En los últimos años, el panorama político ecuatoriano ha sido testigo de una transformación significativa, caracterizada por el surgimiento de ideas que defienden una reducción del rol estatal. Los fallidos mandatos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso han liderado activamente una desarticulación tangible en el tejido gubernamental, cuya consecuencia se refleja de manera preocupante en el actual deterioro de la cohesión social, los niveles de pobreza, la falta de empleo y los altos índices de inseguridad.
A lo largo de los años recientes, las fuerzas políticas que han gobernado Ecuador han promovido con fuerza la idea de que la reducción del Estado es esencial para liberar el potencial económico y “empoderar a los individuos”, con un enfoque en la minimización de la intervención gubernamental en los asuntos económicos y sociales. Las problemáticas actuales muestran una disminución real y significativa de los recursos y capacidades del gobierno en diversas áreas. El desmantelamiento gradual pero palpable del aparato estatal se pone en evidencia. Programas y políticas que antes eran parte integral del sistema han sido recortados o eliminados por completo, lo que ha tenido un impacto directo en la provisión de servicios públicos esenciales y en la capacidad de respuesta del Estado a las necesidades de la sociedad, sobre todo en materia de seguridad.
La contradicción entre el discurso político sobre la mínima intervención oficial y la realidad de las consecuencias de este desvarío, plantea preguntas fundamentales sobre la verdadera intención detrás de la promoción de la reducción del Estado. ¿Se trata de un enfoque ideológico genuino o más bien una excusa para recortar la inversión en áreas críticas mientras se favorece a ciertos intereses privados? La reducción del Estado ha conllevado consecuencias adversas, incluida la exacerbación de las desigualdades, la disminución de la calidad de vida de los ciudadanos, y una ola de inseguridad que se le ha escapado de las manos al gobierno de turno, y por la que algunos expertos aseguran que estamos en camino de ser (si acaso no lo somos ya) un Estado fallido.
A nivel de Latinoamérica, una figura que ha cobrado relevancia en este contexto es la del colérico economista argentino Javier Milei, cuya ideología incendiaria y enfoque furibundo hacia la participación estatal se han convertido en un espejo en el que algunos actores políticos ecuatorianos parecen reflejarse hoy más que nunca en medio de esta campaña política con miras al balotaje definitivo.
Javier Milei, actual candidato a la presidencia argentina, se ha destacado por su retórica apasionada y su llamado a la reducción drástica del tamaño y el compromiso del Estado. Sus controvertidas posturas han encontrado eco en una parte de la sociedad argentina hastiada de la política tradicional tanto de derechas como de izquierdas. En Ecuador, diversos líderes y partidos políticos han comenzado a adoptar argumentos similares, defendiendo la necesidad de reducir el gasto público, disminuir la regulación y promover la inversión privada sin control.
La implementación de estas ideas extremas en el contexto ecuatoriano, del modo que lo ha manifestado la candidata a la vicepresidencia del partido de derecha, Verónica Abad, evidenciaría desafíos significativos. La disminución del rol estatal, con la cantinela de liberar recursos para la inversión privada y estimular la economía, conlleva implicaciones cruciales. Los servicios públicos esenciales, como la educación, la salud y la seguridad social, no pueden ser soslayados, sobre todo en un país caracterizado por notorias desigualdades y con una historia de acceso limitado a estos servicios para que garanticen un nivel mínimo de bienestar. La no intervención estatal ha demostrado concretamente efectos negativos en la consecución de estos objetivos, convirtiéndose en una realidad palpable que afecta directamente a la población, incrementando la desigualdad económica y social, como es el caso actual de Ecuador.
Pero la situación política tomó rumbo aún más turbio cuando el candidato a la presidencia Daniel Noboa emitió un comunicado que nos dejó a todos perplejos, al expresar que la posible vicepresidenta designada tendría un papel limitado y exclusivo en el ámbito de asuntos relacionados con los inmigrantes, y que su labor se concentraría en regiones distantes como el Caribe y África. Ante la retórica inflamatoria de la candidata y la intención evidente de Noboa por intentar mantenerla alejada de los asuntos clave de Ecuador, como si quisiera exiliarla políticamente de antemano, plantea la alarmante posibilidad de que en realidad se esté tratando de no revelar de manera directa su verdadero plan económico para el país. Esta decisión se convierte en una maniobra destinada a desviar la atención del público y los medios de comunicación de los temas económicos que podrían resultarles altamente incómodos o impopulares. Los votantes tienen el derecho de conocer las intenciones y planes de los candidatos, especialmente en lo que respecta a cuestiones económicas, que tienen un impacto directo en la vida de la población.
En medio de este turbulento escenario político ecuatoriano, queda claro que la influencia de pensadores como Javier Milei y la promoción de una reducción drástica del Estado se han convertido en temas centrales del debate. La disminución del rol estatal plantea desafíos insalvables en cuanto a la prestación de servicios esenciales y la lucha contra la desigualdad. Los votantes merecen conocer los planes económicos reales de sus líderes y la dirección que tomará el país. Ecuador se encuentra en un momento crítico, donde la decisión de abrazar o rechazar estas políticas de reducción del Estado tendrá un impacto duradero en la vida de sus ciudadanos y en la cohesión de su sociedad. La elección está en manos del pueblo ecuatoriano, y la responsabilidad de los líderes políticos es brindar claridad y honestidad en sus propuestas para el futuro de la nación.
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