En el estado liberal clásico, las FFAA tenían la función de garantizar la soberanía nacional, proteger sus fronteras y liderar posibles guerras contra otros países. La representación política estaba reservada para los partidos.
Pero, con el tiempo, la FFAA se han convertido en un agente político de reserva para las clases dominantes. El caso del golpe de estado en Brasil, en 1964 se volvió típico, en el marco de la guerra fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, asumida por la FFAA, a través de la Escuela Superior de Guerra, desde su fundación a fines de la década de 1940. A medida que el campo popular ascendía, a lo largo de la década de 1950 y principios de la década de 1960, la capacidad de la derecha de actuar a través de sus partidos tradicionales se debilitó -especialmente después del fracaso del gobierno de Jânio Quadros-, se pidió a la FFAA que interviniera, rompiera con el proceso democrático y estableciera una dictadura militar que duraría más de dos décadas.
Después de agotar este régimen, el proceso de transición democrática en Brasil no representó una derrota política abierta para la FFAA en nuestro país, al contrario de lo que sucedió en Argentina, Uruguay y Chile. Las FFAA han tenido que retirarse de la militarización del Estado con el que habían desempeñado un papel destacado en la historia política brasileña. Pero nunca asimilaron la democratización del país, la han tolerado, impotentes para evitarlo, y, sobre todo, nunca han hecho autocrítica de todo lo que habían hecho durante la dictadura.
No fue casualidad que la Comisión de la Verdad representara un duro golpe para la imagen de la institución. En la transición democrática, las FFAA habían logrado imponer su amnistía, que incluía el crimen no afianzable de tortura [N. ed.: el artículo 5.XLIII de la Constitución brasileña de 1988 considera que la tortura es un delito para el que no existe el derecho al pago de una fianza para eludir la prisión provisional, del mismo modo que no es susceptible de indulto ni de amnistía]. El carácter negociado de la transición, reflejado en la derrota de la campana por las elecciones directas para la presidencia de Brasil y en el papel central del Colegio Electoral, que produjo la fusión entre lo viejo y lo nuevo, con la elección de Tancredo-Sarney, conservó la amnistía impuesta por la FFAA. La Comisión de la Verdad se volvió inaceptable para la FFAA, porque se abrió ampliamente a toda la sociedad, la represión sistemática puesta en práctica por la dictadura, incluida la tortura como un método reiterado de acción por parte de los militares. Los testigos de sus víctimas revelaron a la sociedad, con nombres y rostros, las monstruosidades cometidas por las FFAA. Varios oficiales de alto rango revelaron su incomodidad, nunca pudieron contrarrestar las denuncias incuestionables. Las persecuciones políticas y legales que lanzó la derecha para tratar de desalojar al PT del gobierno, después de haber agotado los intentos de hacerlo democráticamente, con las repetidas derrotas electorales de los tucanos, fueron acompañadas por declaraciones con el tono de amenazas por parte de oficiales de las FFAA. En vísperas del juicio de hábeas corpus a Lula por parte del STF, el jefe del Ejército hizo una declaración amenazante, que tuvo un efecto en la decisión negativa del poder judicial. Más tarde justificaría esa declaración, alegando que, sin ella, «el proceso se habría salido de control». Se refería, por supuesto, a la libertad de Lula y su papel en el control del proceso político hasta los límites que consideren convenientes.
El gobierno de Temer, establecido por el golpe de estado de 2016, retomó de inmediato lo fundamental a la derecha, el modelo neoliberal, pero gobernó con los partidos tradicionales de la derecha. El gobierno de Bolsonaro tenía la intención de presentar una imagen de independencia de estos partidos. Inicialmente, su gobierno estaba respaldado por tres ejes: la política económica ultraneoliberal (que garantiza, hasta hoy, el apoyo de los grandes empresarios), la del estado policial de Moro (que tenía la intención de transformar Lava Jato en una política estatal, un proyecto debilitado hoy) y miembros de las FFAA. Estos eran indispensables porque, a diferencia de Temer, Bolsonaro no tenía un partido sólido, que se ha desmantelado con el tiempo. Después, los militares asumieron una gran cantidad de cargos gubernamentales, incluso en el Palacio do Planalto. Asumieron con los rasgos propios de una corporación, pero no de cualquier corporación, sino de una que concentra el uso de la fuerza militar y que representa los valores del orden y la jerarquía. Su discurso siempre garantizó la lucha contra la «subversión», identificada en los movimientos sociales y los partidos de izquierda.
El personal militar perteneciente a unas FFAA desmoralizadas por la democratización del país, el éxito de los gobiernos de izquierda y las revelaciones de la Comisión de la Verdad, se ha unido cada vez más a un gobierno elegido por la judicialización de la política y la manipulación del proceso electoral. Sin ideología o un proyecto político, aparte del control del proceso político en manos de la oligarquía, no dudaron en unirse al gobierno, individualmente. A medida que el presidente se debilitaba, debido a su incapacidad innata para agregar, priorizar y gobernar, y surgió la opción del derecho de sustituir al presidente por el vicepresidente, Bolsonaro decidió dar una demostración de fortaleza, que él es el jefe del gobierno, y despidió a varios militares. Los que quedaron fueron debilitados.
Pero a medida que el gobierno perdió el apoyo de muchos de sus promotores y el apoyo popular, a medida que el desgaste de las acciones del presidente y sus hijos, involucrados en la corrupción y otros crímenes, se intensificó, el presidente decidió reanudar el proceso de militarización del gobierno.
El modelo neoliberal ha perdido capacidad hegemónica, es incapaz de obtener bases de apoyo social que le den estabilidad, como lo demuestra el desgaste acelerado del gobierno de Macri en Argentina. Gobierna de acuerdo con los intereses del capital financiero. Una política que promueve la especulación financiera, sin favorecer ni la producción ni la creación de empleo. Es una política que reproduce sistemáticamente la exclusión social y que, por lo tanto, requiere represión, políticas de dominación, ya que no tiene capacidad de persuasión y conquista estable de las bases de apoyo popular.
Las FFAA son una garantía de resistencia contra el retorno del PT al gobierno, contra el protagonismo de los movimientos sociales. Representan una reserva de cuadros para un gobierno que no tiene partido y como reserva para la represión. Pero el ejército no está hecho para gobernar, en el sentido de convencer, dialogar, vivir con diferencias, discutir ideas. Están hechos para mandar (como las escuelas militares deben entrenar a los jóvenes para la guerra, a diferencia de otras escuelas, que sirven para formar a los jóvenes para la libertad, la democracia, la convivencia con la diversidad, el aprendizaje con el conocimiento). Tendrán dificultades para dialogar con el Congreso, enfrentar críticas, vivir con movilizaciones populares.
Pueden representar una mayor dosis de pragmatismo en el gobierno, reemplazando o silenciando a los ministros habladores, incompetentes y mediocres, buscando una mayor efectividad, tal vez incluso del ministerio de economía, educación y asuntos exteriores. Pero tendrán que vivir con el comportamiento intransigente del presidente y las acciones de las milicias de sus hijos. Tienen una dura prueba política. Quizás sea la última carta de ese gobierno, que necesita militarización, pero que pierde aún más capacidad política de dirección. Nadie puede extraer agua de la piedra y, al sentarse en las bayonetas, también corre el riesgo de ser víctima de ellas.