De manera general se asume que el desgaste que enfrenta la sociedad ecuatoriana obedece a la puesta en marcha de un modelo económico autoritario -abiertamente neoliberal- que privilegia el interés de los estratos de ingresos más elevados en detrimento del sector productivo y de la calidad de vida de trabajadoras, trabajadores y capas medias que configuran el complejo social de nuestro país. A esto se suma el quiebre de la convivialidad social, dada la espiral de violencia provocada por la indudable carencia de políticas públicas de seguridad ciudadana y el caso omiso que se hace acerca de la implantación de estilos de convivencia ciudadana derivados de la noción del buen vivir.
Un conciso examen de los procesos que empujan la crisis económica que afecta al país permite observar la evolución que ha venido teniendo el hilo conductor de la política económica del régimen representado por Moreno (2017-2021) y Lasso (2021-2023) en sus respectivos momentos:
La recesión de inicios del 2017 se profundiza con las restricciones impuestas por la firma de una nueva carta de intención con el FMI, con las medidas de austeridad implementadas por el gobierno de Moreno para tratar de resolver los efectos de la iliquidez y la desastrosa gestión para controlar la pandemia de la Covid 19.
El triunfo de Lasso empujó un proceso agresivo de reformas económicas contenidas en la llamada «Ley de Defensa de la Dolarización…”[1], impulsada por Moreno en 2021 y aprobada por la Asamblea de entonces, a instancias de las condicionalidades del FMI y que tuvo una marcada tendencia, desde lo político, a poner en marcha un nuevo ordenamiento económico en el que predomina el capital financiero, y, para ello, se emplean ciertas medidas que sirven para activar y garantizar las operaciones desglosadas de este proceso:
a) Declarar la autonomía del Banco Central (BCE), que pasa a estar dirigido por una pléyade de funcionarios/as tecnócratas, serviles a los intereses de la banca, antes que a atender los problemas nacionales relativos al empleo o la desigualdad social del país.
b) Retornar al sistema de los cuatro balances del BCE, presuntamente para “cubrir” al 100% los dineros del público, requiriendo para ello, la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero que, en esencia, buscó la reducción del déficit fiscal y preservarse del llamado “descalce” de monedas basado en el supuesto del riesgo que tendría la banca por cambios adversos en las tasas de interés. Más allá del tecnicismo, el objetivo prioritario fue facilitar la administración del tercer sistema encargado del manejo de la llamada Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad (RILD), misma que, hoy por hoy, pasó oficialmente a llamarse Reservas Internacionales (RI), que se ha convertido en la prioridad del régimen para evitar la insolvencia o una eventual corrida financiera.
c) Fortalecer la RI y depositarla en bancos europeos, donde percibe magras utilidades, constituye una pauta adoptada bajo el criterio de que la exhibición de una robusta reserva monetaria atrae, por si sola, un creciente flujo de inversión extranjera directa (IED), situación que, hasta la actualidad, no se ha podido comprobar. Lo cierto es, más bien, que, al mantenerla férreamente intocada, se ha producido una dramática carencia de recursos que origina un enorme deterioro de la economía de las familias, pues no se genera empleo por la falta de inversión, los servicios públicos están colapsados y la merma de asignaciones para las áreas sociales, se ha tornado en una tragedia que se vive día a día.
d) De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, a enero de 2023, las Reservas Internacionales (RI) alcanzan los 9.353 millones que es su máximo nivel desde el inicio de la dolarización. Esta realidad, para el BCE, permite cubrir el 100% de los pasivos del primer y segundo sistema de balance (…), y el 32% del tercero. Es decir, se puede cubrir actualmente con activos líquidos la totalidad de los depósitos que mantienen las entidades financieras públicas y privadas en el BCE.
Gráfico 1. Reservas Internacionales -millones de dólares-
Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador
El estilo de gobernabilidad de Lasso, junto a la percepción de desinversión que destella y el desmontaje de políticas sociales, han provocado un preocupante escenario de regresión de derechos, dado el contradictorio discurso oficial sobre las dimensiones sociales, a las que se les ha sometido a un tratamiento de bienes escasos, sujetos a la lógica mercantil del sistema, que contrasta fuertemente con la cifras de un supuesto incremento de recursos destinados a estos rubros y que se encuentran consignados en la Proforma 2023, donde se observa que el famoso incremento es muy relativo:
Tabla 1. Proforma 2023
Fuente: Presidencia de la República – Elaboración: Propia
La propaganda oficial insiste en que con estos valores se estuvo al borde de romper un record histórico consistente en asignar 15000 millones de dólares al sector social, sin embargo, un breve análisis de ellas permite ver que, en promedio, este incremento, tan publicitado, es de apenas un 10%, que pone en duda si con él se puede cubrir el cúmulo de necesidades que están pendientes. En el informe que Finanzas hace registra una ejecución del trimestre enero-marzo de 2023, de tan solo un 20%, lo cual contribuye a ver lo famélico de la situación.
Con este trabajo sostenemos que los efectos de la crisis, entre otros detonantes, obedece directamente a las modificaciones introducidas a la norma monetaria y financiera, en 2021, y a la rehabilitación del sistema de 4 balances, especialmente el sistema 3, al que se le ha puesto especial dedicación por parte de las autoridades económicas del gobierno de Lasso en menoscabo de la calidad de vida de la ciudadanía. Estas anomalías se han venido sintiendo en forma sistemática, sin perjuicio de que Lasso -apenas está a mitad de su mandato- y una vez que tomó la decisión de consumar la “muerte cruzada” para evadir su destitución en marcha, está tratando de culminar algunos aspectos que continúan pendientes, y, para ello, vía Decretos-Ley aprovechará los 6 meses de gobierno que le restan. Hasta el día de ayer ya se han enviado los dos primeros para solventar los temas relativos a la reforma tributaria y a las zonas francas.
En conclusión, el gobierno de Lasso ha logrado exitosamente convertir al Ecuador en un “Estado desertor y ausente” mostrando inaceptables niveles de ineptitud e incapacidad para la ejecución del PGE y la innegable inexistencia de obra gubernativa, práctica que se perpetra a propósito, para desacreditar lo público y propiciar la privatización de sus activos y servicios. El gobierno ignora que cualquier reajuste que se haga en los presupuestos estatales, no debe depender del empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos.
Referencias bibliográficas
https://grupofaro.org/ley-de-defensa-de-la dolarizacion/
https://www.bce.fin.ec/boletines-de-prensa-archivo/
Haz clic para acceder a INFORME-DE-EJECUCION-FISICA-DEL-PRESUPUESTO-GENERAL-DEL-ESTADO.pdf
Presidencia de la República (2023). PROFORMA 2023 CON MÁS RECURSOS PARA INVERSIÓN SOCIAL, SEGURIDAD Y REACTIVACIÓN. Boletín informativo.
Nota:
[1] La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, de iniciativa del Ejecutivo, fue aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de abril de 2021. Esta reforma busca la independencia, reorganización y el fortalecimiento de la base institucional del Banco Central. https://grupofaro.org/ley-de-defensa-de-la dolarizacion/
Fuente: https://coyunturauceiie.wordpress.com/2023/05/30/especial-segundo-ano-de-gobierno-6/
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