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El Gobierno Lula es rehén del Parlamento brasileño

Fuentes: Rebelión / Socialismo y Democracia [Imagen: Lula durante la sesión de investidura en el Parlamento brasileño el 1 de enero de 2023. Créditos: Ranier Bragon/Folhapress, tomado de Socialismo y Democracia]

En este artículo el autor analiza el chantaje a que es sometido el gobierno de Lula 3 por parte de un Parlamento hostil.


El próximo sábado 1 de febrero se concretizará la elección del nuevo presidente del Senado y de la Cámara de Diputados de Brasil. El favorito para el Senado es Davi Alcolumbre del Partido Unión Brasil. También existe bastante consenso que el candidato “tapado” para presidir la Cámara es Hugo Motta del Partido Republicanos. Lo que también es un hecho confirmado es que, desde antes de la proclamación de ambos candidatos, las demandas y presiones que ejerce el Congreso Nacional sobre el Gobierno se ventilan a plena luz del día.

Se sabe que la actual gestión deberá realizar un ajuste ministerial en un futuro mediato, sin embargo, la Cúpula de la Cámara de Diputados aguarda la elección del nuevo comando de la Casa para negociar directamente con el presidente Lula da Silva la reforma ministerial, saltándose la ronda de negociaciones con el actual ministro de la Secretaria de Relaciones Institucionales y, por lo tanto, quien debiera ser el responsable de liderar la articulación política, Alexandre Padilha.

El argumento de los líderes de la Cámara, es que solo van a negociar con el presidente Lula, pues es él quien tiene la discrecionalidad de decidir al final los cupos ministeriales que reivindican los miembros del centrão, que dominan sobradamente las acciones dentro del Congreso. A pesar de que el cargo de Padilha cuenta con el apoyo de Lula y es parte del andamiaje institucional del Gobierno, los diputados no reconocen su legitimidad para realizar las negociaciones sobre el futuro de la composición ministerial.

Ellos también le hicieron llegar al Palácio do Planalto la información de que prefieren que en esta negociación no participen los líderes de los partidos de la amplia coalición, sino que los acuerdos sean realizados directamente por los presidentes de ambas Casas del Congreso Nacional. Para ello, se sabe que existe un diseño con todos los cambios propuestos para la reforma ministerial, con candidatos marcados para asumir los nuevos cargos, todos de partidos de derecha que antes habían formado parte del Gobierno de Bolsonaro.

En un acto de chantaje político directo, descarado y sin escrúpulos, los líderes del Congreso vienen señalándole al Gobierno que esa es la única manera de mantener los actuales equilibrios de fuerzas entre ambos Poderes del Estado, lo que a su vez es una condición que permitiría afirmar y garantizar la gobernabilidad de la presente gestión.

De hecho, en la primera mitad de este tercer mandato del Gobierno Lula ha sido evidente la falta de colaboración y de presiones ejercidas por los Congresistas, quienes se han dedicado a boicotear la mayor parte de los vetos realizados por el Ejecutivo, desconociendo la voluntad del presidente y reponiendo prácticamente todos los proyectos propuestos por el Legislativo, que tiene la prerrogativa de dar la palabra final para la aprobación de las medidas provisorias y las leyes.

Actualmente, las enmiendas parlamentarias son el principal instrumento utilizado por los parlamentarios para reforzar sus corrales electorales, quienes destinan gran parte del tiempo de su labor legislativa a gestionar los recursos para obras e inversiones en sus reductos y articulando con los poderes locales y estaduales mayores cuotas de poder que les permitan la reproducción de su actuación política en esos territorios.

Desde 2015 hasta la fecha, los valores de las las enmiendas fueron adquiriendo un crecimiento acelerado que las ha llevado a ocupar un impactante volumen dentro del presupuesto nacional, algo así como 50 mil millones de reales (aproximadamente 8 mil quinientos millones de dólares). Además de este enorme caudal de dinero, el Congreso aprobó la ejecución obligatoria para la mayor parte de estos fondos, inclusive con las contraindicaciones y bloqueos realizados por el Supremo Tribunal Federal, quien ha tratado de velar por la transparencia y trazabilidad de los dineros transferidos desde los cofres públicos.

Con los montos abultados que han acumulado las enmiendas impositivas, que en muchos casos superan los presupuestos de determinados ministerios, el poder de negociación y la influencia de los congresistas viene, en consecuencia, aumentando considerablemente. Anteriormente, tanto la ocupación de ministerios como los montos públicos destinados a diversos tipos de emprendimientos daban una gran capacidad de negociación a los gobiernos. Actualmente, esta capacidad se encuentra definitivamente concentrada en el parlamento.

El carácter desmedido que ha tomado este empoderamiento de las huestes del atraso fisiológico del Congreso, coincide con la derrota sistemática que vienen sufriendo las fuerzas progresistas y de izquierda en las últimas elecciones parlamentarias y municipales, lo que les otorga a los representantes de la derecha y la extrema derecha una presencia mayoritaria en las decisiones más significativas de la legislatura, la mayoría de ellas marcadas por corrupción y cooptación del aparato institucional del país. En efecto, tales sectores se encuentran más habituados con las prácticas de esta índole durante décadas en la historia política brasileña.

Si bien es cierto Lula da Silva ganó las elecciones de 2022 -y, dicho sea de paso, por un margen estrecho-, la composición del Congreso Nacional le ha sido francamente adversa, debiendo ampliar la base de su administración a partidos de derecha que hasta hace muy poco formaban parte del Gobierno Bolsonaro. De esta manera, Lula tuvo que distribuir al inicio de su mandato nada menos que nueve ministerios entre partidos de esta amplia coalición, entre ellos, Unión Brasil, Partido Social Democrático (PSD), Movimiento Democrático Brasileño (MDB), aumentando después la transferencia de nuevos ministerios para otros dos partidos ontológicamente de derecha, el Partido Popular (PP) y Republicanos.

No obstante, a pesar de participar en esta “amplísima” base gobiernista, muchos diputados y senadores que militan en los partidos indicados anteriormente, siguen siendo en los hechos de oposición, apoyando en escasas oportunidades las iniciativas emanadas desde el Ejecutivo o directamente boicoteando los proyectos presentados por el Palácio do Planalto.

Si a ello se suma la amenaza siempre latente de una sanción contra el Gobierno a causa de cualquier posible acusación por irresponsabilidad fiscal y, por ello mismo, la consecuente aplicación medidas de contención de gastos promovidas por su actual Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, este tercer mandato del presidente Lula es claramente más deficitario en la promoción de programas sociales de gran impacto, como es el caso de los Programas Bolsa Família, Fome Zero, Minha Casa/Minha Vida o los diversos tipos de apoyos a la investigación científica y la formación universitaria.

Presionado por una oposición activa y acosado por sus propios errores, el Gobierno Lula parece una administración debilitada que debe enfrentar a un Congreso empoderado, manipulador y turbinado por el conjunto de enmiendas parlamentarias que le otorgan un poder expresivo a la hora de decidir sobre las políticas públicas y otro sinfín de materias. Estos órganos asumieron un nivel de protagonismo no solamente dentro del proceso político sino especialmente en la definición de las prioridades del presupuesto fiscal, que en concreto son las prioridades de los intereses de cada uno de los “excelentísimos” diputados y senadores.

Lejos del escrutinio popular, los parlamentarios no tienen que rendirle cuentas a nadie, menos a los electores y ciudadanos brasileños que hasta ahora han aceptado pasivamente el curso de los acontecimientos. Es decir, nos encontramos frente a una institución que detenta poderes casi omnímodos y que actúa sin grandes contrapesos institucionales. Ello permite vislumbrar un escenario sombrío y trágico que va a requerir de la movilización activa, comprometida y permanente de la sociedad civil y de los otros poderes, para garantizar una mayor transparencia y un ejercicio efectivamente democrático en los procesos políticos decisorios por parte de los diversos agentes que conforman ambas Casas Legislativas. Si no es así, el despotismo parlamentario puede comprometer seriamente el futuro de Brasil.

Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia, autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial RIL, 2021) y coeditor del libro EP Thompson en Chile: solidaridad, historia y poesía de un intelectual militante (Ariadna Ediciones, 2024).

Fuente: https://fmdelacuadra.blogspot.com/2025/01/el-gobierno-lula-es-rehen-del.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.