling Agreement» eran renunciar a los derechos de prescripción de la deuda comercial, a los derechos de emprender cualquier acción en cualquier tribunal contra el Convenio, a solicitar cualquier inmunidad que pudiera ser obtenida por las leyes de los Estados Unidos y de Inglaterra, o por la justicia ecuatoriana. Simultáneamente se garantizaban los derechos de la banca privada internacional de emprender cualquier acción en cualquier tribunal contra Ecuador.
Dicha Comisión concluye con claridad que el «Tolling Agreement» fue suscrito de forma «irregular y sospechosa» por parte de los representantes del gobierno ecuatoriano. Además demuestra que éste sería en acto nulo. La lista de irregularidades, de violaciones, de concesiones a los acreedores y de prejuiciosos dolosos al Estado ecuatoriano es larga y muy comprometedora. El «Tolling Agreement», al decir de los miembros de dichas Comisión, constituye en instrumento ilegítimo e ilícito, lesivo al Estado ecuatoriano; un instrumento que generó enriquecimiento injustificado a los acreedores perjudicando al país.
La Comisión considera también que
«es evidente la defensa, por parte de las autoridades ecuatorianas, de los intereses de la banca privada acreedora, debiéndose recalcar especialmente el hecho de que la Opinión Legal del procurador general de la República del Ecuador es idéntica a la Opinión de los abogados de la banca privada internacional, constituyéndose así el Convenio en un verdadero tratado de garantía de derechos de la banca privada internacional.
«Si bien la banca privada internacional participó directamente en la preparación del acto de renuncia a la prescripción de la deuda externa comercial ecuatoriana, no suscribió el «Tolling Agreement», posiblemente porque estaba consciente de sus tremendas ilegalidades, en especial por tratarse de la renuncia a un derecho indisponible.»
La nulidad del «Tooolling Agreement», sin lugar a dudas, podría abrir la puerta para conseguir la anulación de todo lo actuado a raíz de su suscripción: Bonos Brady y Bonos Global. Y por cierto, es de esperar que el Ministerio Público inicie los correspondientes procesos administrativos, civiles y penales en contra de quienes ocasionaron este «grave daño perpetrado al Estado ecuatoriano».
Sin analizar en detalle el tema, cabe anotar que la nulidad de la deuda externa ecuatoriana podría encontrar la punta del ovillo en los créditos contratados por la dictadura militar en los años setenta. Todos estos manejos de deuda externa, como el analizado en estas líneas, tienen un origen casi común en dicha deuda considerada como «deuda odiosa» por la jurisprudencia que define la ilegitimidad de las deudas, y que, a partir de la doctrina del delito de ejecución continuada, puede ser el punto de partida para ventilar y juzgar la deuda externa ecuatoriana. En esta línea de reflexión cabría incorporar la deuda externa «sucretizada», que tienen un origen corrupto, tanto como las negociaciones de los Bonos Brady y Bonos Global, incluyendo la suscripción del «Tolling Agrement», entre otros puntos destacados por la Comisión de Auditoria.
El origen y la evolución de la deuda comercial, según dicha Comisión, se grafica con claridad en el siguiente cuadro. Allí se observa que la deuda en Bonos Global empieza en la de Bonos Brady, la que se inicia con la deuda de los años 1980, incrementada por las alzas desmedidas de las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos desde fines de la década de los setenta. Y estas deudas encuentran su origen el endeudamiento de la dictadura.
- Algunos detalles del cuento de los Bonos Brady
La antesala de la negociación de los Bonos Brady fueron las anteriores renegociaciones de la deuda externa -ERA-83, ERA-84, MYRA-, que no aportaron beneficio alguno al país. Apenas sirvieron para postergar el problema a través de varios refinanciamientos, transformando, además, las deudas de los «Contratos Originales» de entidades públicas y del gobierno, e incluso las deudas socializadas del sector privado, en deudas del Banco Central.
La deuda externa comercial para ser renegociada a través de la emisión de Bonos Brady era de 4.521 millones de dólares de capital y 2.549 millones de intereses vencidos, con un total de 7.070 millones. Esa deuda tenía un valor de 25% en el mercado secundario. El monto transformado en Bonos Brady de capital (Par y Discount) fue 3.347 millones. Esto significa que la reducción del monto transformado en Bonos Brady fue de apenas 1.174 millones, sin que se registre reducción alguna en la parte de los intereses, que se transformaron en Bonos Brady PDI (Deuda por diferencia en el pago de intereses) y Bonos IE (Interest Equalization), que también generaban intereses. Esto configura el anatocismo (capitalización de intereses), que era y es ilegal conforme al Código Civil ecuatoriano y que es penado por igual en muchas otras legislaciones en el mundo.
La emisión de los Bonos Brady fue respaldada por los propios acreedores, que ofrecieron sus servicios para coordinar conjuntamente con el Banco Central del Ecuador un paquete financiero para Ecuador. Y esta operación estuvo apadrinada por el FMI y el Banco Mundial. Grandes bancos transnacionales intervinieron activamente en el este proceso de renegociación de deuda. El Lloyds Bank fue el banco agente de casi todos los convenios de la década de 1980 y del fideicomiso de los Bonos Brady. El banco agente de la emisión de los Bonos Brady fue el Chase Manhattan Bank. El Citibank fue el agente del Convenio de Consolidación y en el 2000 fue el banco agente de la conversión de los Bonos Brady a Bonos Global.
Con estos Bonos lo que se consiguió, en gran medida, como un beneficio adicional para los tenedores de papeles de la deuda externa de los países endeudados, es despersonalizar a los acreedores de la deuda. Esta fue otra ventaja que obtuvieron los acreedores, sobre todo aquellos provenientes de los propios países endeudados. Aquí cabría anotar que Ecuador fue un suscriptor tardío de este Plan y que su aplicación representa una copia casi exacta de lo que se hizo en Argentina en el año 1992.
Para el caso del Ecuador4, los acreedores podían escoger entre dos tipos de bonos:
– Bonos de Descuento: Estos bonos tenían una tasa de interés LIBOR a 6 meses, más 13/16 por año. Su plazo era de 30 años y su pago era al vencimiento. El principal estaba garantizado en su totalidad por Bonos Cupón Cero del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, que debía ser entregado en la fecha de su vencimiento. El colateral de los intereses estaba compuesto por inversiones autorizadas con una cobertura de 12 meses. Estos bonos se caracterizan por la incertidumbre en la tasa de interés, ya que dependían de la tasa LIBOR. El Bono de Descuento ecuatoriano se intercambió en los años 1995-96-97 con un descuento promedio del 45 por ciento. Sin embargo, para 1998 el promedio de descuento fue del 53 por ciento.
Los Bonos Cupón Cero del Tesoro de los EEUU fueron adquiridos con deuda contratada por el gobierno ecuatoriano con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Eximbank del Japón. Así, con recursos provenientes de créditos declarados para proyectos de desarrollo se financió esta operación financiera: otra muestra de las acciones colusorias de los organismos multilaterales de crédito con los acreedores privados internacionales, beneficiarios de estos Bonos Cupón Cero, y de la complicidad de los negociadores ecuatorianos.
– Bonos a la Par: Estos no tienen descuento y su plazo es de 30 años, con un solo pago al vencimiento. La diferencia con el otro bono radica en su tasa de interés. Al igual que en los Bonos de Descuento, el principal estaba garantizado en su totalidad por Bonos Cupón cero a 30 años del Tesoro de los Estados Unidos. El colateral tenía una cobertura de 12 meses en una cantidad que a cada fecha de pago habría sido suficiente para cubrir los intereses de los 12 meses siguientes. Si en la fecha determinada para el pago de los intereses, el colateral depositado no habría alcanzado a cubrir los intereses adeudados de los siguientes 12 meses, el Bono a la Par habría devengado un interés adicional del 1 por ciento, que se habría sumado a la tasa aplicada. La ventaja de este instrumento era que ofrecía un horizonte estable al servicio de la deuda al mantener tasas de interés fijas.5
Adicionalmente se llegó a un acuerdo en relación con diferencias en el pago de intereses vencidos. Cuando se suscribió el convenio de consolidación, el país emitió Bonos PDI, a cambio de una cantidad igual de intereses vencidos. Estos bonos tenían una duración de 10 años, con un período de amortización de 20 pagos en cuotas semestrales con una tasa de interés LIBOR a 6 meses más 13/16 por año.
Igualmente se estableció un acuerdo general sobre intereses. El interés elegible fue intercambiado en la fecha de cierre por Bonos PDI con un coeficiente de intercambio a la par, un período de gracia de 10 años, un plazo de 20 años, y un pago de 21 cuotas semestrales. Esta opción permitía obtener un alivio relativo en el flujo de caja durante los primeros 6 años del acuerdo. Sin embargo, posteriormente, el servicio de la deuda habría continuado creciendo en los años siguientes.
Aquí cabe recordar que la deuda externa privada, «sucretizada» en el gobierno del demócrata cristiano Oswaldo Hurtado Larrea, y que se había transformado en deuda pública, se renovó también en Bonos Brady. Los intereses que se derivaron de la incautación arbitraria de 80 millones de dólares por parte del Citibank, en mayo de 1989, también se convirtieron en Bonos Brady con esta operación financiera.
Cualquier esfuerzo era justificable para el gobierno de Durán Ballén. Ana Lucia Armijos, gerente general del banco Central del Ecuador, en un programa organizado por la Unión Nacional de Periodistas, declaró que
«primero es la deuda externa, después lo social. (…) si se sigue aplazando su pago, la deuda crecerá, estrangulando toda posibilidad de desarrollo y sin desarrollo es imposible el pago de la deuda social». 6
Esgrimiendo este pretexto, elevado a la categoría de verdad indiscutible, lo que se ha hecho, una y otra vez, es priorizar el servicio de la deuda postergando el desarrollo mismo. Así, la moratoria de la época del socialcristiano León Febres Cordero se produjo luego de estrangular a la economía ecuatoriana con el servicio de la deuda externa. Y ésta moratoria abrió la puerta a los Bonos Brady, los que, luego de una nueva moratoria en el gobierno del demócrata cristiano Jamil Mahuad Witt, sirvieron de antesala para los Bonos Global
Un análisis jurídico del Plan, tal como lo realizó la Comisión de Auditoría, permite establecer, por lo demás, que los términos de este arreglo de deuda,
«no solo resultaron actos lesivos a la dignidad de la Nación, sino que constituyen el más claro ejemplo de (…) violaciones legales y constitucionales (…), además de ser una clara evidencia de que el Estado no hizo otra cosa que contraer obligaciones, renunciando a todos sus derechos como entidad soberana. A cambio de ese sometimiento los acreedores fueron relevados de cualquier obligación contractual y hasta se los eximió de la mala conducta en la que podían incurrir.»
El país, adicionalmente, compró, ese 28 de febrero de 1995, garantías colaterales por 604 millones. Este monto correspondía al valor de adquisición de Bonos Cupón Cero del Tesoro Norteamericano, cuyo valor nominal a los 30 años alcanzarían los US$ 3.347,6 millones. De acuerdo a cálculos de la Comisión, esta cantidad, a precio de mercado de la deuda comercial, de casi 25% de su valor nominal, sería equivalente a un pago a la vista del 53% del principal de la deuda comercial. Si se considera el monto principal resultante del canje (3.348 millones), los 604 millones -destinados a la compra de colaterales- correspondían a un pago a la vista del 72% del principal de la deuda comercial a su valor de mercado.
El Plan Brady fue el mayor contrato de endeudamiento global celebrado por el Estado hasta 1995, puesto que el monto de Bonos emitidos fue de 5.953 millones de dólares.
Si bien el plan dio un respiro momentáneo al Estado, la situación, en general, empeoró. En realidad el país tuvo que asumir un servicio de la deuda que resultó insoportable. La deuda externa pública aumentó a 12.672 millones de dólares en 1998. Esta tendencia al alza desde la firma del acuerdo, vino acompañada con una serie de sucesos tanto internos como externos, que aceleraron la nueva moratoria (default). El país sufrió un descalabro de múltiples dimensiones, motivado por la corrupción en las esferas más altas del gobierno, el azote del fenómeno climático del Niño, una guerra con el vecino del sur y la crisis financiera internacional, que provocaron una de las peores crisis de la historia del Ecuador. Esta situación se agravó por el propio manejo económico de inspiración neoliberal.
Por otro lado, si bien la deuda pública se redujo en esos años, la deuda privada experimentó un aumento de 832 en 1994 a 1.555 millones de dólares en 1995, es decir creció un 90 por ciento, en un año. Desde entonces el aumento fue constante, hasta situarse en el año de 1998 en los 2.344 millones de dólares. Esta tendencia creciente de la deuda privada respondió a la disminución de las tasas de interés internacionales, las cuales han abaratado el costo de los recursos externos cuando dentro del país, para sostener en niveles controlables la paridad cambiaria, se elevaron sustantivamente las tasas de interés domésticas.
Es importante destacar que para que el servicio del Plan Brady, no se haya convertido en una carga para el Estado, tal como se estableció en dicho Plan, la economía debió tener una tasa mínima de crecimiento anual de entre el 5 y el 6 por ciento. Nada de eso se alcanzó. El crecimiento a duras penas llegó al 2 por ciento hasta 1998, para luego caer aparatosamente en 1999. Como resultado, el servicio de la deuda en el Presupuesto General del Estado aumentó su participación. Esta representó durante los primeros años de los años noventa, un promedio del 20 por ciento, mientras que desde 1995, se duplicó a niveles que fluctuaron entre 40 y el 45 por ciento, llegando incluso a superar el 50 por ciento. Asimismo, la deuda por habitante, la cual para 1990 fue de 1.260 dólares, para 1998 alcanzó los 1350 dólares. Dato que comparado con países como Colombia (854 dólares por habitante), Perú (1.143), y Bolivia (572), nos indican que el Ecuador tenía, entonces, uno de los países con más alto índice de endeudamiento per cápita.
A la postre, el Plan Brady fue la solución para los acreedores de la deuda ecuatoriana, particularmente la banca comercial, mientras que para el país tan solo significó el cambio de dueño de una porción de una deuda vieja por una deuda nueva. La deuda Brady fue una deuda con condiciones más duras y más difícil renegociar que la anterior. Por lo tanto, el problema de la deuda externa del Ecuador no fue resuelto, tal como lo ofreció Nicholas F. Brady. La demostración más categórica del fracaso del Plan Brady fue la moratoria a la que se vio obligado el gobierno de Mahuad, en agosto de 1999. Moratoria que abriría la puerta a los Bonos Global.-