Hay familias que viven en el día a día, del comercio informal, de las ventas diarias, del trabajo a destajo. Ninguna de las políticas del gobierno nacional (sobre la cuarentena por el coronavirus) está pensadas para este sector que comprende a un millón de personas aproximadamente.
“Por la emergencia sanitaria que estamos viviendo el Estado debe tomar medidas para que se suspenda el pago de los créditos, no sólo para la actividad agrícola sino para todas las actividades económicas en el Ecuador”: Leonidas Iza, aquí durante un conversatorio en Loja. (Diego Vaca/Comunicación MICC)
El COVID-19 preocupa a las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador. Leónidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi habla sobre la emergencia sanitaria en las comunidades, el rol del Estado en torno a la producción agrícola y la importancia de suspender el pago de los créditos para toda la ciudadanía.
La crisis sanitaria por el COVID-19 afecta también a las y los campesinos del Ecuador. Leonidas Iza Salazar teme sobre todo la especulación por los precios en el mercado. “Por eso pedimos que el Estado Central instale un fondo de emergencia sanitaria”, indica el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). De acuerdo con Iza, de este modo se facilitaría la llegada de provisiones hacia las personas que menos tienen, independientemente de su ubicación en el país.
¿Cómo afecta la propagación del coronavirus a las comunidades indígenas?
El coronavirus afecta a las comunidades en tres aspectos fundamentales. Primero, las comunidades rurales, indígenas y campesinas no tenemos cobertura del sistema de salud pública. En muchas ocasiones no podemos curar ni siquiera las gripes comunes o alguna infección. Por ello hemos fortalecido nuestro sistema interno de salud ancestral, tenemos a los médicos ancestrales. Sin embargo, hay enfermedades complicadas como es el coronavirus.
¿Por qué considera al coronavirus especialmente complicado?
Porque si hubiera un sólo brote en nuestras comunidades, esto provocaría un pánico colectivo, ya que nuestra práctica en todas las actividades se desarrollan de manera colectiva, conjunta. Por ello, el mecanismo de prevención que se impulsó desde la Organización Mundial de la Salud y del Estado ecuatoriano ha sido respaldado. Hemos decidido permanecer en el campo, en la chacra para evitar generar un contagio.
¿Cuáles son los otros dos aspectos que afectan a las comunidades?
El segundo aspecto es el tema económico que nos ha afectado mucho, porque no se puede trasladar los productos del campo a las grandes ciudades. Hasta ahora no hay un mecanismo desde el Estado que resuelva el traslado de los productos. Y el tercer punto es que muchos de los miembros de nuestras comunidades no están trabajando únicamente en el campo, sino trabajan en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Para esto no hay un mecanismo de evaluación médica para que ellos puedan ingresar a las comunidades.
Los mercados que dotan a la población de productos de primera necesidad continúan abiertos. ¿Cómo se está comercializando desde el campo a la ciudad?
Las ciudades dependen del abastecimiento de los productos agrícolas del campo. Nosotros hemos ratificado la decisión de quedarnos en el campo y en la chacra porque necesitamos garantizar la producción agrícola. Debe haber un programa, una política pública para enfrentar esta crisis. Para ello planteamos: los que tienen sueldos del Estado o de actividades privadas van a poder contener esta emergencia van a poder abastecerse de productos. Pero hay familias que viven en el día a día, del comercio informal, de las ventas diarias, del trabajo a destajo. Ninguna de las políticas ni de los programas a nivel nacional está pensadas para este sector que comprende a un millón de personas aproximadamente.
¿Tiene una propuesta para contrarrestar esta situación?
El Estado ecuatoriano debería comprar directamente a los campesinos.
¿Cómo sería eso?
A través de un fondo de emergencia sanitaria. Que el Estado compre la producción de los campesinos de manera directa y traslade los productos gratuitamente hacia este sector de la población que no va a poder comprarlos. Por ejemplo, a las familias que viven en día a día. Creemos que este fondo de emergencia en estos dos meses no pasaría de cien a ciento cincuenta millones, lo que garantizaría la compra directa a los campesinos y el traslado de los productos a las ciudades. Esto permitiría que la producción en el campo no se pararía a precios bajos. De hecho, nosotros ya hemos rebajado nuestros precios, pero los intermediarios no. Y es justo ahí donde nace la especulación.
Esta medida le ayudaría a sobrevivir a los campesinos, ¿pero qué pasa con las créditos productivos que los campesinos deben pagar?
Más allá de flexibilizar las normas bancarias en este momento es absoluto y necesario suspender el pago de los créditos. Muchos campesinos dependen de ellos. Por la emergencia sanitaria que estamos viviendo el Estado debe tomar medidas para que se suspenda el pago de los créditos, no sólo para la actividad agrícola sino para todas las actividades económicas en el Ecuador: sean de los bancos privados, públicos, cooperativas de ahorro y crédito. Incluso los bancos comunales deben suspender el cobro de los créditos mensuales. Con esto podríamos darle a la gente la tranquilidad de que puedan seguir realizando sus actividades económicas para sostener a las familias y la producción agrícola del país.
¿Qué hacer frente a esta pandemia que va en aumento en Ecuador?
En este momento es importante retomar los principios de los pueblos como la solidaridad, la reciprocidad, el randi randi, porque todos nos necesitamos. El auto-aislamiento en los hogares es necesario para lograr superar esta crisis. Si no lo logramos, esto representara el desabastecimiento de los productos agrícolas en cada uno de los lugares. Por ello se tiene que fortalecer más la producción del campo, de la ruralidad. Hacemos un llamado al Estado ecuatoriano porque está demostrado a nivel global que lo único que puede contener en este tipo de crisis es la producción agrícola. Y no puede ser que el Gobierno Nacional únicamente esté garantizando la ganancia de las grandes empresas de alimentos y los pequeños agricultores no podemos sacar nuestros productos a la ciudad.
Texto: Patricia Yallico Colaboración: Mayra Caiza y Emilio Bermeo
Trabajo colaborativo entre La Linea de Fuego, Radio Periférik, Acapana, Cooperativa Audiovisual CoopDocs y mutantia.ch