En el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid se exhibe estos días, dentro de la colección de pintura religiosa «Encuentros», el cuadro «La expulsión de los mercaderes del Templo», de Giovanni Paolo Panini. Pero no más allá de quinientos metros de la ubicación del cuadro, en la Plaza de Cibeles, se ha montado durante estos días, por […]
En el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid se exhibe estos días, dentro de la colección de pintura religiosa «Encuentros», el cuadro «La expulsión de los mercaderes del Templo», de Giovanni Paolo Panini. Pero no más allá de quinientos metros de la ubicación del cuadro, en la Plaza de Cibeles, se ha montado durante estos días, por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, el punto neurálgico de la llamada pretenciosamente «Jornada Mundial de la Juventud»
(como si la juventud fuera suya), un encuentro de jóvenes católicos, subvencionado por mercaderes, banqueros y empresarios, con la inestimable y genuflexa colaboración de los gobernantes e instituciones de un país supuestamente aconfesional. Parece que, a pesar del empeño de Jesús de Nazaret, los mercaderes nunca se fueron demasiado lejos del templo.
«Kit del peregrino»: camiseta amarilla de El Corte Inglés, con el logo en la manga; camiseta y peto verde con logo tamaño XXL de Caja Madrid, para uso de los voluntarios del evento; mochila de la Fundación Botín, para todos, con el anagrama en un costado, además de sombreros de Endesa, etc. Miles de jóvenes, se supone que creyentes, convertidos (no sé si conscientes de ello) en soportes publicitarios gratuitos, reflejo de la operación empresarial llamada «Fundación Madrid Vivo», para financiar la visita de Joseph Ratzinger a Madrid y el encuentro con «sus» jóvenes.
Difícilmente esta «Fundación Madrid Vivo» podría tener un nombre más adecuado, ya que está compuesta por personajes, en verdad, muy «vivos»: Emilio Botín (Banco Santander), Rodrigo Rato (Caja Madrid), César Alierta (Telefónica), Marcelino Oreja (FCC), Jaime Mayor idem, (PP), Juan Abelló (Torreal), José Manuel Entrecanales (Acciona), Ana Patricia Botín (Santander UK), Catalina Luca de Tena (ABC), Julio Ariza (Intereconomía), etc., hasta un total aproximado de cuarenta representantes de lo más granado de la banca, de las grandes empresas y de los medios de comunicación más reaccionarios. Muchos de ellos personajes corruptos, responsables directos de la crisis que ahoga la sociedad, de llevar al paro a muchos miles de trabajadores, y otros en la tarea constante de mentir y deformar la realidad ante la opinión pública, en pro de los intereses más espurios. Y como presidente de honor de todos esos «vivos», el cardenal Antonio María Rouco Varela.
El fervor católico de todos ellos es, lógicamente, directamente proporcional a las exenciones fiscales aplicadas a sus aportaciones al evento, de hasta un 80%. Y si a eso hay que añadir la puesta a disposición de infraestructuras, alojamientos, transportes, seguridad, ocupación de espacios públicos, etc., por mucho que mientan los voceros oficiales, la realidad es que todo esto, al final, lo hemos pagado entre todos. Y es difícil eludir una reflexión de actualidad: con solamente una parte de lo que ha costado esta fiesta integrista, se podría evitar las más injusta y cruel manera de morir, la de hambre, para miles de refugiados somalíes.
Así pues, el debate no es exclusivamente económico, ni solamente cuantitativo. Lo que se ha vivido estos días en Madrid (me ha pillado allí, de vacaciones) excede con mucho de un evento exclusivamente religioso. La exhibición ostentosa y pública de un poder fáctico, la Iglesia Católica, ente la cual se arrodillan públicamente políticos y gobernantes de todo tipo es, sobre todo, un acontecimiento político. Con la llamada «JMJ» la jerarquía eclesiástica ha pretendido, con mucha soberbia, aleccionar a una sociedad que hace tiempo que le dio la espalda. Muchos de esos jerarcas, que se saltan buena parte de los diez mandamientos, e incurren en todos y cada uno de los siete pecados capitales, pretenden dar lecciones de moral al conjunto de la sociedad. «Sepulcros blanqueados», que diría su Fundador.
La Iglesia, que todavía no ha pedido perdón por su apoyo decisivo a la sublevación militar del 36 y a los crímenes de la dictadura de Franco (paseaba a éste bajo palio, «como si fuera la hostia», la Trinca dixit), se beneficia todavía del concordato-chantaje de 1979, entre el Estado español y el Vaticano (un estado teocrático, misógino y homófobo), por el cual una confesión religiosa con ese historial, practicada en la actualidad por una minoría cada vez más reducida de la población, continúa influyendo ideológicamente, en especial en el ámbito de la enseñanza. Y arremete sistemáticamente, con la hostilidad que le caracteriza, contra leyes y disposiciones relativas a derechos y libertades de las personas, aprobadas por el Parlamento. Pretende seguir haciéndolo, «in secula seculorum», aunque sólo sea para, a pesar de su conducta, seguir disponiendo del nada despreciable montante económico, cercano a los 6000 millones de euros anuales, que recibe de parte del Estado por diversos concentos, en aplicación del Concordato.
Así pues, la vigencia del Concordato es la clave de todo este asunto. Un pacto firmado hace 32 años, recién acabada la dictadura, mediante el cual la Jerarquía eclesiástica buscó (y, por lo que vemos, parece que consiguió) perpetuar el nacional-catolicismo vigente en la época de Franco. Y en colaboración con los otros poderes fácticos, especialmente el capital, impusieron entre todos (con unos políticos que ya apuntaban maneras) un modelo de transición hacia la democracia que ha resultado una estafa histórica, como cada vez se demuestra con más claridad, en el actual contexto de la crisis.
Cualquier gobierno democrático denunciaría y anularía ese Concordato. No haría nada del otro mundo. Incluso el gobierno irlandés, históricamente sometido a la Iglesia católica, ha denunciado al Vaticano por supuesto encubrimiento de delitos de pederastia. Del nuestro, sinceramente, no podíamos esperar mucha valentía. Llevan año y medio arrodillados ante unos ladrones llamados mercados, y así, ante Ratzinger, no han tenido necesidad de cambiar de postura. Entre otros «gestos», el gobierno de Zapatero ya se ha comido, con patatas, el proyecto de Ley de Libertad Religiosa. Y si todo esto ha sucedido con un gobierno se dice socialista y obrero, nos podemos imaginar el alud de caspa que nos caerá encima si la derecha neofranquista gana, si nadie lo remedia, las próximas elecciones generalísimas, las del 20-N. Que Dios nos pille confesados.
Pero, por previsible, la noticia no ha sido tanto la venida de un personaje, hitleriano en su juventud, y que debería hoy dar muchas explicaciones sobre presunto encubrimiento sistemático de delitos de pederastia. Tampoco ha sido inesperada la organización subvencionada de ese anunciado encuentro de jóvenes. Ni la bochornosa sumisión de las autoridades, que han permitido todo esto.
Me parece más importante resaltar la movilización ciudadana de Madrid el pasado día 17 de agosto, en la que muchos miles de personas (bastantes más de los que ellos quisieran, y dicen) salieron a la calle, en una calurosa tarde de verano, hartos de soportar la ocupación de su ciudad, y el insulto a su inteligencia, por parte de una organización religiosa. Salieron plantando cara a la mentira, a la manipulación informativa, a las trabas administrativas, a la provocación y brutalidad policial, y a la inusitada ira de presuntos peregrinos. Salieron a pesar de todo, para reclamar el fin de los privilegios de la Iglesia Católica, y un estado laico. Ésa fue la noticia que algunos no esperaban. La recogí en algunas fotos.
Desde aquí, un profundo respeto hacia el derecho de cada cual para tener, o no, creencias religiosas en el ámbito de lo privado. De hecho, algunas de las críticas más duras hacia todo este circo papal han venido, precisamente, de grupos comprometidos de cristianos de base. Ese respeto ha de ser uno de los pilares de una sociedad libre de castas corruptas, como la vaticana, y emancipada de la dictadura del capital y de sus negociantes sin escrúpulos.
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