Haciendo caso a fuertes críticas de dirigentes y militantes bolivarianos y de organismos humanitarios, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció una revisión exhaustiva a la recién promulgada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Durante una reunión con candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la occidental ciudad de […]
Haciendo caso a fuertes críticas de dirigentes y militantes bolivarianos y de organismos humanitarios, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció una revisión exhaustiva a la recién promulgada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.
Durante una reunión con candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la occidental ciudad de Maracaibo, dijo que decidió nombrar una comisión que corrija los errores que se encuentran en dicha ley.
Si a la derecha antichavista le preocupa que esta ley tenga similitudes con alguna legislación cubana, a sectores de izquierda les preocupa alguna similitud con los instrumentos represivos de Estados Unidos y Colombia. Hay quienes alertan que se trata de un explosivo legal, que de llegar la derecha al gobierno sería una norma excelente como para erradicar el bolivarianismo.
«Me puse a oír críticas y opiniones, y creo que hay algunos errores. Por ejemplo, el artículo 16 de la ley es uno, y no es pequeño (…). Como fue un error del gobierno, vamos a corregir esta norma, que no es mala pero tiene elementos que utilizan los adversarios para generar miedo», expresó ayer el mandatario.
Chávez tiene aún las potestades especiales legislativas concedidas por la Ley Habilitante, aprobada por la Asamblea Nacional, y en este marco puede hacer las correcciones que estime pertinentes.
Recalcó que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia tiene como objetivo fundamental crear un sistema nacional de inteligencia «y acabar con la autonomía de esos órganos como la Disip, el DIM, la Digepol y el SIFA, organismos con historias negras, de desapariciones y muerte».
Chávez insistió: «en Venezuela no habrá ley que atropelle a nadie», tras anunciar el fin de organismos represivos, «con historias negras de desapariciones y muertes».
Junto con la Ley de Policía Nacional, la llamada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia venía a fijar límites a las atribuciones del Estado para administra su violencia legítima.
Los viejos organismos represivos de la Cuarta República darían lugar a nuevas instituciones sin aquellos vicios, métodos y misiones.
Sin una norma, hasta ahora los organismos de inteligencia (en el exterior) y contrainteligencia (en el interior) entrenados por Estados Unidos han sido manipulados por las elites que gobernaron el país entre 1959 y 1999, dejando una larga lista de torturados, desaparecidos entre las víctimas del terrorismo de Estado
Tal como reconoció el presidente Chávez, el principal problema se plantea con el artículo 16 de la ley, que señala textualmente: «Son órganos de apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, así como los órganos y entes de la administración pública nacional, estatal, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y las comunidades organizadas, cuando le sea solicitada su cooperación para la obtención de información o el apoyo técnico por parte de los órganos con competencia especial.
«Las personas que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente artículo son responsables de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y demás actos de rango legal y sublegal aplicables a la materia, en virtud de que dicha conducta atenta contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.»
No resulta muy progresista una ley que obligue a una cooperación, coercitiva y obligatoria de los ciudadanos para con los organismos de seguridad del Estado, a todos los ciudadanos, so riesgo de sanciones penales.
En Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe lleve adelante su «guerra contra el terrorismo» basándose en premisas similares. Por ejemplo, el periodista William Parra no puede regresar a su país porque no colaboró con la Policía Nacional informándoles dónde estaba ubicado el campamento en el cual interrogó con su cámara de Telesur a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La fiscalía lo acusa de ser cómplice del delito de secuestro, porque fue hasta la selva a entrevistar a un oficial prisionero de las FARC.
Asimismo, el artículo 20 de la ley dispone la posibilidad de que los cuerpos de inteligencia practiquen diligencias sin orden judicial o fiscal en casos excepcionales, y les permite utilizar los resultados de tales diligencias como «pruebas» en un juicio, sin que haya habido control de la otra parte (el imputado) sobre dichas pruebas.
Es bastante parecido a lo que el gobierno colombiano hizo con el supuesto computador de Raúl Reyes para «probar» las relaciones de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con las FARC, oportunidad en la cual el ministro venezolano del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, descalificó su valor probatorio, porque estuvo bajo poder y manipulación exclusiva por parte del Ejército colombiano durante varios días.
Comunicadores, como Ernesto Villegas, del canal oficial Venezolana de Televisión, llamaron la atención sobre la penalización que la ley pretende establecer contra la publicación o divulgación de documentos secretos o confidenciales. Nadie ha puesto en duda el derecho del Estado a mantener determinadas informaciones bajo secreto y la obligación es de los funcionarios, no de los periodistas que tienen el derecho y el deber de informar, consagrados en la Constitución.