Las últimas declaraciones del gobernador del Banco de España superan todo lo que uno pudiera esperar en su constante estrategia de acoso al gobierno. Para presionar al ejecutivo y apoyar las tesis de la patronal y de la banca privada ha recurrido incluso a retorcer la realidad y torturar los argumentos. Dice ahora el gobernador […]
Las últimas declaraciones del gobernador del Banco de España superan todo lo que uno pudiera esperar en su constante estrategia de acoso al gobierno. Para presionar al ejecutivo y apoyar las tesis de la patronal y de la banca privada ha recurrido incluso a retorcer la realidad y torturar los argumentos. Dice ahora el gobernador que el paro masivo es la amenaza de la banca. Le da la vuelta a las cosas para plantear el problema de modo que en lugar de que la presión recaiga sobre los verdaderos culpables, su institución y los bancos, pese sobre el gobierno, los trabajadores y la sociedad en general.
Si reconociera la verdad, que el paro ha sido provocado por el estallido de un modelo especulativo en torno a la burbuja inmobiliaria que su banco no supo o no quiso evitar y por la falta de crédito que eso y la crisis financiera internacional han provocado, la solución habría que ponerla en el mayor control de los bancos y de los beneficios. Y lo que entonces tendría que hacer el gobernador y su banco sería, entre otras cosas, corregir la perniciosa regulación financiera concebida para que los bancos ganen cada vez más dinero, ayudar a disminuir la desigualdad enorme de los últimos años, y prohibir la conducta avariciosa e irresponsable de los banqueros que ahora de nuevo crean un gran riesgo como consecuencia de la gran deuda que han obligado a generar a los gobiernos. Y de manera inmediata, ayudar eficazmente a que se restablezca el flujo de crédito a las empresas y a los consumidores, que los bancos no abren porque están dedicando los recursos públicos multimillonarios que se ponen a su disposición para sanear las cuentas que ellos mismos han desequilibrado.
Sin embargo, para evitar enfrentarse a la banca y apoyar por el contrario sus tesis y las de la patronal, recurre a una falacia insostenible con la que nos quiere hacer creer que el paro ha aparecido como por arte de birlibirloque y que los pobres bancos son los que se encuentran amenazados por ello.
A partir de ahí vuelve a la carga con las mismas propuestas que hacen las patronales y que en definitiva no significan sino que se rebaje el coste del trabajo y se disminuya el poder de negociación que tienen los trabajadores y sus sindicatos para que las grandes empresas sigan ganando dinero más fácilmente.
Las declaraciones, en fin, son escandalosas por lo que tienen de argumento trucado y falsificación de la realidad. Pero no solo por eso.
Son un eslabón más de una cadena constante de interferencias en la labor del gobierno, a quien a cada instante somete a prueba ante los ciudadanos poniendo en duda sus medidas y propuestas, generando así una presión continua que lo debilita y que produce una inevitable desconfianza y pérdida de credibilidad en el gobierno socialista que solo favorece a la derecha y a los sectores económicos más privilegiados.
En las democracias, el ejecutivo es el poder nacido de la representación popular que debe gobernar y parece elemental que debería hacerlo en función de su programa electoral, que es una especie de acuerdo o contrato implícito con el pueblo que lo votó. Por eso, un gobierno democrático no solo tiene el derecho sino también el deber de gobernar conforme a las promesas que presentó a los electores y en virtud de las cuales logró el apoyo suficiente para ser investido como tal. Y si en lugar de gobernar quien ha ganado unas elecciones y ha sido propuesto para ello por el parlamento gobiernan otros imponiendo al gobierno sus directrices al margen de las instituciones representativas, la democracia pierde su razón de ser, desaparece.
Y lo que está pasando en los últimos años es que los poderes financieros y empresariales cada vez sustituyen más explícitamente a los gobiernos a la hora de tomar decisiones económicas.
Para lograrlo se viene sosteniendo incluso expresamente la idea de que los gobiernos deben abdicar de sus responsabilidad de gobierno y renunciar a sus planteamientos económicos cuando «los mercados» manifiestan su opinión (algo irreal, pues no son los mercados quienes hablan y muestran preferencia, sino esos grupos poderosos de grandes empresarios y financieros que los dominan). Y así se ha conseguido que las cuestiones económicas no estén sometidas al designio de la voluntad popular, haciendo creer que deben resolverse en virtud de argumentos técnicos, de leyes inexorables del mercado (que en realidad son los intereses de los poderosos) que ningún gobierno puede ni debe tratar de modificar.
La conversión de los bancos centrales en instituciones independientes de los gobiernos (y por ende de la voluntad popular expresada en las urnas y que es la que debería decidir el devenir de las decisiones de política económica porque de ellas depende el bienestar mayor o menor de la ciudadanía) fue un instrumento perfecto para conseguir que los grupos financieros impongan más fácilmente su voluntad a los gobiernos.
Nuestro gobernador sostiene los postulados de la patronal y de la banca como si fuera un técnico al margen de cualquier sospecha, como una autoridad independiente a quien hay que obedecer y que, como tal, puede corregir e incluso sabotear las acción del gobierno.
De esa manera se llega a la situación en la que estamos.
Los bancos centrales convertidos en independientes con la excusa de que así se podría combatir mejor la inflación no han sido capaces de evitar la mayor subida de precios inmobiliarios de la historia que ha provocado una crisis sin precedentes.
Los bancos centrales convertidos en independientes con la excusa de que así se garantizaba mejor la estabilidad financiera no han sabido evitar la mayor acumulación de crisis y situaciones de stress financiero de la historia.
Los bancos centrales convertidos en independientes con la excusa de que así el dinero circulante estaría fijado en su nivel adecuado y no en función de la voluntad «caprichosa» de los gobiernos, han permitido que se produzca la mayor acumulación de deuda privada de la historia, es decir, la mayor fuente de beneficios bancarios de la historia.
Los bancos centrales convertidos en independientes con la excusa de que el sistema financiero no estuviera gobernado por políticos manirrotos y sí por técnicos cualificadísimos que se dice conocen mejor que nadie lo que hay que hacer con los mercados, han establecido y permitido su regulación más catastrófica de la historia.
Los bancos centrales convertidos en independientes con la excusa de que eso era imprescindible para defender el libre mercado y lograr la estabilidad económica, han favorecido con sus políticas la mayor concentración de beneficios y de poder financiero privado de la historia.
Y a pesar de los inmensos medios con que cuentan los bancos centrales gracias a su independencia y poder, no han sido capaces de prever la crisis y, en lugar de atajar sus causas, se han dedicado a salvar a sus causantes mediante el mayor dispendio de recursos públicos de la historia.
Y a pesar de ello, a pesar de su gran fracaso histórico como instituciones independientes capaces de evitar la aparición de los problemas económicos más graves o de aliviarlos con mayor eficacia que los gobiernos representativos, siguen hablando y forzando la acción de estos últimos como si fueran los depositarios de la verdad económica.
Habría que acabar con esta farsa. Es bueno que haya instituciones monetarias y financieras que una vez tomadas las decisiones políticas por quienes tienen legitimidad democrática para ello se encarguen de garantizar que se lleven a cabo en su ámbito. Pero no se puede consentir que una institución que se solapa constantemente con los intereses privados corrija el rumbo de los gobiernos democráticos, o se convierta en el instrumento que permite que lo corrijan las patronales y los grandes grupos financieros.
El problema de que un gobernador del banco central se independice del gobierno representativo y se dedique a sabotearlo pero se haga dependiente y cómplice de las patronales no es simplemente que fuerce los discursos y haga juegos de manos con sus argumentos, sino que es una amenaza material para la democracia.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, colaborador habitual de Rebelión, editor de www.altereconomia.org y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web personal: www.juantorreslopez.com