Era de suponer que lo de los derechos otorgados por el poder tenía dos caras; primero, porque nada es gratis y, segundo, porque en un mundo entregado al capitalismo siempre hay alguien que está al negocio, es decir, a sacar dinero de lo que sea. Pese a los manejos de los negociantes, la humanidad se ha beneficiado con ellos, porque lo de las condiciones de existencia han ido a mejor. El negocio en torno a los derechos afecta tanto a la burocracia como a los profesionales que se dedican a defenderlos. De manera que, en el primer caso, se aumentan las plantillas y hay más empleo; en el segundo, corre el dinero. A medida que se reconozcan más derechos y alguien esté en disposición de tutelarlos, evidentemente habrá menos tasa de paro.
Al margen de los empleados públicos y los profesionales colegiados, cuando se habla de derechos fundamentales y especialmente de derechos humanos, descendiendo a la materialidad del asunto y al margen del papeleo, es decir, a pie de calle, hay un hervidero de personajes y grupos que a cobijo de tan noble causa están dispuestos a dedicar sus esfuerzos a que tales derechos sean una realidad, tanto para los afectados directamente como para el negocio de los derechos. Los primeros reclamando justicia, los negociantes tratando de arañar un dinero. Más allá, se sitúan otros grupos movidos por oscuros intereses, patrocinados por grandes entramados financieros, cuyos fines reales son desconocidos para el gran público, pero está claro que utilizan el tema de los derechos humanos y asimilados como otra forma de negocio, en el que se prioriza lo de crecer en poder.
Hay otro aspecto del tema, que podría entenderse como la parte del negocio oscuro, protagonizado por esos personajes, desconocidos para la mayoría, que se dedican a la explotación de las personas, cuya actividad no es otra que tratar de sacarles los cuartos, ante la pasividad generalizada. Mordidas aparte, porque es posible que las haya, la escasa efectividad de a quien corresponde garantizar los derechos, tiene su punto de rentabilidad en cuanto hace más fácil el trabajo de los explotadores. Se decía que la esclavitud dejó de existir desde el reconocimiento de los derechos de las personas, pero eso solamente se decía, porque el hecho es que sigue funcionando debidamente actualizada, tal y como se recoge, aunque con otros nombres, en los medios de comunicación. Los modernos esclavistas transportan camufladas, por tierra, mar y aire, multitudes de personas, provistas de argumentos de justificación o sin ellos, tras pagar el oportuno peaje, para que las sociedades en teoría pudientes se hagan cargo de ellas en virtud del reconocimiento de los derechos humanos, de los que carecen en su lugar de origen, y sus empleadores de turno aprovechen para explotarlas laboralmente. Mientras se pone de pantalla a quienes tienen todo el derecho a gozar de una vida mejor, aparte de los demás derechos, quienes los utilizan para su propios fines solamente hacen cálculo del rendimiento del negocio.
Los llamados grupos filantrópicos abordan el asunto desde otras miras, pero igualmente desde la perspectiva del negocio, en este caso de hacer notar su presencia y justificar su propia existencia. Es una cuestión de incordiar a los que tienen poder, lo que siempre acaba dando poder al que se dedica a incordiar. El sacar a la luz las vergüenzas o la simple amenaza de hacerlo también se traduce en poder, pero funciona en la sombra y tan discretamente que se diría que casi ni existe. Lo que se suele ver en escena es a los que trabajan al servicio de estos grupos para ganar un sueldo y méritos para aportar al curriculum, mientras que lo de los jefes suele ser algo más sutil. Como la necesidad apremia, para unos, la cuestión apunta a su propia existencia, para los otros, el negocio se resiente si escasea la clientela. En ambos casos, interés y filantropía se dan la mano.
Quienes han extraído la parte comercialmente aprovechable del negocio de los derechos humanos, de verdad o solamente los que se facturan para la ocasión, han levantado demasiada polvareda. Todo apunta a que el negocio de la movilidad de las personas, justificada en la defensa de los derechos humanos, empieza a no ser tan bien visto por las sociedades pudientes y ya se habla de, en frío o en caliente, devolverles a su lugar de origen sin demasiadas contemplaciones. Han sufrido un duro revés cuando a nivel de altas instituciones se ha llamado a descender al terreno de la evidencia y tratar de compaginar derechos y realidades. Ahora suenan las alarmas entre los afectados por si el negocio se ve afectado, aunque no es probable porque siempre hay atajos para ir tirando. Pudiera ser que hubiera dejado de servir eso de, invocando derechos legítimos, cargar con todas las penas del mundo y trasladarlas a las sociedades pudientes para que las resuelvan en su propia casa usando paños calientes, mientras unos hacen sus respectivos negocios y los responsables de la situación de penuria en los países de origen siguen engordando sus cuentas bancarias en los paraísos del dinero.