El Ministerio del Interior ecuatoriano retiró el permiso de funcionamiento de la Fundación Pachamama de Ecuador. La ONG trabaja desde hace 16 años en el país por los derechos de los pueblos indígenas y en defensa de la naturaleza. Sus oficinas en Quito han quedado clausuradas. ¿Qué significa? Todas las organizaciones ecuatorianas e internacionales lo […]
El Ministerio del Interior ecuatoriano retiró el permiso de funcionamiento de la Fundación Pachamama de Ecuador. La ONG trabaja desde hace 16 años en el país por los derechos de los pueblos indígenas y en defensa de la naturaleza. Sus oficinas en Quito han quedado clausuradas. ¿Qué significa?
Todas las organizaciones ecuatorianas e internacionales lo ven como un gesto de autoritarismo y existe gran preocupación entre los movimientos ciudadanos de ese país de que este hecho pueda ser «sólo es el comienzo» de una amplia censura hacia quienes se oponen al extractivismo. El caso no es único, desde 2009 el gobierno ecuatoriano endureció la legislación para el funcionamiento de las ONGs y clausuró hasta el momento 29 de ellas.
El gobierno justificó el cierre de las oficinas de la Fundación Pachamama ayer 4 de diciembre en Quito con el argumento de un supuesto intento de agresión contra el embajador chileno, Juan Carlos Lira, durante una reciente protesta contra la explotación petrolera, el día 28 de noviembre. Según el diario ecuatoriano El Comercio, el gobierno alega «injerencia en políticas públicas» y «atentado contra la seguridad interna y paz».
Pero muchas organizaciones sociales y ambientales coinciden en apreciar que la motivación real del gobierno es otra: silenciar a quienes se oponen a la explotación petrolera, minera y otros megaproyectos con importantes afectaciones sobre los ecosistemas biodiversos del país, y las consecuencias de este extractivismo no sólo para los pueblos indígenas y campesinos, sino también para toda la población.
Según declaró Belén Páez, presidenta de la ONG al mismo rotativo «llegaron 15 personas de civil que se presentaron como funcionarios de varios ministerios y de la policía, y nos notificaron que hubo una orden ministerial de disolución de la fundación». http://www.elcomercio.com.ec/
Más temprano esta misma semana, la Fundación Pachamama había expresado en un comunicado su profunda preocupación por la política petrolera ecuatoriana, que busca actualmente concesionar tres millones de hectáreas de territorio amazónico a empresas petroleras sin llevar a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades que lo habitan, pertenecientes a siete diferentes nacionalidades indígenas.
En este contexto, la Fundación Pachamama deja claro que «ni apoya ni participamos en ningún acto violento» y que no permitirán que esta el cierre de la oficina, que consideran una agresión hacia la Fundación, desvíe la atención y los debates sobre el tema de fondo «que es la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos y de los derechos de la Naturaleza, por una ronda petrolera realizada contra la voluntad de los legítimos propietarios de los territorios afectados». Precisamente en estos temas se centra la labor de la Fundación Pachama.
Desde Europa, Salva la Selva/Rainforest Rescue/Rettet den Regenwald se solidariza con la Fundación Pachamama, sus trabajadores y organizaciones contrapartes y se compromete a denunciar la injusticia que está sufriendo y a continuar creando espacios de resistencia global donde se puedan debatir estas cuestiones y rebatir estas injusticias.
Más información en el siguiente pronunciamiento de la Fundación Pachamama.
Lamentamos informar que en horas de la mañana del miércoles 04 de diciembre de 2012, en las oficinas de Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, se presentaron funcionarios de la Intendencia de Policía de Pichincha y procedieron a clausurar las instalaciones a la vez que nos dejaban una resolución del Ministerio de Ambiente por la que se disuelve nuestra organización.
Dicha disolución es un acto arbitrario que busca reprimir nuestro legítimo derecho a disentir de la decisión del Gobierno Nacional de entregar en concesión territorios de las nacionalidades indígenas amazónicas a empresas petroleras, sin respetar sus derechos constitucionales, especialmente a la consulta libre, previa e informada, de acuerdo a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Nuestra posición se fundamenta en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y se concreta en acciones enmarcadas en el estado de derecho. Desde hace dieciséis años hemos ofrecido nuestro apoyo solidario a las organizaciones indígenas que legítimamente representan a los pueblos ancestrales de la Amazonía.
Rechazamos las manifestaciones violentas que provengan de cualquier sector. Ni apoyamos ni participamos en ningún acto violento. No se nos puede imputar actos en los que no hemos participado.
Por nuestro trabajo en defensa de los derechos hemos sido agredidos pública y violentamente mediante expresiones de quien detenta el poder político, difundidas ampliamente por los medios de comunicación bajo control del gobierno. Eso es violencia. También es violencia disolver a una organización intempestivamente, sin causa legal alguna, sin un debido proceso que garantice la legítima defensa.
Frente a esta agresión, manifestamos:
1. No renunciamos a nuestro derecho a defender los derechos.
2. Impugnaremos la ilegal decisión por todos los medios legales a nuestro alcance.
No permitiremos que la agresión de que somos víctima, desvíe la atención y el debate del tema de fondo que es la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos y de los derechos de la Naturaleza, por una ronda petrolera realizada contra la voluntad de los legítimos propietarios de los territorios afectados, a través de una «socialización», no una consulta.
Maria Belén Páez es Presidenta de Fundación Pachamama.
Fuente original: http://www.salvalaselva.org/