Chevron, la segunda compañía petrolera más grande de Estados Unidos, entiende que no hay mejor defensa que un buen ataque en todos los frentes para revertir la condena a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales y sanitarios en la selva ecuatoriana.
El fallo emitido el 14 de febrero por un tribunal provincial ecuatoriano es «corrupto, ilegítimo, inaplicable, producto de un fraude», dijo en entrevista con Tierramérica el portavoz de Chevron para América Latina, James Craig.
La empresa solicitó al juez Nicolás Zambrano aclaraciones de esa sentencia, mientras prepara la apelación. Pero también accionó contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, y contra abogados y líderes de los demandantes ante un tribunal de Nueva York, donde los acusa de inventar un caso fraudulento.
Según Craig, el magistrado no tomó en cuenta «muchos elementos que constan en el proceso», basó su fallo solo en estudios de los demandantes y no consideró que el perito Richard Cabrera, encargado de efectuar una evaluación imparcial, presentó un informe que le habían redactado por los litigantes.
Si bien Zambrano explicitó en la sentencia que había ignorado ese cuestionado reporte de Cabrera, para Craig «el juicio está totalmente corrompido».
Texaco efectuó operaciones de exploración y explotación petrolera en el noreste de Ecuador entre 1964 y 1990, en goce de un contrato con el Estado, y mantuvo la propiedad de 37,5 por ciento del negocio hasta 1992. En 2001 la empresa fue adquirida por Chevron.
Según las denuncias, Texaco perforó alrededor de 350 pozos en unos 6.900 kilómetros cuadrados de selva amazónica. Cavó más de 900 fosos para arrojar en ellos fango de petróleo, sin revestir la tierra, y derramó unos 68.000 litros de agua de producción, una mezcla de petróleo, ácidos y otras sustancias tóxicas que se filtraron a ríos y arroyos. El siguiente es un extracto de la entrevista con Craig.
TIERRAMÉRICA: Chevron acudió a la corte de La Haya antes de que se emitiera el fallo en primera instancia, reclamando que el Estado ecuatoriano responda por cualquier sentencia en su contra. ¿Por qué el Estado ecuatoriano sería el responsable si ustedes operaron en la zona entre 1964 y 1990?
JAMES CRAIG: Texaco fue operador del consorcio entre 1972 y 1990, cuando el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) decidió que no necesitaban un socio extranjero. Es (la empresa estatal) Petroecuador la que viene operando en los últimos 20 años.
Cuando salió Texaco, se acordó una cierta cantidad de trabajos de remediación en determinados lugares donde había impacto por las operaciones del consorcio. Entonces, el Estado, como socio mayoritario, y Texaco, como socio minoritario, decidieron en un contrato firmado en 1995 que Texaco tenía que hacerse cargo de un tercio de esos pasivos ambientales y que el Estado iba a hacerse cargo de los otros dos tercios.
Texaco remedió 162 piscinas y seis áreas de derrame, instaló siete facilidades de reinyección de agua de producción e invirtió más de cinco millones de dólares en trabajo social. Y en el año 98 se firma el acta final, que libera a la empresa de toda responsabilidad u obligación. (Craig exhibe el documento suscripto por autoridades ecuatorianas y ejecutivos de Texaco).
Si existen problemas ambientales, el único responsable es el Estado ecuatoriano.
TIERRAMÉRICA: Pero dicho acuerdo no liberó a Texaco de responsabilidad frente a terceros. El procurador del Estado, Diego García, sostiene que éste es un conflicto entre privados y que el tribunal de La Haya no tiene jurisdicción.
JC: Tenemos abundante evidencia para comprobar cómo el gobierno y la política han influido en este caso. Además de múltiples expresiones del presidente (Rafael) Correa contra Chevron, tenemos un boletín de prensa de la Presidencia en donde el gobierno no solamente dice que apoya a los demandantes, sino que se compromete a recopilar pruebas para ayudarlos.
Tenemos grabadas en vídeo reuniones entre Alexis Mera (secretario jurídico de la Presidencia) y el abogado (Pablo) Fajardo, (el activista Luis) Yanza, el abogado (Julio Prieto, el abogado Alejandro Ponce Villacís (miembros del equipo demandante) para hablar de cómo podían declarar la nulidad del acuerdo de 1998.
TIERRAMÉRICA: ¿Cómo obtuvieron grabaciones de reuniones en la Presidencia de la República?
JC: Los demandantes mandaron a hacer un documental de su «lucha contra la malvada multinacional».Y, por dos o tres años, el cineasta (Joe Berlinger) los sigue a todas sus reuniones, grabando y filmando todo, para estrenar en 2009 un documental que se llamó «Crude».
Pedimos por medio de la justicia norteamericana (estadounidense) que se nos diera acceso al material filmado que no fue usado en la película. El juez dijo que ese material nos tenía que ser entregado. Aquí le voy a dar dos discos compactos con 16 tomas, aunque la de la reunión con Mera no está. (Al terminar la entrevista, Craig entrega una memoria portátil con imágenes de ese encuentro).
TIERRAMÉRICA: La corte de La Haya, sin haber resuelto aun si tiene jurisdicción, ordenó en forma cautelar a Ecuador que no ejecutara la sentencia contra Chevron. Pero cualquier abogado sabe que una sentencia no puede ejecutarse hasta que no quede firme.
JC: Los propios abogados de los demandantes dijeron que iban a ir con la sentencia de primera instancia a foros internacionales para comenzar a embargar nuestros bienes. Por eso el tribunal de La Haya decidió que había que tomar medidas para evitar daños irreparables, como la confiscación de plataformas de alta mar o refinerías.
TIERRAMÉRICA: Pero una declaración así, aunque haya sido hecha por los demandantes, no tiene sustento jurídico.
JC: La pregunta sería para el tribunal de La Haya, que tiene mucha de esa evidencia. Tenemos cientos de miles de documentos, decenas de miles de correos electrónicos comprometedores.
TIERRAMÉRICA: ¿También obtenidos mediante orden judicial?
JC: Claro. De discos duros que obtuvimos a través de varios procesos que empezamos desde el año pasado.
TIERRAMÉRICA: Usted ha dicho que Chevron vino a Ecuador a comparecer al juicio de buena fe. Pero cuando el proceso se inició en Estados Unidos en 1993 ustedes lo manipularon argumentando que no eran sus tribunales los que debían entender en el caso.
JC: Decir «manipularon» es una tergiversación de la realidad. Nosotros nos defendimos con los argumentos de que las cortes norteamericanas no eran el foro correcto para tratar un tema netamente ecuatoriano.
La corte en primera en instancia estuvo de acuerdo. La corte de apelaciones también, pero nos puso la condición de que no podíamos oponernos a la jurisdicción de Ecuador, en caso de que fuésemos demandados aquí. Por eso Chevron vino de buena fe a responder a la demanda.
TIERRAMÉRICA: ¿Cuál es el futuro de este caso?
JC: No sabemos. La respuesta a nuestro pedido de aclaraciones depende del juez. Luego tendremos tres días para apelar. Lo haremos ante el pleno de la Corte Superior de Sucumbíos y, si es necesario, ante la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional y, si es necesario, iremos afuera.
Tenemos otro proceso en Nueva York contra Fajardo, Yanza, (el abogado estadounidense Steven) Donziger, que es el número uno, y otros que participaron en el fraude, coludieron con jueces, presionaron a la justicia e indujeron la interferencia del gobierno.
TIERRAMÉRICA: ¿En qué consiste la demanda?
JC: Es por fraude y asociación ilícita para delinquir y extorsionar.
TIERRAMÉRICA: ¿Y se reclama una suma de dinero?
JC: No hay una cantidad especificada. Es una demanda civil, pero sí pretendemos recuperar lo que se ha gastado en el proceso para defendernos.
* Este artículo fue publicado originalmente el 5 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.