El «paquetazo agrario»: claves para entender la política agraria en el Ecuador

OCARU- Observatorio del Cambio Rural.

E l «paquetazo» fue una forma de tematizar o entender la estrategia de los distintos gobiernos neoliberales que, a nombre del desarrollo, la democracia y el «bien común» subordinaron al Estado a los intereses de las elites. Entre los años 70 y 80, el Estado fue el promotor central de la modernización y diversificación económica de las elites mientras que, en los 90, financió la crisis económica y financiera a costa del empobrecimiento de la población[1]. Hoy, el drama vivido en los 90 parecería no repetirse porque el gobierno de la Revolución Ciudadana recuperó el rol del Estado en la inversión social -sobre todo en educación, salud e infraestructura[2]– y el desarrollo nacional -Plan Nacional de Desarrollo, Cambio de la Matriz Productiva y Energética-. Sin embargo, la política agraria del Ecuador repite el error: a nombre de los avances constitucionales y las demandas de las organizaciones (el Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria) favorece la ganancia de las elites «agroempresariales» y el agronegocio.

El «modelo» de agricultura en el Ecuador, en sus rasgos generales, no ha cambiado: por un lado, existe un polo primario-agroexportador que se sostiene sobre el control de los recursos productivos más importantes (tierra, agua, tecnología) y la sobre explotación laboral (trabajadores sin mayores avances en el reconocimiento de sus derechos laborales)[3]; un importante sector, de pequeños y medianos productores al centro; y en el otro extremo, una enorme proporción de pequeños agricultores que basan su «economía de subsistencia» en las actividades familiares, acusados de ser ineficientes o improductivos.

Contrariamente al sentido común que ubica a la agricultura familiar como un rezago del pasado, los trabajos que analizan la estructura agraria del país muestran que para el 2000 el peso e importancia de las UPAs de agricultura familiar campesina (AFC) es enorme: La CEPAL (2005), al sumar variables de capacidad productiva y tecnología, planteó que la agricultura familiar representaba el 53% de las unidades, mientras que las empresariales figuraban con un 5% y las tradicionales el 43%. Wong y Ludeña (2006), por ejemplo, considerando el tamaño de la propiedad, la cantidad de trabajadores utilizados, el ingreso y gasto de los hogares, calcularon que la AFC representaba el 88% de las UPAs, sumaban 739.952 unidades y controlaban el 41% de la tierra. Chauveau (2008), plantea que el modelo de agricultura está polarizado entre un grupo de más de 200 has que se componen de 16.000 «familias» de agronegocios y 38.000 familias de producción patronal; y un polo de no más de 10 has compuesto por 550.000 familias de Agricultura Familiar, 230.000 familias minifundistas y 100.000 familias campesinas sin tierra.

Al mismo tiempo, Wong y Ludeña (2006), observaron que la agricultura familiar campesina, incluyendo la de subsistencia, vende la mayor parte de su producción (57%) fuera de la finca; el 24% la vende en la finca y sólo consume el 19% de lo que produce. Es decir, que la AFC tiene una enorme importancia económica productiva y está fuertemente integrada al comercio, pero no solo a la producción de alimentos para el consumo interno, sino que también está «presente» -de manera subordinada- en la producción de alimentos agroindustriales[4].

En este sentido, el debate planteado por AVSF – Sipae (2015) con datos del Ecuador, y North y Berry (2015) observando los resultados de Taiwán, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Holanda, nos proponen algo aún más interesante: la AFC o los pequeños productores familiares pueden, cuando disponen de los recursos productivos necesarios y el apoyo de políticas públicas, generar mayor trabajo y riqueza por ha que los modelos de producción terrateniente y pueden constituirse en la base del desarrollo industrial nacional. Sin embargo, la política agraria en el país va en contra sentido y los «esfuerzos» del gobierno de Rafael Correa (2007-1017) no han cambiado la tendencia general que se había instalado desde los años 80 con el neoliberalismo. Valdría preguntarnos entonces ¿qué es lo que ha cambiado para no cambiar nada?

Paquetazo y modernización conservadora

1. Carrión y S. Herrera (2012), mostraron que la política agraria se alejaba de los avances constitucionales, -Art. 281 de la Constitución que plantea un modelo de soberanía alimentaria para el campo-, y promovía el viejo modelo de exportación a costa de la producción «típicamente campesina» a través de la «modernización» de las instituciones. La gran diferencia con el neoliberalismo era una mayor presencia del Estado en el campo, pero la mayor diferencia con el desarrollismo de los años 80 es que no se impulsaron políticas de desarrollo económico campesino, sino que, fundamentalmente, promovieron políticas de «inclusión económico social» que sirvieron para bajar las tensiones o demandas campesinas.

Este proceso que refuerza el viejo modelo primario agroexportador a costa de una mayor subordinación de la agricultura familiar campesina, en un contexto en el cual la «agenda indígena campesina» (Estado Plurinacional, Soberanía Alimentaria, derechos de la naturaleza, Buen Vivir, etc.) se presentó como la renovación más interesante del horizonte de cambio popular y marca las características de lo que los campesinos definen como Paquetazo Agrario y nosotros lo caracterizamos como Modernización Conservadora.

El punto central es que el gobierno, a pesar de las demandas indígenas y campesinas y de los avances constitucionales y la mayoría legislativa en la Asamblea, pone al Estado al servicio de la agroindustria y los agronegocios. Ésto lo podemos observar en 4 elementos centrales que dan cuenta de la dirección que toman las políticas públicas agrarias en el país:

1. Privatización de los recursos productivos o la contrarreforma agraria. Desde la aprobación de la constitución de 2008, las organizaciones han entrado al debate de la Ley de Tierras, la Ley de Agua y la Ley de Semillas. Las demandas centrales han sido: la distribución de tierra, la desprivatización del agua y administración comunitaria de los sistemas de riego, la libre circulación de semillas y la prohibición de cultivos transgénicos. La respuesta del gobierno al debate propuesto fue asegurar el derecho privado a la tierra y el agua y, en el caso de las semillas, favorecer la circulación de semillas certificadas y promover el uso de transgénicos para la «investigación». El sentido último del proceso es la privatización de los recursos productivos indispensables para la agricultura indígena campesina y que constituyen bienes comunes de los pueblos y la sociedad. El sentido político fue clausurar la posibilidad de una democratización de recursos productivos y llevar la contrarreforma agraria más allá de la tierra.

2. La reprimarización de la agricultura y dependencia económica. En la década de los 90 se evidenciaba que los distintos gobiernos, a diferencia de sus proyectos de industrialización y la apuesta por los mercados existentes generan mayor reprimarización de la economía y dependencia, es decir, una mayor venta de productos primarios y con escaso valor agregado. En el caso del último período, a pesar de la Constitución, el Plan Nacional de Buen Vivir (2009-2013) y su anunciada estrategia nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, el gobierno no logró y no hizo mayores esfuerzos para cambiar la matriz productiva en el campo. Uno de los mejores ejemplos es que la proyección de inversiones para la sustitución de importaciones se concentra en un 77% en la producción de caña, soya y canola[5]; además, el gobierno, en su estrategia de cambio de la matriz energética, fomentó la producción de biocombustibles[6]; legalizó la expansión de las camaroneras en zonas de manglar que hasta hace poco estaban protegidas por la ley[7]; legalizó los cultivos ilegales de banano en manos de las grandes empresas[8]; le apostó al uso de transgénicos[9] a pesar de las restricciones constitucionales; y, finalmente, firmó un Tratado Comercial con la Unión Europea que acentúa aún más la reprimarización de la agricultura y la economía.

3. La transferencia de recursos estatales para la subordinación campesina. Siguiendo una fórmula neoliberal instalada en los 90 a través de los negocios «inclusivos» y en oposición a cualquier propuesta de soberanía alimentaria, el gobierno ha sido el principal impulsor de la subordinación campesina al modelo de agroindustria. Este proceso ha tenido dos ejes: por un lado, mantuvo los programas o proyectos estatales que promueven la inclusión de los pequeños productores a las «cadenas de valor» y que instalan los imaginarios de «competitividad empresarial», tal como reza el componente 3 de su «Agenda de Transformación Productiva Amazónica Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonia Ecuatoriana»: Fortalecer los encadenamientos productivos mediante la generación de actividades que promuevan la competitividad sistémica y faciliten el comercio equitativo. Por otro lado, el gobierno realiza transferencias directas a las empresas a nombre de las crisis o el desarrollo productivo. En el 2008, a nombre de bajar los precios de los alimentos y combatir la especulación, transfirió a manera de subsidios a las empresas importadoras de insumos 400 millones (J. León, 2007:7); el Plan Semillas para la recuperación de pequeños productivos invierte entre 25 y 30 millones al año y se realiza un convenio con seis empresas (Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India, Interoc S.A., Afecor y Del Monte).

Así, a nombre de los avances constitucionales y de un acuerdo entre el Estado y la empresa privada, el gobierno a través de los programas y proyectos de desarrollo productivo no sólo trasladó recursos estatales hacia las elites y aseguró su ganancia, sino que financia la subordinación campesina entendida como: la conversión del modelo de la agricultura familiar campesina al monocultivo de alimentos para la agroindustria, indispensable para su incorporación a las cadenas de valor y con esto su dependencia al paquete tecnológico y las redes de mercado controladas por la agroindustria.

4. Concentración de capital y precarización laboral. Finalmente, el mundo empresarial, con los recursos y complicidad del Estado, se ha instalado en el sentido común como el paradigma de desarrollo y el futuro. El gobierno, a pesar de los avances constitucionales en torno al Buen Vivir y los derechos de la naturaleza, es permisivo con un modelo que no crea mejores condiciones sociales para sus trabajadores, la sociedad o el mismo medio ambiente. El trabajo más reciente de J. Baéz (2017), muestra que los «sectores agrícolas y agroindustriales», no sólo mantienen el control de las mejores tierras del país y su producción se destina, fundamentalmente, a la exportación (banano, flores, camarones, cacao, café, camarones, pescado, etc.) o la producción industrial de alimentos (leche, maíz duro, palma, etc.) sino que mantienen un control oligopólico del mercado y sus tasas de ganancia son enormes[10] -las 100 «empresas agropecuarias» más grandes del país concentran el 58% del PIB agrícola; al tiempo que no hay un sistema de impuestos sobre la renta de la tierra y sus ganancias extraordinarias. Contradictoriamente y, a pesar de las «ganancias extraordinarias del sector agrícola», el gobierno ha promovido reformas laborales a favor de las empresas y ha sido el principal promotor de la formalización de la «flexibilización laboral»[11].

Sintomáticamente, hoy es más común que, en ausencia de los trabajadores, sean los empresarios y el gobierno los que firmen los acuerdos que regulan las relaciones laborales: «Leonardo Berrezueta Carrión, Ministro de Trabajo, junto a Miguel Bustillo, Presidente de la Asociación de Ganaderos de Daule, Lorens Olsen, titular de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, y José Gálvez, Viceministro de Trabajo, firmaron (…) un acuerdo que regula las relaciones de trabajo especial en el sector agropecuario, ganadero y agroindustrial»[12]. Mientras que las organizaciones de trabajadores agrícolas denuncian que se mantiene un régimen de precarización laboral -restricciones a la sindicalización, persecución de dirigentes, listas negras, condiciones laborales inadecuadas, trabajo infantil, acoso a las trabajadoras, etc.

Así, aunque el gobierno reconoce que hay una «deuda agraria» con las organizaciones campesinas, el resultado final es su «despojo». Con esto, no solo nos referimos al proceso de acaparamiento de tierras y privatización del agua, que están muy bien registrados en el Ecuador, sino al vaciamiento de la Soberanía Alimentaria y su sustitución por un modelo que impulsa la conversión de los pequeños campesinos y comunidades indígenas hacia un modelo de «eficiencia» y «rentabilidad» productiva comandado por la agroindustria. Siguiendo los planteamientos de D. Harvey (2005), asistimos a una reforma institucional y normativa que impulsa la penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) que facilitan y actualizan los distintos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes, en este caso, de la riqueza producida por los campesinos y la renta de la tierra. No se trata de un esquema puramente económico sino, también, de la subordinación simbólica y cultural.

La línea asumida por el gobierno y la transformación / subordinación de la agricultura familiar no es un «imperativo absoluto», pero la alianza público – privada marca los límites de cualquier esfuerzo para mejorar la situación y posición de las familias indígenas y campesinas; no es posible que la agroindustria y los agronegocios tengan ganancias extraordinarias sin la complicidad del gobierno. La deuda agraria no puede pagarse con la Minga Agropecuaria porque es un poco más de lo mismo -a nombre de los campesinos e indígenas el Estado crea las condiciones para que los pequeños agricultores se incorporen a las cadenas agroindustriales-. La situación actual exige de una sociedad activa y un Pacto Ético por el Campo.

Bibliografía

Báez Jonathan, 2017, Acumulación en la Revolución Ciudadana: Grupos económicos y concentración de mercado en el sector agropecuario, Centro de Derechos Económicos y Sociales -CDES-, Quito.

Berry, Albert y Liisa North, 2015, Los Beneficios De la Pequeña Propiedad En El campo, en Línea de Fuego, https://lalineadefuego.info/2015/03/17/los-beneficios-de-la-pequena-propiedad-en-el-campo-por-albert-berry-y-liisa-north-2/, vista 17 marzo 2015.

Carrión, Diego y Stalin Herrera, 2012, Ecuador rural del siglo XXI: Soberanía Alimentaria, inversión pública y política agraria, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito.

Chaveau, Christophe, 2008, Reflexiones sobre función socioeconómica de la tierra y el modelo de desarrollo agrario en el Ecuador, SIPAE, Quito.

Harvey, David, 2005, «Nuevo Imperialismo: Acumulación por desposesión», en Socialist register 2004 (enero 2005), CLACSO, Buenos Aires. http://biblioteca.clacso.edu.ar.

León Javier, 2017, «Agroindustria y Soberanía Alimentaria en Ecuador», artículo presentado en la conferencia El futuro de la alimentación y retos de la agricultura para el siglo XXI: Debates sobre quién, cómo y con qué implicaciones sociales, económicas y ecológicas alimentará el mundo. Elikadura21, documento 4.

[1] Hacia el 2000, a nivel nacional la pobreza alcanzó al 68.8% de la población y la indigencia al 40,3%; en el campo llegó al 84.1%, y la indigencia al 58,2% de la población.

[2] Las políticas del gobierno lograron reducir un 61.3% la pobreza rural en el 2007; un 38.2% en el año 2017.

[3] En el caso del Ecuador, el gobierno resalta como uno de sus logros el incremento sostenido del salario básico, así como la eliminación de la tercerización laboral (Mandato Constituyente No 8). Sin embargo, la reforma laboral no llegó y no tuvo la intención de transformar las relaciones laborales en el campo. Al contrario de esto, las denuncias de las organizaciones se mantienen y la reforma laboral general va en contra sentido de sus demandas cada vez más conservadoras.

[4] Según las cifras del SINAGAP: en el 2001, el 21% de los productores de caña son pequeños productores de menos de 5 has y hacia el año 2004 la superficie sembrada llegó a 92.142 has. En la palma, para el año 2001, el 4% son pequeños productores de menos de 5 has; el 56% son productores «medianos» de entre 5 y 50 has, pero la superficie pasó de 95.303 has en el 2003 a 209.283 has cosechadas. En el banano, en el 2001, el 37% de los productores tienen menos de 10 has, pero la superficie de 252.570 has en el 2000 pasa a ser de 186.225 has en el 2014. En el caso del maíz duro para la agroindustria, el 66% de las UPAs son de pequeños productores de menos de 10 has, al tiempo que la producción pasó de 292.862 has en el 2002 a 322.590 has en el 2014 (Sinagap, http://sinagap.agricultura.gob.ec/)

[5] Los datos fueron divulgados por el Magap en el 2013 en su documento: «El sector agropecuario, acuícola y pesquero en el cambio de la matriz productiva».

[6] Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.1303 del 28 de septiembre de 2012 declara de interés nacional el desarrollo de biocombustibles en el país.

[7] El Decreto Ejecutivo 1391 que emite reformas al reglamento general de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y texto unificado de legislación pesquera, 15 de Octubre del 2008.

[8] Según Alberto Acosta (7 de diciembre 2012), »en enero del 2011 se declaró amnistía para las siembras ilegales de banano que, en su mayoría, están en manos de los grandes productores-exportadores y que ascienden a 100.000 hectáreas ilegalmente cultivadas», en revista Línea de Fuego, en https://lalineadefuego.info/2013/01/14/nuestro-compromiso-con-los-productores-bananeros-por-alberto-acosta/.

[9] En el caso de los transgénicos, el principal promotor y defensor de su uso ha sido el propio presidente Rafael Correa en el 2012 cuando plantea que «la prohibición de transgénicos es error de la Constitución de Montecristi» (La Republica, 27 de septiembre 2012, en https://goo.gl/nlILa). El mismo Presidente modificó el articulo 56 de la «Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable» para permitir el uso de transgénicos en mayo del 2017.

[10] «Efecto de la concentración, estas empresas generan tasas de ganancias extraordinarias por encima del promedio, sus ingresos en el año 2013 aumentan de 3.675 en 2006 a 9.794 millones de dólares en 2013. Esta situación implica que, entre los años 2006-2013, el incremento anual de los ingresos de estas empresas es del 15,03%, cerca de tres puntos porcentuales por encima del promedio en el sector agropecuario» (Báez, 2017).

[11] El mismo presidente R. Correa planteó que, en un contexto de crisis y reducción de la competitividad de los sectores empresariales, hay rigidez en los sistemas de contratación; sistemas de contratación que no reconocen las demandas de trabajo temporal, etc. Así que «estamos estableciendo formas de contrato más flexibles para estos tres sectores: construcción, agropecuario y transporte» (Rafael Correa, 26 de diciembre 2015, Enlace Ciudadano No 456, en https://www.youtube.com/watch?v=0lXJXf_ykYc). En octubre de 2015 el Ministerio había emitido la norma para que los trabajadores agrícolas reciban su salario de forma diaria, semanal, quincenal o mensual en formas de «Contratos de trabajo discontinuo».

[12] El Telégrafo, 22 de Marzo de 2017, «En Daule (Guayas) se firmó un acuerdo que protege laboralmente a los ganaderos y agricultores ecuatorianos». http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-ministerio-regula-el-trabajo-del-sector-agrícola.

Stalin Herrera: Sociólogo e investigador de temas agrarios y rurales del OCARU.

Fuente: http://lalineadefuego.info/2017/08/30/el-paquetazo-agrario-claves-para-entender-la-politica-agraria-en-el-ecuador-por-stalin-herrera/