El gobierno ecuatoriano ha decidido enfrentar a las organizaciones sociales que se oponen a su proyecto político enjuiciando a sus dirigentes para encarcelarlos o mantener juicios abiertos de manera indefinida a fin de silenciarlos; de igual forma, busca cerrar las organizaciones mediante un decreto que amenaza su estabilidad y limita sus actividades. Las organizaciones, por […]
El gobierno ecuatoriano ha decidido enfrentar a las organizaciones sociales que se oponen a su proyecto político enjuiciando a sus dirigentes para encarcelarlos o mantener juicios abiertos de manera indefinida a fin de silenciarlos; de igual forma, busca cerrar las organizaciones mediante un decreto que amenaza su estabilidad y limita sus actividades. Las organizaciones, por su parte, aún no alcanzan a definir sus estrategias para enfrentar las amenazas gubernamentales pero ya se vislumbran opciones de unidad social que preocupan al gobierno.
En el 2008, la Asamblea Constituyente concedió amnistía a más de 360 personas que tenían juicios relacionados con protestas y actos de resistencia. Todos estos juicios se habían instaurado antes del gobierno de Rafael Correa, que inició su primer mandato en el 2007.
En el 2011, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), liderada en ese momento por Fernando Gutiérrez, emitió un informe que constataba que la práctica de criminalizar la protesta social se mantenía en el gobierno, pues establecía la existencia de 21 nuevos casos producidos entre el 2008 y el 2010. El nuevo titular, Ramiro Rivadeneira, alineado con el gobierno y que asumió el cargo a finales del 2011, prefirió echar al olvido el informe de su antecesor, aduciendo errores metodológicos.
Desde entonces, el gobierno ha arremetido de diversas formas contra la organización y la protesta social. Salvador Quishpe, líder indígena y prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur amazónico, resume estas nuevas formas citando al control de los medios de comunicación; el control de las bases sociales más pobres a través de la entrega mensual de US$50, a lo que se denomina «bono de desarrollo humano» y al que acceden cerca de dos millones de personas; la división de las organizaciones y gremios sociales; la cooptación de dirigentes sociales con la oferta de puestos de trabajo; y, finalmente, para quienes no se muestran dóciles al gobierno, la instauración de juicios.
«Como no has querido someterte, ahora si se te viene el juicio», afirma Quishpe al analizar la criminalización de los dirigentes sociales.
Hostigamiento a organizaciones sociales
Las organizaciones sociales ecuatorianas poco a poco han salido de la influencia gubernamental y empiezan a gestar acciones de oposición, como las movilizaciones de setiembre y noviembre del 2014 en las que, entre otras cosas, rechazaban las reformas laborales que restringen derechos de los trabajadores, la vigencia del Decreto 16, emitido en junio del 2013, que controla la organización social, las restricciones a la libertad de expresión y la criminalización de la protesta social.
Este 19 de marzo los movimientos sociales protagonizaron una nueva jornada de protesta en nueve ciudades en la que, a más de las reivindicaciones ya planteadas, se sumaron grupos de mujeres para rechazar la nueva política de educación sexual que se basa en la moral y la abstinencia, y otros grupos de consumidores afectados por los nuevos aranceles de las importaciones.
El Decreto 16 violenta el derecho a la libre asociación mediante la exigencia de una serie de informes con los cuales el gobierno puede conocer las acciones y el pensamiento de las organizaciones.
«Todo el aparato estatal es usado por un gobierno autoritario para acabar con las organizaciones sociales; se nos quiere obligar a presentar informes de cada asamblea, de cada reunión; decir con qué recursos, en qué han invertido, quién les ha dado. Es decir, quiere una fuente de información que vulnera el derecho a la libre asociación», en declaraciones a Noticias Aliadas, afirma Nina Pacari, lideresa histórica del movimiento indígena, en relación a los requisitos que exige el Decreto 16 para que una organización pueda existir.
Por su parte, el actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Jorge Herrera, hace sentir su preocupación sobre el uso de este decreto para cerrar organizaciones indígenas.
«El Decreto 16 es una medida que ha causado malestar en nuestras organizaciones, es una medida de mala fe que violenta el marco constitucional», afirma Herrera.
La CONAIE, en el marco de las actividades de la Cumbre de los Pueblos realizada en Quito el 5 y 6 de marzo pasados, protagonizó una marcha hacia la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional para exigir la derogatoria del decreto.
«Hemos hecho una demanda de inconstitucionalidad pero hasta ahora los jueces están dormidos y no han respondido sobre este pedido», afirma Herrera. La demanda de la CONAIE es el cuarto pedido de inconstitucionalidad que organizaciones sociales ecuatorianas han presentado sobre el Decreto 16 y que no han sido procesadas por la Corte Constitucional.
Hasta ahora el Decreto 16 ha sido la base para el cierre, en diciembre del 2013, de la no gubernamental Fundación Pachamama, defensora del medio ambiente, y se teme sea la base para la disolución de la CONAIE, pues se le está exigiendo, a través de la Contraloría General del Estado, una serie de documentos e informes que van más allá de las competencias que tiene la Contraloría y que pretende el control de las actividades y decisiones privadas de una organización.
Amenazas y juicios
Las formas de control social y criminalización de la protesta a las que se ha referido Quishpe han dado como resultado el silencio de muchas organizaciones, algunas de ellas vinculadas con el gobierno a través de convenios económicos y otras temerosas de hablar para no tornarse vulnerables frente a un posible cierre.
Por otra parte, también muchos dirigentes se han callado. «Les plantean un juicio y muchos se privan de estar en la palestra opinando sobre el gobierno, y lo otro son amenazas de muerte», afirma a Noticias Aliadas Marlos Santi, ex presidente de la CONAIE.
En efecto, en los últimos meses se ha detenido y condenado a líderes sociales acusados de sabotaje y terrorismo, como el caso del dirigente campesino Javier Ramírez, liberado el pasado 10 de febrero luego de pasar 10 meses de prisión; o el caso de Manuel Molina, dirigente campesino detenido por cuatro meses acusado de los mismos delitos, por los cuales también se busca la detención de la profesora Mery Zamora, exdirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), a pesar de hacer sido ya absuelta de los cargos que se le imputaban. A pedido del Presidente, la Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Constitucional que deje sin efecto la sentencia absolutoria que dio la Corte Nacional de Justicia a Zamora.
Ramírez fue detenido luego de participar en una reunión con el Ministerio del Interior a la que había acudido para ratificar la decisión de la población de Intag, en el norte del país, de oponerse a la minería. Luego de su detención, la Empresa Minera Nacional entró en Intag, y ahora es una población fraccionada, sin la fuerza que antaño les permitió impedir las actividades mineras en sus territorios por más de 20 años.
Molina, fue detenido el 9 de julio del 2014, acusado de sabotaje y terrorismo por haber participado en una protesta contra la ley de aguas en el 2009. Molina no tuvo defensa jurídica durante tres meses porque le aconsejaron «no hacer bulla». Finalmente fue liberado el 4 de diciembre último. El caso de Molina da cuenta de otra estrategia del gobierno y es la de iniciar juicios y tenerlos abiertos para activarlos cuando el dirigente intente participar en una nueva protesta.
Otros juicios abiertos también pueden comprar el silencio de las organizaciones, especialmente cuando estas han mantenido convenios con el gobierno y no se han cumplido exitosamente. Algunas organizaciones, especialmente indígenas, que deseaban participar en las protestas del 19 de marzo han debido desistir de hacerlo porque se activaron juicios pendientes desde hace algunos años instaurados en su contra por no haber cumplido con los convenios firmados con instituciones estatales de este y de anteriores gobiernos.
Opciones casi inexistentes
Las opciones de resistencia de los movimientos sociales son pocas, pues el control ejercido por el gobierno deja pocos espacios de participación y esto ha provocado que la izquierda y la derecha empiecen a conversar sobre formas de devolver la independencia a las instituciones del Estado, en especial a los organismos de justicia y al poder electoral.
Las conversaciones del movimiento indígena con líderes de la derecha lo pone también en el ojo de la controversia y es aprovechado por el gobierno para deslegitimar a la dirigencia indígena y buscar la conformación de una nueva organización indígena aglutinando a indígenas que en el pasado fueron también cuestionados por sus actuaciones, como es el caso de Antonio Vargas, Miguel Lluco o Delia Caguano.
En este panorama, la movilización social se presenta como la única forma de participación política y que puede devolver a los movimientos sociales su anterior fuerza y capacidad de incidencia.
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