La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, considera un atentado a las economías familiares de la clase trabajadora el anuncio de las nuevas medidas económicas emitidas por el gobierno el viernes 10 de abril de 2020.
En la crisis sanitaria, económica y social por la propagación del COVID-19 en Ecuador somos los trabajadores quienes estamos a diario en la primera línea de respuesta, somos los trabajadores del campo y la ciudad quienes hemos puesto el contingente humano, los muertos y la plata; sin embargo, miles de familias del sector público no han recibido el pago de sus salarios del mes de marzo, en cambio Richard Martínez Alvarado, ministro de Economía y Finanzas destinó USD 324 millones para el pago de los bonos 2020 a la par que alrededor de 2000 docentes a contrato han sido desvinculados y más del 60% de la población no tiene pleno empleo.
En la crisis global acentuada por la expansión del coronavirus la mayoría de países decidieron no pagar o establecer moratorias al pago de la deuda externa, priorizando la vida, el sistema de salud pública y las necesidades urgentes de los pueblos como el trabajo, educación y salud. En Ecuador, se pagó USD 324 millones de la deuda externa y se condenó los recursos del sistema de salud pública, ahora pretenden saquear una vez más el bolsillo de los ecuatorianos, estas acciones se explican por la vinculación de representantes de la burguesía en los principales cargos del Estado, a la vez, esto es inaudito pues el mismo FMI y el Banco Mundial, pidieron a los países pobres que congelen el pago de deudas y puedan liberar este dinero para combatir la pandemia de coronavirus.
Ahora el gobierno con medidas sin planificación quiere trasladar a la clase trabajadora el peso de la crisis, aprovechando el contexto generado por la propagación del coronavirus, pues la falta de liquidez del Estado se ahonda cuando desde 2019 perdonó, con la “Remisión Tributaria”, deudas por más de 4000 millones de dólares a grupos empresariales y ahora quiere despojar a los trabajadores públicos y privados con el supuesto aporte al “fondo solidario” a quienes ganan a partir de 500 dólares, esto significa perjudicar a los sectores populares que mensualmente ni siquiera logran alcanzar los 700 dólares de la Canasta Familiar Básica (CFB).
El ministro Richard Martínez Alvarado parece enemigo de los trabajadores, con su anuncio del domingo 12 de abril de 2020 da cuenta de los intereses corporativos a los que representa, pues otorga una serie de beneficios a los grupos empresariales en detrimento de los derechos laborales, los planteamientos para aplicar las nuevas medidas económicas dan vía libre a la desregulación y precarización laboral, y por tanto: reducción de salarios, no prohibición de despedidos, posibilidad de descontar la cuarentena con vacaciones acumuladas, diferir el pago de salarios durante períodos indefinidos, entre otras vulneraciones, sin exponer medidas reales de protección del empleo y fijar condiciones laborales justas en esta crisis.
Estas son las consecuencias del Estado por encubrir a los grandes deudores del pago de impuestos, multas e intereses al Servicio de Rentas Internas (SRI); entre los que se encuentran: los bancos del Pichincha, Guayaquil, Pacífico; operadoras telefónicas Conecel y Otecel, Andes Petroleum, Exportadora Bananera Noboa, Pronaca, etc; siendo la burguesía comercial, industrial y financiera quienes acumulan más y más riqueza pero adeuda más de 6.200 millones de dólares y mantiene, con la venia del gobierno, sus exclusivos intereses económicos.
Por todo esto consideramos que la crisis social se agrava fundamentalmente por las decisiones económicas del gobierno, reflejando indolencia, incapacidad e incompetencia para manejar los recursos públicos y generar bienestar social y económico en esta emergencia sanitaria, las economías familiares enfrentan un golpe más, lo que vuelve insostenible generar un nuevo impuesto al salario mientras no exista una propuesta real e integral para proteger los sectores claves como el sistema de salud, alimentación, educación, seguridad social de los ecuatorianos como prioridades esenciales, al contrario, en plena emergencia sanitaria impone un panorama incierto para trabajadores públicos, privados del campo y la ciudad, así como, para las miles de familias que viven del esfuerzo diario y por las restricciones actuales son más vulnerables.
La CONAIE en el 2019 presentó una serie de propuestas económicas que tienen vigencia en el contexto actual, con la constatación que las imposiciones del FMI implican: concentración del ingreso en los más ricos, instauración de relaciones mercantiles que fracturan a la sociedad, ampliación de los proyectos extractivistas sobre todo petrolero y minero en esencia violentos y depredadores de las comunidades y la naturaleza, exclusión de la riqueza a la mayoría de la población, autoritarismo para sustentar y proteger sus medidas, imposición por fuera de las instituciones y reglas democráticas, utilización del Estado y la política económica en beneficio propio y de los grupos de poder económico.
Entre las principales propuestas presentadas en el 2019 se hacen urgente:
- Pagar de inmediato los salarios, correspondientes al mes de marzo, a los servidores públicos. En pleno Día del Maestro la celebración que hace el Gobierno al magisterio ecuatoriano es no pagarles el sueldo a tiempo.
- Incrementar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para impedir la fuga de capitales y el traslado de riqueza a los paraísos fiscales, así como aumentar el control a las importaciones.
- Declarar la moratoria de la deuda externa y trasladar lo presupuestado para este pago al sistema de salud pública y ayuda alimentaria a las miles de familias y sectores más empobrecidos;
- Emitir decreto presidencial para la prohibición de despidos masivos en el sector público y privado;
- Imponer un impuesto del 1% a los activos a los 270 grupos económicos, que permitiría obtener 1.157,2 millones de USD.
- Devolver al Banco Central del Ecuador el manejo del dinero electrónico y ampliar su uso para garantizar la liquidez durante la emergencia sanitaria.
- Promover prioritariamente la agroecología, la agricultura familiar campesina y comunitaria en las políticas agropecuarias del país, revertiendo la tendencia actual que favorece al agronegocio.
- Eliminar los sueldos vitalicios a ex presidentes y ex vicepresidentes y la disminución de sueldos de funcionario públicos y privados que gana más de $ 4000 USD.
- Elaborar la Ley que permita la Fiscalización y la Extinción de Dominio que especifique los mecanismos que se pondrán en marcha para sancionar y recuperar los recursos mal habidos por la corrupción tanto pública como privada, así como la extradición de capitales que se encuentran en paraísos fiscales.
En este escenario, es momento de defender las conquistas históricas de los trabajadores e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres. En tal virtud, las demandas del movimiento indígena, el movimiento sindical, las organizaciones populares, el movimiento de mujeres y el pueblo en general se junta para empujar un programa de unidad.
Jaime Vargas
Presidente de la CONAIE