Una persona desconocida en la comunidad internacional ha hecho historia. María Aguinda, indígena ecuatoriana de etnia quechua, ha puesto en jaque a la gigante multinacional petrolera de los Estados Unidos, Chevron. Aguinda, con el respaldo de 30000 indígenas y mestizos de 80 comunidades de las provincias de Orellana y Sucumbíos agrupados en la Asamblea de […]
Una persona desconocida en la comunidad internacional ha hecho historia. María Aguinda, indígena ecuatoriana de etnia quechua, ha puesto en jaque a la gigante multinacional petrolera de los Estados Unidos, Chevron. Aguinda, con el respaldo de 30000 indígenas y mestizos de 80 comunidades de las provincias de Orellana y Sucumbíos agrupados en la Asamblea de Afectados por Texaco, presentó en 1993 una querella contra la empresa, llamada Texaco hasta 2001, por derramar desde 1972 a 1990 productos tóxicos y crudo afectando duramente el hábitat de la Amazonia, tanto en tierra como en ríos, y provocando graves consecuencias en la salud de las comunidades indígenas donde muchos murieron de cáncer. Después de 9 años de juicio en tribunales norteamericanos la sentencia de 2002 dictaminó que la resolución del conflicto es competencia de los órganos ecuatorianos por suceder en las propias fronteras, conocer la problemática directamente y disponer de mecanismos legales. Este fenómeno fue una primacía en el mundo judicial al ser la primera vez que una transnacional se somete a la jurisdicción de un «país en desarrollo» por una querella presentada por particulares. Con la reanudación del juicio en la Procuraduría de Ecuador en el 2003, finalmente el 14 de febrero el juez Nicolás Zambrano de la Corte Justicia de Nueva Loja, capital de Sucumbíos, después de más de 100 estudios y peritos sentenció a Chevron como la culpable de insertar en los recursos subterráneos y ríos más de 55938 millones de litros contaminantes debido a guardar la empresa el caudal residual en balsas perforadas en la tierra sin impermeabilizar, y provocando, así, grandes efectos nocivos en el área selvática de la Amazonia. El juez confirmó que el daño era evitable con la creación de balsas de acero pero que esta medida de seguridad ambiental no fue ejecutada por Chevron para ahorrar costes y obtener unos beneficios máximos de 30.000 millones de dólares. También condenó la mala fe de la empresa para intentar suprimir su responsabilidad al desastre natural y social con el cambio de nombre, de Texaco a Chevron, y no escuchar el sufrimiento de la población. La sentencia ordena a la multinacional pagar 8.646 millones de dólares por multas y reparaciones, más el 10% que impone la Ley de Gestión Ambiental, haciendo un total de 9500 millones. La suma de la multa es debida a los 600 millones de dólares destinados a purificar las aguas subterráneas, 800 millones para construir un fondo de salud, 1.400 millones por daños a la salud pública de los pobladores de las dos provincias, y 5.396 millones por la limpieza de la tierra, entre otras. Los demandantes del largo litigio consideraron la pena como insuficiente reclamando una indemnización de 113.000 millones de dólares. Complementando, la sentencia incluye una posible multa de doblar el total del pago de los costes si Chevron no pide una disculpa pública sobre el que varios ecologistas han calificado «el Chernobil de Chevron en la Amazonia», dirigida no solamente al equipo de litigantes que han liderado las demandas sino a los 223.000 habitantes de Sucumbíos y Orellana.
Chevron contraataca
Las primeras palabras públicas de Chevron en un comunicado consideraron la sentencia como «ilegítima e inejecutable», negándose la empresa a pagar los costes de la multa y a pedir disculpas. Como respuesta uno de los abogados demandantes del litigio, Juan Pablo Saénz, ha anunciado la preparación «de acciones destinadas para llevar a cabo una ejecución forzosa de sentencia al extranjero». Al no disponer Chevron de bienes en Ecuador los abogados, en base a la ley internacional, pueden ir a otro estado donde la empresa tenga bienes y poder ser embargados hasta que cumpla su sentencia. Saénz afirmó que quién utiliza y ha utilizado constantemente mecanismos ilegítimos, «para continuar violando la justicia» es Chevron. Según Guillermo Grefa, dirigente indígena de Sucumbíos, Chevron «está haciendo un lobby en el Congreso de los Estados Unidos para que adopten medidas contra Ecuador», gastando la empresa más de 1000 millones de dólares en su juego sucio de defensa atacando a los demandantes y a sus abogados. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, concretó que esto no es un asunto donde el gobierno se ha involucrado en el proceso, dado que es competencia del poder judicial y «tiene que ser respetada la sentencia por un juez ecuatoriano contra la petrolera Chevron». «Bien por los compañeros de la Amazonia, pero nosotros no hemos tenido absolutamente nada que hacer en este juicio, por que es entre agentes privados. La estrategia de Chevron es acusar al gobierno de que ha participado con influencia política. Todo esto es falso. Antes sí había influencia política, pero a favor de Chevron, para tratar de impedir este juicio los gobiernos vendidos de Ecuador» manifestó Correa.
Otra estrategia de defensa de Chevron ha sido presentar contra Ecuador una demanda a la Corte internacional de La Haya por la violación de un tratado bilateral de inversiones. Según Chervron la empresa estatal Petroecuador fue socia de Texaco entre 1972 y 1992 y tiene corresponsabilidades en las acusaciones sobre daños medioambientales. El abogado del estado de Ecuador, Diego García, afirmó que Petroequador tenía una responsabilidad de control como lo pide la ley, pero no tuvo ninguna responsabilidad en la exploración de los yacimientos. El juez Nicolás Zambrano señaló que Petroecuador también participó indirectamente en el daño medioambiental pero solamente podría ser sancionada si terceros plantean un juicio a su contra, no la empresa Chevron, que busca la estrategia de culpar al estado ecuatoriano como socio del desastre para que finalmente se meta en el litigio a favor de Chevron.
Chevron planificó mal. Desde que se inició el juicio en los Estados Unidos, la multinacional buscó no ser sentencia en los tribunales norteamericanos y trasladar el caso a la justicia ecuatoriana, no solamente por que las condenas de las leyes medioambientales son más suaves en Ecuador, sino por que los cuerpos jurídicos eran fáciles de controlar por las presiones de las grandes empresas. Conseguido el traslado del caso judicial a Ecuador en 2003, Chevron no se enteró de los cambios políticos que se vivían en América Latina en resistencia a las reglas del capitalismo internacional y sus actores primarios como las multinacionales. Después de más de 20 años de periodo neoliberal el pueblo ecuatoriano quiso poner fin a este modelo y eligió democráticamente como nuevo presidente a Rafael Correa en 2006 con su proyecto de izquierdas de Revolución Ciudadana. La nueva Constitución de Ecuador aprobada por referéndum en 2008 abría el camino a un nuevo proyecto político que transformaba las instituciones estatales, entre ellas el poder judicial. La anarquía imperialista de las multinacionales en los países subdesarrollados, no solamente extrayendo las materias primas sin beneficios a las poblaciones autóctonas sino también perjudicando su hábitat natural ambiental, empieza a tener barreras legales con nuevos gobiernos progresistas. Ecuador puede ser el pionero de una nueva justicia internacional naciente en el siglo XXI, donde los pobres puedan juzgar a los ricos.
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