El gobierno de George W. Bush destinó hoy hasta 250 mil millones de dólares en inversión directa a bancos estadunidenses para desencadenar el flujo del crédito y «preservar el libre mercado», en lo que podría ser la intervención estatal más grande de la historia del país en el sector bancario. Bush y sus funcionarios evitaron […]
El gobierno de George W. Bush destinó hoy hasta 250 mil millones de dólares en inversión directa a bancos estadunidenses para desencadenar el flujo del crédito y «preservar el libre mercado», en lo que podría ser la intervención estatal más grande de la historia del país en el sector bancario.
Bush y sus funcionarios evitaron llamar esta acción por su nombre (y la manera en que los europeos lo definen): una nacionalización parcial de bancos estadunidenses. El presidente aseguró que «el papel del gobierno será limitado y temporal», y subrayó que «estas medidas no tienen la intención de apoderarse del libre mercado, sino de preservarlo».
Esta mañana, antes de que abrieran los mercados bursátiles, Bush anunció la iniciativa y desde la Casa Blanca declaró que el plan «sin precedente y dinámico» es una medida de corto plazo, cuyo propósito es «asegurar la viabilidad» del sistema financiero.
Su secretario del Tesoro, Henry Paulson, destacó que el plan es «extenso, poderoso y transformador» y, aunque lamentable, necesario para restaurar la «confianza». Advirtió a los bancos beneficiados que «las necesidades de nuestra economía requieren que nuestras instituciones financieras no tomen este capital nuevo para acapararlo, sino para desplegarlo».
Llama la atención que aparentemente la inversión directa del gobierno en los bancos no incluye una condición obligatoria de emplear esos fondos para descongelar el flujo de crédito. El Washington Post reportó que existe el riesgo de que los bancos usen el capital nuevo del gobierno para mejorar su contabilidad, sin empezar a ofrecer préstamos de nuevo, y que «el Tesoro no esrecibe ninguna garantía contractual para evitar que eso ocurra», aunque se supone que los reguladores presionarán a los bancos a hacerlo.
Ayer, al afinar los detalles del plan en una reunión entre Paulson y los ejecutivos en jefe de nueve de los principales bancos e instituciones financieras del país, se determinó que tanto bancos gigantescos como algunos medianos serían beneficiados con la inyección directa de capital del gobierno con el propósito de descongelar el flujo de crédito. Paulson subrayó hoy que esto es necesario, ya que «sin financiamiento, los consumidores y empresas encogen su gasto, lo cual lleva a que las empresas recorten empleos y hasta cierren sus puertas».
En la reunión con Paulson, el lunes, los ejecutivos de nueve de los bancos más grandes del país fueron casi obligados a aceptar la inversión gubernamental de unos 125 mil millones: Citigroup y JP Morgan Chase recibieron 25 mil millones cada uno; Bank of America (nuevo dueño de Merrill Lynch) y Wells Fargo (adquirió Wachovia) también recibieron 25 mil millones cada uno. Goldman Sachs y Morgan Stanley recibirán 10 mil millones cada uno, y el Bank of New York Mellon y State Street recibirán entre 2 y 3 mil millones. Otros 125 mil millones serán destinados a cientos de bancos medianos y pequeños. A cambio, el gobierno recibirá acciones preferentes, así como vales para acciones comunes.
En esa reunión, el secretario del Tesoro informó a los ejecutivos de esos bancos que necesitaban participar en la iniciativa para el bien del país y la economía. Según versiones en los medios, algunos de los banqueros decían que no necesitaban la infusión de capital o no la deseaban, pero Paulson argumentó esencialmente que era un deber casi patriótico, y que si ellos lo aceptaban, sería más fácil obligar a bancos más pequeños a hacer lo mismo.
La iniciativa anunciada hoy incluye otra medida para descongelar los mercados de crédito, en la que el gobierno garantiza nueva deuda emitida por los bancos hasta por tres años. Junto con esto, la agencia federal de garantía de cuentas bancarias ahora también ofrecerá garantizar depósitos bancarios en cuentas típicamente empleadas por empresas.
Bush y Paulson intentaron asegurar que estas medidas son para el bien común, no para beneficiar a Wall Street; que son necesarias para proteger los ahorros y los fondos de jubilación, así como los empleos, y afirmaron que serán limitadas, «temporales» y diseñadas para recuperar los fondos públicos invertidos en estos rescates a mediano plazo. «Estos esfuerzos están diseñados para beneficiar al pueblo estadunidense, al estabilizar nuestro amplio sistema financiero y ayudar a que se recupere nuestra economía», afirmó Bush al anunciar la iniciativa.
En un intento más de relaciones públicas en este tema tan políticamente delicado, Paulson señaló que las instituciones que venden acciones al gobierno tendrán que aceptar «restricciones a la compensación ejecutiva», es decir, límites a la remuneración de los altos ejecutivos bancarios.
Es casi cómico el enorme esfuerzo del gobierno estadunidense, junto con analistas, economistas y medios masivos (aunque con cada vez más excepciones) para evitar la palabra «nacionalización» al presentar ésta y otras medidas para enfrentar la crisis financiera. A pesar de que en Europa ni a funcionarios gubernamentales ni a medios parece preocuparles la palabra, aquí implica algo muy delicado y con enorme carga ideológica.
Por un lado, el gobierno de Bush se ha presentado ante el mundo como el gran campeón del «libre mercado» durante ocho años, y una y otra vez ha reducido toda intervención gubernamental en el mundo empresarial, desde imponer controles ambientales hasta multas por violaciones de leyes laborales y más, mientras promovió cada vez más la desregulación del sector financiero (iniciada desde tiempos de Ronald Reagan y continuada por Clinton y los Bush).
De hecho, hoy tanto Bush como Paulson subrayaron que esta intervención masiva es lo menos deseable, pero «desafortunadamente es necesaria para rescatar al sistema capitalista estadunidense. Es lo que jamás quisiéramos hacer, pero lo que necesitamos hacer», afirmó Paulson.
Pero no cabe duda de que se trata de la intervención estatal más cuantiosa en el sector financiero desde la Gran Depresión, o tal vez en la historia, y esto implica una transformación no sólo de ese sector y cómo opera, sino de la relación entre el gobierno y el sector privado. Algunos sospechan que esto implica la resurrección de la regulación y el fin de la fe en los principios puros del neoliberalismo.
«La meta es hacer que arranque el motor del capitalismo de la manera más productiva posible. La ideología es un bien de lujo en tiempos de crisis», declaró Nancy Koehn, historiadora en la Escuela de Negocios de la Universidad Harvard, en entrevista con el New York Times.