Los ministros de Finanzas del G-20 alcanzaron en Venecia un acuerdo histórico para crear un impuesto global mínimo a las empresas multinacionales, el cual se espera que entre en vigor en 2023 con una tasa no inferior a 15 por ciento. Este nuevo gravamen aplicará a las menos de 10 mil grandes compañías cuya facturación supera 890 millones de dólares anuales, y está particularmente dirigida a las 100 empresas más rentables del planeta que concentran más de la mitad de las ganancias mundiales.
Los miembros del G-20, que representan 85 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial y entre los que se encuentran Argentina, Brasil y México, quieren gravar “de forma justa” sobre todo a los gigantes digitales que evaden los impuestos.
Los ministros llegaron a un acuerdo para respaldar el mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la OCDE. «Los países del G20 se han puesto aquí de acuerdo en que quieren abordar un nuevo orden tributario internacional», dijo el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz.
Según el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, la columna vertebral de lo que denominó nueva arquitectura de la tributación para el siglo XXI radica en el diseño de mecanismos para que estas compañías tributen en las naciones en donde obtienen ganancias y no –como sucede hoy– en aquellas en las que establecen su domicilio fiscal.
En este sentido, algunos analistas señalan que el acuerdo tiene un significado que va mucho más allá de los 150 mil millones de dólares que permitirá recaudar cada año: se trata nada menos que de revertir uno de los pilares de la estructura neoliberal, aquel que permite a los grandes capitales maximizar sus ganancias mediante una evasión de impuestos consagrada por los propios estados que son víctimas de la defraudación.
La reforma se propone distribuir equitativamente entre naciones el derecho a gravar las ganancias de las multinacionales. El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10 mil grandes empresas, es decir aquellas cuya facturación anual supere los 890 millones de dólares. Por ejemplo, una empresa como el gigante petrolero British Petroleum está presente en 85 países.
La misma apunta a las cien empresas más rentables del mundo, que por sí solas realizan la mitad de las ganancias mundiales, como los GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), explicó Pascal Saint-Amans, director del Centro de política y administración fiscal de la OCDE.
Este acuerdo político abrió un proceso de negociación para cerrar elementos técnicos y permitir que más países puedan sumarse antes de la reunión de jefes de Gobierno del G-20 en octubre en Roma. Los gobiernos de Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre se desmarcaron del acuerdo frente al resto de los países de la Unión Europea.
De todas maneras, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, impulsora de la política de fiscalidad global del gobierno de Joe Biden, indicó que aunque el G20 intentará que los pequeños países que se resisten acepten el acuerdo «no es esencial que todos los países estén a bordo para avanzar».
Lo que se trata de imponer en el imaginario colectivo es que la arquitectura financiera global del neoliberalismo dio rienda suelta a dos de los grandes males económicos de la actualidad: los paraísos fiscales y la llamada carrera por el impuesto más bajo.
En el primer caso, se trata de países, regiones o dependencias coloniales que ofrecen a los poseedores de grandes capitales (sean empresas o personas) condiciones óptimas para ocultar sus fortunas, no sólo con tasas impositivas bajas o inexistentes, sino con políticas de secreto bancario que facilitan la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
El impuesto más bajo es una consecuencia del absurdo de que las compañías no estén obligadas a pagar impuestos allí donde obtienen sus utilidades, por lo que los países o las regiones dentro de ellos se ven orilladas a cobrar tasas más bajas a fin de evitar que las firmas localicen sus oficinas corporativas en zonas más atractivas.
En Estados Unidos, por ejemplo, se verifica un verdadero éxodo empresarial de Nueva York y California a Texas y Florida, estados que se han distinguido por reducir o eliminar los impuestos a los más ricos a expensas de la inversión pública y las políticas sociales.
Pareciera que los países centrales han asumido que el traje fiscal hecho a la medida de las grandes corporaciones, ha mantenido a las naciones en un déficit crónico y ha supuesto un costo incalculable en términos de desarrollo social y derechos humanos a la salud, la educación, la cultura, el trabajo digno o la vivienda, cuyo cumplimiento se ha postergado para satisfacer la codicia y la voracidad de un puñado de empresas.
Asimismo, en la reunión, los ministros debatieron sobre la situación de la economía global y la respuesta dada a la crisis, subrayando el papel de las medidas de apoyo para evitar daños estructurales y preservar el tejido productivo y la estabilidad financiera, comprometiéndose a mantener una política expansiva para apoyar la recuperación, evitando cualquier retirada prematura de medidas de apoyo a trabajadores y empresas, preservando asimismo la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Otro de los temas clave de la reunión ha sido la acción climática en el ámbito de las finanzas. Los ministros se han comprometido a abordar, en la cumbre del mes de octubre, una hoja de ruta para promover las finanzas sostenibles, la movilización de recursos para promover la transición verde y la resiliencia frente al cambio climático, con mecanismos como el precio del carbono o los impuestos medioambientales.
La puesta en marcha del plan, para 2023, dependerá de una serie de acciones: los países deberán promulgar en sus leyes los nuevos requerimientos de impuestos mínimos e incluso, algunas zonas pudieran requerir un tratado formal; las no normas que darán cuerpo al acuerdo, todavía deben redactarse.
Siempre se corre el riesgo de que conviertan su espíritu en letra muerta a través de lagunas legales y subterfugios que den vía libre a la simulación por parte de autoridades y capitalistas. Los ministros estuvieron de acuerdo, pero en la tarde cientos de manifestantes anti-G-20 desfilaron por Venecia, con momentos de tensión, mientras el sector del Arsenal, donde se celebró la reunión, permaneció blindado por la policía.
Isabella Arria. Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)