El gobierno de los bancos

Y volver a cambiar… pero en el sentido contrario. El 30 de enero de 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba varias disposiciones claves votadas por el Congreso que limitaban el papel del dinero en la política (fallo Buckley contra Valeo). ¿Razones invocadas por los jueces? «La libertad de expresión no puede depender de la capacidad financiera de los individuos para involucrarse en el debate público». Dicho de otro modo, regular el gasto es coartar la expresión… En enero último, este fallo se amplió hasta el extremo de autorizar a las empresas a gastar lo que quisieran para impulsar (o combatir) a un candidato.

En otros lugares, desde hace unos veinte años, entre los antiguos aparatchiks soviéticos metamorfoseados en oligarcas industriales, los empresarios chinos que ocupan un lugar destacado en el seno del Partido Comunista, los jefes del Ejecutivo, ministros y diputados europeos que preparan, a la manera estadounidense, su reconversión en el «sector privado», un clero iraní y militares paquistaníes embriagados por los negocios (2), el derrape venal se ha sistematizado. Esto influye en la vida política del planeta.

En la primavera de 1996, al término de un primer mandato muy mediocre, el presidente William Clinton preparaba su campaña de reelección. Necesitaba dinero. Para conseguirlo, tuvo la idea de ofrecer a los donantes más generosos de su partido pasar una noche en la Casa Blanca, por ejemplo en la «habitación de Lincoln». Puesto que acercarse al sueño del «Gran Emancipador» no estaba ni al alcance de los bolsillos más pequeños ni era la fantasía obligada de los más grandes, se subastaron otros placeres. Como el de «tomar un café» en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, los potenciales donantes de fondos del Partido Demócrata se encontraron con numerosos miembros del Ejecutivo encargados de regular su actividad. El portavoz del presidente Clinton, Lanny Davis, explicó ingenuamente que se trataba de «permitir a los miembros de los organismos de regulación conocer mejor los asuntos de la industria en cuestión» (3). Uno de esos «cafés de trabajo» puede haber costado miles de millones de dólares a la economía mundial, favorecido el crecimiento de la deuda de los Estados, y provocado la pérdida de decenas de millones de empleos.

Así, el 13 de mayo de 1996, algunos de los principales banqueros de Estados Unidos fueron recibidos durante noventa minutos en la Casa Blanca por los principales miembros de la Administración. Junto al presidente Clinton, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, su adjunto encargado de Asuntos Monetarios, John Hawke, y el responsable de la regulación de los bancos, Eugene Ludwig. Por una casualidad seguramente providencial, el tesorero del Partido Demócrata, Marvin Rosen, también participaba en la reunión. Según el portavoz de Ludwig, «los banqueros discutieron la legislación futura, incluidas las ideas que permitirían quebrar la barrera que separa a los bancos de las demás instituciones financieras».

Aleccionado por el crac bursátil de 1929, el New Deal había prohibido a los bancos de depósitos arriesgar imprudentemente el dinero de sus clientes, lo que obligaba luego al Estado a rescatar a esas instituciones por temor a que su eventual quiebra provocara la ruina de sus numerosos depositantes. Firmada por el presidente Franklin Roosevelt en 1933, la reglamentación, aún vigente en 1996 (ley Glass-Steagall), disgustaba fuertemente a los banqueros, preocupados por ser parte de los beneficiarios de los milagros de la «nueva economía». El «café de trabajo» tenía como objetivo recordarle ese desagrado al jefe del Ejecutivo estadounidense en momentos en que éste se preocupaba por lograr que los bancos financiaran su reelección.

Unas semanas después del encuentro, los teletipos de agencia informaron de que el Departamento del Tesoro enviaría al Congreso un paquete de leyes «que cuestionaba las normas bancarias establecidas seis decenios atrás, lo que permitiría a los bancos lanzarse ampliamente en el mercado de seguros y en el sector de los bancos de negocios e inversiones». Lo que siguió es de público conocimiento. La derogación de la ley Glass-Steagall fue firmada en 1999 por un presidente Clinton reelegido tres años antes, en parte gracias a su botín de guerra electoral (4). Esta derogación atizó la orgía especulativa de los años 2000 (sofisticación cada vez mayor de los productos financieros, del tipo de créditos hipotecarios subprime , etc.) y precipitó el crac económico de septiembre de 2008.

En realidad, el «café de trabajo» de 1996 (hubo 103 del mismo tipo en el mismo periodo y en el mismo lugar) no hizo más que confirmar la fuerza de gravedad que inclinaba la balanza en el sentido de los intereses de las finanzas. Porque fue un Congreso de mayoría republicana el que enterró la ley Glass-Steagall, conforme a su ideología liberal y a los deseos de sus «mecenas»; los congresistas republicanos también recibieron dólares de los bancos. En cuanto a la Administración de Clinton, con o sin «café de trabajo», no habría resistido mucho tiempo a las preferencias de Wall Street: su secretario del Tesoro, Robert Rubin, había dirigido Goldman Sachs. Al igual que Henry Paulson, a cargo del Tesoro estadounidense durante el crac de septiembre de 2008. Tras haber dejado morir a los bancos Bear Stearns y Merryl Lynch -dos competidores de Goldman Sachs- Paulson rescató a American Insurance Group (AIG), una aseguradora cuya quiebra habría afectado a su mayor acreedor… Goldman Sachs.

¿Por qué una población que no está compuesta en su mayoría por ricos acepta que sus representantes satisfagan prioritariamente las demandas de los industriales, de los abogados de negocios, de los banqueros, al punto que la política termina consolidando las relaciones de fuerza económicas en lugar de oponerles la legitimidad democrática? ¿Por qué cuando esos mismos ricos son elegidos se creen autorizados a exhibir su fortuna? ¿Y a proclamar que el interés general requiere satisfacer los intereses particulares de las clases privilegiadas, las únicas con el poder de hacer (invertir) o impedir (deslocalizar), y a las que por lo tanto es necesario seducir («tranquilizar a los mercados») o contener (lógica del «escudo fiscal»)?

Estas preguntas llevan a evocar el caso de Italia. En ese país, uno de los hombres más ricos del planeta no se sumó a un partido con la esperanza de influir en él, sino que creó el suyo, Forza Italia, para defender sus intereses empresariales. De hecho, el 23 de noviembre de 2009, La Repubblica publicó la lista de las dieciocho leyes que favorecieron al imperio comercial de Silvio Berlusconi desde 1994, o que le permitieron escapar a las acciones judiciales. Por su parte, el ministro de Justicia de Costa Rica, Francisco Dall’Anase, ya advierte sobre una etapa posterior. La que verá en ciertos países un Estado, ya no sólo al servicio de los bancos, sino de grupos criminales: «Los cárteles de la droga se apoderarán de los partidos políticos, financiarán las campañas electorales, y tomarán luego el control del Ejecutivo» (5).

A propósito, ¿qué impacto tuvo la (nueva) revelación de La Reppublica en el destino electoral de la derecha italiana? A juzgar por su éxito en las elecciones regionales de marzo último, ninguno. Todo sucede pues como si el relajamiento habitual de la moral pública hubiera inmunizado a poblaciones resignadas a la corrupción de la vida política. ¿Por qué indignarse entonces cuando los representantes se preocupan continuamente por satisfacer a los nuevos oligarcas, o por alcanzarlos en la cima de la pirámide de los ingresos? «Los pobres no hacen donaciones públicas», señalaba con bastante razón el ex candidato republicano a la presidencia John McCain, quien se convirtió en lobbista de la industria financiera.

Un mes después de su partida de la Casa Blanca, William Clinton ganó tanto dinero como en sus cincuenta y tres años de vida. Goldman Sachs le pagó 650.000 dólares por cuatro discursos. Por otro, pronunciado en Francia, cobró 250.000 dólares; esta vez el que pagó fue el Citigroup. En el último año del mandato de Clinton, el matrimonio había declarado ingresos por 357.000 dólares; entre 2001 y 2007, sumó un total de 109 millones de dólares. Actualmente, la celebridad y los contactos adquiridos a lo largo de una carrera política se canjean sobre todo una vez que esta carrera ha terminado. Los puestos de administradores en el sector privado o de asesor de bancos reemplazan ventajosamente un mandato popular que acaba de concluir. Y, como gobernar es prever…

Pero el «pantouflage» (6) ya no se explica únicamente por la exigencia de permanecer miembro vitalicio de la oligarquía. La empresa privada, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones no gubernamentales conectadas a las multinacionales se convirtieron, a veces más que el Estado, en lugares de poder y de hegemonía intelectual. En Francia, el prestigio de las finanzas así como el deseo de forjarse un futuro dorado desviaron a muchos egresados de la Escuela Nacional de Administración (ENA), de la Escuela Normal Superior (ENS) o de la Escuela Politécnica de su vocación de servidores del bien público. El ex alumno de la ENA y de la ENS y ex primer ministro Alain Juppé confesó haber experimentado una tentación semejante: «Todos hemos estado fascinados, e incluso, perdón, los medios de comunicación. Los golden boys , ¡era formidable! Esos jóvenes que llegaban a Londres y que estaban allí frente a sus ordenadores y transferían miles de millones de dólares en unos instantes, que ganaban cientos de millones de euros todos los meses, ¡todo el mundo estaba fascinado! (…) No sería del todo sincero si negara que yo mismo cada tanto me decía: ‘caramba, si hubiera hecho eso tal vez hoy estaría en una situación diferente'» (7).

«Ningún arrepentimiento» en cambio para Yves Galland, ex ministro de Comercio francés convertido en presidente de Boeing France, una empresa competidora de Airbus. Ningún arrepentimiento tampoco para Clara Gaymard, esposa de Hervé Gaymard, ex ministro de Economía, Finanzas e Industria: tras haber sido funcionaria en Bercy (sede del ministerio), y luego embajadora itinerante delegada de la Agencia Francesa de Inversiones Internacionales, se convirtió en presidenta de General Electric France. Conciencia tranquila también para Christine Albanel, que durante tres años ocupó el Ministerio de Cultura y Comunicación. Desde abril de 2010, sigue a cargo de la comunicación… pero de France Télécom.

La mitad de los ex senadores estadounidenses se convierten en lobbistas , a menudo al servicio de las empresas que habían regulado. Lo mismo sucedió con 283 ex miembros de la Administración de Clinton y 310 ex miembros de la Administración de Bush. En Estados Unidos, el volumen de negocios anual del lobbying rondaría los 8.000 millones de dólares. Suma enorme, ¡pero con un rendimiento excepcional! En 2003, por ejemplo, el impuesto sobre las ganancias obtenidas en el extranjero por Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Merril Lynch se redujo del 35% al 5,25%. Precio del lobbying: 8,5 millones de dólares. Beneficio fiscal: 2.000 millones de dólares. Nombre de la norma en cuestión: «Ley para la creación de empleos estadounidenses» (8)… «En las sociedades modernas -resume Alain Minc, egresado de la ENA, asesor (ad honorem ) de Sarkozy y (asalariado) de varios grandes empresarios franceses-, se puede servir al interés general en otro lugar que no sea el Estado, como en las empresas» (9). El interés general, todo está ahí.

Esta atracción por las «empresas» (y sus remuneraciones) no ha dejado de hacer estragos en la izquierda. «Una alta burguesía se renovó -explicaba en 2006 François Hollande, entonces primer secretario del Partido Socialista francés-, en momentos en que la izquierda asumía responsabilidades, en 1981. (…) Es el aparato del Estado el que proveyó al capitalismo de sus nuevos dirigentes. (…) Provenientes de una cultura del servicio público, accedieron al estatus de nuevos ricos, dando cátedra a los políticos que los habían designado» (10). Y que fueron tentados a seguirlos.

El mal les parece tanto menor cuanto que a través de los fondos de pensiones, los fondos de inversión, etc., un sector creciente de la población encadenó, a veces sin quererlo, su destino al de las finanzas. Actualmente es posible defender a los bancos y a la Bolsa fingiendo preocuparse por la viuda sin recursos, por el empleado que compró acciones para mejorar su salario o garantizar su jubilación. En 2004, el ex presidente George W. Bush basó su campaña de reelección en esa «clase de inversores». The Wall Street Journal explicaba: «Cuanto más accionistas son los electores, más apoyan las políticas económicas liberales asociadas a los republicanos. (…) El 58% de los estadounidenses tiene una inversión directa o indirecta en los mercados financieros, frente al 44% hace seis años. Ahora bien, en todos los niveles de ingresos, los inversores directos son más proclives a declararse republicanos que los no inversores» (11). Se entiende que Bush haya soñado con privatizar las jubilaciones.

«Esclavos de las finanzas desde hace dos decenios, los Gobiernos sólo se volverán contra éstas si los agreden directamente hasta el punto de que les parezca intolerable», anunciaba el mes pasado el economista Frédéric Lordon (12). El alcance de las medidas que Alemania, Francia, Estados Unidos y el G-20 tomarán contra la especulación en las próximas semanas dirá si la humillación cotidiana que «los mercados» infligen a los Estados, y la cólera popular que aviva el cinismo de los bancos despiertan en los gobernantes, cansados de ser tratados como lacayos, la poca dignidad que les queda.

Fuente:http://www.monde-diplomatique.es/isum/Main?ISUM_Portal=1