Se vende como un paraíso en las grandes agencias de viaje, un mundo maravilloso a la entrada del Caribe, y hasta se le ha calificado, incluso, como la «Isla del Encanto». Pero la realidad no es tan simple y generosa. Puerto Rico, la última gran colonia de América, se debate entre sus estatus político, ajustado […]
Se vende como un paraíso en las grandes agencias de viaje, un mundo maravilloso a la entrada del Caribe, y hasta se le ha calificado, incluso, como la «Isla del Encanto». Pero la realidad no es tan simple y generosa. Puerto Rico, la última gran colonia de América, se debate entre sus estatus político, ajustado a las condiciones de Estados Unidos por más de cien años, y una criminalidad asociada al tráfico y consumo de drogas que plantea serios problemas dentro de la población.
César Pérez Lizasuain, sociólogo puertorriqueño, en entrevista exclusiva con esta publicación, disertó sobre las condiciones del narcotráfico en la nación caribeña y las últimas políticas adoptadas en este sentido.
Desde hace décadas Puerto Rico se muestra en el área caribeña y latinoamericana como uno de los países con mayor índice de violencia, criminalidad, y consumo y tráfico de drogas. ¿A qué se debe esa tendencia?
Para comenzar a desenredar lo que sucede hay que entender cuál ha sido y es el paradigma hegemónico que ha producido y producen las actuales formas en que nosotros nos relacionamos socialmente. Esa relación social hegemónica que impera en Puerto Rico es parte del sistema-mundo capitalista. Nosotros no existimos y tampoco nos comportamos al margen de ese sistema que ha arropado gran parte de la humanidad. El estado actual de las cosas es que el narcotráfico y la criminalidad funcionan, existen, y se comportan bajo las premisas del contemporáneo mercado capitalista. Es decir, el narcotráfico, como lo conocemos hoy, es un fenómeno propio del capitalismo.
¿En qué medida el Gobierno actual lucha contra el tráfico de drogas? ¿Cree eficiente su gestión? ¿Por qué?
A partir de los años noventa del pasado siglo, bajo la administración del conservador y anexionista Pedro Roselló, se comenzó con «la mano dura contra el crimen», que era un refrito, una copia, de la política de «Cero Tolerancia», de Rudolph Giuliani, en la ciudad de Nueva York. Se comienza, pues, a reprimir fundamentalmente a la clase pobre de nuestra isla. Criminalizaron la pobreza y añadieron un fuerte contenido racista a la hora de identificar ciertas poblaciones como peligrosas y enemigas.
El actual Gobierno, bajo el gobernador anexionista Luis Fortuño, y asociado al Tea Party de los Estados Unidos, ha mantenido este sistema y ha acelerado el proceso para concretar una reconstitución jurídica que incluye la puesta en funcionamiento de un nuevo código penal que agrava penas, suprime la libertad de asociación y de expresión, y reprime cualquier manifestación de oposición legítima al Estado. Bajo este nuevo código todos nos convertimos en «enemigos» potenciales.
Fortuño intentó enmendar la constitución para limitar el derecho absoluto a la fianza que tiene todo acusado. Esa propuesta fue contundentemente rechazada en el pasado referendo el 19 de agosto por una coalición de movimientos sociales, organizaciones de izquierda, y algunos nuevos partidos políticos que han entrado en la escena política puertorriqueña.
Se trata de una máquina neoliberal para producir una legitimación ética de las prácticas punitivas promovidas desde el Estado. Su puesta en práctica no depende de un acto que violente una norma jurídica. Se crea una identidad particular: la de sujetos potencialmente peligrosos, y han intentado crear un discurso que tiende a legitimar las intervenciones policiales preventivas, detenciones indefinidas, la no presentación de cargos y la no realización de juicios, la fabricación de casos, y la práctica generalizada de los preacuerdos, donde el acusado no pasa ya por todo el proceso judicial, e ingresa en la cárcel. De igual forma, incluye la formulación de leyes y la estigmatización en contra de inmigrantes, y califica como enemigo al mero sospechoso, o sea, al inmigrante.
Esto ha intensificado y acelerado lo que ha sido una función histórica del derecho penal o del derecho en general. El derecho nos asigna identidades y categorías, crea particulares sujetos, como «el criminal», el «moroso», «el demente», por mencionar algunos ejemplos. Igualmente prescribe una subjetividad que va acorde con el proyecto que promueve la clase dominante. Por eso entiendo al derecho penal como un dispositivo que ha intentado poner en circulación cierta narración e identidad sobre un «otro enemigo».
En fin, creo que nos toca preguntarnos: ¿qué pasa con el derecho en estas condiciones? Lo ha mencionado el jurista puertorriqueño Carlos Rivera Lugo: Ante estas nuevas narraciones y nuevos mecanismos de represión hemos dejado de ser «sujetos de derechos» y se opera en un permanente estado de excepción.
En muchas ocasiones Estados Unidos se ha presentado como un fiel aliado de la lucha contra el narcotráfico. ¿No percibe una contradicción entre esa bandera que dicen esgrimir, y el hecho de que Puerto Rico, uno de sus territorios, sea líder en el narcotráfico y la violencia asociado a este?
No hay contradicción si vemos el actuar del gobierno federal relativo al narcotráfico. El Gobierno estadounidense dice cualquier cosa para legitimar su intervención en países de Centro y Sudamérica.
Pero su manera de actuar plantea otra cosa. No nos olvidemos de la operación auspiciada por el Gobierno estadounidense bajo la presidencia de Ronald Reagan para vender armas a Irán y utilizar el narcotráfico para financiar a la Contra en Nicaragua para derrocar al Gobierno sandinista en la década de los ochenta del siglo pasado. En el 2011 salió a relucir por varios medios noticiosos, como el The New York Times, que la DEA, agencia estadounidense para combatir el narcotráfico, incursionó en territorio mexicano para lavar dinero y financiar actividades relacionadas al narcotráfico en ese país.
Aquí en Puerto Rico las fronteras están a cargo del Gobierno de Estados Unidos. El actual gobernador ha dicho que somos la tercera frontera del narcotráfico en Estados Unidos. Según él México es la segunda. Reclama que ha sido así porque el Gobierno estadounidense ha tomado rigurosas medidas para prevenir el narcotráfico en la frontera entre México y ese país. Eso no es cierto. En ese sentido, la DEA no parece una agencia antidrogas, sino una institución que custodia el «mercado» de las drogas. Son agentes del capital, del mercado financiero neoliberal, que tiene en el narcotráfico una gran fuente de riqueza.
¿Cómo valora la relación existente entre el carácter colonial de Puerto Rico y la grave situación de criminalidad que poseen?
Hay una relación muy grande. Sufrimos las consecuencias del coloniaje clásico donde un país extranjero decide y tiene una capacidad violenta y política para administrar la vida pública y colectiva de otro país.
Un aspecto de lo colonial, que a la izquierda puertorriqueña no parece interesarle mucho, son las relaciones coloniales que se desprenden de la puesta en funcionamiento de ciertos dispositivos de poder en nuestra sociedad, como la forma-ley o el Derecho, que han colonizado los cuerpos y las subjetividades de la multitud.
En Puerto Rico existe la idea de la incapacidad de poder gobernarnos a nosotros mismos. Por eso, el actual gobernador, al igual que la oposición del conservador Partido Popular Democrático, nos quieren recordar constantemente la necesidad imperiosa de «federalizar» nuestras instituciones de seguridad como la policía o el trámite investigativo y judicial en el proceso jurídico-penal.
Es decir, se consciente una intervención del gobierno federal en asuntos estrictamente locales en el plano de la investigación criminal. También se intenta propagar la idea de una incapacidad inmanente; es decir, de la incapacidad «natural», de poder gobernarnos y autodeterminarnos singular y colectivamente.
Esta situación suprime cualquier intento del pueblo puertorriqueño en el desarrollo de una propuesta emancipadora.
César J. Pérez Lizasuain ha sido profesor de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico; y de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. Actualmente es estudiante en el Programa de Doctorado en Sociología Jurídica Renato Treves adscrito a la Universidad de Milán, Italia.