Los movimientos, organizaciones sociales y personas que integramos el Grupo Nacional de la Deuda, expresamos nuestra profunda preocupación y contrariedad por el inexplicable pedido de amnistía para el ex vicepresidente Alberto Dahik Garzozi, prófugo de la justicia, por parte del presidente Rafael Correa Delgado, durante su informe anual a la nación, el 10 de agosto […]
Los movimientos, organizaciones sociales y personas que integramos el Grupo Nacional de la Deuda, expresamos nuestra profunda preocupación y contrariedad por el inexplicable pedido de amnistía para el ex vicepresidente Alberto Dahik Garzozi, prófugo de la justicia, por parte del presidente Rafael Correa Delgado, durante su informe anual a la nación, el 10 de agosto del 2010,
Es de conocimiento público que Alberto Dahik, ex vicepresidente del gobierno de Sixto Durán-Ballén, se fugó del país el 12 de octubre de 1995. Él, siendo vicepresidente de la República, enfrentaba una orden de prisión tras ser acusado de peculado y enriquecimiento ilícito en el manejo de los fondos reservados, emitida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. También es de conocimiento de la sociedad que esta acción judicial se produjo porque el ex vice presidente Dahik confesó públicamente haber entregado dinero de los fondos reservados del estado para fines ajenos a la seguridad nacional, como fue el pago a varios legisladores para la aprobación de algunas leyes e incluso para alentar la privatización de la empresa telefónica. Además, existen pruebas de varias cuentas secretas de fondos reservados en bancos privados y no en el Banco Central como mandaba la ley; cuentas que, adicionalmente, eran manejadas ilegalmente por los asesores o funcionarios de la Vicepresidencia de la República de ese entonces. Igualmente hay una larga lista de cheques girados arbitrariamente a favor de personas naturales y/o jurídicas.
Pero también consta que destacados periodistas y el pueblo ecuatoriano, liderado por los movimientos y organizaciones sociales, denunciaron en su momento este acto de corrupción. Incluso tenemos que recordar que se constituyó una agrupación -el Movimiento Ciudadano Manos Limpias- para impulsar desde la sociedad civil la investigación y sanción de estos delitos.
Alberto Dahik fue, además, el cerebro y principal ejecutor de las políticas neoliberales impuestas por el FMI en el marco del Consenso de Washington. Su accionar fue definitorio para la aplicación de varias leyes nefastas para el interés de la colectividad, incluso recurriendo a prácticas corruptas, como él mismo reconoció públicamente. Cabe mencionar en especial la Ley de Modernización (1993), orientada a impulsar la privatización de las empresas y servicios públicos, y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (1994), que abrió las puertas al atraco bancario y a la grave crisis económica de 1999 y 2000. ¿Serán acaso estos méritos para el perdón y olvido?
Por otra parte, Alberto Dahik participó activamente en calidad de vicepresidente de la República en las renegociaciones de la deuda externa, que fueron perjudiciales al país. Vale aquí resaltar la renuncia al derecho de prescripción de la deuda comercial en diciembre de 1992 y la renuncia en 1993 a recomprar dicha deuda al valor de mercado, en ese momento a 24% de su valor nominal; con estas operaciones se actualizó y volvió exigible una deuda inexistente, cuyo monto superaba los 6.000 millones de dólares. Por igual recordemos la conversión de todo el monto de la deuda pública comercial a Bonos Brady, en 1995, en condiciones contrarias al interés nacional. De esta manera se favoreció a los acreedores y se postró, una vez más, al pueblo ecuatoriano en la pobreza crónica. Ya lo dijo el ciudadano Rafael Correa, antes de ser presidente de la República, refiriéndose a dichos arreglos de la deuda, se actuó «todo en función de los acreedores». ¿Las evidencias sacadas a luz por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, constituida por el gobierno del presidente Correa en cumplimiento de las exigencias de transparencia y justicia de la sociedad ecuatoriana, no son pruebas suficientes?
En este caso se sintetiza lo ilícito y lo incorrecto. El caso Dahik representa un claro abuso del poder público, destinado a provocar una serie de transformaciones para reorganizar la sociedad y la economía en función de objetivos aperturistas y liberalizadores a ultranza, útiles a los intereses de reducidos grupos dominantes y transnacionales. Abuso que habría favorecido también a los allegados políticos, tanto como a amistades y familiares del ex vicepresidente.
El pueblo no ha dejado de luchar en contra del abuso del poder, la corrupción y la impunidad. Para superar tanta arbitrariedad, en el año 2006, el pueblo ecuatoriano apoyó mayoritariamente los planteamientos programáticos de la candidatura de Rafael Correa, en cuya agenda consta, como uno de sus cinco ejes fundamentales: La Revolución Ética: Lucha frontal contra la corrupción.
Con el derecho que nos otorgamos los habitantes de este país, al aprobar mayoritariamente la actual Constitución, exigimos a la Asamblea Nacional denegar el pedido de amnistía a favor del ex vicepresidente Alberto Dahik. Convocamos a todas las organizaciones sociales y a la sociedad en general a no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Y esperamos rectificaciones profundas por parte del gobierno nacional, que está en mora en la lucha emprendida por la sociedad en contra de la corrupción, en tanto no ha alentado el esclarecimiento y menos aún la sanción de varias denuncias de hechos corruptos que se habrían cometido durante su gestión.
Firman, Grupo Nacional de Deuda, Jubileo 2000 – Red Guayaquil, Acción Ecológica, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Alberto Acosta, Hugo Jácome, Alejandro Olmos Gaona, Hugo Arias, Piedad Mancero, Aurora Donoso, Franklin Canelos, Ricardo Ulcuango, Edgar Isch, Delfa Mantilla, Jorge Corral, Eliana Franco, Beatriz Reyes, Mary García, Luis Corral Fierro, Nancy Burneo.
Se adhieren, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y desarrollo -Ecuador-, Asamblea Nacional de Mujeres Populares Diversas del Ecuador, FIAN Ecuador, Coordinadora Zonal de Intag, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH – FIDH, Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Unión Nacional de Educadores (UNE), Afectados por la Presa Daule Peripa, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Frente Popular (UGTE, FEUE, UNE, JRE, FESE, FEUNASSC, UCAE, CUCOMITAE, UNAPE , CONFEMEC); Byron Real, Luis Robalino Fernández, Ricardo Buitrón, María Antonieta Ugarte, Tania Roura, Fanny Machuca, David Cordero Heredia, María Cristina Espinosa, Marlom Cabrera, Jefferson Campos Tufiño, Herlinda Alcivar, Alfredo Chum, Wilmer Romero Rodríguez, Marlom Cabrera, Galo Mindiola, Pablo Dávalos, Paúl Velasquez, Sandra Gallardo, Cristina Redroban, Víctor Coronel, Pedro Saltos, Oscar Morán, Andrea Becerra, Rocio Bastidas Granizo.