En este artículo la autora analiza las irregularidades de la justicia brasileña en el caso Lava Jato.
Tarde (quizá no demasiado tarde), el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) no fue tratado con imparcialidad en unas investigaciones de corrupción, lo que aumenta sus posibilidades de competir contra el presidente Jair Bolsonaro en los comicios del próximo año, mientras en el país se suman casi 300 mil los muertos por la desidia oficial ante la pandemia de la covid-19.
La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) tomó esa decisión por tres votos contra dos, lo que sin duda supone un duro golpe para la credibilidad de la gigantesca y muy publicitada operación anticorrupción Lava Jato, de la que el juez Sérgio Moro era la principal figura, y en el fallo se establece que adoptó decisiones sesgadas. Por los servicios prestados, Moro fue premiado por Bolsonaro con el ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
La votación del Supremo (la Corte Suprema de justicia) sobre la parcialidad del ex juez y ex ministro Sérgio Moro, cinco años después del papel que jugó en el golpe institucional que llevó al juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y la detención arbitraria del ex mandatario Lula da Silva, que le negó la posibilidad de presentarse a elecciones en 2018; conforma el retrato de la hipócrita “imparcialidad” de la justicia brasileña.
Detrás de este giro están los temores e intereses de distintas fracciones de la clase dominante, los militares y los grandes capitales nacionales y trasnacionales, ante un país en profunda crisis que puede conducir a mayores inestabilidades en la lucha de clases.
La jueza Carme Lúcia, quien se había pronunciado a favor de Sérgio Moro en 2018, votó a favor del juzgamiento sobre la parcialidad de Moro, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, lo que debe conducir a la anulación de todos los procesos contra Lula, incluidos los casos del tríplex y también las donaciones realizadas al Instituto Lula.
En ese momento el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, demostró la grosera injerencia y la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, presionando al STF para que no acepte el habeas corpus presentado por la defensa de Lula.
Villas Bôas afirmó que «cree que comparte el deseo de todos los ciudadanos en aras de repudiar la impunidad», lo que determinó que el STF (que eligió a Moro, el magistrado ponente de la operación Lava Jato) no solo se subordinó total a estas declaraciones abiertamente golpistas, sino que también actuó en conjunto con los altos mandos militares para coordinar todas las operaciones antidemocráticas de la Lava Jato, señala Tatiane Lópes.
Mensajes filtrados en 2019 por el sitio The Intercept Brasil demostraron una colusión entre Moro y los fiscales de la operación Lava Jato durante el proceso que al final envió a prisión a Lula por corrupción y lavado de dinero, acusaciones de las que nunca se presentó una sola prueba.
La decisión del STF sepulta la reputación de Moro y de la investigación Lava Jato que dirigió durante años. Moro sentenció a cientos de dirigentes empresariales y políticos, convirtiéndose en una de las figuras públicas mejor conocidas de Brasil, al punto de amagar con lanzarse como candidato a la presidencia tras abandonar el gabinete de Bolsonaro. Unos lo calificaron de héroe, otros lo acusaron de ser un falaz fanático.
El fallo del Supremo se produce después de una decisión por separado del juez Edson Fachin, del 8 de marzo último, de anular las dos condenas contra Lula, con el fundamento de que fue juzgado en un tribunal sin la debida jurisdicción y estableció que podría volver a ser sometido a un juicio en un tribunal federal de la capital Brasilia.
Si bien la decisión de Fachin despejó el camino para que Lula se enfrente a Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022, también fue interpretada como un recurso para evitar un fallo sobre las acusaciones de parcialidad de Moro, y así preservar las condenas y credibilidad de la investigación Lava Jato.
Moro entra a la historia como un juez que, por motivos externos al sistema penal, optó por despojar de sus derechos políticos a un gran líder con quien no estaba de acuerdo, dijo en un comunicado el senador Jean Paul Prates, del PT. Esta decisión combinada con la anulación de las condenas de Lula al inicio del mes lo deja más que claro: ¡es inocente!
Los jueces prohibieron ayer que las supuestas pruebas reunidas en la pesquisa Lava Jato sobre la presunta supuesta propiedad de Lula de un tríplex en la localidad costera de Guaruja, estado de Sao Paulo, sean utilizadas en cualquier juicio futuro.
El Instituto Lula señaló que el fallo es una victoria de la verdad: STF decide, Moro parcial. La defensa de Lula alegó que Moro perjudicó al ex mandatario a lo largo de toda la instrucción del proceso y actuó con motivaciones políticas. Los abogados de Lula -Cristiano Zanin y Valeska Zanin Martins-, señalaron que esperan que este fallo sirva de guía para que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo, imparcial e independiente.
Michael Mohallem, coordinador del Centro de Justicia de la Fundación Getúlio Vargas, refirió que el fallo regresa al punto de partida cualquier proceso de corrupción contra Lula, y consolida su candidatura rumbo a las elecciones de 2022. Pero también ofrece un rayo de esperanza para otros que han sido encarcelados. El temor es que muchos reclusos interpondrán recursos para anular sus sentencias.
El fallo abre esa discusión, puntualizó, aun cuando la sospecha de Moro que revisó el STF concierne a un único caso de las dos condenas dictadas hasta ahora contra Lula en el tribunal de Curitiba, donde actuaba el ex juez.
Moro dictó en 2017 una sentencia contra Lula de 9 años y medio de cárcel, llevados a 12 años y un mes –en enero de 2018– por un tribunal de segunda instancia y reducida después a ocho años y 10 meses en 2019 por una corte superior. Lula fue condenado a 17 años de cárcel en otro juicio iniciado por Moro, pero concluido por su sucesora cuando el juez se convirtió en ministro.
La Izquierda Diario indica que tanto el imperialismo como el régimen golpista brasileño buscan hoy preservar las conquistas del Lava Jato, descartando sus métodos. Esta es la mejor manera de continuar el régimen del golpe institucional y su agenda económica bajo un frágil aspecto “democrático”, desgastado por maniobras autoritarias desde 2016.
Por otro lado, añade, se hace más necesario que la burguesía brasileña cuente con frenos ante la posibilidad de fuertes disturbios sociales ante los dramáticos efectos de la crisis económica y de salud, que combinada con la errática política de Bolsonaro, colocan a Brasil como un paria en el mundo. El mayor dispositivo que cuenta la burguesía brasileña para la contención de la lucha de clases en Brasil se llama Lula.
Cacerolazos: Fora Bolsonaro
Brasil alcanzó este martes un nuevo récord de muertes por coronavirus al registrar 3.251 decesos en las últimas 24 horas. De esta manera, la cifra total asciende a 298.676 fallecidos, mientras que la escasez de oxígeno y medicamentos para los contagiados amenaza con agravar el colapso del sistema sanitario. Por su parte, los cementerios trabajan con turnos extendidos y los cadáveres se acumulan en pasillos de los hospitales públicos por saturación de cámaras frigoríficas.
Por eso es que Bolsonaro despertó la noche del martes la más grande protesta en su contra. Durante un mensaje por cadena nacional en que intentó explicar el colapso sanitario que vive el país producto de la pandemia, miles de brasileños de todas las ciudades y de todas las clases sociales cacerolearon desde sus balcones al grito de “Fora Bolsonaro”, “genocida”. Las cacerolas sonaron en favelas y en los barrios de clase alta de todos los estados.
Los 12 millones de contagiados y casi 300 mil muertos son la prueba de que Brasil es el que peor combatió la pandemia. Y el repudio se mantuvo contenido hasta que, en un mensaje de apenas tres minutos por cadena nacional, Bolsonaro dijo que el país fue “uno de los que más vacunó en el mundo”. “En breve será autosuficiente” en la producción de vacunas contra la covid-19, indicó. «Quiero tranquilizar al pueblo y afirmar que las vacunas están garantizadas», agregó, pero ya pocos le creyeron.
Juaraima Almeida es investigadora brasileña y analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).