I. La crisis económica mundial y la producción de azúcares en Puerto Rico.
A fines de la década de los veinte del siglo pasado, Puerto Rico producía alrededor del 11% de todo el azúcar consumido en el mercado estadounidense.
Esta mercancía agrícola representaba cerca del 60% del volumen anual de negocios en la isla y el 60% del valor de todas las exportaciones. Aproximadamente la mitad del cultivo de caña era procesado por cuatro grandes corporaciones norteamericanas.
Paradójicamente, los años de 1929 a 1934 no fueron unos de contracción de la producción de azúcares en Puerto Rico. Excluyendo la zafra de 1929, que se vio fuertemente impactada por el huracán San Felipe, el período de la crisis económica mundial fue uno de expansión vigorosa de la producción de azúcares en el país. Entre 1930 y 1932, por ejemplo, el volumen de este producto enviado a Estados Unidos creció de 780,000 a 910,000 toneladas cortas, lo que aumentó en 2,95% el lugar de Puerto Rico en el mercado metropolitano.
Aún más paradójico, es el hecho de que el período de 1929 a 1932 fue uno de contracción en el consumo estadounidense (y mundial) de azúcar. En los Estados Unidos el consumo se redujo de 6,964 miles de toneladas cortas a 6,248 miles de toneladas cortas, para una caída de 10%. Como si eso fuera poco, la contracción nacional en el consumo de azúcar estuvo acompañada de una caída de 54% en el precio del producto en el mercado mundial. Esto era coherente con la caída acelerada de los precios básicos de las materias primas y medios de vida a escala mundial entre 1925 y 1932. La crisis económica mundial aceleró este descenso y provocó que fuera acompañado de una contracción en el consumo.
La siguiente tabla ilustra la desigualdad en el desarrollo de las exportaciones de Puerto Rico entre 1926 y 1934:
Como se muestra, el café fue el producto menos favorecido por la situación económica de fines de la década de los veinte y principios de la siguiente. De todos los productos enumerados, este era el único excluido de las protecciones del sistema arancelario estadounidense.
¿Qué determinó esta expansión de la producción de azúcares en la isla, simultánea con la caída del precio y consumo mundial del producto? Dos factores parecen haber jugado un papel central. En primer lugar, las transformaciones técnicas en la siembra y procesamiento de la caña de azúcar. Entre 1920 y 1930 la cantidad de acres sembrados de caña en Puerto Rico varió en apenas un 4,3%. Pero el tonelaje de azúcares procesados aumentó en 78,6%. La razón de este incremento extraordinario en la cantidad azúcares producidos fue la introducción y difusión de nuevas variedades de caña resistentes a la enfermedad del mosaico y de alto contenido de sacarosa (Dalton 31). Conjuntamente, esto factores fueron la base técnica que permitió compensar la caída del precio con un incremento del volumen de la producción.
El segundo factor fue la tarifa arancelaria estadounidense y, en particular, el Acta Tarifaria de 1930. Puerto Rico fue incluido en el sistema arancelario de Estados Unidos en 1901. En adelante, los productos de la isla protegidos por este sistema se vendieron en el mercado de Estados Unidos a un precio combinado de dos elementos: el precio nominal en el mercado mundial más la tasa arancelaria que le correspondiera a cada uno. Así, por ejemplo, el Acta Tarifaria de 1897 determinó que el precio de una libra de azúcar no refinada fuera equivalente a su precio en el mercado mundial más un arancel de 1,685 centavos. Los productores plenamente incluidos en el sistema tarifario estadounidense, como era el caso de Puerto Rico desde 1901, recibían la totalidad de ese precio agregado. Otros, como Java y Europa, al quedar excluidos (y de querer vender sus azúcares en el mercado estadounidense) tenían que pagar el arancel. Algunas regiones, como Cuba y Filipinas, quedaron parcialmente exentas de ese pago. El efecto inmediato de la inclusión de Puerto Rico en el sistema arancelario norteamericano fue el determinar un sobreprecio para los productos protegidos por la política arancelaria del imperio.
La inclusión de la Isla en el sistema arancelario estadounidense no fue un acto de buena fe, ni mucho menos. Puerto Rico fue plenamente integrado en las barreras arancelarias de ese país, precisamente, por la facilidad con que el interés del gran capital absentista podía y llegaría a controlar la economía de la isla. De lo contrario, Puerto Rico habría recibido el mismo trato que Cuba y Filipinas. Hawái era un caso único. En ese archipiélago la totalidad de las operaciones azucareras (siembra, molienda, transporte, almacenamiento y hasta la refinación) estaba en manos de cinco grandes intereses capitalistas locales, de origen anglosajón y listos para exportar al mercado continental e internacional (Kent 69-95). En Puerto Rico, se trataba de abrir las puertas a la explotación de los recursos locales por compañías estadounidenses de carácter corporativo y absentistas.
Entre la política arancelaria, económica y colonial del imperio existía, pues, una estrecha relación. La débil economía de mercado de Puerto Rico no podía resistir el poder de absorción del capital financiero y del mercado estadounidense. La configuración del aparato estatal colonial, bajo las directrices del Congreso Federal, bloqueó toda posibilidad, y todo intento, de desarrollar procesos económicos autónomos sobre la base de las ventajas arancelarias. Es decir, Puerto Rico recibiría el beneficio arancelario, en la medida en que los grandes intereses capitalistas de Estados Unidos pudieran apropiarse de la totalidad, o casi totalidad, del mismo en la forma de sobreganancias monopolistas. Ello presuponía, naturalmente, no solo que los costos de producción en la isla fueran inferiores a los prevalecientes en la producción cañera y remolachera del imperio, sino que, además, fuera el capital estadounidense el que concentrara la producción de azúcar, tabaco, frutas, etc. El mal llamado beneficio arancelario era, entonces, sinónimo de absentismo, latifundismo, así como de privilegios contributivos y crediticios para el capital norteamericano, que en pocos años arroparía la economía del país. La miseria general impuesta a la isla, sobre todo el desempleo y los bajos salarios, servirían de fundamento social de las sobreganancias de los monopolios azucareros extranjeros. Gracias a la sobreexplotación de las masas trabajadoras puertorriqueñas, se operaría la conversión del bono arancelario en sobreganancia monopolista tarifaria. Es esto algo que los propios teóricos del imperialismo reconocieron.
Claro, sería incorrecto pasar por alto el otro gran recurso, además de los terrenos de cultivo que las grandes compañías extranjeras tomaron en sus manos. Nos referimos al agua dulce. En 1898 se requerían 4,000 libras de agua para producir 1 libra de azúcar (Wilcox 1). Una tonelada de azúcar requería 4,000 toneladas de agua. Para irrigar 100 acres de cañaverales, se requería un millón de galones de agua diarios. Pocos lugares del mundo ofrecían una gran concentración agua dulce en un clima favorable a la producción de caña de azúcar. Puerto Rico y Hawái estaban a la cabeza de la corta lista. Pero, como ya indicamos, la siembra y molienda de caña en Hawái estaba en manos de productores locales independientes, residentes de ese territorio. Era un grupo de monopolios con base local en el archipiélago y muy celosos de sus intereses frente al imperio. Es decir, eran parte alícuota de la burguesía anglosajona estadounidense, como lo eran los productores de remolacha. Para impulsar la gran agricultura de exportación de azúcar molida de Puerto Rico, lo primero era, pues, adquirir control sobre el uso y las corrientes de agua dulce en nuestra isla. Ese fue uno de los primeros grandes recursos naturales que el imperialismo estadounidense se llevó del país sin compensación alguna.
Los años que van de 1929 a 1932, como ya vimos, estuvieron caracterizados por una caída simultánea del precio y del consumo de azúcar. Al iniciarse la crisis económica mundial, Puerto Rico producía 11,62% de toda la azúcar consumida en Estados Unidos; Filipinas, 11,99%; Islas Vírgenes, 0,54%; Hawái, 12,01% y Cuba, 43,89%. Los llamados productores continentales producían el 19,94%. Todas estas regiones quedaban, en una medida u otra, incluidas en el sistema arancelario norteamericano y, por lo tanto, protegidas por el acta tarifaria azucarera de 1922. La inclusión en el arancel de la metrópoli era cuestión de vida o muerte, dada la contracción en el precio y venta de azúcar. El acta arancelaria de 1922 fijó el arancel de la azúcar no refinada en 2,206 centavos por libra, y el de la azúcar refinada en 2,39 centavos la libra. El efecto de esta política arancelaria era doble. Por un lado, erigía una pared casi insuperable para los productores de las regiones no incluidas en el arancel; del otro, permitía que los intereses monopolistas en Hawái, Puerto Rico y Filipinas compensaran la caída del precio mundial del azúcar con la bonificación arancelaria. Con ello, obtenían jugosas ganancias.
El desarrollo de la crisis económica mundial, con la marcada contracción general del consumo, agravó la situación. Los intereses monopolistas que dominaban el mercado estadounidense de azúcares exigieron una elevación adicional del arancel. De hecho, se convirtieron en uno de los portavoces más militantes del proteccionismo agrícola durante la Gran Depresión. Ello les permitiría continuar aislando el mercado estadounidense de las tendencias deflacionistas prevalecientes en el mercado mundial y seguir compensando la caída del precio. Con el acta tarifaria de 1930, el arancel para los azúcares no refinados se fijó en 2,50 centavos la libra; el de la azúcar refinada, en 2,65 centavos. Ya para 1932 el precio mundial del azúcar había caído por debajo de un centavo la libra. Es decir, el arancel se convirtió en más de 60% del valor recibido por la venta de azúcares en el mercado estadounidense.
La ley tarifaria de 1930 respondía, también, al propósito de desplazar los azúcares cubanos del lugar que ocupaban en el mercado norteamericano. Cuanto más peso tuvieran estos en el mercado interno de Estados Unidos, menos espacio tendrían Puerto Rico, Filipinas, etc., para incrementar el volumen de producción sin entrar en una competencia encarnizada, como sucedería, en efecto, a mediados de 1933.
Esta política de desplazamiento de los azúcares no refinados provenientes de Cuba se vio favorecida por el hecho de que, en los últimos años de la década de los veinte, los monopolios azucareros norteamericanos en esa isla se especializaron progresivamente en la exportación del producto refinado. De ahí que la ley de 1930 a la par que afectaba negativamente la importación de azúcar cubana no refinada, estimulaba entrada de la refinada.
El efecto de esta ley no se hizo esperar. De acuerdo con los datos de la U.S. Tariff Commission, la caída absoluta en el consumo estadounidense de azúcares —sumada al incremento de la producción en Puerto Rico, Hawái, Filipinas y la de los productores continentales— equivale a la caída total de las importaciones provenientes, sobre todo, de Cuba.
Dada la contracción del mercado, todo intento de compensar la caída del precio mediante el incremento del volumen de la producción conlleva, por lo general, el desplazamiento de unos productores por otros. Lo mismo ocurre, dentro de ciertos límites, cuando se compensa la caída de los precios con la reducción de los costos de producción. Mas, las leyes de la competencia, leyes que reflejan de modo aproximado los términos de la acumulación directa de capital, no operan y no pueden operar en el vacío. El poder estatal, particularmente en la época del imperialismo, interviene aquí como un elemento que puede alterar sus resultados inmediatos; particularmente, contribuyendo a que unos productores compensen la crisis a expensas de otros. Gracias precisamente a la intervención estatal, los monopolios azucareros de Hawái, Puerto Rico, Luisiana, así como los productores continentales de remolachas, lograron compensar la crisis a expensas de los productores cubanos de azúcares no refinados.
II. Monopolios y balanza comercial
Para los años 1929-1932, el beneficio total recibido por los azúcares de la isla de Puerto Rico, gracias al efecto indirecto de la estructura arancelaria, ascendió a 112 millones de dólares. Esto equivalía al 63,3% de su valor de mercado total. Quien controlaba el grueso de la producción azúcares en la Isla, lógicamente, se apropiaba de la mayor parte de esta bonificación arancelaria. Y ya vimos que, para los años 1929-1932, cuatro grandes corporaciones extranjeras controlaban alrededor de la mitad de la producción local; lo que, de entrada (es decir, sin incluir el fraude contra los colonos) les permitía apropiarse de una porción significativa del sobreprecio arancelario. Resulta innegable, sin embargo, que la burguesía azucarera puertorriqueña se beneficiaba del cabotaje libre. El valor monetario de sus azúcares se veía indirectamente incrementado por la tarifa. O sea, la clase capitalista local, aunque asociada menor de las compañías extranjeras, se apropiaba de una porción del valor inflado de las exportaciones. ¿Quiere decir esto que la relación económica expresada en la tarifa era favorable a Puerto Rico? Como veremos, los propios estudios de las agencias imperialistas afirmaban lo contrario.
La estructura arancelaria estadounidense tenía un doble efecto sobre el comercio exterior de Puerto Rico. Por un lado, determinaba un sobreprecio para los productos exportados al mercado de Estados Unidos; por el otro, determinaba un sobreprecio para las importaciones en general. Era todo un sistema de precios inflados artificialmente. En 1935 la Puerto Rico Emergency Relief Administration (PRERA) público un informe titulado The Tariff Problems of Puerto Rico. En el mismo se analizaba el estado de la balanza comercial de la Isla para el año fiscal 1933-1934. Después de estimar el impacto monetario de la protección tarifaria en un 40% por encima de los precios en el mercado mundial, la PRERA llega a la siguiente conclusión:
“El balance del comercio visible parece, en comparación, estar 20% a favor de Puerto Rico. Cuando se incluyen los artículos invisibles, sin embargo, el total de las dos categorías indica que el verdadero balance es en la dirección contraria: que Estados Unidos esta drenando la riqueza de la isla, mediante el lento pero continuado proceso de establecer un balance real en su favor, año tras año. Ante la imposibilidad de prevenir completamente este drenaje mediante la remoción de todas las restricciones sobre las importaciones hacia la isla, lo que quedaría es remover parte de estas, para así reducir el drenaje al mínimo. El logro de este objetivo requeriría la eliminación de las restricciones tarifarias sobre algunos de los artículos que entran a la Isla provenientes de Estados Unidos, de manera que estos puedan ser reemplazado por productos extranjeros más baratos” (Tariff Commission 39).
La inclusión de Puerto Rico en el sistema arancelario estadounidense se traducía en el desplazamiento de nuestra riqueza hacia Estados Unidos. Ahora bien, los datos relativos al saldo de la balanza comercial no reflejaban de modo exacto las impresionantes ganancias que obtenían los monopolios estadounidenses en la isla. Estos dominaban no solo los procesos productivos, sino también la circulación general de mercancías. Se apropiaban, por este medio, no solo del monto del sobreprecio sobre las exportaciones de azúcar, tabacos y otros productos; sino también del sobreprecio sobre las importaciones. Eran comerciantes parásitos, que se apropiaban tanto del grueso de la masa de valor movida al exterior, como de la desplazada a la isla a través de los pagos por importaciones.
Para el año fiscal 1933-1934, el valor de las exportaciones de Puerto Rico ascendió a $75,550,330. De acuerdo con el estudio citado, el 64,75%, o sea $48,929,450, resultaba del valor añadido por la tarifa. De haberse vendido en el mercado mundial, a precios de competencia, el “valor” de estas exportaciones se habría reducido a $26,620,880. Ahora bien, en ese mismo año el azúcar, el tabaco y la aguja representaron el 83,85% de las exportaciones de la isla. El grueso del sobreprecio arancelario se concentraba en estos productos que, como sabemos eran directa o indirectamente controlados, por el capital estadounidense. Este se quedaba con la mayor parte del beneficio arancelario sobre nuestras exportaciones.
Las importaciones visibles provenientes de Estados Unidos ascendieron en 1933-1934 a $57,503,000. El 40%, o sea $22,951,288, según la PRERA, era el sobreprecio añadido por la tarifa. Obviamente, eran los intereses exportadores estadounidenses, sobre todo agrícolas, los que se apropiaban de ese sobreprecio. La pregunta que es, por supuesto, ¿quién pagaba el monto del sobreprecio sobre las exportaciones e importaciones de Puerto Rico?
III. El costo de la tarifa
El pago del sobreprecio sobre las exportaciones no ofrece mayores dificultades. La estructura arancelaria estadounidense proveía de un impuesto de procesamiento que trasladaba el gravamen de la molienda de la caña al refinamiento, y así progresivamente, hasta llegar al distribuidor individual. En cierto sentido, podríamos decir que el sobreprecio monopolista sobre los azúcares puertorriqueños era un tributo que la clase obrera estadounidense tenía que pagar por la explotación imperialista de la isla.
Y el sobreprecio sobre las importaciones de Puerto Rico, ¿quién lo pagaba? El estudio citado contesta claramente esta pregunta:
“Cerca del noventa por ciento del costo añadido por la tarifa a las mercancías traídas de Estados Unidos lo paga directamente el consumidor. En proporción, las principales contribuidoras al costo de la tarifa son las mercancías que pueden clasificarse como necesarias, que son adquiridas en grandes cantidades por los elementos más empobrecidos de la población. Proporcionalmente, los principales beneficiarios del mercado estadounidense protegido son los productores o empresarios. Entonces, si el inflado costo de vida, derivado de la tarifa, es visto como el pago por el privilegio de acceso al mercado norteamericano, son las clases pobres de Puerto Rico las que pagan por un privilegio que beneficia principalmente a los más ricos” (Tariff Commission 44).
Conviene recordar que en 1932 Puerto Rico fue impactado por el ciclón San Ciprián. Los daños causados por este meteoro fueron gigantescos. Cerca de 76,000 familias quedaron sin hogar, 225 personas perdieron la vida y cerca de 5,000 resultaron heridas. Los cultivos de caña apenas experimentaron pérdidas, pues San Ciprián pasó por el norte de la isla; pero las cosechas de café y tabaco, en el centro de Puerto Rico, quedaron en ruinas. El escritor puertorriqueño René Marques, en su novela La víspera del hombre, nos brinda un retrato del país después de este aparatoso evento atmosférico. La pobreza cundía por todo Puerto Rico.
Pues bien, de acuerdo con el estudio citado, el impacto de la tarifa sobre los medios de producción importados a la isla en 1933-1934 fue realmente insignificante. El valor de los cargamentos “productivos” enviados de EE. UU a Puerto Rico ascendió a $9,083,000. Esto incluía fertilizantes, implementos agrícolas, maquinaria para las centrales azucareras, maquinaria industrial, artículos de hierro y acero, químicos industriales, equipos para trenes y camiones, además de materiales de construcción. Es decir, los medios de producción necesarios para la industria de exportación en manos de los monopolios estadounidenses. ¿Cuál fue el costo adicional sobre estos cargamentos como resultado de la tarifa? La suma de $1,592,000. La principal beneficiaria, como podía esperarse, fue la industria del azúcar. Los fertilizantes y la maquinaria de las centrales no experimentaron recargo alguno.
No ocurrió así con los productos de consumo de la población. Los datos de la Tariff Commission indican que para 1933-34 el valor de los cargamentos de artículos de consumo traídos a la isla desde Estados Unidos a Puerto Rico ascendió a $38,162,000. El costo adicional añadido por la tarifa fue $17,215,000, o sea, 46 por ciento. Entre los productos importados, el estudio destaca la comida. Su valor accedió a $18,678,000, y el costo adicional derivado de la tarifa a $10,425,000. Es decir, en medio de la devastación causada por el ciclón San Ciprián, el 56% de cada dólar que la clase trabajadora pagaba por los alimentos importados era un gravamen artificial, un tributo a los monopolios estadounidenses. A precios del mercado mundial, se habría economizado 56 centavos por dólar. Ya lo decía Marx, a la clase obrera se le explota no solo en la producción. También el consumo encierra una relación de explotación, particularmente en las colonias.
IV. Exportación de capitales y subdesarrollo
La exportación de capitales es típica de la etapa más avanzada del capitalismo, en la que dominan los monopolios (Lenin 62). En 1933, la inversión de capital foráneo en la isla, principalmente estadounidense, ascendía a $125,000,000. Esta inversión, según los defensores de la colonia, fue el “principal factor en el desarrollo económico de Puerto Rico entre 1898 y 1933” (Tariff Commission 49).
Ya vimos tres factores locales que también intervinieron en la exitosa explotación de la isla por los monopolios durante las primeras tres décadas del siglo XX: la tarifa arancelaria, los bajos salarios y la abundante agua dulce. Pero, ¿cuál era la naturaleza estructural del “desarrollo económico” bajo el régimen colonial? ¿Era desarrollo verdadero o desarrollo del subdesarrollo? Lo mejor aquí es citar al propio estudio de la Tariff Commission:
“Durante los 37 años desde la ocupación, los Estados Unidos cambiaron de un país enteramente agrícola a uno industrial. Puerto Rico ha permanecido puramente agrícola. Los 15 artículos que literalmente integraban todas las exportaciones de la isla (y, por tanto, la producción) en 1897, representan el 97% en 1934. Es de importancia mayor que los productos de Puerto Rico no han cambiado apreciablemente en los pasados 37 años” (Tariff Commission 17-18).
El subdesarrollo era, en realidad, el precio que las masas trabajadoras puertorriqueñas tenían que pagar para ofrecer un tributo anual al gran capital monopolista. Sus secuelas son harto conocidas: desempleo, subempleo, pauperismo, latifundismo, etc. Pedro Albizu Campos lo venía denunciando desde 1930. En 1933-34, después del huracán San Ciprián, las condiciones de vida en la isla empeoraron grandemente. Había que responder.
V. El nacionalismo revolucionario
El estudio de la PRERA fue dado a conocer el 24 de agosto de 1935. Apenas dos meses después, el 24 de octubre de 1935, cuatro nacionalistas puertorriqueños fueron asesinados por la Policía de Puerto Rico, dirigida entonces por el coronel E. F. Riggs. ¿Qué programa político defendían estos nacionalistas?
Las siguientes expresiones de Pedro Albizu Campos nos dan la esencia del programa nacionalista de la década de los treinta:
“En resumen, con el cabotaje libre, y un arancel que excluye toda competencia extranjera, queda nuestra riqueza agraria, industrial y comercial a merced del poder económico más fuerte del mundo, que, además de su fuerza intrínseca financiera, se ha retenido en sus manos todos los poderes políticos en nuestro país, que seguirá inerme a esta invasión, a menos que haya una reacción de intenso nacionalismo que pueda sofrenarlo” (Albizu Campos I, 115).
Bibliografía
- Albizu Campos, P. (1975). Obras Escogidas, 1923-1936. (Recopilación, introducción y notas de Benjamín Torres). Tomo I. Editorial Jelofe: San Juan.
- Caldera Ortiz, L. (2017). Historia de los ciclones y huracanes en Puerto Rico. Editorial El Jagüey, Coamo, 2017.
- Chardón, C. E. (1927). The Varietal Revolution in Puerto Rico. Panfleto Impreso.
- Dalton, J.E. (1937). Sugar: A case Study of Government Control. New York: MacMillan.
- Gayer, A. D., Paul T. Hoffman and Earle K. James. (1938). The Sugar Economy of Puerto Rico. Columbia University Press: New York.
- Kent, N.J. (1983). Hawaii: Islands Under the Influence. New York: Monthly Review Press.
- Lenin, V.I. (2018). Imperialism: The Highest Stage of capitalism. Aziloth Books, 2018.
- Taussig, F. W. (1966). Some Aspects of the Tariff Question. USA: Johnston Reprint.
- U. S. Department of Agriculture. (1980). A History of Sugar Marketing Through 1974.
- Wilcox, C. (1966). Sugar Water: Hawaii’s Plantation Ditches. University of Hawaii Press: Honolulu.
- Tomado de la revista Pensamiento Crítico, 1983.