Desde el inicio de su segunda administración, Donald Trump instrumentalizó la guerra contra la droga, en especial el tema del fentanilo, para justificar su nueva política arancelaria dirigida hacia México, Canadá y China al mismo tiempo que reforzaba la guerra económica contra el gigante asiático. Luego, declaró a los llamados carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, presionando al gobierno de Claudia Sheinbaum para que extraditara cerca de 60 sesenta capos (en dos tandas) de México a Estados Unidos. Posteriormente, impuso un bloqueo marítimo a Venezuela, bombardeó varias lanchas en aguas internacionales, matando a muchos de sus tripulantes acusándolos de narcotraficantes sin presentar una sola prueba de respaldo. La cruzada contra la droga, de este modo, pasó de ser un tema de índole policial a uno de carácter eminentemente militar. La siguiente acción fue la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico (aunque cabe señalar que se dejó de lado su supuesta pertenencia al cuestionado Cartel de los Soles en la acusación final); sin embargo, con el objeto de evadir el control del Congreso de Estados Unidos, la única institución con autoridad constitucional para declarar la guerra, y en aparente contradicción con su nueva política contra el llamado narcoterrorismo, la administración Trump calificó el operativo en Venezuela como uno policial a pesar de que fueron las Fuerzas Especiales del Ejército las que capturaron a Maduro y la Marina la que impuso el bloqueo naval.
Tras la invasión a Panamá en 1989 y la captura de Manuel Noriega, un viejo colaborador de la CIA, también bajo la acusación de narcotráfico, Michael Parenti, el gran intelectual estadounidense recientemente fallecido, en su charla Imperialism, Drugs, and Social Control (1990), plantea que la guerra contra las drogas funciona como un montaje que permite trasladar al escenario de la política formal las estrategias contrainsurgentes y los operativos encubiertos de la CIA, característicos de la Guerra Fría, con el propósito de acallar el disenso y perseguir a la oposición legal de izquierdas. Parenti también sostiene que la droga es en sí misma es un dispositivo de control social. Por un lado, su consumo problemático o la adicción destruye el tejido social de las comunidades pobres y racializadas, impidiendo que la gente pueda organizarse para protestar y defender sus derechos; por otro, la guerra contra el narcotráfico facilita una mayor represión al estigmatizar y criminalizar a estas comunidades.
En el ámbito internacional, esta cruzada y su creciente criminalización, según este autor, está ligada a los intereses de ciertas corporaciones, principalmente petroleras y armamentistas, cuya influencia en la política exterior perjudica tanto de la mayoría de la población estadounidense —al redirigir recursos fiscales hacia un gasto militar externo cada vez más privatizado y privarlos de los fondos para el desarrollo local— como al resto del mundo, al promover una mayor extracción de recursos y la subordinación del resto de naciones a la agenda económica de tales corporaciones.
Siguiendo las tesis de Parenti, podemos hablar de la existencia de un farmacoimperialismo en América Latina. Por un lado, se interviene en las naciones del continente, obligándolas a modificar sus legislaciones para aumentar las penas por narcotráfico y a dedicar ingentes recursos económicos y humanos a su combate, situación que, paradójicamente, termina traduciéndose en un crecimiento inusitado de las tasas de violencia; por otro, esta intervención se da en función de los intereses de corporaciones transnacionales que giran alrededor de la producción de armamento y el control de recursos estratégicos como el petróleo, el litio, el agua, entre otros. De la misma manera, esta cruzada también está destinada a deslegitimar a aquellos gobiernos nacionalistas que no se subordinan a la agenda de la superpotencia. Por ejemplo, a más de la cuestionada captura o secuestro de Maduro, la administración Trump incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro en la OFAC (Office of Foreign Assets Control), la famosa lista Clinton, por sus cuestionamientos públicos a la política estadounidense, sin ninguna prueba material de narcotráfico o lavado de activos que avale tan arbitraria decisión.
En la presente coyuntura, el Ecuador se presenta como un laboratorio privilegiado para estudiar la expansión del farmacoimperialismo en América Latina. Las políticas de Daniel Noboa, por una parte, anteceden al segundo gobierno de Trump. A inicios del 2024, declaró la existencia de un conflicto armado no internacional supuestamente motivado por bandas delincuenciales vinculadas al tráfico de estupefacientes. La Corte Constitucional ha negado en múltiples ocasiones la existencia de tal conflicto. La ONU, en una reciente declaración, también señaló que el país no presenta las condiciones de un conflicto armado interno o guerra civil y alertó sobre el mal uso del concepto de terrorismo por parte del Estado ecuatoriano. En el decreto 111, Noboa se adelantó al gobierno estadounidense al catalogar a ciertas bandas criminales como organizaciones narcoterroristas –aunque, inexplicablemente, dejó afuera a la mafia albanesa que controla la exportación de cocaína desde el Ecuador hacia Europa– a pesar de que estos grupos no cuentan con una estrategia para tomar del poder político ni presentan una estructura de mando unificado, por el contrario, mantienen conflictos internos y guerras intestinas entre sí. En el mismo sentido, y en una evidente violación al derecho internacional, Noboa ordenó la invasión de la embajada mexicana en Quito con el fin de capturar al exvicepresidente Jorge Glas, como parte de una campaña sistemática destinada a perseguir y criminalizar a la oposición política, asociándola de forma reiterada con el crimen organizado y el narcotráfico.
En septiembre y octubre de 2025, cuando Trump ya había regresado a la Casa Blanca, Noboa enfrentó un levantamiento indígena y, al igual que sus dos últimos predecesores, acusó a sus dirigentes, sin presentar las pruebas correspondientes, de estar vinculados a grupos de delincuencia organizada y de ser financiados por el narco. Esta acusación permitió congelar sus cuentas bancarias sin contar con una orden judicial como se estila en un Estado de Derecho. El gobierno también intentó cambiar la Constitución vigente que prohíbe la flexibilización laboral, los arbitrajes internacionales y, sobre todo, la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, pero esta propuesta fue rechazada por la gran mayoría de ecuatorianos.
En el ámbito militar y de la geopolítica internacional, Estados Unidos considera al Ecuador como un territorio de vital importancia para contención de China y Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la instalación de bases militares en las Islas Galápagos y la península de Santa Elena fue clave para la defensa estratégica del Canal de Panamá. En actualidad, según declaraciones del propio secretario de guerra, la estrategia geopolítica estadounidense contempla la creación de una “Gran Norte América”, lo que no significa otra cosa que un control marítimo que se extiende desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá y todas sus zonas aledañas. En otras palabras, el Ecuador es percibido como una pieza clave para la defensa de lo que la potencia norteamericana define como el Pacífico y el Atlántico Norte.
Esto explica el por qué Noboa ha hecho caso omiso a la voluntad popular. Apenas se enteró de su derrota en el último referéndum, viajó a Miami (su ciudad de nacimiento), alegando unas vacaciones. En los últimos meses, sin embargo, hemos sido testigos cómo la colaboración militar y policial entre Estados Unidos y Ecuador se ha profundizado. El gobierno anunció la apertura de una oficina del FBI en el país bajo el paraguas de la lucha conta el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos. También se han llevado a cabo operativos militares en territorio ecuatoriano con asesoría directa del gobierno estadounidense como, por ejemplo, el reciente bombardeo en el recinto de San Martín en la región amazónica en la frontera norte.
La versión oficial anunció que se atacó al centro de descanso de alias Mono Trole, cabecilla de los llamados Comandos de la frontera (una disidencia de las FARC), y su supuesto centro de entrenamiento. Estos bombardeos ocasionaron un conflicto diplomático con Colombia debido que una bomba cayó en su territorio, hecho que, en primera instancia, el gobierno ecuatoriano no quiso reconocer. Valga anotar que las desavenencias con el presidente Petro han sido una constante a lo largo de la administración de Noboa. Hace pocas semanas, el Ecuador impuso una “tasa de seguridad” (aranceles) del 30%, que luego subiría al 50%, a la entrada de productos colombianos, alegando que Colombia no cumple con su parte en la vigilancia de la frontera colombo-ecuatoriana. Si tenemos en cuenta que la mayoría de la cocaína colombiana se exporta por los puertos ecuatorianos, lugares en donde los mecanismos de control son sumamente ineficientes y no se ha hecho nada por mejorarlos, y que el llamado conflicto interno ha significado la reasignación de ingentes recursos de las Fuerzas Armadas a labores de patrullaje, descuidando de manera sustancial el control de las fronteras, se puede argumentar que la acusación ecuatoriana carece de sustento real. Más bien, parece formar parte de una campaña de desprestigio internacional en contra de su contraparte colombiana, motivada por razones de índole ideológica.
Si volvemos al bombardeo en San Martín, el New York Times, y antes organizaciones ecuatorianas como la Alianza por los Derechos Humanos, reportaron desde el terreno que no había indicios de la existencia de un polígono de tiro ni de infraestructura militar en la localidad. Lo único que encontraron fue la presencia de animales domésticos y de diversos utensilios que demostraban que se trataba de una finca lechera, dando a entender que el operativo se trató de un falso positivo. La situación empeora si tomamos en consideración que hay denuncias de que el ejército ecuatoriano capturó y torturó cruelmente a varios campesinos de la zona, quienes luego fueron liberados ya que no se encontraron evidencias que pudieran incriminarlos.
Meses antes, en plena movilización indígena, el ejército también bombardeó la región de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Se lanzó gran cantidad de bombas, morteros, entre otros elementos y la acción fue promocionada como una demostración del compromiso del gobierno en el combate contra la minería ilegal. Lo peculiar de este hecho radica en que es la primera vez que las Fuerzas Armadas emplearon este tipo de bombardeo en el territorio ecuatoriano, con un derroche inusitado recursos militares. Hay serios cuestionamientos a este operativo por el uso un excesivo de la fuerza y un desperdicio de material militar sin que exista garantía alguna de que la zona no vuelva a ser ocupada por grupos criminal vinculados a la minería ilegal.
En consecuencia, se puede sostener que los operativos descritos forman parte de una campaña mediática –un cruel montaje para recuperar las ideas de Parenti— orientada a reforzar los aparatos represivos del Estado en contra de las comunidades pobres y racializadas, las organizaciones populares y los líderes de la oposición. Se trata de acciones grandilocuentes con el objeto de impresionar a la población y, de esta forma, consolidar el relato de un supuesto conflicto armado interno, cuya existencia ha sido cuestionada tanto por la Corte Constitucional como por la ONU. En 2025, el país registró el año más violento de su historia reciente, con un total de 9.216 muertes violentas y una tasa de 51 muertos por cada 100.000 habitantes, pese a la militarización decretada por Noboa. En este contexto, las políticas gubernamentales, junto con su marcada espectacularización, han demostrado ser bastante ineficientes en la lucha contra la inseguridad; además, han estado envueltas en escándalos relacionados con falsos positivos y graves violaciones de derechos humanos, entre las cuales destaca el asesinato atroz de los cuatro niños de Las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil, a manos de miembros de las Fuerzas Armadas. En definitiva, las condiciones de seguridad no han mejorado en el Ecuador, por el contrario, han empeorado, mientras se observa un preocupante incremento de la represión estatal con poco o nada que mostrar, salvo una mayor obediencia a los dictados de la potencia del norte. Por todo lo dicho, se puede concluir que la guerra contra la droga y el discurso de la inseguridad promovido el actual gobierno han servido, básicamente, para alinear al Ecuador con los intereses geoestratégicos estadounidenses.