La prensa vuelve a informar de los contenidos de la reforma fiscal que ha preparado el gobierno de Rodríguez Zapatero, una reforma que hay que considerar «la tercera del Partido Popular» porque, en realidad, sigue la senda de las que hizo Aznar: disminuir la contribución de los más ricos a las arcas del Estado. La […]
La prensa vuelve a informar de los contenidos de la reforma fiscal que ha preparado el gobierno de Rodríguez Zapatero, una reforma que hay que considerar «la tercera del Partido Popular» porque, en realidad, sigue la senda de las que hizo Aznar: disminuir la contribución de los más ricos a las arcas del Estado.
La reforma responde a la filosofía liberal e insolidaria de que es bueno bajar los impuestos, algo que, en realidad, solo beneficia a los ricos que tienen recursos suficientes para pagar los servicios que satisfacen sus necesidades educativas, sanitarias, de vejez, etc. Así, la propuesta del Ministro de Economía se concretará en una rebaja media del 6% para los contribuyentes en el IRPF y del 35% al 30% en el impuesto de sociedades (un 25% para las pymes).
Lo que hace la reforma es seguir bajando los tipos máximos que se aplican y los tramos en que se dividen las rentas para aplicarlos. La excusa para esa medida es que conviene «simplificar» la declaración. Una verdadera estupidez, un recurso simplista y cínico para engañar a la gente: ¿por qué hay que simplificar?, ¿qué necesidad hay de eso si hoy día tenemos medios técnicos que permiten realizar las declaraciones más complejas de la forma más fácil? ¿qué se gana con ello?, ¿cómo se puede pensar que es mejor ganar en esa simplificación técnicamente innecesaria e injustificada que perder en justicia fiscal?. Es como decir que los jueces deben simplificar sus investigaciones para juzgar, o que los policías deben simplificar sus medios para combatir el crimen… Tal y como se realizan hoy día las declaraciones, los contribuyentes ni se enteran si hay cuatro o veinte tramos, pero, al reducirlos, lógicamente se pierde en finura contributiva y en equidad, porque se incluyen en un mismo «saco» a niveles de renta muy desiguales: cuantos menos tramos haya, rentas más diferenciadas caben en ellos y, así, menos justicia fiscal puede darse.
El gobierno socialista deja prácticamente igual la situación fiscal que generó el Partido Popular y que todos los estudios realizados muestran que sólo sirvió para que los ricos y los perceptores de rentas del capital pagaran menos. El tipo sobre todas las rentas de capital (ahorro, plusvalías, seguros,…) se establece en el 18% (con el PP estaba en el 15% pero había diferentes tratamientos). Puesto que la gente más rica percibe sus rentas más bien a través de este tipo de fuentes, es evidente el trato tan desigual que reciben en relación con los asalariados. Para pagar menos, lo único que tienen que hacer, como hacen, es lograr que sus ingresos aparezcan por estos conceptos.
También baja, como señalé arriba, el tipo aplicado a los beneficios de las sociedades, sin que ello esté repercutiendo en más creación de empleo o en su mejor calidad como dicen para justificarlo. Más bien todo lo contrario.
Para colmo, si pacta con los nacionalistas catalanes de derecha, en lugar de hacerlo con Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, incluso cambiará su propia propuesta y subirá la cantidad máxima deducible por aportaciones a fondos de pensiones, algo que también beneficia solamente a los ahorradores más ricos.
La consecuencia de esta política fiscal del Gobierno español es que se dejarán de ingresar alrededor de 4.500 millones de euros, lo que lógicamente llevará consigo menos capacidad de gasto. Esto es sumamente negativo porque el gasto social por habitante en España es poco más del 60% de la media europea de los antiguos 15. Y eso que estamos a más de seis puntos en cuanto a presión fiscal, lo que significa que aún podríamos avanzar muchos más en recaudación impositiva progresiva, para parecernos más a los países más avanzados de nuestro entorno más cercano. Se trata, por lo tanto, de una reforma que nos aleja de Europa, no sólo en materia de igualdad y bienestar social sino incluso en los parámetros básicos de la fiscalidad.
Además, esta «reforma» (o mejor dicho, la ausencia de una auténtica reforma de lo que tan negativamente hizo el Partido Popular) es tremendamente contradictoria con la política social avanzada que otros ministerios de Zapatero están diseñando. Su gobierno vive, pues, en una situación de clara esquizofrenia: los liberales que gobiernan la economía no quieren hacer frente a los privilegios económicos de los ricos, mientras que los ministros sinceramente socialistas carecen de los recursos necesarios para aplicar plenamente sus proyectos (en especial, por ejemplo, la ley de dependencia que, sin mayor aporte fiscal, se convertirá en una fuente de empleos precarios y, paradójicamente, de mayor desigualdad social).
Rodríguez Zapatero se ha mostrado ya como un dirigente político coherente con sus ideas y valiente a la hora de cumplir gran parte de sus compromisos electorales pero falla en el área económica: ni siquiera está aplicando su programa electoral en este campo y eso se lo pueden echar en cara los votantes.
Seguramente, esa falta de compromiso social en materias económicas no sea el resultado de su propia voluntad. Prefiero pensar que se enfrenta a los grandes poderes financieros y que estos presionan sin cesar, de modo que su capacidad de maniobra disminuye y apenas existe. Es por ello que quienes estamos a favor de una sociedad más justa y solidaria no podemos limitarnos a criticarlo, teniendo en cuenta, como he dicho, que su comportamiento político en otros campos es progresista: lo inteligente es tratar de empoderar a estos gobernantes para hacer que, también y especialmente en política económica, adopten medidas progresistas y que vayan lo más lejos posible que se pueda ir en las condiciones en las que vivimos. Si toda la izquierda se dispusiera a hacer esto, en lugar de criticar pensando que la acción de los gobiernos depende solo de la voluntad de quienes están en ellos, el poder necesario para cambiar las cosas sería mucho mayor y seguro que la transformación social sería más rápida, más profunda y más satisfactoria.
Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web: www.juantorreslopez.com