Según el organismo, la Defensoría del Pueblo debe investigar si se registraron actos de tortura a los privados de la libertad.
Un juez constitucional, a través de un habeas corpus presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH Guayaquil), declaró como responsable a las Fuerzas Armadas de vulnerar el derecho a la integridad personal de los privados de la libertad. Además, resolvió algunas medidas de reparación integral.
En su cuenta de X, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles también señaló que el juez constitucional resolvió que a las personas privadas de la libertad se les brinde atención médica ininterrumpida y se dé seguimiento a su salud mental.
Asimismo, indicó que el juez dispuso a la Defensoría del Pueblo que en 45 días investigue los presuntos actos de tortura que se han registrado en las cárceles del país.
Según el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, el juez también exhortó a las Fuerzas Armadas a respetar la Ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad.
De igual manera, se conoció que el magistrado pidió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) que dote a los internos de colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa.
En este sentido, el juez constitucional declaró responsable al Estado por acción y omisión. Acción porque las Fuerzas Armadas incurrieron en acciones que atentaron contra la integridad personal de las personas privadas de libertad al someterlas a maltratos que presumiblemente podrían ser enmarcados como tortura y omisión porque el SNAI no debe ejercer su competencia de gestionar los centros penitenciarios, a pesar de la intervención militar.