El gobierno argentino anunció la cancelación de la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 9.810 millones de dólares. El pago se hará con recursos propios, provenientes de las reservas internacionales. La medida expresa la continuidad y profundización de la política que se venía aplicando en materia de endeudamiento externo […]
El gobierno argentino anunció la cancelación de la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 9.810 millones de dólares. El pago se hará con recursos propios, provenientes de las reservas internacionales. La medida expresa la continuidad y profundización de la política que se venía aplicando en materia de endeudamiento externo desde que Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003, privilegiando el pago a los organismos financieros internacionales. La Argentina nunca estuvo en default con estos acreedores internacionales, pues el compromiso con ellos fue siempre el riguroso pago, claro que pronunciando críticos discursos al FMI.
Teníamos razón cuando sosteníamos que la Argentina tenía recursos para hacer frente a las necesidades sociales postergadas. Anualmente se gastan 1.000 millones de dólares en financiar el plan de jefes y jefas de hogar para 1.700.000 personas. Ahora y en un pago se aplican recursos 10 veces más para cancelar acreencias con el FMI. Otros podrían haber sido los usos de ese dinero. Se prefirió pagar al FMI aún conociendo ampliamente las necesidades sociales insatisfechas en alimentos, salud, educación, vivienda, empleo, desarrollo local y productivo que hace a la calidad de vida deteriorada de una gran parte empobrecida del pueblo de la Argentina.
El presidente Néstor Kirchner junto a la ministro de Economía, Felisa Miceli, y al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, durante el anuncio del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. (Foto: PRESIDENCIA DE LA NACION)
Se comunicó la medida en el mismo momento en que la Cámara de Diputados aprobaba el Presupuesto del 2006, donde se incluía una suma destinada al pago de la deuda y que ahora no tendría destino, pues el acreedor será satisfecho antes de finalizar el presente año. ¿Qué ocurrirá con esos fondos aprobados por los parlamentarios? ¿Se encargará el poder ejecutivo de su reasignación para el pago de otras acreencias, o tendrá otro destino? Más allá de los interrogantes, la realidad es que otra vez se pasa por alto la Constitución Nacional que sostiene que es el Parlamento el que debe «arreglar» la deuda.
¿Quién quería el desendeudamiento?
Desde el gobierno se pretende instalar que se trata de una medida soberana y que quita la posibilidad de condicionamiento externo a la política económica local. Nos permitimos dudar de esa reflexión, ya que curiosamente los grandes deudores del FMI siguen el mismo camino. Cuando estalla la crisis argentina en el 2001 los grandes deudores del FMI eran Rusia, Turquía, Brasil y Argentina. Salvo Turquía, los demás cancelaron la totalidad de las acreencias con el organismo internacional, con Brasil y Argentina anunciando el pago con 48 horas de diferencia. Es mucha la casualidad de «estrategias soberanas» planteadas en simultáneo. Mejor es pensar que el FMI quería bajar la exposición financiera con esos grandes deudores y en rigor, era el mandato del principal accionista del Fondo: EEUU.
Durante mucho tiempo decíamos que el propósito de los acreedores no era cobrar sino condicionar la política de nuestros países. Con los republicanos en el gobierno la política cambió. El FMI ya no era funcional a los intereses económicos dominantes y había que bajar su exposición con países de alto riego. Esa fue la orientación desde el tesoro de EEUU y el representante en el directorio del FMI siguió las instrucciones a rajatabla. No importaban los excesos verbales de un lado o del otro, si en el camino se reducía la deuda de los países fuertemente endeudados. Por eso son las felicitaciones a Lula y a Kirchner de Bush y de Domingo de Rato. Resolvieron en menos tiempo del pensado su problema.
Mientras tanto, los pueblos, verdaderos acreedores de la deuda postergan una vez más la satisfacción de sus necesidades. Todo el establishment salió a saludar la medida y promueven el consenso general de la población, obviando que hace muy pocos días en Mar del Plata se reunió una multitud en la IIIª Cumbre de los Pueblos para repudiar el ALCA, rechazar el pago la deuda externa pública, criticar la militarización en la región y el mundo, y condenar la pobreza. Los anfitriones de ese cónclave, la Autoconvocatoria No al ALCA había hecho una consulta popular en noviembre de 2003 y donde participaron 2.300.000 personas, mayoritariamente inclinadas por el no pago de la deuda. Son voces no escuchadas por las autoridades argentinas. También en diciembre del 2001, dos días antes del estallido, 3.100.000 personas se pronunciaron para que no hubiera pobres en la Argentina.
Política del Fondo sin el Fondo
La deuda cancelada es menos del 10% del monto total, con lo cuál, con la deuda ordenada por el canje realizado en la primera mitad de este año, se comprometen recursos fiscales por un largo periodo. Ahora no tendremos la presión del FMI, pero sus políticas se aplicarán igual, tal como el superávit primario para honrar los compromisos con los acreedores y una eterna política de ajuste, con gasto controlado en sus aspectos sociales, tales como asignaciones de trabajadores del Estado, pensiones y jubilaciones, salud y educación. Al mismo tiempo que el mantenimiento de una política de recaudación regresiva y que como tal se aplica con todo el rigor sobre los sectores más postergados de la sociedad.
Es un hecho que el objetivo buscado es la reconstrucción del capitalismo local, tal como se anunció en 2003. Ello supone recomponer el ciclo de negocios de las clases dominantes. Ese es el marco de la definición asumida de cancelación de la deuda con el FMI. Ese es el marco también para pensar en la necesidad de construir una alternativa política para cambiar la ecuación de beneficiarios y perjudicados por la política económica de la Argentina.
* Julio C. Gambina es Profesor Titular de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y Director del Instituto de la Cooperación, IDELCOOP.