Open Society Foundations, del reconocido especulador financiero internacional, húngaro-estadounidense, George Soros, quien se hizo famoso por provocar la quiebra del Banco de Inglaterra en septiembre de 1992, y la ultraconservadora e impulsora del credo neoliberal Fundación Tinker con sede en Nueva York, cuya directora ejecutiva Susan Segal tiene estrechos vínculos con el cuestionado expresidente colombiano […]
Open Society Foundations, del reconocido especulador financiero internacional, húngaro-estadounidense, George Soros, quien se hizo famoso por provocar la quiebra del Banco de Inglaterra en septiembre de 1992, y la ultraconservadora e impulsora del credo neoliberal Fundación Tinker con sede en Nueva York, cuya directora ejecutiva Susan Segal tiene estrechos vínculos con el cuestionado expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el ultraderechista exmandatario mexicano Felipe Calderón, y sectores neopinochetistas de Chile, fueron las instituciones que financiaron el discutido informe «Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana» que estuvo bajo la dirección del abogado peruano Luis Pásara.
Tanto el gobierno de Rafael Correa como el presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, Gustavo Jalkh, han descalificado dicho informe, al que le han dado visos de académico por los centros de investigación contratados para su elaboración, porque consideran con suficientes indicios probatorios, que detrás del citado «estudio» está probablemente la «mano sucia» de Cheverón, compañía petrolera estadounidense que generó una catástrofe ecológica de incalculables proporciones en la Amazonia de este país andino.
Como es de conocimiento general, Chevron viene desarrollando una sistemática campaña para deslegitimar el Estado y la justicia ecuatoriana con el objetivo de poder sustentar su desconocimiento de un fallo que la condena a pagar una multimillonaria indemnización a las comunidades amazónicas afectadas por semejante ecocidio. Para ello esta transnacional petrolera ha contratado abogados, investigadores, economistas, publicistas, entre otros, para que armen toda una estrategia ofensiva contra el Ecuador en una costosa operación de actividades mercenarias.
Es coincidente que en medio de la operación de desprestigio del Estado ecuatoriano por parte de esta influyente petrolera corrupta y corruptora a nivel mundial, se haya presentado hace pocas semanas con un despliegue mediático tanto en América Latina como en España por parte de la «gran prensa» el citado «informe» del abogado Pásara, quien como lo demostró la Agencia de Noticias Andes ha estado vinculado con el ultraconservador Centro Wilson de Washington que, coincidencialmente también, recibe subvención económica de Chevron.
El «informe» del peruano Pásara apunta precisamente al mismo objetivo que busca Chevron: deslegitimar al Estado ecuatoriano, señalando que el poder judicial está cooptado por el gobierno de Correa y en consecuencia en este país andino no hay independencia de poderes. Por esta razón, el presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Gustavo Jalkh no solo invitó a Pásara, director de la «investigación» a un debate público para que sustentara sus argumentos sino que lo exhortó además a que dijera de dónde provenía la financiación del mencionado estudio. El abogado peruano hizo mutis por el foro y rehusó al debate.
Desde un principio se sabía que el informe elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) junto al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, fue financiado como se señala al final de la presentación del dicho documento por la fundación de Soros y por la ultraconservadora Tinker.
«Extendemos finalmente el agradecimiento a Open Society Foundations y la Fundación Tinker, sin cuyo apoyo no sería posible esta publicación», se expresa al final de la presentación del informe que suscriben Katya Salazar en representación de DPLF; César Rodríguez G., por Dejusticia de Colombia; y Ernesto de la Jara por IDL de Perú.
MÚLTIPLES INTERROGANTES
Con los anteriores antecedentes surgen una serie de interrogantes:
¿Por qué la fundación del reconocido especulador financiero George Soros financia el «informe» para desprestigiar el poder judicial del Ecuador?
¿Por qué una fundación de tinte ultraconservador como Tinker con nexos en América Latina con sectores pinochetistas de Chile y gobiernos cuestionados de ultraderecha como los de Uribe Vélez en Colombia y Felipe Calderón en México, tiene profundo interés en promover la elaboración de dicho estudio?
¿Es dable pensar que observando la trayectoria de Open Society Foundations de Soros y los vínculos de los directivos de Tinker, cuya presidenta Renata Rennie es miembro del consejo directivo del Centro Wilson, al cual pertenece coincidencialmente el abogado Pásara, al financiar este tipo de «investigaciones académicas» están fomentando la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas, en los países de América Latina?
¿Por qué el interés de desarrollar una «investigación» con perfiles académicos sobre la justicia de un país pequeño en el concierto latinoamericano como Ecuador?
Sorprende el afán por la defensa democrática de estas «caritativas» fundaciones en países con gobiernos progresistas de Latinoamérica cuando es conocido de sobra que el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones no gubernamentales, generalmente financiadas con recursos ya sea del Estado norteamericano o de las grandes corporaciones u organizaciones que realizan cabildeo en el Congreso norteamericano para beneficio privado, «no dan un almuerzo gratis».
TINKER Y SUS VÍNCULOS CON JP MORGAN, ROCKEFELLER, URIBE VÉLEZ, FELIPE CALDERÓN Y EL PINOCHETISMO
Los miembros del consejo directivo de la Fundación Tinker con sede en Nueva York tienen la particularidad de estar íntimamente vinculados con organismos influyentes de la política exterior de Washington; con magantes estadounidenses, caracterizados por la especulación y operaciones petroleras non sanctas en el mundo; con instituciones financieras que se destacan por su actividad especulativa; y con gobiernos de ultraderecha en América Latina como los que presidieron los cuestionados mandatarios de ultraderecha Álvaro Uribe Vélez en Colombia; y Felipe Calderón de México.
En efecto, la presidenta de la Fundación Tinker, Renata Rennie, es miembro de la junta directiva del conservador Centro Wilson con sede en Washington, así como también integrante del Centro Rokefeller de Estudios Latinoamericanos; del neoliberal centro de pensamiento estadounidense Dialogo Latinoamericano; y para completar, del influyente Council Foreign Relations, la organización norteamericana más poderosa en política internacional, auspiciada nada menos que por el cuestionado Grupo Bilderberg (denominado el gobierno del mundo) y la Comisión Trilateral (compuesta por los gurús del neoliberalismo de Estados Unidos, Europa y Japón, fundada en 1973 nada menos que por el magante petrolero David Rockefeller).
Rennie desde Tinker impulsa a través de una misión con ropaje de «ecologista» y «conservacionista» la exploración de la Atlántida para ver si se consiguen recursos minero-energéticos (léase petróleo).
A su turno, la directora ejecutiva de la Fundación Tinker, es Susan Segal, vinculada ni más ni menos con el cuestionado emporio financiero JP Morgan, en donde se desempeñó como directora del área para América Latina, posición desde la cual impulsó los intereses corporativos de las transnacionales norteamericanas y los tratados de libre comercio de Estados Unidos con los países del hemisferio. Además, es directiva de Scotiabank, Mercado Libre, y el Latin American Venture Capital Association, e integrante del Council Foreign Relations.
Gracias a su rol de impulsora de los intereses corporativos estadounidenses estrechó vínculos institucionales en Colombia con el gobierno del cuestionado mandatario Álvaro Uribe Vélez y con el mandatario mexicano de ingrata recordación Felipe Calderón Hinojosa. En 2009 el propio Uribe Vélez la condecoró con la Orden de San Carlos por servicios prestados al Estado colombiano y Calderón le otorgó la Orden Azteca. En 2013, los sectores neopinochestistas nucleados en la Cámara de Comercio Norteamericana-Chilena la distinguieron con el título honorífico de «chilena de honor del año».
Cabe anotar además que Tinker recibe subvención económica del especulador George Soros a través de Open Society Foundations.
PÁSARA Y SUS VINCULACIONES CON TINKER Y EL CENTRO WILSON
A su turno el abogado peruano Luis Pásara, quien dirigió el informe «Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana», es financiado además de Tinker y Soros, por el Centro Wilson que, coincidencialmente, recibe subvención económica de Chevron del orden de los 50 mil dólares.
De acuerdo con la Agencia de Noticias Andes de Ecuador, «Pásara, quien presentó un informe negativo contra el sistema judicial del Ecuador, está relacionado con la transnacional Chevron – Texaco y recibe salario del Centro Wilson cuyos fondos provienen de la petrolera estadounidense, lo que implica un serio conflicto de intereses, reveló un análisis del investigador colombiano Ricardo Restrepo».
«El documento de Pásara, que analiza 12 casos judiciales, concluye, entre otras cosas, que el Consejo de la Judicatura presuntamente sanciona a los jueces por presiones del gobierno, algo que fue enérgicamente rechazado por las autoridades judiciales de Ecuador. Esta supuesta falta de independencia judicial planteada por Pásara es precisamente el principal argumento de Chevron para evitar pagar 9.5 mil millones de dólares por contaminación en Ecuador».
El Ecuador entró en un profundo proceso de reforma judicial gracias al referendum aprobado por los ciudadanos en mayo del 2011. Un Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) fue el ente encargado de llevar adelante la transformación del sistema de Justicia, para lo cual delineó un plan de trabajo basado en seis ejes: talento humano, infraestructura civil, tecnológica, gestión financiera equitativa, modelo de gestión y cooperación interinstitucional. Entre los logros alcanzados hasta la fecha están la reducción de caducidad en la prisión preventiva, mayor efectividad en el juzgamiento de asesinatos y homicidios. El aumento de jueces, la reducción en tasa de audiencias fallidas, entre otros».
Con todos estos antecedentes, cabría preguntarse ¿si detrás del «informe académico» que dirigió Pásara no estará la infame mano negra de la petrolera corrupta y corruptora?
Fuente: http://www.cronicon.net/