Ni veinticuatro horas ha esperado el gobernador del Banco de España, desde que se cerraran los colegios electorales, para volver a la carga tratando, una vez más, de hacer pasar las medidas económicas que reclama la banca y la gran patronal como las que interesan al conjunto de la población. Ante su insistencia, es preciso […]
Ni veinticuatro horas ha esperado el gobernador del Banco de España, desde que se cerraran los colegios electorales, para volver a la carga tratando, una vez más, de hacer pasar las medidas económicas que reclama la banca y la gran patronal como las que interesan al conjunto de la población.
Ante su insistencia, es preciso que la ciudadanía sepa que lo que difunde el gobernador no responde a un criterio indiscutido ni es una verdad científica que haya que acatar inexcusablemente porque no haya otra alternativa posible para resolver los problemas de nuestra economía.
La gente debe saber que lo que dice el gobernador solo es el resultado de preferencias políticas y de juicios ideológicos acerca del mejor o peor funcionamiento de la economía y, por tanto, que sus propuestas no tienen por qué tomarse como una verdad que esté fuera de toda discusión y que haya que acatar sin remedio.
Las propuestas del gobernador no tienen fundamento científico definitivamente contrastado, no todos los economistas científicos están de acuerdo con ellas, ni se puede demostrar que sean mejores que otras para crear empleo y salir de la crisis. Es más, lo que sí sabemos, porque la experiencia lo ha demostrado, es que cuando se toman las medidas que él viene proponiendo (y que casualmente son las que suscriben la banca y la gran patronal) lo que mejora son las rentas y los beneficios de los bancos y de las grandes empresas mientras que empeoran los de los trabajadores.
En esta última ocasión, el gobernador ha impartido una conferencia en la Asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar en la que ha vuelto a insistir en ideas que no son ciertas y de nuevo con un doble intento: por un lado, hacer que la crisis la paguen quienes la sufren sin haberla provocado para que sus causantes salgan de ella con más beneficios y mejores condiciones de negociación y poder, y por otro, disimular las responsabilidades que el propio gobernador y el Banco de España en general han tenido en la gestación de la crisis como consecuencia de su incompetencia y de su complicidad con el capital privado.
En este texto me limitaré a señalar las ideas divulgadas en esta conferencia que me parecen claramente falsas y que creo más importantes porque tienen una nefasta influencia sobre la política económica que se debería seguir para salir de la crisis.
Exculpar a la banca
Afirma el gobernador que «el problema del sistema bancario español estaba limitado a una parte del sector de cajas de ahorro».
El gobernador confunde a la población porque la realidad es que no se ha hecho un test que realmente pueda dar a conocer el estado patrimonial de todo el sector financiero. En lugar de ello, el Banco de España hizo los cambios legales oportunos con el fin de que la banca privada pudiera disimular mediante argucias contables su verdadero nivel de deterioro patrimonial, de modo que no es verdad que la crisis de sector financiero haya afectado solo a las cajas. Y, en todo caso, tendría que haber dicho que si a algunas les ha afectado de una manera especial ha sido por haberse desnaturalizado y haber copiado el modo de actuar de la banca privada que dio lugar a la crisis, dejando de lado el interés social que deberían haber perseguido..
La prueba de ello es bien clara: si, según el gobernador, la situación de la banca privada es sólida, ¿cómo se puede explicar la escasez de crédito que sufren nuestras pequeñas y medianas empresas y familias? Si los bancos son tan sólidos, ¿por qué dejaron de darlo?
Lo que ocurre es que para encubrir a la banca privada, el Banco de España viene manteniendo la misma tesis que los banqueros: no hay escasez de oferta de crédito por parte de la banca sino…¡falta de demanda solvente por parte de los sujetos económicos! Y tiene la osadía de decir que lo que ha ocurrido es que, después de una larga época de crédito abundante, se ha contenido la demanda.
¡Que le pregunten a los pequeños y medianos empresarios a ver si es que no necesitan crédito o es que no se lo ofrecen, o que solo se lo ofrecen en condiciones inalcanzables los bancos «sólidos» a los que protege el gobernador! ¿Acaso la demanda era más solvente en los años del boom crediticio?
Culpar a las normas que protegen a los trabajadores
La segunda idea completamente falsa que lanza el gobernador es que las tasas de paro tan altas que sufre nuestra economía se deben «a las dificultades que ofrece nuestro marco legal e institucional a la creación de empleo». Y, en consecuencia, lanza la idea de que «con las instituciones adecuadas (que no menciona porque sabe el mal efecto que tiene pero que todos sabemos cuáles son), no sólo los empresarios podrían ofrecer un mayor número de empleos que fueran rentables para sus empresas sino que, y esto es más importante, los trabajadores tendrían la opción de decidir si quieren aceptar o no esos puestos de trabajo».
Esta idea es falsa porque los empresarios (aunque dispusieran de las instituciones laborales más favorables a sus intereses: despido sin costes, negociación trabajador a trabajador, salarios los más bajos posibles, etc…) no contratarían más empleo si no tuvieran asegurada la demanda suficiente para su producción y beneficios suficientes. El gobernador engaña a la gente con una idea que fue desechada por economistas notables hace ya casi cien años: para que una empresa contrate no es suficiente con que tenga bajo coste sino que debe tener suficiente ingreso. Y resulta que la propuesta que hace el gobernador siguiendo los dictados de la gran patronal, podría se adecuada para alguna empresa o para algún grupo de ellas (para aquellas cuyo ingreso no dependiera de la demanda generada por los salarios de los trabajadores), pero no para la gran generalidad de las empresas que crean empleo en España que son las medianas y pequeñas y cuya demanda sí depende del poder de compra de los trabajadores españoles.
Hay que decirlo bien claro: la política que defiende el gobernador no es la que va a crear empleo porque sabemos que es la misma que se ha venido aplicando en los últimos años y la que justamente ha producido que la actividad económica y, por tanto, el empleo sea menor. Con sus propuestas de reforma laboral no solo no se va a crear más empleo sino que se va a destruir más porque con ellas se debilita aún más la demanda efectiva de la que viven las pequeñas y medianas empresas que crean la inmensa mayor parte del empleo en España.
Y para justificar sus medidas favorables a las grandes empresas (que efectivamente no necesitan demanda proveniente de los salarios españoles porque la tienen en otros mercados globales) al gobernador ni siquiera le importa alterar la lógica de los procesos económicos para seguir confundiendo y atemorizando a la gente. Así dice que «si no se eliminan los obstáculos a la creación de empleo, los mercados acabarán percibiendo que la única forma que tendrá España de recuperar la competitividad dentro de la unión monetaria será la de mantener unas tasas de crecimiento del PIB muy bajas durante muchos años».
Primero, sus anteojeras le hacen confundir los obstáculos que crean desempleo, olvidando que los mayores son la falta de financiación y de demanda. Y luego razona al revés. Lo que hoy día se está produciendo es justamente lo contrario: son las políticas que propone el gobernador las que constituyen un formidable obstáculo para que se produzca crecimiento económico (sin entrar ahora a valorar que esto por sí mismos sea beneficioso desde otros puntos de vista) y eso es lo que impide que se cree el suficiente empleo. De hecho, se adoptan así porque esos bajos niveles de empleo son los que permiten mantener salarios bajos y aumentar así el beneficio, que es lo que realmente se persigue.
Y es la política de bajos salarios y de bajo gasto público que propone el gobernador para defender los intereses de la banca (que así encuentra más demanda para su oferta de crédito) y de la gran empresa (por las razones que ya he señalado) la que en realidad impide que aumente la productividad y la que impone un tipo de competitividad empobrecedora para nuestra economía porque imposibilita que aumente el necesario capital social, la formación, los incentivos para la innovación, etc. Basta ver que la actividad económica que ha aumentado en los últimos años en que han predominado estas políticas ha sido la que conlleva empleo precario y baja productividad: construcción y servicios personales de todo tipo, principalmente.
La ideología decimonónica del gobernador
Como ya he explicado en otros textos, para defender sus propuestas el gobernador, como los economistas liberales, se sirve de un modelo de análisis que establece que la causa del desempleo se encuentra solo en el mercado de trabajo y que, por tanto, para combatirlo, lo único que hay que hacer es eliminar trabas a la contratación, evitar todo lo que frene la bajada de salarios y acabar con la protección de los trabajadores (sindicatos, convenios, leyes…).
Es un modelo que sabemos que es falso desde hace ya casi un siglo porque la creación de empleo por parte de las empresas depende, sobre todo, de lo que ocurra en el mercado de bienes y servicios. Es evidente que las normas laborales deben ser adecuadas pero por mucho que lo sean, como he dicho antes, si no hay demanda para las empresas no contratarán a un solo trabajador por muy bajo que sea su salario.
Combatir el gasto público
El gobernador también se suma a la cruzada para imponer políticas de austeridad. Una de las más grandes barbaridades de las políticas neoliberales en estos momentos.
Ya he dicho que el problema es que el gobernador parte de un diagnóstico erróneo, como resultado de sus anteojeras ideológicas liberales: no es capaz de contemplar que lo que en realidad paraliza la actividad económica y la creación de empleo es la falta de demanda y la carencia de financiación suficiente y no las normas laborales.
Por tanto, si se sigue sin añadir financiación y si encima se restringe aún más la demanda cortando la que proviene del sector público lo que ocurrirá, por muchas normas que se cambien, como propone el gobernador, es que el motor de la economía se queda con todavía menos gasolina.
A muchos lectores y lectoras este último juicio, aunque le pueda parecer elemental, les resultará increíble y seguro que responderían: ¿pero cómo es posible que un gobernador que usted se dice que defiende a las empresas propone una política que se afirma que disminuye la demanda y, por tanto, que les reduce el beneficio?
La respuesta es fácil: el gobernador no defiende a todas las empresas por igual. Lo que acabo de señalar hunde a las pequeñas y medianas que ni tienen financiación propia ni más demanda que la que viene del mercado interno. Pero esa política lleva a pagar menos impuestos, a disminuir la provisión pública de bienes y, al fin y al cabo, no afecta, como dije, a las empresas que venden fuera de España. Lo que ocurre es que a éstas últimas se les está permitiendo que se desentiendan de financiar la economía a través de impuestos mientras que el menor gasto público que deteriora los servicios públicos les abre un nuevo yacimiento de beneficio en los servicios privados con mano de obra cada vez más barata.
Además, y como también se ha puesto de evidencia en estudios empíricos, tampoco es verdad que estas políticas de austeridad lleven a soportar menos deuda (La política de austeridad del gobierno español puede generar más deuda que las de estímulo fiscal ). Quizá todo lo contrario. Como la economía crece menos, se termina por tener que endeudarse más y hay que hacerlo a primas más elevadas porque los mercados entienden que va peor. Es decir, que la austeridad no arregla el problema mientras que termina por convertirse en un negocio para la banca que es la que financia la deuda y la que se enriquece con ella.
Las preocupaciones del gobernador
Al menos, no se puede decir que el gobernador no oculte sus intenciones. Lo dice bien claro cuando afirma, dirigiéndose al gobierno y a los parlamentarios como si fuera el dueño de sus voluntades y el dirigente de los designios de la nación, que «debemos concentrarnos en aliviar las preocupaciones de los mercados».
¡Qué dulzura! Claro, no se va a concentrar el gobierno y el Parlamento en aliviar las preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras en paro, de los jóvenes que no van a tener en empleo, de los pensionistas o de los miles de pequeños y medianos empresarios o de autónomos que se arruinan porque el Banco de España es incapaz de conseguir lo que es su obligación, que se restaure el flujo de financiación que necesitan y que los bancos dejen de estafar a sus clientes y de especular destruyendo riqueza productiva.
El gobernador nos dice que tenemos que aliviar a los mercados, o sea, a los banqueros e inversores que ganan miles de millones de euros especulando contra nosotros y llevándose sus beneficios lejos del fisco a los paraísos fiscales. Y además nos señala sin tapujos, no vayamos a equivocarnos, a quién echar la culpa y a quién no: «Culpar de esto a la maldad o avaricia de los mercados sería una pérdida de tiempo», nos dice el bueno del gobernador.
Claro que sí. Es mucho más eficaz echársela, como hace él, a los parados que no quieren trabajar porque seguramente estarán más cómodos yendo cada día a jugar al golf o a los empleados que ganan unos cientos de euros pero cuyo afán de ganar unos pocos más le parece al gobernador que desastibiliza la economís y le quita el empleo a los parados, o a los pensionistas, que lo único que quieren es jubilarse cuanto antes para disfrutar de pensiones millonarias como si fueran un banquero cualquiera, o a las administraciones públicas, que tienen que dedicarse como pueden a tapar el agujero que han provocado los bancos que debía de haber controlado el gobernador… ¡Qué gran sensibilidad y sentido de la justicia los del gobernador! ¡Qué gran economista y qué gran servidor del Estado!!
Y lo que no dice el gobernador
El gobernador, en suma, se ha dedicado una vez más a pontificar contra las normas laborales, sin decir claramente, eso sí, que lo que pide es menos costes laborales, nada de convenios colectivos, fuera sindicatos, más recortes de gasto público, privatizaciones de servicios públicos y acabar con los privilegios desorbitados que en su opinión tienen los trabajadores españoles (de quien, qué casualidad, se le olvida decir que llevan casi veinte años perdiendo poder adquisitivo) debido a las normas laborales existentes.
El gobernador se mete allí donde no lo llaman, porque ni a él ni al Banco de España le corresponde dictar la política económica al gobierno y al parlamento, pero luego ni siquiera menciona cuestiones financieras que a él si le tocan de lleno: que el banco de España permitió un endeudamiento gigantesco para que la banca privada se enriqueciera, que no hizo nada para evitar una burbuja inmobiliaria para que los promotores, los constructores y los especuladores se hicieran de oro; que dejó que los bancos cometieran miles y miles de fraudes y engaños ofreciendo a sus clientes swaps, clips y otros productos muy arriesgados como si fueran seguros cuando en realidad se trataba de trucos para hacerles perder miles de euros…
Yo creo que el gobernador no tiene derecho a actuar así y creo que la ciudadanía tiene el de gobernar las cuestiones económicas y financieras. No somos esclavos de los gobernadores de los bancos centrales. ellos son servidores de la ciudadanía. Por eso hay que exigir que el gobernador del Banco de España deje de juegar siempre en el mismo equipo, que guarde silencio sobre lo que no es de su competencia y que, en lugar de ello, se dedique a cumplir mejor con su deber de supervisar a la banca que ha provocado el desastre económico en el que estamos.
El comportamiento de este tipo de gobernadores, y en general la existencia de bancos centrales independientes, es incompatible con una democracia real. Por eso no se puede pasar por alto su actuación. Todo lo contrario, es necesario investigar al Banco de España. Hay que determinar por qué sus directivos no oyeron las advertencias de sus técnicos, por qué dejaron que se deteriorase tanto la situación crediticia, por qué ayudaron a que la banca hiciera el gran negocio sabiendo que se estaba creando el desequilibrio que ahora dice el gobernador que es nuestro principal problema económico. Hay que descubrir por qué unos altos funcionarios que se supone que están al servicio de los intereses públicos son retribuidos tan generosamente por el capital privado cuando terminan su mandato público. Hay que exigir al gobierno y al Parlamento que investiguen todo esto y concretamente lo que ha ocurrido con la deuda actual, cuál ha sido el papel de los bancos españoles en su generación y encarecimiento y por qué el Banco de España, en lugar de tomar medidas para que la economía nacional quedara a salvo de los mercados, es decir, de los bancos especuladores, nos dice que lo que hay que hacer es aliviar sus preocupaciones, esto es, procurar que tengan mejores condiciones todavía para aprovecharse de nosotros y para seguir arruinándo nuestra economía.
Y, sobre todo, hay que luchar para que todas esas conductas se declaren cuanto antes crímenes económicos y sean perseguidas penalmente con la máxima dureza.
Juan Torres López (www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Miembro del Comité Científico de ATTAC- España